Intereses en conflicto

 

La sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil convalidó el último viernes de octubre lo actuado por la Inspección General de Justicia en su negativa a autorizar el funcionamiento de la asociación civil MEAB, un acrónimo que la propia entidad definía formal y públicamente como “Movimiento Empresarial Antibloqueos”.

Durante el año previo a la decisión de Cámara, el MEAB había recogido mucha publicidad mediática y el impulso de la abogada Florencia Arietto, según consignó Infobae en abril de 2022, al describir al grupo y su génesis. “Se unieron para enfrentar un padecimiento adicional (NdR: al económico), casi único en el mundo: los bloqueos sindicales”, escribió el diario digital.

La asesoría de Arietto —que experimentó un viraje político similar al de Patricia Bullrich, pero en un cuarto del tiempo— no alcanzó para evitar las objeciones formales de la IGJ que validaron Paola Guisado y Juan Pablo Rodríguez, camaristas del fuero civil.

La decisión del tribunal desestimó, de ese modo, el dictamen del fiscal Javier Lorenzutti. Designado en 2019 por el perpetuo procurador general interino Eduardo Casal, Lorenzutti tuvo fugaz fama tres años más tarde. Ocurrió cuando recomendó a la Cámara aceptar la gambeta del Jockey Club a la incorporación de mujeres.

 

 

Lo que se cifra en el nombre

Casi un trimestre después de su presentación en sociedad, el MEAB inició las actuaciones formales de inscripción ante la IGJ, a la que elevó el acta constitutiva fechada el primer día de junio de 2022.

Pasada una semana, la IGJ produjo un informe de observaciones:

• solicitó especificar el significado de la sigla MEAB, no explícito para entonces;
• consideró que el objeto era poco claro, y debía reformularse;
• pidió aclaración sobre el tipo de “ayuda y asistencia integral” que de acuerdo a su estatuto el MEAB brindaría a “víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o de cualquier accionar delictivo que implique paralización de la actividad”, y
• señaló que una asociación civil no podía firmar paritarias, una facultad que el MEAB buscaba arrogarse, aunque esté reservada a cámaras empresarias.

 

 

La pretendida entidad enmendó entonces su estatuto, con una redacción más elíptica sobre sus reales fines: su reformulado objetivo sería brindar ayuda y asistencia integral a empresas o entidades que “contribuyan al mejoramiento de la actividad empresarial y/o comercial”.

Sin embargo, la modificación de su denominación social implicó —en línea con la aclaración solicitada por la IGJ— el añadido del significado del acrónimo: como ya se ha mencionado en esta nota, Movimiento Empresarial Antibloqueos.

En un descargo posterior, la asociación civil diría que ese nombre había sido supuesto y adjudicado por la IGJ, pero en el expediente consta que quien lo introdujo fue el propio grupo promotor. En tal sentido, el Código Civil y Comercial establece que la denominación de una entidad se reconoce como un atributo de su personalidad, no pudiendo prestarse a confusiones respecto de sus objetivos. En este caso, por otra parte, el significado de la sigla guarda estricta relación con el fin que sus fundadores declararon en medios de comunicación y redes sociales.

Corroborado el objeto principal, la IGJ observó que podía colisionar con derechos de protesta sindical de rango constitucional y que, en caso de controversia sobre su legalidad, una asociación civil no podía apropiarse del rol que compete al Poder Judicial ni afectar la presunción de inocencia de las personas a las que acusase.

 

 

Mitología o realidad

“¿En qué consistirá entonces una actividad antibloqueos? La respuesta es de toda evidencia: lucha contra el bloqueo”, evaluó la IGJ en su respuesta ante la apelación en Cámara.

La fallida asociación civil no es representativa del sector, pero su ejemplo exhuma el viejo y recurrente debate sobre la real existencia y certeza del concepto de “burguesía nacional”, un sector que en diversos periodos de la historia nacional se nutrió del Estado al que suele despreciar, descartó la reinversión de utilidades y destrató a los trabajadores que la sirven y dinamizan el consumo del mercado interno.

La larga experiencia argentina de lucha obrera acerca la conclusión de que las patronales disponen de diversos resortes para eludir las consecuencias de una acción sindical, de modo de no resentir la producción.

Sobre todo, cuando, como repasó El Cohete, los últimos números del país muestran que los salarios no han seguido el ritmo de la recuperación económica y, aun con una tasa de desempleo bastante menor de dos dígitos, la presión de la oferta de mano de obra sobre el mercado laboral continúa cercana al 30 %.

 

 

Páginas amarillas

Como es lógico, las intervenciones de la IGJ y la Cámara no exploraron elementos por fuera de los formales que determinaron sus negativas al funcionamiento del MEAB.

Un aspecto significativo aportado por el contexto es la pertenencia política que no ocultan algunas de las firmas que pretendieron fundarlo, pese a que el Movimiento se define apartidario:

• Verónica Razzini, que iba a ser su presidenta, fue electa diputada nacional por Santa Fe en la lista de postulantes de Juntos por el Cambio;
• Sergio Ariel Rey ganó la interna amarilla en las elecciones municipales de San Pedro, pero cayó en las generales ante Unión por la Patria, y
• Miguel Ángel Cassani fue candidato en las elecciones de medio término de 2017, por la lista Cambiemos con Fe.

A ello se agrega, no como parte sino como objeto de debate político, que Juan Loitegui mantuvo un largo conflicto con sus obreros, que implicó despidos, deudas salariales y un lockout patronal, por lo que el bloque del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de expropiación de su empresa ladrillera LOIMAR.

Pero tal vez el caso más notable sea el de Bernardo Fernández, que entre 2011 y 2014 fue funcionario del gobierno municipal de Jorge Macri, entonces intendente del partido bonaerense de Vicente López y actualmente electo para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mientras Fernández se desempeñaba como subsecretario comunal de Desarrollo Económico, el municipio alquilaba un espacio de casi 1.500 metros cuadrados dentro del complejo Olivos Center para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad, que montaría allí un centro de monitoreo.

El espacio alquilado pertenecía a la empresa Desarrolladores del Norte S. A., que de acuerdo a la edición del Boletín Oficial del 12 de septiembre de 2014 tenía como presidente al funcionario. Fernández recién renunciaría un trimestre más tarde, por lo que el entonces concejal Carlos Roberto solicitó a la Justicia investigar si durante el lapso previo había existido incompatibilidad.

En su denuncia, Roberto planteó además un segundo caso. Menos de un semestre después de la renuncia de Fernández, en mayo de 2015, la Municipalidad de Vicente López alquiló otro inmueble, esta vez en la localidad de Florida y para el funcionamiento del Instituto de Formación y Capacitación Policial.

La empresa locataria era Yrigoyen Center S. A., de la que el ya ex subsecretario era accionista y presidente. Se había constituido en enero de ese mismo año, trece días después del cese de Fernández en su cargo político y —de acuerdo a la denuncia del ex concejal Roberto— adquirió casi de inmediato el predio que luego alquiló al municipio. Del grupo societario participaba también Diego Sola Prats, hasta 2009 funcionario del gobierno porteño encabezado por Mauricio Macri, primo del intendente.

En ambos casos, el método de locación utilizado fue la contratación directa, sin proceso licitatorio previo. Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas bonaerense desestimaron los reclamos de la oposición local, aludiendo a un artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades que permite el mecanismo de contratación directa cuando no se encuentran oferentes.

Nunca quedó claro ese punto, porque el Ejecutivo municipal jamás respondió al pedido de informes que ya en 2013 había propuesto Roberto al pleno del Concejo Deliberante, que lo aprobó por unanimidad.

Lo que sí ha podido saberse, porque fue promocionado en la prensa, es que Jorge Macri fue de los primeros referentes políticos en reunirse con la asociación civil MEAB, cuya existencia formal no fue autorizada por los organismos competentes, pero aún conserva vida en el mundo virtual. La foto del encuentro retrata que de él participó también el ex subsecretario Fernández.

 

 

 

 

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