Perón ratifica que Rocca contamina

 

En la causa de acción preventiva contra daño ambiental promovida por la asociación civil Cuenca Río Paraná contra Ternium —planta ubicada en General Savio, partido de Ramallo—, que tramita ante la Secretaria 3 Civil y Comercial del Juzgado Federal de San Nicolás, el perito designado, Enrique Aníbal Perón, ratificó cada uno de los puntos periciales y sostuvo que “de los documentos oficiales se concluye sin dudas que la empresa no cumple con toda la normativa ambiental vigente”. La empresa Ternium, de la transnacional luxemburguesa Techint —que comanda Paolo Rocca—, “no cuenta con el permiso de vuelco de efluentes líquidos”, señaló el perito al evaluar que “se detectaron contaminantes —metales pesados— en agua subterránea”, y que en “algunos parámetros de vuelco se verificaron excedidos por la Autoridad del Agua (ADA)”. También refirió que “se afectó parte del bosque nativo y los humedales en la zona sur costera del predio industrial”.

Enrique Aníbal Perón fue quien salió sorteado —en agosto de 2022— para llevar adelante la pericia. Como integrante del cuerpo de peritos del Poder Judicial de la Nación informó sobre el acopio de residuos de la empresa y el hecho de que se encuentren a cielo abierto en contacto con bosques nativos y humedales, afectando el ambiente. Describió que “considerando la magnitud de esa industria metalúrgica y los eventuales volúmenes de residuos peligrosos que genera la empresa, puede afirmarse que probablemente ese sector de tratamientos de residuos no posea la dimensión adecuada para recibir el volumen de residuos generados por Ternium Argentina SA”, y que “quizás ello sea la explicación de por qué el sector sur de la planta industrial acumula materiales variopintos a cielo abierto”.

El perito constató “de manera fehaciente que no existe muro en el sector costero ni canales que contengan las escorrentías pluviales que lavan esos depósitos de materiales y/o residuos”, lo que “permite inferir que se genera un grave daño ambiental porque se incorporan materiales extraños a los ecosistemas de humedales y bosques nativos allí existentes, incluso pueden alcanzar el curso del río Paraná ubicado a pocos metros de la zona en cuestión”. Perón consideró pertinente y por ello sugirió que “se extraigan muestras del sedimento del río y lagunas cercanas para evaluar el impacto causado en el ecosistema”. Así también, dijo no encontrar “documentación que acredite la aprobación por la Autoridad del Agua de la Línea de Ribera en esa zona costera sur, por ello solicitó que para despejar toda duda se oficie a la A.D.A. para que informe si la empresa Ternium en su planta General Savio cuenta con aprobación de Línea de Ribera o no”.

El ingeniero en Seguridad Ambiental expresó también que por lo constatado “necesariamente se deben realizar obras de mejoramiento de infraestructura de tratamiento y contención de materiales, subproductos y de residuos”. Y que la empresa de Paolo Rocca debería “realizar conforme legislación vigente la caracterización de pasivos ambientales, tanto en el sector donde el Ministerio de Ambiente labró infracciones por el almacenamiento de PCB (bifenilo ploriclorado = aceite dieléctrico) a cielo abierto y sobre suelo desnudo, como así también en el sector sur, zona de bosques nativos y humedales costeros”.

Desde la empresa, el abogado defensor actuante, José Enrique Milone, criticó “la ligereza” del perito al describir en su informe, en referencia al suelo, “que no es tierra común”. Perón contestó que “la observación realizada al momento de inspeccionar la zona obedece a reflejar fielmente que el lugar presenta ‘materiales extraños’ al suelo natural”. Y dijo no desconocer “que inspeccionó una planta industrial, pero no puede pasar por alto que esa zona puntual de inspección es zona de bosque nativo y humedales, y que los residuos que genera esa industria invaden esas zonas que deben ser preservadas por ser zonas protegidas y por los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad”.

El abogado de la empresa Ternium había señalado que el perito había expresado “falsamente” en su informe, con respecto a los residuos, que “el material allí depositado, por efecto de la lluvia, genera un lixiviado de proporciones dañinas para el ambiente, las napas y el río que se encuentra en las cercanías”, y que “no se cuenta con mediciones y detalles de este”. Enrique Aníbal Perón ratificó lo dicho y respondió con ironía la acusación del abogado defensor de la empresa contaminadora respondiendo: “Sin dudas se equivoca el abogado defensor al acusarme de falsedad, tal conducta requiere de una intención maliciosa que este perito no tiene y nunca tuve en el ejercicio de mi profesión, Perón no miente, Perón cumple”.

El perito designado por el Poder Judicial también dejó claro que la empresa de Paolo Rocca en la actualidad sigue sin aportar “un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la parte demandada sólo alega haber realizado uno en 1998 y que luego fue actualizando, no fue acreditada ni siquiera esa alegación de un EIA de 1998 dado que no fue acompañado, o bien este experto no lo pudo detectar del examen exhaustivo que realice de la documental agregada”, sostuvo Enrique Aníbal Perón.

Ternium despliega su actividad industrial contaminando, porque no cuenta con los permisos obligatorios para explotar el recurso hídrico (Ley 12.257, permiso de vuelco de efluentes industriales), según informó oficialmente la Autoridad del Agua. También incumplió la normativa referente al manejo de residuos peligrosos, ello en forma evidente, dado que estos se encuentran esparcidos en diferentes matrices, es decir, en el suelo, aire, agua superficial y subterránea.

En su epílogo, el perito manifestó que “los serios desvíos ambientales que se viven hoy en la planta y que son de notoria realidad (avalado esto por organismos oficiales) son parte de lo que hace tiempo, por diferentes motivos, no se tuvieron en cuenta o no se realizaron o se procrastinaron”, y enumeró el trabajo: “Por medio de medición de huella carbono, su cálculo actual, con trazabilidad de origenismos internacionalmente reconocidos, planes de trabajo a la neutralidad del carbono, procesos de ingeniería ambiental, implementación de sumideros naturales de carbono, publicación pública actual de las toneladas que se generan y los objetivos de reducción, planificación de acuerdo a la Ley N.º 27520, de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global Gestión de Riesgos, plan de trabajo, programa de trabajo en un tiempo dado; se puede y se debe remediar, pues esta realidad se trata de un ataque/amenaza climática a todos los seres vivos, por lo que no escapa a ser un daño a la salud pública y esto nos involucra a todos y a cada uno de nosotros”.

 

 

En lo penal también

También existen dos causas penales por la contaminación que realiza la empresa Ternium, que tramitan en el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo. Existió un llamado de atención por parte del Tribunal de Casación por las demoras del Juzgado. El juez lleva la misma lentitud que demostró llevar en las causas de lesa humanidad. El abogado defensor de Ternium es Juan Carlos Marchetti, quien tiene más que elogios para Villafuerte Ruzo por haberlo sobreseído en su responsabilidad cuando fue juez de menores por haber concedió en forma ilegal la guarda del bebé Manuel Gonçalves Granada a un matrimonio amigo del marido de su prima.

Las pruebas de la contaminación ambiental que realiza la empresa son más que suficientes. Existe una auditoría ambiental —efectuada por Ternium— que detecta la contaminación del agua subterránea con metales pesados; el trabajo que hizo la Policía Federal, en 2015, en el que detectaron níquel, cobre, plomo y cromo, entre otros, en los vuelcos de efluentes y en el curso del río Paraná. “Hay un montón de elementos que han sido convenientemente tapados y demorados por el Juzgado de Villafuerte Ruzo, y es por eso que al día de hoy no hay un llamado a indagatoria —como debería haberlo—, en torno a los directivos de la empresa, que incluso podría alcanzar al propio Paolo Rocca como responsable final de toda esta cadena de agresiones ambientales”, expresa en diálogo con El Cohete el abogado especialista en Derecho Ambiental, Fabián Maggi.

Como dimos cuenta en El Cohete en 2021, Ternium lleva décadas de vuelcos contaminantes de su producción. Toda la zona sur de la planta Ternium —que linda con otra empresa líder en contaminación, como lo es Carboquímica— está henchida con esos desechos, conformando una montaña de residuos industriales. El acopio indebido de residuos que genera el proceso productivo de la empresa de Paolo Rocca no solamente produce contaminación y daño al ambiente, sino que invade el espacio público, convirtiéndolo en propiedad privada. Desde la organización Cuenca del Río Paraná se viene registrando el crecimiento de esos residuos. La empresa construyó un muro en el cardinal sur y de esa construcción afloran residuos color rojizo, como se observa en la fotografía.

 

 

La lógica del capitalismo empresarial voraz —al que el sistema brinda impunidad— es que si su producción se sustenta a base de la ilegalidad (contaminación extrema) debe existir indiferencia por parte de funcionarios judiciales que, más allá de las evidencias frente a sus narices, sepan que lo ambiental no puede ser más importante que la fortuna del capital. Ejemplo de ello fue lo ocurrido el 20 de diciembre de 2019, cuando se produjo un derrame de una sustancia oscura proveniente del desagüe 2 de la empresa Ternium y Prefectura Naval Argentina puso en conocimiento a José Pendino, secretario del Juzgado Federal 2 de San Nicolás, quien determinó que no existían medidas de prueba para sustanciar un sumario judicial y ordenó la remisión del expediente. Tratándose del amo Rocca, Pendino resolvió rápido en forma telefónica. El secretario aprendió de Villafuerte Ruzo, que para perdurar en el Poder Judicial debe dejarse siempre gobernar al poder real del capital.

 

 

 

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