El rostro de la censura

Represores expectantes por una Victoria electoral buscan limitar la publicidad de los juicios

Por Diego Kenis
Con barbijo para la foto, Horacio Ferrari, alias “Pantera” en los grupos de tares de la ESMA. A su lado, su defensor Guillermo Fanego. Foto: Matías Pellón, portal Fiscales.

 

A pedido de la defensa del acusado, el Tribunal Oral Federal 5 decidió en la última semana de octubre dejar sin efecto la autorización que había concedido menos de un mes antes al medio comunitario La Retaguardia para generar imágenes propias del juicio por crímenes de lesa humanidad que se sigue en Buenos Aires contra el marino Horacio Luis Ferrari.

Retirado en 2006 con el grado de contraalmirante, Ferrari está acusado de 223 privaciones ilegítimas de la libertad, 246 casos de torturas, 74 homicidios y 17 sustracciones de menores perpetradas entre abril de 1977 y enero de 1978 bajo la órbita de la Escuela de Mecánica de la Armada. El represor formó parte del Grupo de Tareas 3.3/2 a órdenes de Jorge “Tigre” Acosta, condenado a prisión perpetua y actualmente esperanzado en que una Victoria de La Libertad Avanza le abra las puertas de nueva impunidad.

Acosta no es el único entusiasmado con la posibilidad electoral. Guillermo Fanego, abogado defensor de Ferrari y de otros represores, integró la concurrencia al acto con que la candidata a Vicepresidenta Victoria Villarruel pretendió homenajear a “víctimas del terrorismo” en la Legislatura porteña, en septiembre pasado. Fanego fue quien confirmó al diario Página/12 la relación entre Villarruel y Alberto González, represor condenado que se cuenta entre los defendidos por el ex dirigente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

 

Fanego, asistente al acto organizado por Villarruel.

 

Barbijo

Al aceptar el pedido de Fanego, el TOF 5 cercenó la posibilidad de transmisión propia por parte de La Retaguardia, una asociación civil que nació hace veinte años para acompañar –entre otras reivindicaciones populares– los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia, todavía en tiempos de cerrada impunidad.

Sin reprender los calificativos que el defensor volcó en su escrito, el Tribunal colocó al deseo del acusado de ocultar su rostro por encima del interés público reconocido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y del derecho de acceso de medios de comunicación que consagra el Código Procesal Penal Federal, como recordó el Centro de Estudios Legales y Sociales.

En su presentación, Fanego adjudicó a La Retaguardia ser “empleada para desinformar a quienes la escuchan y miran” y estar “identificada ideológicamente con los ex delincuentes terroristas que asolaron nuestra Patria”. Además, consideró que en “estos procesos mal denominados como de lesa humanidad” existen “exceso de venganza y mengua de justicia”. A tono con las expectativas por la eventual evolución del contexto político, se auto-atribuyó “condición de defensor de derechos humanos” y proclamó que “la tiranía de las minorías se ha impuesto y viene siendo momento de evitar su acción disolutora del contrato social”.

La jueza Sabrina Namer y sus colegas Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signori entendieron que la publicidad del debate está cumplida con la disposición limitada del auditorio donde se celebran las audiencias y –en línea con lo manifestado por el defensor– la emisión oficial del Centro de Información Judicial, cuya cámara no enfoca al acusado, diluyendo su rostro entre los del conjunto de actores del juicio.

El antecedente inmediato había sido un diálogo entre Ferrari y Fanego:

 –¿Están transmitiendo? –preguntó el cliente al abogado, en alusión al medio comunitario.

Ante la respuesta afirmativa, decidió dejarse colocado un barbijo. Como el TOF le ordenó quitárselo, Fanego presentó luego el reclamo contra La Retaguardia. El TOF lo consintió. En su resolución, rechazó además el planteo del CELS para que –como ocurre en otros debates orales en el país– sean emitidas también las audiencias testimoniales.

“Eso es lo que está en juego. Que los veamos. Que sobrevivientes puedan identificarlos como ya pasó al menos dos veces desde que La Retaguardia transmite los juicios”, remarcó el medio comunitario en un hilo de la red social X. Este lunes 6, la asociación civil presentará ante el TOF un comunicado que solicita la revisión de la decisión adoptada. Al cierre de esta nota, reunía más de un millar de firmas.

 

 

El prontuario de Pantera

El estudio que La Retaguardia inauguró en 2010 para su radio en línea lleva el nombre de Víctor Basterra. Obrero gráfico, Basterra fue secuestrado y permaneció cautivo en la ESMA, donde se lo forzó a realizar tareas de falsificación de documentos. Aprovechó esa circunstancia para recabar información y ocultar fotografías que consiguió sacar del lugar.

Esos archivos incluyen a “Diego” o “Pantera”, un “oficial de operaciones, teniente de navío de la promoción anterior a la de (Alfredo) Astiz” que “pidió su traslado del GT ante el supuesto ‘trato blando’ que, a su juicio, se otorgaba en la ESMA a los prisioneros”.

 

Pantera, sin barbijo.

 

En coincidencia con esos datos, numerosos testimonios reconocieron a Ferrari en fotografías como aquel que bajo el alias felino había participado en los secuestros y en el centro clandestino de detención. El cotejo con diarios de navegación y bitácoras del destructor Rosales permitió determinar que su legajo fue adulterado y el marino se encontraba en tierra, y no embarcado, al momento de los hechos que se le imputan. En septiembre de 1978, Ferrari fue uno de los integrantes del Grupo de Tareas distinguidos por el “valor en combate” por el entonces jefe de la Armada, Emilio Massera.

Originalmente, el represor estuvo sentado en el banquillo durante casi todo el juicio que se siguió a algunos de sus ex camaradas entre 2018 y 2021, pero pocas semanas antes del veredicto la Corte Suprema convalidó lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal y determinó que debía ser juzgado por un Tribunal con distinta conformación.

 

 

Propiedad privada

También aludió a su derecho de intimidad, pero sobre sus conversaciones, el militar y abogado Enrique Stel. En Bahía Blanca se lo juzga desde febrero de 2022 por delitos de lesa humanidad perpetrados bajo la órbita del V Cuerpo de Ejército, cuando como joven subteniente ejercía la jefatura de una de las secciones del Batallón de Comunicaciones 181.

Entre sus defensores se encuentra Ricardo Saint-Jean, hijo del gobernador dictatorial bonaerense famoso por su anuncio de que el aparato represivo mataría subversivos, colaboradores, simpatizantes, indiferentes y tímidos, en ese orden y según la terminología de entonces.

Al finalizar una audiencia a la que había asistido vía Zoom, se escuchó que Stel decía:

–¡Impecable, doctor! Se lo culeó con la poronga muerta.

El militar retirado está acusado, entre otros delitos, de abusos sexuales perpetrados contra una secuestrada por el grupo criminal que lo tenía como uno de sus jefes directos.

 

 

Las querellas y la Fiscalía solicitaron una sanción. Stel se excusó en un descuido tecnológico y adjudicó la frase a sus felicitaciones a un colega por una actuación en otra causa. No sería menos grave: la agresiva metáfora sexual habría aludido al caso de una magistrada renunciante a la que se objetaban resoluciones en expedientes que involucraban a menores abusados.

El Tribunal bahiense entendió que no correspondía aplicar a Stel más que “un fuerte llamado de atención”.

Cuando se dio a conocer la resolución de los jueces sobre sus expresiones, el militar aceptó la amonestación y reiteró disculpas previas, pero ensayó además un insólito reclamo. “La conversación era privada”, protestó. “Esa propiedad privada es mía, me pertenece”, insistió al acusar a la Fiscalía de hacer uso de sus dichos, que llegaron al público y a los medios de comunicación que los reprodujeron porque dejó su micrófono abierto.

 

 

“De estos desagradables sujetos no nos extraña tamaña grosería. Pero nos preguntamos: si quien tiene que poner orden no lo hace, ¿qué podemos esperar para este debate?”, expresó la regional de H.I.J.O.S.

Los organismos de derechos humanos aún esperan que la Cámara Federal bahiense ponga fecha para recibir a las hijas de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, que pidieron ser oídas antes de que se emita una resolución en torno al sobreseimiento del empresario Vicente Massot. Referentes políticos y sindicales y más de quince periodistas de medios de comunicación locales y nacionales solicitaron acompañar la audiencia. Pero los camaristas determinaron que, cuando sea que ocurra, todo lo que se diga quedará entre cuatro paredes.

 

 

 

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