Mujeres políticas, en riesgo

El encarcelamiento a Milagro Sala abrió en el país una etapa respecto de un nuevo tipo de persecuciones. Cuando se pronunció sobre el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó a Milagro como una lidereza social, mujer e indígena. Con el correr del tiempo, otras persecuciones a mujeres políticas abrieron más preguntas acerca de un fenómeno que parece ampliarse cada vez más. Con dispositivos judiciales y televisivos sobre Cristina Fernández o Dilma Rousseff. Alejandra Gils Carbó. O con el asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco, presentado en su país como atentado contra la democracia. ¿Pero es viable pensar esas persecuciones desde la perspectiva del género? ¿Es posible hacer una traducción de lo que hasta ahora era pensado como persecución política para pensarlas como una nueva forma de violencia política ejercida específicamente sobre mujeres políticas? ¿Es posible, por último, que estas nuevas formas de violencia escalen a medida que se potencia la participación de ellas en el escenario de lo público?

La socióloga Silvia Chejter trabaja estas preguntas desde el campo de lo que el feminismo menciona específicamente como violencia política contra las mujeres. Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires señala que el concepto, si bien no es novedoso, no se utilizó hasta el año 2000. “A lo largo de esa década distintas organizaciones de mujeres políticas y organismos internacionales comenzaron a utilizarlo, instalándolo en la agenda internacional que hoy piensa y cuenta con herramientas legislativas en diversos países, algunos aún en modo embrionario, para poder mirarla como tal”.

¿Cual es el estado de esta discusión en la región?

Se dice que el siglo XX fue el siglo de las mujeres. En cierto sentido fue así. En las últimas décadas hubo enormes avances en la condición de las mujeres en los más diversos campos, aunque también es cierto que los progresos no alcanzaron para poner fin al sexismo, ni a sus manifestaciones más cruentas. Este tema recibió desigual atención en distintos países de América Latina. En 2007, durante la Décima conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe en Quito, las participantes se comprometieron a tomar el tema y promover medidas al respecto. Hoy hay tres países en la región, Bolivia, El Salvador, Paraguay, que lo han incorporado en sus legislaciones y hay varias iniciativas y proyectos en Argentina, Honduras, México, Perú. Y en otros donde el tema está archivado como Costa Rica y Ecuador.

¿Qué pasó en los países donde se implementaron legislaciones como estas?

Hoy hay suficiente información como para afirmar que tanto las mujeres que actúan a nivel local, como las que llegan a ser legisladoras, son violentadas de las formas más diversas, con niveles de violencia que incluso llegan al extremo de la violencia letal. El detonante para que Bolivia aprobara una legislación modelo para la región en la Asamblea Plurinacional de Bolivia fue el homicidio de una concejala que había sido excluida de su cargo. Luego de diversas acciones ella fue restituida, pero a las pocas semanas la encontraron estrangulada a orillas de un río. Ese homicidio, aún impune, fue germen de un debate de doce años y de la sanción de la ley. Allí no hay estadísticas anteriores como para evaluar el impacto porque como sucede con otras problemáticas de violencia, mientras no hay respuestas estatales no existen estadísticas. Y más aún, hasta que el tema no es incluido en la agenda pública, suele no haber respuestas. Bolivia fue precursora no sólo de la Ley sino de las estadísticas. Allí, la Asociación de Concejalas recopiló un listado de 249 casos ocurridos entre 2000 y 2009, referido sólo a mujeres como ellas que ejemplifican todas las formas de acoso y violencia de los clásicos manuales sobre el tema, sin distinción de país. No sólo aparecían casos, sino modalidades que obstaculizan la acción política: impedimentos en el ejercicio de sus funciones; difamaciones y calumnias; actos para obligarlas a firmar documentos con las que no están de acuerdo; mayor exigencia de saber que los hombres pero, paradójicamente, si son muy competentes resultan una amenaza. Presiones para que renuncien; prohibiciones o restricciones al uso de la palabra; obstáculos e impedimentos explícitos para evitar su participación en las sesiones de los concejos. Y en ese amplio espectro, también las violencias más clásicas como descalificaciones diversas, acosos y violencia sexual, maltratos, secuestros y homicidios o femicidios.

¿Existe una relación clara entre esas violencias y el ascenso político de las mujeres?

Yo creo que existe una cultura política que ha sido tocada, pero que todavía no ha cambiado todo lo que debería haberlo hecho. Hay investigaciones en América Latina que documentan una realidad peor de la que en general podamos imaginar. Y aún en los países que cuentan con leyes de paridad política no existen condiciones reales de igualdad en la participación política de varones y mujeres dado que persisten condiciones estructurales de inequidad. Me refiero a fenómenos como la feminización de la pobreza, la feminización del delito del narcomenudeo y del transporte de drogas, por citar dos ejemplos. Además de la persistencia de distintas formas de violencia sexual en los más diversos ámbitos, y entre otros, el ámbito político. Para seguir con el ejemplo, podemos volver a mencionar a Bolivia, un país en el que existe la paridad política con mitad y mitad de representación.

¿Cuáles son los impactos de las leyes de cuotas o de paridad política?

Hoy existen en 19 países de América latina. Para mí son más importantes los impactos cualitativos. En primer lugar, como balance más general, podemos decir que el hecho de que pudieran formularse demandas de mayor representación política, y que pudieran efectivizarse e institucionalizarse, es porque hubo cambios sociales importantes: cambios en las relaciones entre varones y mujeres, en la cultura social y política, el desarrollo de los movimientos feministas y de mujeres, la conformación de redes de mujeres, redes políticas, de mujeres científicas, de sindicalistas, entre otras. Y a su vez, los cambios en el incremento de la participación política de las mujeres, dieron lugar a nuevos cambios. Dinámicas entre los movimientos de mujeres y el Estado; entre movimiento de mujeres y partidos políticos; entre Estado, sociedad civil y organismos internacionales, que dieron lugar a una legislación específica de derechos humanos de las mujeres como son las Convenciones y tratados internacionales y interamericanos, que refuerzan o respaldan los avances de las mujeres en cada país. Pero además se pueden señalar otras modificaciones. Hubo cambios en el imaginario social acerca del rol de las mujeres en política, en los ciudadanos electores, en la actitud de muchos varones que despreciaban a las mujeres políticas y ahora las miran con respeto, las ven como aliadas y si no es así, no lo dicen en público, aunque claro nunca faltan excepciones a la regla. ¿Quién hubiera imaginado hace pocas décadas que las mujeres accedieran a la presidencia? En Argentina, Brasil y Chile tuvimos en forma simultánea tres mujeres presidentas y además las tres fueron reelectas. Por primera vez hay mujeres en la Corte Suprema y la Procuración estuvo a cargo de una mujer. En fin, esto en una línea donde además hay que mencionar eliminación de normas discriminatorias en el código civil relativas a la herencia, al divorcio, al adulterio, al casamiento, al casamiento de niñas, al uso del propio apellido. Y en el código penal, sobre violaciones, trata de mujeres, explotación sexual y homicidios sólo por citar algunos ejemplos.

Se dice que la participación de las mujeres cambió la forma de hacer política.

Algo, pero no tanto. Desde una mirada del feminismo crítico, falta mucho. Ya que nosotras buscamos cambiar el concepto mismo de “lo político”. Las mujeres no lucharon para ser reconocidas en la arena política por deporte. Hay que insistir en que no se trata de un ejercicio político sin sentido. No es participar por participar. Al menos para las feministas se trata de un replanteo sobre el alcance de “lo político”. El feminismo como movimiento buscó ampliar el campo de “lo político”. Las mujeres, en especial las mujeres feministas, que tuvieron un rol importante en esos procesos, se propusieron desnaturalizar, problematizar y politizar lo personal, la sexualidad y el amor, las instituciones patriarcales, la cultura patriarcal. En el pensamiento tradicional, la política es una actividad que tiene lugar en ciertos foros específicos y los temas que siempre se consideraban políticos no incluían lo que era pensado como “lo privado”. El feminismo rompió esa división tradicional entre lo público y lo privado, dando lugar a la emergencia de una serie de problemas que hoy son considerados problemas sociales. No hay duda que, desde que las mujeres ampliaron su presencia, su participación activa en los espacios de decisión, hubo alteraciones. Cambios que se han institucionalizado, de modo que el Estado está obligado a garantizar su efectivo cumplimiento y sin duda esos cambios incluyen el reconocimiento de que el universal humano no es solo masculino, sino que el universal es masculino-femenino.

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