Votame y te ajusto

 

Focos de enorme atención y preocupación se han venido superponiendo raudamente para los argentinos en los últimos días. No se ha tratado de hechos, debates o especulaciones que sólo podrían interesar a la minoría influyente o a quienes habitualmente suelen estar más interesados e informados por temas generales. Son sucesos que tienen sensibles efectos inmediatos y generan inquietudes y tomas de posición actuales y en perspectiva para toda la sociedad. Se perciben en la vida cotidiana. No dejan lugar para la indiferencia o la negación.

Por lo pronto, como por cierto siempre ocurre en todas las elecciones presidenciales, se encuentran abiertas las incógnitas y expectativas hacia los comicios del 22 de octubre. Pero en esta oportunidad se suma en la Argentina el ingrediente particular de la incertidumbre proyectada por el antecedente de los no vaticinados resultados de las internas abiertas (PASO) de dos semanas atrás.

Pero no es todo. A la disputa política clave ya compleja, se ha sumado también un cuadro precipitado de mayor inestabilidad. Sus componentes más visibles no son sólo la fuerte devaluación del peso en el último mes y su efecto en el alza de precios, sino la observación de muchas señales de intranquilidad, mayor desasosiego y sensible daño para vastos sectores de la sociedad. Se perciben día a día fuertes aumentos de precios, en tanto, las medidas compensatorias de los ingresos para la mayor parte de la población se diluyen o son inexistentes.

Por último, como si ya no estuviera el panorama notablemente alterado, el marco político, económico y social es azuzado por presiones y exigencias de mayores ajustes aún más drásticos, económicos y sociales. Son objetivos que comparten el establishment, sus candidatos y analistas predilectos.

 

Adalides del deterioro

Ante el deterioro en las condiciones de vida de millones de personas, resultan muy llamativos los argumentos que hacen responsable de una crisis que se profundiza a la propia población empobrecida. Sus voceros son los mismos que en todos las charlas, conferencias, seminarios y congresos de elites piden limitar aumentos de salarios, jubilaciones y de gastos sociales. Compiten por ser los más severos en llamar a eliminar leyes laborales, achicar condiciones y programas previsionales y de planes sociales y, en forma paralela, restringir y reprimir las organizaciones y movilizaciones sindicales y sociales.

Por supuesto, los adalides de la regresividad social no explican los orígenes de la actual crisis de endeudamiento público, el principal problema de las cuentas públicas, en los zafarranchos financieros y especulativos “de la libertad de mercados”. Ocultan que son los mismos “principios” que endosaron al sector público y a la sociedad los desmoronamientos provocados por grupos financieros y económicos, privados, locales e internacionales en las décadas del ‘70 (dictadura cívico-militar) y '80 (corridas contra el gobierno de Alfonsín), en el 2001 (final de la convertibilidad de Cavallo-Menem-De la Rúa) y en el 2018 (fin de la juerga de fondos buitre y especulación del gobierno de Macri con el endeudamiento récord con el FMI, hoy condicionante central de la política económica, como afirmó en estos días, sin ser refutado, el ministro de Economía, Sergio Massa).

Los adalides de hacer otra vez lo mismo, pero con “más mano dura” son también quienes, acompañando las recetas del FMI, afirman que “los ajustes están pendientes”. Plantean que quienes estén mal requieren primero estar peor aún. Sus discursos son de guerra social, del “cuanto peor es mejor”.

Aun disfrazándose ridículamente de economistas ortodoxos eruditos, que no lo son, no son capaces siquiera de reconocer que la Argentina es justamente un ejemplo evidente de la falacia de la denominada Ley de Say: “La oferta crea la demanda”^[1]. Imputan por eso en forma tan irracional y también, por supuesto, insensible, que las víctimas del desastre son los responsables de la desarticulación social, endilgando que la falta de inclusión laboral y social es “por decisión personal, cuando hay muchas oportunidades” y que “el que no trabaja es porque no quiere”.

 

Hay magia en la inclusión social

Para cada cual en la sociedad, el concepto de crisis no se relaciona sólo con lo económico, aunque ello es por supuesto central, sino con el desafío de afrontar dificultades, horizontes inmediatos y de largo plazo. El escepticismo o el resquemor con relación a las alternativas/soluciones que se ofrecen son entonces comprensibles. Es cuando deja de existir la certidumbre, la confiabilidad y la posibilidad de una pertenencia social que se genera el campo propicio para el desconcierto y la desesperación. La forma superadora debe ser la inclusión y la organización social, no su retroceso.

Debe partirse de la convicción de que la riqueza generada en el país es el resultado del esfuerzo del trabajo, de los recursos naturales, de la educación impartida, de la salud brindada, de la infraestructura y del nivel de la capacidad de producción y tecnologías desarrolladas o incorporadas. El resultado es siempre producto del esfuerzo de la sociedad, no de apropiaciones rentísticas parasitarias. Ello exige más equidad, pero nuestra sociedad ha retrocedido.

La “solución mágica” —entre comillas— que fue presentada en la década del ‘90 a la falta de empleo y desarreglos de la economía argentina fue, en primer lugar, la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley 24.013 en 1991 denominada en forma grandilocuente como de “regularización del empleo no registrado y de promoción y defensa del empleo”. Esta se complementó con la sanción en 1998 de la Ley de Reforma Laboral 25.013 y el Decreto 146/1999 de reglamentación del Régimen Laboral de la Ley PYME (24.467, de 1995) que culmina en el año 2000 con la Ley 25.250 de Reforma Laboral, conocida en la opinión pública con el lamentable y vergonzoso nombre de “Ley Banelco”.

El resultado está a la vista: en la Argentina no sólo no se avanzó en la regularización, promoción y defensa del empleo, sino, por el contrario, todos los indicadores empeoraron notablemente: mayor desocupación, más precariedad laboral y, por supuesto, menores ingresos y registro formal de empleados para fondear la seguridad social junto, en general, con un enorme empeoramiento de la distribución del ingreso.

Ante tanta confusión y tergiversación no debe imponerse un “más de lo mismo”. Es imprescindible poner en evidencia las estigmatizaciones simplificadoras, sus usufructuarios y significados. Es preciso dimensionar concretamente sus consecuencias, tanto para cada sector social y económico en particular, como para el país, su unidad y soberanía nacional.

La crisis económica y social argentina no es reciente, pero se ha profundizado velozmente en el último período, afectando a muchos más sectores y población. Más del 75 % de la economía del país, y una parte aún mayor del empleo, tiene sus y actividades relacionadas centralmente al mercado interno. Resulta evidente la estrecha vinculación de la sustentabilidad y el desarrollo con la capacidad de compra/consumo popular. No podemos ser ajenos a los ingresos, derechos y de las condiciones de vida básicas de la población. Dependemos también de ellos.

No hay duda de que la Argentina es hoy un país con una crisis elemental. Como ha ocurrido en otros momentos clave de nuestra historia, se trata de una encrucijada estructural y no sólo circunstancial. La sociedad nuevamente se encuentra en un marco crítico en el que debe ponderar y reformular su “razón de ser”, su visión estratégica y definir prioridades y con qué propuestas y recursos encarar los desafíos. Deberemos pensarlo cada uno cuando votemos.

 

 

^[1] Jean-Baptiste Say (1767-1832): Economista y empresario textil francés que postuló que en la mecánica de los mercados sólo es necesario generar más oferta, incluyendo también de quienes están desocupados y desean trabajar, ya que a medida que esta crece, también lo hará la demanda de bienes y servicios.  La falacia de su idea del equilibrio automático de los mercados no solo ha sido refutada en forma completa en el plano teórico, sino que encrucijadas como la actual de la Argentina ponen en evidencia, sin necesidad de ser economista, que la demanda potencial —necesidad de bienes, servicios o de trabajar— no es igual a la demanda efectiva —capacidad de compra—, aunque exista oferta. De los desarreglos entre oferta y demanda derivan círculos viciosos, recesivos y de desocupación involuntaria. 

 

 

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