La Derecha impúdica

 

Pareciera que se va clarificando uno de los temas más importantes de la economía argentina. Se trata del vínculo económico, fiscal, regulatorio del empresariado con el Estado. El tema de fondo que se debe poner en debate es si es posible separar el hacer los negocios comunes, del ganar plata violando todas las leyes.

Hay fundada sospecha que, para franjas empresariales influyentes, no hay separación entre ambas formas de ganar plata. Y eso se expresa en la nula prédica empresarial en materia de evasión fiscal, a pesar de la obsesión que muestran en que se baje el déficit del sector público. En el discurso difundido por Juntos por el Cambio y Javier Milei, se presenta al Estado como un gigantesco elefante blanco que absorbe valiosos recursos del sector privado, pero nada se dice de los recursos que legítimamente deberían ingresar a las arcas del fisco, pero que mediante múltiples argucias los privados se ocupan de ocultar para incrementar sus rentabilidades, en muchos casos enviadas al exterior del país.

Las leyes que son sistemáticamente violadas en forma impune por una franja del empresariado, fueron establecidas para amparar a la sociedad, y proveer de recursos al Estado para que pueda cumplir mínimamente sus funciones.

Funciones que en la versión liberal son mínimas, pero existentes, y que en la versión desarrollista son mucho más importantes, porque le dan un rol clave al sector público en la conducción del proceso de acumulación en la dirección del desarrollo. El Estado desfinanciado no puede cumplir ni con unas funciones ni con otras, pero esto no se plantea con claridad.

La relación del Estado con las empresas se cargó en estas últimas décadas de calificaciones altamente ideologizadas. Se habló reiteradamente de anti-capitalismo de funcionarios y gobiernos que nada tenían contra el sistema, de la falta de políticas market-friendly cada vez que se intentaba controlar y regular algún sector, del presunto chavismo que inspiraría cada intervención estatal en función del bien común.

El debate público en nuestro país está completamente distorsionado, a propósito, para que no se entienda qué se está discutiendo, y qué cuestiones están en juego.

Por ejemplo: es conocida la alta evasión y elusión fiscal que existe históricamente en nuestro país. Evasión y elusión, que han merecido editoriales del New York Times y alusiones de altos dirigentes de Alemania. Pero que no merecen ningún comentario del poder económico local, evidentemente penetrado por estas prácticas.

Hoy nuestro país tiene un déficit fiscal con un techo máximo comprometido con el FMI de 1,9%, pero que probablemente superará el 2,5% hacia fin de año. Este déficit fiscal es similar al que tienen otras economías del primer mundo.

Lo relevante es que este déficit, aunque fuera del 3% del PBI, podría perfectamente no existir si se recaudaran impuestos en forma normal, con disciplina y prolijidad de Estados centrales. Sin el gigantesco agujero de la evasión impositiva no tendríamos hoy déficit fiscal. Y no lo hubiéramos tenido en el pasado, ahorrándonos deudas externas, emisiones monetarias no queridas y presiones del lobby financiero sobre el sistema político.

No haría falta promover ningún ajuste contra nadie, ni contra los pobres, ni contra las empresas, sino contra los evasores. Pero como es un tema de imposible tratamiento en el debate político argentino, no se aborda esta situación.

Debemos recordar que hay una larga historia de intentos en tratar de enfrentar el problema, en sucesivos gobiernos, pero es evidente que los poderes a ser perjudicados por una normalización tributaria son tan grandes, que finalmente siempre se desiste de encarar a fondo la cuestión.

El debate debería emerger a la luz pública. Y terminar con este grado de confusión intencional sobre la diferencia que hay entre aplicar con ecuanimidad las leyes tributarias a toda la población, y tener una supuesta política “anti-empresarial” que “desalienta” la inversión y perjudica el “clima de negocios”.

Se ha dejado manipular tanto la expresión “clima de negocios”, y los políticos locales han sido tan permeables –por ignorancia u oportunismo– a las prédicas del lobby pro-impunidad de los delincuentes económicos, que todo se ha mezclado en un gigantesco nudo que debe ser cortado. Haría falta que alguien con poder y autoridad aclare que en la Argentina los negocios no incluyen la criminalidad económica. Y que la criminalidad económica es un delito. Y que los delitos merecen castigos, y no entran dentro de la categoría “picardías” que merecen un tironcito de orejas y un guiño de ojos si los hacen los poderosos.

Hoy la Argentina podría tener superávit fiscal si recaudara lo que establecen los impuestos vigentes y sancionados por sucesivos gobiernos, lo que le permitiría reducir el endeudamiento público sin afectar en absoluto sus prestaciones. Si se avanzara raudamente en mejorar la recaudación, habría fondos para aumentar el gasto sin recurrir a ninguna fuente crediticia ni interna ni externa.

Pero es evidente que mantener al Estado Nacional en estado de indigencia es un excelente negocio para unos cuantos actores parasitarios locales y externos, que medran con el subdesarrollo argentino.

 

La Ley no es para todos, y la República tampoco

El deterioro institucional es tan grande en nuestro país, que se entró directamente en un sistema institucional fragmentado, basado en el principio siguiente: las instituciones están para que el progresismo, los nacionales y populares y la izquierda se tengan que comportar siguiendo reglas de juego determinadas y ateniéndose a los límites que fijan las instituciones vigentes, incluida por supuesto la Constitución Nacional.

En cambio, la derecha política puede hacer lo que quiera en materia democrática y republicana, ya que tiene todo permitido. Es más, puede violar la democracia, dinamitar los acuerdos institucionales básicos, reclamar formas dictatoriales de gestión y gobierno, zapatear sobre las instituciones de la república, porque… es la derecha.

En la campaña electoral se están viendo algunos fenómenos sorprendentes: la representante política de la derecha convencional no para de decir que con ella “se termina el kirchnerismo”. Es difícil encontrar una expresión más autoritaria, pero las instituciones democráticas sólo funcionan para la izquierda. La derecha crea su propia legalidad, que aplica o deja de aplicar según las circunstancias.

 

 

“Conmigo se termina la derecha”. ¿Cómo sonaría? “Conmigo se terminan para siempre los partidos que endeudan al país”. ¿Qué dirían los representantes de la derecha que posa de republicana, dispuestos a buscar bajo el agua los atisbos autoritarios hasta del moderadísimo Presidente de la Nación?

¿Alguien recuerda cuando en el debate presidencial de hace cuatro años se lo acusó a Alberto de ¡levantar el dedo! en algún momento del intercambio por televisión?

Ahora Patricia Bullrich basa su campaña en la “eliminación del kirchnerismo”, y parece que no tiene ninguna relevancia democrática. Nadie en la escena pública se siente en la obligación ética de señalar esa obsesión como una manifestación de salvajismo político.

En nuestro país, sin embargo, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento institucional sobre el carácter de peligro público del kirchnerismo, ni se recuerda ninguna dictadura kirchnerista, ni persecución judicial, ni amordazamiento mediático, que justifique que la candidata de otra fuerza política competitiva predique la desaparición de ese espacio político.

Y es interesante recordar que Bullrich es la candidata de un espacio –Juntos por el Cambio– que está dirigido por un personaje que acumula causas judiciales, todas trabadas por el escandaloso funcionamiento del sistema judicial argentino. Espacio que protagonizó un gobierno en el cual varias de las cuestiones que hacen al funcionamiento republicano básico fueron prolijamente pisoteadas, sin que por eso ese espacio sea mencionado como merecedor de persecución o lisa y llanamente de eliminación pública.

Por si esto no fuera ya demasiado, la candidata autoritaria anuncia que anulará cuerpos enteros de la legislación que ampara a los trabajadores y que molesta a los empresarios, con decretos presidenciales en sus primeros días de gestión. Abierta y decididamente anuncia que entrará en la ilegalidad republicana sin que ninguno de sus adeptos se ofenda. Nadie dice nada en el campo de la derecha, porque si son medidas que favorecen al capital, no tiene importancia la forma institucional.

Esa es la ética pública de Juntos por el Cambio, sus medios, sus jueces y sus intelectuales, exhibida impúdicamente en plena campaña electoral, para todo aquel que quiera verla.

En tanto, el otro personaje de la derecha, sin ningún tipo de pudor, reclama en el debate presidencial 15, 20 ó 35 años de gobierno, para poder convertir a nuestro país en Estados Unidos.

Volvemos a repetir la expresión, cambiando el sujeto: ¿Qué hubiera pasado si Massa hubiera dicho que necesita 30 años para transformar la estructura económica del país y arribar a un verdadero Estado de bienestar social? ¿De qué forma hubieran editorializado los medios de la derecha que se dice a sí misma democrática y republicana?

En la República Popular China, para los festejos del centenario de la toma del poder por el Partido Comunista liderado por Mao Tsé-Tung (Mao Zedong), que ocurrirán en 2049, fue establecida como una meta nacional alcanzar altos estándares de vida para toda la población, tomando como referencia a Noruega. Para lograr metas tan interesantes, están en marcha grandes políticas públicas industriales, tecnológicas, de infraestructura, de educación, y de diplomacia y comercio internacional.

Es bueno y necesario tener grandes metas nacionales, y persistir en las buenas prácticas de largo plazo para lograrlas. Pero lo de Milei no tiene nada que ver con el modelo chino de planificación del progreso en el largo plazo.

Milei es pura fantasía tercermundista (dólares, USA), combinado con una dosis hard de proyectos de destrucción estatal y de arrasamiento de las capacidades públicas de conducir algún proceso histórico que conduzca al bienestar general. Más bien daría lugar a un paraíso transitorio de negocios privados, oportunistas y de corto plazo, hasta que la inviabilidad económica y social pusiera un corte a esa situación de descontrol guiado por la alienación ideológica derechista.

La propia apelación a poner como meta de largo plazo a Estados Unidos muestra el carácter trucho y meramente publicitario de la oferta mileísta: trabaja con la fantasía que aún circula por el mundo sobre la “tierra de oportunidades”, cuando esa potencia muestra estándares cada vez más subdesarrollados en áreas relevantes de la vida social. En el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas (2022), Estados Unidos está en el puesto 21, muy por detrás de unos cuantos países que muestran perfiles de vida mucho más interesantes para lxs argentinxs.

Al mismo tiempo, el candidato de la desmesura cree en la tontería de la espontaneidad del desarrollo a partir del funcionamiento libre del mercado, cosa que ya se probó totalmente desastrosa en la Argentina de Martínez de Hoz, de Cavallo y de Macri. Porque se debe recordar que el mercado, o sea las grandes empresas, son precisamente las responsables del actual estado de cosas económicas en la Argentina. Si los precios están donde están, y si las reservas del Banco Central están casi en cero como están, además de la mala gestión del actual gobierno, no se puede ignorar el protagonismo de las corporaciones en la depredación económica actual del país.

Pero volvamos al punto: Milei, como si nada, reclama 35 años de gobierno, “si me los dan”. Dado que es un candidato de extrema derecha, no levanta ningún torbellino de indignaciones republicanas. Ni los consabidos ofendidos con toda acción política kirchnerista osan encontrar ningún tufillo dictatorial en el candidato que lleva de Vice a una vocera del Proceso de Reorganización Nacional. El “reformateo autoritario” circula silenciosamente por las venas de la derecha local, porque pareciera que la democracia sesgada a su favor que supieron conseguir en las últimas décadas constituye hoy una traba para alcanzar su imaginario paraíso de negocios.

También en esto habría que clarificar a la política argentina: no está dividida entre liberal-republicanos y populistas-antidemocráticos, sino entre corporaciones que aspiran a consolidar y profundizar una muy injusta distribución del ingreso, y sectores sociales amplios, muy desorganizados y sin una orientación de poder equivalente a la derecha, que reclaman en formas muy diversas por otro país que los incluya.

 

Una brújula para la coyuntura

Tres de los disertantes en el debate presidencial (Schiaretti, Bullrich y Milei) mencionaron en sus alocuciones una eventual “híper-inflación”. Lo presentaron como una hipótesis, echándole la culpa al gobierno, pero es claro que a la derecha local le vendría muy bien un estallido de precios en el último tramo del gobierno actual. Es más, el desconcierto social que se generaría, el escenario traumático que viviría la gente, les haría la vida más fácil para avanzar en las irregularidades institucionales que están anunciando.

Pero las híper-inflaciones no ocurren porque una vez el índice de precios al consumidor dé 12,4% y al mes siguiente dé, supongamos, 11%. Nuestro país no viene de inflaciones tan altas, pero en el pasado hubo largos tramos históricos con elevadas inflaciones que no devinieron repentinamente en hiperinflaciones. No es así como funciona.

Las híper de 1989, la del primer semestre de Alfonsín y la de Menem de fin de año, no tuvieron origen en un aumento paulatino de los precios, sino en un estallido cambiario –por estrangulamiento inducido de la oferta y creación de pánico en la demanda– que termina arrastrando todos los precios hacia el cielo. Ese es el jueguito que hay que mirar en los próximos meses, y no si los precios suben un poquito o bajan un poquito. Probablemente buena parte de los sesudos “análisis” de la posibilidad de híper que se hacen desde la derecha no sean realmente técnicos, sino que apunten a inquietar al público amplio en ese sentido, e inducir un conjunto de prácticas económicas –ya muy conocidas– que colaboren con ese resultado deseado.

Massa parece estar pensando en otra dirección: ir hacia el equilibrio fiscal, buscando recursos en los sectores de mayores ingresos, en los evasores impositivos y en los fugadores sistemáticos de recursos de la economía real. El claro cuestionamiento del ministro al rol de Tribunal Fiscal, como un sitio supuestamente neutro, pero donde en realidad se duermen las causas en litigio entre el Estado y las empresas para que éstas logren licuar alegremente sus deudas, es un gran avance en señalar el tipo de anomia institucional al que estamos tristemente acostumbrados.

En esa dirección va la creación de una moneda digital que ayude a eliminar la economía en negro, la presión creciente sobre las complejas formas de evasión impositiva que viene detectando y denunciando el gobierno, especialmente vinculadas al comercio exterior, la propuesta de la aplicación de un impuesto del 15% a las multinacionales –para que no manipulen sus ingresos y paguen sólo en sus países de origen–, la inteligente devolución del IVA, que al mismo tiempo que introduce cierta progresividad en el sistema tributaria está promoviendo el “blanqueamiento” de la actividad productiva.

Esta parece ser hoy la única propuesta económica sensata con viabilidad electoral. La única que no expresa la cruda lucha de clases que proponen los poderes concentrados contra los sectores medios y bajos a través de sus políticos amaestrados. La única que ofrece una salida productiva, expansiva, exportadora y al mismo tiempo ligada al fortalecimiento de las áreas más dinámicas del mercado interno. Constituye sin duda una base mínima para comenzar un debate estratégico, definido en términos nacionales.

Que el combate a la delincuencia económica, al saqueo obsceno del Estado, a la anomia como práctica económica aceptada pase a ser una bandera de los sectores populares es un gran avance en este momento de desorientación social y de bombardeo con soluciones mágicas y eslóganes autoritarios.

 

 

 

 

 

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