Espejitos de colores
Asi son los stand-by del FMI con Kenia, Jamaica e Irak
En la antesala del cierre de las negociaciones del programa stand-by con el Fondo Monetario Internacional, el Ministro de Hacienda de la Alianza Cambiemos, Nicolás Dujovne, se esforzó en dejar en claro que el organismo “no es el mismo de hace 20 años”, y además aseguró que nuestro país “va al Fondo con total propiedad sobre el programa que lleva a la mesa”. Este último concepto fue reforzado por Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI, quien sostuvo que “se trata del programa económico de la Argentina integralmente concebido por el presidente Macri y su gobierno”.
De este modo sería posible evitar una crisis y continuar el sendero de crecimiento económico. Por ende, la situación actual de la Argentina sería diferente a la experimentada antaño ya que por un lado, hay una mayor flexibilidad y apertura del organismo multilateral; y por el otro, el país ha tenido la posibilidad de diseñar un esquema a medida que le permitirá seguir creciendo. Ahora bien, ¿algo de esto es cierto?
¿Hay un nuevo FMI?
Como ocurriera desde su creación, el FMI sigue en manos de las potencias triunfantes de la Segunda Guerra y sus aliados, lo cual no otorga demasiado margen de maniobra para los países periféricos. El voto de los 189 países que integran el FMI es calificado y el 51% se encuentra en manos de nueve países: Estados Unidos (16,52%); Japón (6,15%); China (6,09%); Alemania (5,32%); el Reino Unido (4,03%); Francia (4,03%); Italia (3,02%); Rusia (2,59%); Canadá (2,22%) y Arabia Saudita (2,02%).
Por eso el recetario neoliberal del Fondo y sus planes de ajuste estructural continúan incólumes. Un ejemplo claro de esta orientación lo ofrecen las políticas comprometidas por las naciones que tienen en la actualidad acuerdos stand-by con el FMI, además de la Argentina: Kenia, Jamaica e Irak. En 2015 Kenia requirió dos líneas de créditos al FMI, con fines precautorios y en 2016 solicitó su extensión. A cambio de fondos para evitar eventuales turbulencias asociadas a problemas en la cuenta capital, shocks vinculados a cuestiones climáticas o asuntos de seguridad, se comprometió a aplicar políticas que tienen un aire familiar para los argentinos. El compromiso busca reducir el déficit fiscal; congelar los ingresos a la planta estatal (con ciertas excepciones en sectores prioritarios), bajar la nómina de empleados y sus remuneraciones; reformar la carta orgánica del Banco Central; mantener un esquema de metas de inflación con tasas de cambio variables; reducir las empresas públicas “para evitar duplicaciones o solapamientos”; y establecer un programa de reforma fiscal y de ampliación de ingresos públicos. Aunque la Alianza Cambiemos se jactó de haber conseguido que el FMI le permitiera incrementar el gasto social, el acuerdo con Kenia ya incluía partidas a fines de realizar transferencias a sectores vulnerables (en particular, a los adultos mayores, los orfanatos, y el sistema educativo).
Jamaica también accedió a una línea stand-by con fines precautorios en 2016.
El primer ministro Andrew Holness se comprometió con Christine Lagarde a reducir el peso de los salarios del sector público, realizar un censo sobre la planta estatal, lanzar un programa de “retiros voluntarios” y controlar las contrataciones; reformar la carta del Banco Central y fortalecer sus resultados; poner en marcha un sistema de metas de inflación con tasas de cambios variables; reformar el sistema de pensiones (incrementando las contribuciones de los trabajadores al sistema, y subiendo gradualmente la edad de retiro); fusionar, cerrar, desinvertir, o dar por finalizadas funciones del gobierno que “realiza mejor el sector privado”; realizar cambios en el sistema tributario; y mantener un superávit fiscal de 7 puntos del PIB durante los años que dure el acuerdo. La cuestión social también está presente: se contemplan incrementos en un programa de alcance nacional denominado “PATH”, que transfiere recursos a los fines de que la población más vulnerable del país acceda a diversos servicios de salud y a la alimentación escolar.
Las políticas del FMI para Irak no difirieron sustancialmente, a pesar de que el país se encuentra enfrentando al ISIS, administrando las tensiones derivadas del conflicto en Siria que llevó a miles de personas a buscar refugio en las tierras de este país, y enfrentó la caída de los precios del petróleo en los últimos años, que impactó fuertemente en su economía. Un programa de “consolidación fiscal” busca reducir el déficit primario no petrolero; una serie de cambios impositivos abarca el incremento en bienes personales y la eliminación de exenciones; la baja de los salarios en la administración pública, ya sea demorando contrataciones de personal, eliminando beneficios discrecionales o revisando los pagos del personal militar y de seguridad; la reducción del pago de pensiones y la adopción de nuevos parámetros en el sistema; la reestructuración de las empresas públicas no financieras para reducir su impacto en términos fiscales; o la eliminación de las restricciones al giro de utilidades y los limites a la compra de divisas, etc.
¿Los planes del FMI conducen al desarrollo?
Los planes de ajuste estructural de los países que tienen acuerdos de stand-by con el Fondo son muy similares entre sí y se asemejan demasiado a los que el país aplicó durante la década de los '90. Al igual que entonces, son programas standard que no toman en cuenta las especificidades nacionales (ni su historia) y proponen lineamientos generales (ortodoxos) en todos lados. En estos programas de ajuste estructural hay una constante falta de políticas que impulsen el desarrollo, que tiendan a fortalecer el sector externo (por ejemplo vía incremento de la capacidad exportadora y diversificación de productos y destinos, etc.); y se centran en forzar, con una enorme complicidad local, la aplicación de recetas vinculadas a la apertura comercial, la desregulación de los mercados, la flexibilización laboral y las privatizaciones; bajo el supuesto de que un mejor “ambiente de negocios” atraerá una lluvia de inversiones.
En línea con los acuerdos tradicionales de stand-by el FMI propone ahora alcanzar el equilibrio fiscal y tener déficit fiscal cero en 2020; continuar con la reducción de los subsidios a la energía y el transporte (lo que provocará nuevos aumentos de precios y por ende inflación); achicar el empleo público; reducir las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas; continuar con el programa de metas de inflación; mantener la actual política monetaria restrictiva y dejar que el mercado determine el tipo de cambio. Si a estas políticas se suma por un lado, la apertura comercial indiscriminada que arrasa con la producción local fundamentalmente de las Pymes, que son grandes generadoras de empleo; y por el otro y no menos importante, la desregulación financiera que lleva a incrementar las tasas de interés favoreciendo la especulación financiera, y el circulo vicioso y explosivo de endeudamiento-fuga, el resultado es un inevitable deterioro en las condiciones económico y sociales del país que conduce a la crisis económica.
La teoría heterodoxa muestra que las recetas del FMI jamás han logrado el desarrollo económico de ningún país. Y esto se debe a que este no es el objetivo de sus planes estructurales, dirigidos a reconfigurar las economías de modo tal que los países dependientes perpetúen el rol periférico que ocupan en la división internacional del trabajo. El FMI es un organismo multilateral que bajo su supuesto manto de imparcialidad propone recetas de política económica universales que responden claramente a intereses económicos concretos, cuyo denominador común es que siempre terminan favoreciendo el esquema de valorización del capital que comandan los conglomerados extranjeros y los grandes grupos económicos de los países más poderosos del mundo. El gobierno de Macri, al firmar el acuerdo con el FMI por 50.000 millones de dólares, intenta conseguir tiempo para mantener su política de ajuste y valorización financiera, a cambio de agudizar los problemas estructurales que presenta la Argentina. Las consecuencias de esta orientación generarán un consenso cada vez mayor para evitar que el FMI nos siga vendiendo espejitos de colores. También deberá llegar el día en que nuestras autoridades económicas no los sigan comprando, y logren construir regionalmente otras opciones de financiamiento que echen por tierra con este mecanismo.
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