La libertad de empobrecernos

 

Warren Buffett, inversor y accionista mayoritario de Berkshire Hathaway, dueño de parte de American Express, Goldman Sachs, General Motors, Coca-Cola, Procter & Gamble o Johnson & Johnson, y uno de los hombres más ricos del mundo, considera que los millonarios deberían pagar más impuestos. Cuando en una entrevista le advirtieron que aumentar la presión fiscal sobre los más ricos podría fomentar la lucha de clases, contestó: “Hay una guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la clase rica, la que la está haciendo y la estamos ganando”. Buffett también considera que la gente invierte cuando piensa que puede hacer dinero, no en función de la carga impositiva de cada país.

En realidad, si los inversores buscaran países con menores impuestos, Sierra Leona debería gozar de un nivel de inversión mayor al de Alemania, un estado con cargas fiscales mucho mayores, lo que no parece ser el caso. De hecho, según la Tax Foundation, organización sin fines de lucro dedicada al análisis de políticas fiscales, en el siglo pasado, Estados Unidos mantuvo durante dos décadas una tasa máxima de Impuesto a las Ganancias por encima del 90%. En el período comprendido entre 1933 (gobierno de Franklin Roosevelt) y 1986 (gobierno de Ronald Reagan), el promedio fue de 77%. En 1952, Dwight Eisenhower, presidente republicano que suele ser asimilado a la derecha norteamericana, elevó la tasa máxima hasta el 92%.

En Argentina, la tasa máxima del Impuesto a las Ganancias es del 35%.

Visto desde nuestro país, Warren Buffett es un multimillonario extravagante, ya que no sólo pide subir los impuestos a la riqueza sino que considera, con razón, que proporcionalmente paga menos impuestos que su secretaria. Nuestros ricos exigen y consiguen exactamente lo contrario: logran reducir los impuestos que los afectan e incluso eliminarlos (como el impuesto a la herencia, suprimido durante la última dictadura cívico-militar por el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz). El ex Presidente Mauricio Macri, un meritócrata que a diferencia de Buffett tomó la precaución de nacer rico, afirmó: “Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos (...) Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”. Una valiente confesión de evasión agravada que en la Argentina tiene una pena de tres a nueve años de prisión, aunque por ahora ningún fiscal ha decidido actuar de oficio.

 

 

 

Ocurre que en la Argentina la guerra de clases que señala Buffett arrancó antes, hace casi medio siglo, con la última dictadura cívico militar en la que descolló Martínez de Hoz. La violencia homicida de los grupos de tareas fue la componente instrumental de un plan de negocios que significó una colosal transferencia de recursos de abajo hacia arriba. El menemismo fue el segundo capítulo de ese plan. Carlos Menem asumió la presidencia en 1989, unos meses después de la caída del Muro de Berlín. Ese acontecimiento histórico marcó el fin de una época y generó un cambio notable en los países desarrollados que se reflejó en los países emergentes: ya sin la competencia del terrible cuco soviético, el impulso del Estado de Bienestar occidental empezó a decaer. El resultado ha sido una concentración inaudita de la riqueza y una exclusión cada vez mayor de las clases medias. El malestar actual, el descreimiento en las bondades de la democracia electoral, nace en parte de ese cambio.

El gobierno de Cambiemos fue el tercer capítulo del plan de negocios y continuó con la transferencia de recursos del trabajo hacia el capital. Según un informe de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la participación de los salarios en el producto pasó del 31,4% en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, al 51,6% en 2015, durante el último año del segundo gobierno de CFK. Durante el gobierno de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019, cayó casi 5%. Los menores salarios implican mayores ganancias empresariales. No todos pierden, solo las mayorías.

El dilema de la Argentina, o al menos uno de sus dilemas, es que sus ricos no quieren pagar impuestos y su clase media y baja no aceptan pasivamente seguir perdiendo derechos y poder adquisitivo, aunque han perdido mucho desde 1976.

Imaginemos los recursos fiscales con los que contaría el Estado argentino si imitara la presión fiscal de gobiernos que no podríamos calificar de chavistas o bolcheviques como los de Roosevelt o Eisenhower. No existiría ese déficit fiscal que tanto atormenta a nuestro establishment, contaríamos con recursos generosos para obras de infraestructura que impulsarían el desarrollo del país y no padeceríamos crisis cíclicas. Pero para nuestro establishment, la única forma de reducir el déficit es ajustando egresos, nunca aumentando ingresos fiscales. Para esa visión, la Argentina es un país peculiar en el que los ricos son demasiado pobres para pagar más impuestos pero los pobres son suficientemente ricos para ganar cada vez menos.

Desde hace unos días, desde que fue el candidato más votado en las PASO, asistimos a las amenazas redobladas del candidato Javier Milei. Nuevamente señala el déficit como el mal absoluto a resolver y para lograrlo promete un ajuste fiscal “más grande que el exigido por el FMI. Al parecer, conseguiría su objetivo eliminando ministerios e incluso organismos autárquicos como el CONICET o el INCAA.

Al retomar la misma letanía que escuchamos una y otra vez desde 1976 y considerar que el problema es el exceso de inversión y gasto público y no la escasa presión fiscal sobre los más ricos, Milei nos propone el cuarto capítulo del plan de negocios iniciado por Martínez de Hoz: una nueva y mucho más severa transferencia de abajo hacia arriba.

La libertad de empobrecernos aún más.

 

 

 

 

 

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