Dime con quién andas

 

“Una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera”, dijo el 31 de agosto el por entonces candidato a Presidente de La Libertad Avanza en el Congreso Económico Argentino. Paolo Rocca apostó por él en el balotaje con 20 millones de pesos declarados —no se sabe cuánto fue el dinero en negro— para su campaña, a través de su firma Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio S. A. Javier Milei ganó el domingo y en la semana informó que Horacio Marín, director de Tecpetrol —empresa petrolera del grupo Techint—, ocupará el cargo de presidente y CEO (director ejecutivo) de YPF. Rocca no solamente gana con un hombre de confianza designado en un puesto clave, sino que tiene un Presidente que avala que una de sus empresas contamine el río como lo viene haciendo. La casta empresarial está de fiesta.

 

 

El por entonces diputado —hoy Presidente electo— defendió la libertad de contaminación empresaria en su exposición en ese congreso expresando: “¿Adónde está el daño? ¿Dónde está el problema ahí? Eso, en realidad, habla de una sociedad a la que le sobra el agua, y el precio del agua es cero”. Sus palabras conquistaron a Paolo Rocca, que viene hace tiempo contaminando el río Paraná con su empresa Ternium, ubicada en Ramallo. Si la impunidad de sus acciones contaminantes se la garantiza hasta el momento un juez federal como Villafuerte Ruzo y un abogado como Juan Carlos Marchetti, que representa a su empresa, un Presidente como Milei le podrá garantizar mayor explotación de recursos dañando el medioambiente, porque, según la argumentación de sus disparates, “no hay derechos de propiedad sobre el agua”; perspectiva que refleja la mirada mercantilista irrespetuosa hacia la Constitución nacional, que protege los recursos naturales fundamentales para garantizar un ambiente sano para la población.

En una causa contra Ternium por infracción a la ley 24.051 se interpuso un recurso de apelación contra la resolución dictada por el juez el 10 de noviembre, que rechazó el pedido de allanamiento formulado por el Ministerio Público Fiscal, sumada a la negativa al pedido de tomas de muestras sólidas y de sedimentos formulado por la querella. Existen dos causas penales por la contaminación que realiza la empresa Ternium, que tramitan en el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Ya hubo un llamado de atención por parte del Tribunal de Casación por las demoras del Juzgado. El juez lleva la misma lentitud que demostró llevar en las causas de lesa humanidad. 

El abogado defensor de Ternium es Juan Carlos Marchetti, quien tiene más que elogios para Villafuerte Ruzo por haberlo sobreseído en su responsabilidad cuando fue juez de menores y concedió en forma ilegal la guarda del bebé Manuel Gonçalves Granada a un matrimonio amigo del marido de su prima. 

Las pruebas de la contaminación ambiental que produce la empresa son más que suficientes. Existe una auditoría —efectuada por la propia Ternium— que detectó la contaminación del agua subterránea con metales pesados; también un trabajo que hizo la Policía Federal, en 2015, en el que detectaron níquel, cobre, plomo y cromo, entre otros, en los vuelcos de efluentes y en el curso del río Paraná.

 

 

Las inadmisibles demoras verificadas en la causa llevaron a que se realice una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la petición —que se encuentra en trámite—, se reclama por la violación del derecho humano a un ambiente sano, por violación del derecho humano de acceso a la garantía de protección judicial y resolución en plazo razonable. En el escrito presentado ante la Cámara de Apelación, la querella señala que la Cámara de Casación le indicó al juez “que agilice el proceso y ello es evidente que nunca fue acatado”, y añaden que “el juez también se alza contra la decisión de ese Tribunal que dispuso la competencia federal”. Sostienen que en “forma permanente y sistemática, por un lado, bloquea el avance de la investigación y, por otro lado, tampoco imputa a los eventuales responsables pese a las pruebas existentes”. El escrito es contundente al señalar con precisión el juego de dilatación que lleva adelante Villafuerte Ruzo: “La pericia agregada en sede penal, y la lógica elemental, indican sin mayores dificultades que el suelo contaminado de la empresa Ternium Siderar impactan directamente sobre el río Paraná, dado que la empresa cuenta con un frente costero de 3 km. sobre ese río, por ello mandar a esta querella a pedir el muestreo de suelo en sede provincial es arbitrario y es un franco alzamiento contra lo ya decidido por la Cámara de Casación en cuanto a la competencia federal en esta investigación penal”.

Además, en la presentación resaltan que “la arbitrariedad manifiesta que exhibe el fallo impugnado por notable desapego a las constancias de autos lo descalifican como acto jurisdiccional, por lo que debe revocarse y en su lugar ordenar la realización del allanamiento y la toma de muestras solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las muestras requeridas por esta parte querellante”. También remarcaron: “Que el juez Carlos Villafuerte Ruzo, de manera sistemática, entorpece el avance de toda investigación relacionada con delitos que se pretenden imputar a grandes empresas multinacionales es una constante que se repite en todos los expedientes que gestionamos ante ese magistrado, y esta causa contra la empresa no es una excepción”.

A su vez, expresaron que la “tarea de impedir el avance de la causa con resoluciones arbitrarias”, por parte del juez “se percibe aún en mayor grado cuando la empresa a investigar escoge como abogado defensor a Juan Carlos Marchetti, letrado de trayectoria que fue juez en otro tiempo y que por ese ejercicio de la magistratura resultó imputado en una causa de lesa humanidad por supresión de identidad de un menor secuestrado, causa cuyo juez a cargo fue el mismo Villafuerte Ruzo, quien en su momento, pese a las pruebas allí obrantes, se negó a llamar a indagatoria”. En El Cohete contamos el accionar de Marchetti y cómo fue salvado por Villafuerte Ruzo, aunque existe un recurso de queja que descansa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 2017. Se entiende el elogio de Marchetti hacia Villafuerte Ruzo, como en su momento expresó consultado por quien escribe.

 

 

Juan Carlos Marchetti es abogado de empresas poderosas. De la prestadora y cortadora de energía EDEN; de la empresa contaminadora ATANOR, que tiene una de sus plantas ubicada en el radio urbano de la ciudad de San Nicolás y elabora productos químicos para la agroindustria, como plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros de alta toxicidad, y que en 2010 fue adquirida por la multinacional Albaugh LLC, productora y comercializadora de los productos para la protección de cultivos de los Estados Unidos. Y es el abogado de la empresa Ternium Siderar, de la transnacional luxemburguesa Techint, que comanda Paolo Rocca. Dime con quién andas, y te diré quién eres.

En el escrito de apelación, la querella señala que “la causa Atanor es otra de las muestras de la presencia del nombrado abogado como defensor y el juez Villafuerte Ruzo como director del proceso penal”. Refieren que “esa causa es paradigmática en cuanto a la exhibición de demoras por la deficiente actuación del juez a quo, a punto tal que, por las arbitrarias dilaciones indebidas, transitó numerosos recursos y, pese a ello, sigue trabada en el laberinto de decisiones judiciales arbitrarias destinadas a garantizar impunidad”. Y por la gravedad de las demoras fue que se inició una presentación ante la CIDH. Explican que “la causa penal contra Atanor comenzó en el año 2014 y, pese a las numerosas y contundentes pruebas, el juez Villafuerte Ruzo se resiste arbitrariamente a llamar a indagatoria a los directivos responsables, repitiendo sistemáticamente un obrar”, que entienden “consiste en generar permanentes dilaciones que impiden el avance que acorde a las pruebas colectadas corresponde ejecutar”.

En el petitorio de la apelación, solicitan “se conceda el recurso” y se ordene el allanamiento y las tomas de muestras requeridas, pidiendo “que el juez Villafuerte Ruzo sea apartado de esta causa penal y los antecedentes de esta irregular actuación remitidos a la Cámara Federal de Casación y al Consejo de la Magistratura”. Pero la casta empresarial tiene un gran aliado como Presidente, que a partir del 10 de diciembre defenderá como nadie la libertad de seguir contaminando.

 

 

 

 

 

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