La costanera verde

 

Mientras los cambios de zonificación y las concesiones a privados de los principales predios situados en el entorno ribereño siguen su curso, habilitando usos y regímenes de tenencia que ni la Constitución de la ciudad, ni el Plan Urbano Ambiental ni el Código Urbanístico permiten, el GCBA avanza ahora sobre la Reserva Ecológica de la Costanera Sur (RECS).

El GCBA autorizó el gasto de casi 40 millones de pesos para construir dos bares en la Reserva. La Reserva Ecológica Sur es un humedal y uno de los sitios ambientalmente más protegidos del mundo bajo la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (conocida como convención Ramsar) a la cual la Argentina adhirió en 1991.

 

 

Uno de los bares se está construyendo bajo el espigón del ingreso sur a la reserva, sobre calle Brasil. Y el otro bar, en el sector de la playa. ¿Cómo se deciden las obras que se realizan en la reserva? El Plan de Manejo de la Reserva aprobado por la Ordenanza N° 45.676 y sus modificatorias prevé la realización de obras de infraestructuras necesarias al cumplimiento de los objetivos de la RECS, entre otras, la mejora de los dos accesos existentes uno por la calle Brasil y otro por la calle Viamonte. Este plan no prevé la construcción de bares o establecimientos gastronómicos, solamente de áreas de descanso. No prevé tampoco accesos adicionales, sin embargo, se iniciaron obras para crear un nuevo acceso mediante un puente sobre la laguna de los Coipos que conectará la Av. Tristán Achával Rodríguez a la reserva.

Tampoco el Código Urbanístico autoriza bares en el sector de la playa de la reserva, sólo los permite en el acceso. Si estas obras y la construcción de un bar en la playa no están previstas en el Plan de Manejo de la Reserva ni autorizados por el Código Urbanístico, ¿por qué el gobierno avanza en su ejecución?

La ordenanza que aprobó el Plan de Manejo creó la Administración de la Reserva con competencia en administrar la implementación del plan y el Consejo de Gestión compuesto por tres organizaciones de la sociedad civil que intervienen en temas ambientales, cuya elección se hace por periodos bienales por la asamblea de las organizaciones ambientalistas inscriptas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales Ambientales.

Según prevé la norma, debe consultarse al Consejo de Gestión en forma previa a toda acción o decisión que no se encuentre contemplada en el Plan de Manejo. El Consejo de Gestión no ha estado funcionando con lo cual no se estarían respetando los mecanismos de participación previstos por la ordenanza que aprueba el Plan de Manejo.

No se realizaron estudios de impacto ambiental antes de empezar con la realización de obras que, especialmente en el caso del nuevo acceso, modificarán profundamente el funcionamiento de la reserva, aumentando el flujo de visitantes en un área hasta ahora bastante resguardada. El puente, además de crear una importante disrupción en el paisaje, tendrá un impacto que no fue evaluado en la avifauna que habita las lagunas. Ese puente saldrá de la zona de los puestos gastronómicos de la costanera , o sea la zona de mayor flujo de circulación en toda la costanera sur, y creará como una extensión de la costanera en el corazón de la reserva.

En cuanto al bar en construcción en la zona de la playa, además de constituir un uso no autorizado, no pareciera obedecer a la regla que deben seguir todas las construcciones en la reserva, siempre de acuerdo con el Plan de Manejo: “Tema arquitectónico: Las estructuras a construirse no deben dominar ni tratar de competir con el entorno. Tanto por su diseño, ubicación, colores y materiales a utilizar, deben causar un mínimo impacto sobre el paisaje, complementando los rasgos naturales del mismo y adecuarse a las necesidades de desarrollo y uso del área.”

El GCBA informa que no se trata de un bar, sino de locales de venta de bebidas y comidas, y mencionó que no está definido si funcionarán mediante una concesión. En la Disposición N° 131/DGARCON/23 aprueba las tareas para la construcción de un “Bar de Playa” por casi 21 millones de pesos. Por otra parte, si el GCBA no aclaró que no será concesionado, esto implica que va a privatizarse, repitiendo el modus operandi de invertir dinero público, entregar tierra pública y supeditar el ambiente a los negocios para que privados se lleven toda la rentabilidad pagando cánones irrisorios.

Hace semanas se anunció la privatización de una confitería en el Parque de la Memoria en costanera norte. La ciudadanía porteña aportó la tierra pública, pagó 120 millones de pesos por la obra y ahora un privado explotará la confitería pagando la suma irrisoria de $622 por metro cuadrado (250.000 pesos por mes).

La semana pasada, el gobierno le entregó la explotación de 4,5 hectáreas de Punta Carrasco a la empresa PUNTA CARRASCO S.A. Se trata de la misma empresa que viene explotando este sector de la costanera norte desde 1988. Esta empresa construirá una mini-ciudad en esta zona, ya que está habilitada a construir edificios de hasta 12 metros de altura, bares, hoteles y oficinas. Por explotar este predio va a pagar la suma irrisoria de $285 el m2 ya que se fijó en $13.700.000 el canon mensual.

Existe un plan sistemático de privatización del conjunto de nuestra costanera, que por supuesto es la continuidad de la lógica privatista de la década del ‘90 que se apoderó de ese espacio público.

 

 

Torres rodeando una reserva

Pero estas no son las únicas obras que amenazan la biodiversidad de la reserva ecológica. Si se llevara a cabo el mega emprendimiento de Costa Urbana, ese nuevo Puerto Madero proyectado en el predio de la ex ciudad deportiva del Club Boca Juniors, se crearía un nuevo acceso a la reserva desde el extremo norte de este predio mediante una pasarela. Actualmente la reserva y este predio se encuentran separados por un canal.

Sus decenas de torres de 145 metros de altura van a rodear la Reserva, completando el avasallamiento iniciado con Puerto Madero. Estudios internacionales demuestran que los edificios altos interfieren con las rutas migratorias de las aves causando una elevada mortalidad, esto ya estaría sucediendo con los edificios de Puerto Madero. Los impactos sobre la biodiversidad de la zona son evidentes. Además, este emprendimiento se hará destruyendo un humedal e implicaría la pérdida de oportunidad de recuperar 70 hectáreas que fueron tierras públicas.

 

 

Un barrio entre el verde y los negocios

Entre la reserva ecológica y Costa Urbana, se encuentra el barrio Rodrigo Bueno. Este barrio de cuatro manzanas, donde viven más de 1.000 familias, tiene sus orígenes en la década de 1980. Y siempre estuvo amenazado por el poder inmobiliario, ya que era un obstáculo para extender Puerto Madero hacia el sur.

 

 

A partir de la organización del barrio, y con muchas idas y vueltas en la Justicia, finalmente sus habitantes lograron en el año 2017 que se sancione la Ley N° 5.798 que establece la reurbanización del barrio. A partir de allí, el GCBA comenzó la intervención caracterizada por la discrecionalidad y muchas veces por la violencia institucional. Si bien la ley establecía con claridad instancias participativas para el barrio, la mayoría de las familias no pueden participar de las decisiones que toma el gobierno. Contratos con cláusulas abusivas para las familias que se mudaron a las nuevas viviendas construidas, familias que fueron relocalizadas de sus viviendas y luego de años continúan esperando una solución habitacional hacinadas en la pieza de algún hotel, familias que fueron relocalizadas por el gobierno a viviendas que se encontraban en ruinas, son sólo algunos ejemplos.

El barrio también limita con el mega emprendimiento inmobiliario Costa Urbana. Y con la lógica de ocultar el barrio frente a lo que va a ser la futura Dubai, el GCBA está construyendo en el Rodrigo Bueno lo que denomina un borde costero, un “nuevo caminito” donde se prevé instalar un polo gastronómico con grandes cadenas comerciales. Para construir ese borde costero numerosas familias fueron relocalizadas. Y mientras la infraestructura y las mejoras de las viviendas avanzan lentamente, lo único que progresa a toda velocidad es el borde costero. Mega grúas, piloteras, retroexcavadoras, camiones y mixer de hormigón trabajan 14 horas por día de lunes a domingo a escasos metros de las viviendas y de las familias. Paredes rajadas, pisos hundidos, desprendimiento de suelos y vibraciones equivalentes a vivir en un estado de sismo continuo es el cotidiano de las familias que viven junto al borde costero.

Los habitantes de Rodrigo Bueno denuncian que esta obra no fue consultada y nada tiene que ver con los intereses propios del barrio.

 

 

La costanera saqueada

No muy lejos de allí, en Costa Salguero, se juega el futuro de la ribera. En este predio, diversas leyes prevén la venta de tierra pública y autorizan desarrollos inmobiliarios y edificios altos sobre la costanera. Por ahora, la Justicia ha declarado inconstitucional la ley que autorizó la venta de Costa Salguero.

Hacia el sur, ya se empezó a hablar de la Corporación Riachuelo para que la ribera de este río sea destinada a torres luego de su saneamiento.

¿Quién gana y quién pierde en esta corrida para rentabilizar cada metro cuadrado de suelo con vistas al río? Porque no hay duda de que de eso se trata. Toda la propaganda oficial tiende a demostrar que el proyecto de transformación de la costanera brinda inmensas ventajas al “liberar” decenas de hectáreas del contorno ribereño gracias a la generosidad de los privados y a la planificación inteligente del GCBA, cuando en realidad, los espacios verdes que se prometen son los restos que quedan de la tierra pública vendida y concesionada para negociados inmobiliarios y comerciales. El BA Costa que promociona el GCBA en realidad es un BA Costanera Privatizada.

Es estratégico, en el marco de la crisis climática, recuperar la totalidad del borde costero para transformarlo en un espacio 100 % verde y público. Los bordes costeros son zonas de amortiguación de inundaciones, es el lugar por donde ingresan los vientos que mitigan el efecto de calentamiento de las ciudades y son claves para incorporar biodiversidad e implementar acciones frente a futuros ascensos del nivel de las aguas. Nuestro planteo también está fundado en el marco legal vigente de la Ciudad de Buenos Aires. El consenso ambiental logrado con la Constitución porteña estableció que el contorno ribereño debe ser público y de acceso libre. Todo proyecto que reste espacio para destinarlo a la explotación privada es una pérdida neta para la ciudadanía y para el futuro de la ciudad.

 

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