Cuatro opciones, una peor que la otra

Detrás de la sobreactuación del gobierno, Pichetto & Co. se ve la mano negra del FMI.

El pasado lunes 18 de diciembre, luego de una larga jornada de protestas atravesada por hechos represivos en los alrededores del Congreso, Diputados aprobó el proyecto de reforma previsional. El gobierno esgrimió un diagnóstico crítico en torno a la situación financiera de la Administración Nacional de Seguridad Social —ANSES— y señaló que era imperioso efectuar profundas reformas, algo que no había manifestado hace poco más de un año cuando propuso la Reparación Histórica como Caballo de Troya del blanqueo de capitales para familiares y amigos. Pero luego de las elecciones legislativas del 22 de octubre, el gobierno nacional decidió cambiar la fórmula de movilidad. Aun con reiteradas correcciones sobre la marcha que buscaron morigerar criticas (la propuesta oficial se modificó tres veces), el objetivo final nunca se alteró: reducir el gasto en jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, para financiar las transferencias al Fondo del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires y la reducción impositiva de las 23 provincias restantes, junto con la rebaja de cargas patronales prevista en la reforma laboral, que quedó para 2018.

1. La primera propuesta oficial para la actualización de movilidad abandonaba los dos componentes fundamentales que regían a la fórmula votada en la ley 26.417 (la evolución de la recaudación de los tributos que financian la ANSES y los salarios), para pasar a una actualización dependiente en su totalidad de la dinámica inflacionaria.

No caben dudas que el Fondo Monetario Internacional se ubicó detrás de este proyecto, considerando que en 2016 dictaminó que “indexar los beneficios a la inflación desde 2019 en delante reduciría el actual déficit a 20 puntos del PBI”. Sin quedarse atrás, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sugirió “indexar las prestaciones por jubilación al índice de precios al consumo”, y señaló que la fórmula de la Ley de Movilidad “transmite todos los beneficios productivos de las generaciones actuales que trabajan a los jubilados”. En efecto, la OCDE fue aún más lejos, cuestionando el propio sistema jubilatorio solidario, ya que naturalmente si los gremios pugnan por aumentos en las paritarias, ese beneficio se traduce a los jubilados, en la medida en que a partir de la estatización de las AFJP los actuales activos financian la jubilación de los actuales pasivos de tercera edad.

Las primeras objeciones fueron obvias: una actualización atada a la evolución del índice de precios al consumidor no permitiría que, en adelante, los jubilados ganaran poder adquisitivo sino que, en todo caso, “no perdieran”. Pero a este razonamiento seguía una segunda objeción: ¿la inflación promedio calculada en base a una canasta estándar, sea cual sea su fuente, es representativa de la inflación de la canasta de consumo de los jubilados? Uno de los elementos más claros para cuestionar la utilización del IPC en la actualización jubilatoria reside en la evolución de los precios de los medicamentos: si la inflación promedio creció cerca del 70% acumulado entre diciembre 2015 y noviembre 2017, los medicamentos lo hicieron un 120%.

2. Para morigerar las críticas el gobierno nacional prometió agregar “algo más” (sic). El 20 de noviembre incorporó a su propuesta la variación del crecimiento económico, medido a través del PBI. No obstante, la actualización por inflación se daría en 4 trimestres y el condimento del PBI sólo aparecería una vez al año (en junio) y acotado al 5% de su variación real. El impacto resultaba casi nulo: si la economía crecía 4%, sólo se agregaba 0,2% al cálculo (con un haber de $10.000, el PBI sólo aportaba $20).
3. El tercer retoque vino de la mano del senador Miguel Ángel Pichetto. Sin modificar el componente del plato fuerte (la actualización por inflación), sugirió incorporar sólo en un 30% la evolución de los salarios del sector privado, medidos por el RIPTE. A los pocos minutos el Ministro de Trabajo Jorge Triaca que se encontraba en la Comisión del Senado dio visto bueno a la modificación, y finalmente se aprobó en la Cámara Alta. Como segunda instancia, la estrategia en la Cámara de Diputados se centró en el comunicado del interbloque Cambiemos compuesto por Mario Negri por la UCR, Nicolás Massot por el PRO y Elisa Carrió por Coalición Cívica, que expresó: “En 2018, con esta fórmula, las jubilaciones le van a ganar por alrededor de 5 puntos a la inflación”.

Cuadro 1. Los números del Gobierno

Fuente: Cambiemos

Como se observa en el cuadro 1, para el gobierno con la fórmula 70-30 las jubilaciones crecerían más del 20% en 2018 (21,7%), superando las proyecciones de inflación del presupuesto de 15,7%, aunque ya elevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central al 16,6%.

Incluso dando por cierto que eso ocurra (lo que depende, fundamentalmente a partir del segundo semestre 2018, del éxito de los sindicatos para sortear el “techo” de 16,6% que adelantó Nicolás Dujovne), la pregunta es ¿cómo afecta este nuevo cálculo al haber mínimo ($7.246) respecto de su evolución con la vieja Ley de Movilidad?

Al mes de marzo de 2018, la actualización con una movilidad de 14,35%, arrojaría una mínima de $8.286, mientras que con el 5,7%, sólo alcanzaría $7.658. La pérdida sería de $628 sólo a marzo. En el acumulado anual, también aplicando la proyección de Cambiemos, los jubilados de la mínima pierden un total de $4.888 pesos. La pérdida varía según los meses en la medida en que se producen los aumentos trimestrales estipulados. A junio, donde se produce la segunda actualización con la nueva fórmula recientemente votada, la pérdida respecto de la actualización con la vieja Ley de Movilidad sigue siendo de $347. En diciembre 2018, las jubilaciones con la nueva fórmula se ubican $385 por debajo de lo que se colocarían con la anterior.

¿Y qué pasa con la Asignación Universal por Hijo? Si se estima la proyección a marzo de 2018, se puede percibir que la diferencia entre las dos fórmulas es de $122,45 ($1.615 con la vieja versus $1.492 con la actual), y en la proyección anual en 2018, la pérdida llega a los $983.

4. La “fallida votación” (sic), tal como fue calificada la sesión en la Cámara de Diputados del día 14 de diciembre, por el comunicado firmado entre el Poder Ejecutivo y sólo seis gobernadores, llevó a efectuar un último agregado, que sin embargo no alteró la estructura de la fórmula de movilidad 70-30 (inflación y salarios, respectivamente). Se incorporó el cobro de un “beneficio adicional” —a través de un DNU— que permitía corregir el empalme entre ambas fórmulas, siendo que la anterior se basaba en un plazo semestral y la nueva en uno trimestral, por lo que la actualización de marzo 2018 al considerar sólo tres meses, se “comía” un trimestre de actualización. El gobierno logró que esta tercera modificación fuera la vencida y se aprobara en el Congreso.

Ahora bien, ¿cuánto cambió la introducción de esta compensación? El adicional sólo se aplica a las jubilaciones de menos de $10.000 (que son cerca del 70% de los jubilados) y para los beneficiarios de la AUH (su totalidad, el 100%). Los jubilados que hicieron aportes durante 30 años cobrarán $750, mientras que quienes se jubilaron sin aportes cobrarán $350. A su vez, los beneficiarios de AUH cobrarán $400.

Considerando nuevamente los propios números de las estimaciones económicas de Cambiemos (la estimación optimista: que los haberes jubilatorios crecen 5 puntos por encima de la inflaciónen 2018), con la compensación de marzo 2018 los jubilados de la mínima pierden en el acumulado anual un total de $4.138 pesos, en caso de haber realizado aportes y $4.588 en caso de no haberlos realizado. Con la Asignación Universal por Hijo, los números también muestran una compensación sólo parcial con el “beneficio adicional a marzo”: la pérdida anual pasa de $953 a $583.

Con los números sobre la mesa, no sólo se ratifica que los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH siguen perdiendo (perdían en cualquiera de las opciones que el gobierno fue proponiendo) sino que ANSES sigue ahorrando. Si el costo del ahorro de ANSES supera los 70 mil millones de pesos en 2018, el gasto en el beneficio adicional lo altera muy poco, con una suma de 4 mil millones de pesos por única vez.

Cuadro 2. Actualización de la jubilación mínima a través de la Ley Movilidad de 2009 y de la nueva Ley 2017, con y sin “adicional” a marzo 2018 (de $750, para jubilados “con aportes”).

Período: enero a diciembre de 2018

Fuente: elaboración CEPA

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