El mensaje de la violencia en Chubut

 

La precarización laboral de lxs trabajadorxs de prensa, la concentración de los medios de comunicación en las provincias y las prácticas violentas en el ejercicio del poder político y económico se entrelazan en los núcleos duros locales. Una periodista fue atacada por un integrante del gremio del Sindicato de Camioneros de Trelew mientras transmitía en vivo y documentaba la agresión física a otra persona. No es un caso aislado en Chubut. Otra trabajadora de prensa, en Comodoro Rivadavia, también fue violentada cuando cubría en vivo un evento de interés público hace tres meses. Ambas sufrieron violencia y censura en oportunidades anteriores.

Silvina Cabrera, de 57 años, es movilera del Grupo Azul Media desde hace tres años. El jueves 20 de julio transmitió en vivo la agresión a un hombre e inmediatamente la suya por parte de activistas del Sindicato de Camioneros en Trelew. Captó desde atrás el momento en que un hombre tiró el palo del bombo que percutía lastimando a un vecino que hablaba desde el techo de un automóvil, a unos pocos metros. Otro hombre se acercó a la periodista desde la izquierda y forzó su muñeca para arrebatarle el celular, que cayó al suelo sin dejar de transmitir en ningún momento. Esos hechos de violencia fueron la antesala de un acto de campaña del espacio oficialista “Arriba Chubut” en el barrio Planta de Gas, en el que se registraron disparos con armas de fuego.

 

 

Otra persona vinculada a Camioneros hizo una maniobra similar en noviembre del año pasado contra Cyntia Francisco, cuando cubría en vivo una marcha de reclamo de base en Comodoro Rivadavia. La misma técnica, arrebatar la herramienta de trabajo para impedir la cobertura periodística por las redes sociales.

 

 

Las unas

Silvina estuvo en el momento preciso, según puede constatarse en la grabación de la cobertura en vivo del jueves 20 de julio, que empezó a las 15:19. Los partidarios de la fórmula del oficialismo local se concentraban en el barrio Planta de Gas para una caminata, pero los referentes de la junta vecinal se oponían a viva voz. Carlos Saez, de la vecinal, era uno de los voceros en la calle de esa oposición rodeado por activistas de Camioneros. El hombre se subió al techo de un vehículo y desde allí arengaba, rodeado por bombos y banderas de Camioneros. Un hombre vestido con un buzo oscuro, con la capucha puesta, tiró con la mano derecha el palo de un bombo, y le dio a Saez en la cabeza, de frente, como documentó la transmisión de Silvina. Otro hombre se acercó desde atrás, desde la izquierda, empujo a Silvina, le tomó la muñeca y le tironeó el celular haciéndolo caer. Silvina lo identificó como integrante de la seccional de Camioneros que conduce Luis Collío en Trelew, según informó después de presentar la denuncia penal por los hechos.

Se sobrepuso a la agresión y buscó algunas opiniones de los referentes políticos y gremiales que estaban en el lugar. “Vos sos de Petrakosky”, le dijeron como respuesta. Ella acompaña a Fabricio Petrakosky, quien encabeza una lista corta de diputados nacionales por Unión por la Patria que compite en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Hizo una segunda salida al aire y se retiró antes que llegara Juan Carlos Luque, intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador por el oficialismo. Después, la violencia escaló y se usó al menos un arma calibre 40, según informó la policía provincial.

Años atrás, Mario Das Neves la insultó ante numerosos testigos. El ex gobernador ya fallecido era diputado nacional; ella estaba al frente de la televisión pública de Chubut. La agresión de gente de Camioneros fue más lejos. La denunció como lesiones leves agravadas por su condición de trabajadora de un servicio público.

 

 

Las otras

Cynthia Francisco tiene 49 años, tres hijxs, trabaja en forma autogestiva en prensa desde que fue despedida de una radio comercial en la que trabajó en Comodoro Rivadavia. La ciudad industrial es la más poblada de Chubut. Es la cuna política de Luque, donde fue concejal, vice intendente y después intendente. En marzo de este año, el gobierno de Luque intervino en el desalojo ilegal de seis asentamientos populares, en los que se constató la intervención de empleados municipales contratados como fuerza de choque.

 

 

En 2012 le prohibieron el ingreso a una sesión del Concejo Deliberante local. Al año siguiente, volvió a sufrir otra prohibición y recurrió a un amparo judicial para revertir la censura. En 2014 consiguió el fallo que dio vuelta la decisión de los concejales, entre los que se encontraba Luque.

A fines del año pasado cubrió una marcha convocada por padres y madres de niñxs de un jardín de infantes donde se habrían cometido abusos. La marcha hacia la Fiscalía en reclamo de justicia fue encabezada por un grupo del que participó gente de la UOCRA y, más atrás, claramente distanciados, manifestantes del Sindicato de Camioneros. Ella se acercó a pedir una declaración de JorgeTaboada, secretario general de este gremio en Chubut. Se negó y un grupo de su círculo se avalanzó sobre la periodista, tal como quedó registrado en la transmisión online.

Como en otras ciudades, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) es un espacio de poder con el segundo mayor presupuesto. Presta los servicios de electricidad, cloacas, agua y telefonía. Este año, un grupo de usuarios reclamó información sobre un par de ítems que figuraban en la boleta y los consideraron ilegítimos. Así se llegó a una asamblea de socios de la cooperativa, que se realizó en abril. En esa oportunidad, la periodista cubría el comienzo de esa asamblea cuando fue cercada en forma intimidatoria por cuatro integrantes de una murga. Presentó un amparo para el acceso a la información pública, el que se tramita en la Oficina de Gestión Unificada del Fuero Civil y Comercial de Comodoro Rivadavia, en el Juzgado Civil a cargo de Natalia Venter. La jueza hizo lugar al amparo, intimó a la SCPL a entregar la documentación, lo que hizo parcialmente de modo de dilatar el proceso.

Esta misma cooperativa retacea la información pública a otros actores sociales que deben acudir al amparo judicial para obtenerla. Es el caso de vecinos del barrio Cordón Forestal, quienes reclamaron información pública ambiental relacionada con los graves problemas de salinización que sufre el barrio desde hace años, los que posiblemente estén vinculados a la planta de tratamiento de aguas de la Cooperativa, que no funcionaría adecuadamente.

La viejísima estrategia de atacar al mensajero para no atender al mensaje.

 

 

 

 

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