La memoria enterrada

 

El campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada se extendió mucho más allá del predio de Avenida del Libertador. Cruzando la autopista, el campo de deportes –históricamente destinado para que los alumnos se ejercitaran– funcionó como un crematorio de aquellos secuestrados que morían en la tortura o que llegaban muertos al centro clandestino. Estuvo en poder de la Marina hasta el mes pasado, cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) decidió darle un permiso de uso al Club Atlético River Plate para que lleve adelante un mega-emprendimiento deportivo que desde la institución fue caracterizado como “histórico”. Sobrevivientes, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos se enteraron de la decisión cuando empezó a ser promocionada en publicaciones deportivas, sin haber sido advertidos antes por las autoridades correspondientes.

La AABE –el organismo que dirigen Eduardo Albanese y Juan Agustín Debandi– anunció el 13 de junio pasado que un día antes había firmado con el empresario Jorge Brito un convenio para que el club millonario construya un nuevo campo de deportes, seis canchas para fútbol de once, una cancha de agua de hockey, cuatro vestuarios, un salón de usos múltiples, un salón comedor y estacionamientos. En la comunicación oficial se omitió mencionar que se trataba del campo de deportes de la ESMA; lo mismo sucedió con las publicaciones impulsadas por River Plate.

 

 

Más de 7 hectáreas a un km del Monumental. Sobre la ESMA, nada que decir.

 

 

La cesión pudo realizarse porque fue autorizada por el magistrado que subroga en el Juzgado Federal 12, Ariel Lijo. En el pasado existió un pedido para ceder el predio al club de Núñez pero el entonces titular del juzgado, Sergio Torres, lo rechazó. El 27 de diciembre del año pasado, la AABE se había presentado en Comodoro Py para iniciar el trámite.

Según surge de la información publicada en el Boletín Oficial, la AABE le informó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 9 de marzo pasado de la existencia de este pedido de River sobre el campo de deportes de la ESMA. Seis días después, la Secretaría avisó que había llevado adelante una reunión con autoridades del club y con integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

El 28 de marzo, el Equipo realizó una inspección en el lugar. El 20 de abril, remitió un plan de trabajo para hacer excavaciones controladas, sistemáticas y exhaustivas. Entre 2009 y 2015, los antropólogos habían trabajado en el campo de deportes, donde hasta ahora no se hallaron restos de personas que hayan estado secuestradas en la ESMA.

El 21 de abril, el Ministerio de Defensa informó que no tenía objeciones a la hora de ceder el campo de deportes de la Armada a River. Lijo firmó la autorización el 23 de mayo y dispuso que antes de que se iniciaran las obras el EAAF debería analizar el lugar. Ordenó, además, que debían informarle de cualquier hallazgo.

Según la resolución 134 de 2023, la AABE accedió a darle el permiso de uso a River porque el campo de deportes estaba “sub-utilizado” o “sin destino útil”. No se consultó antes si los organismos de derechos humanos que en 2004 lograron que el Presidente Néstor Kirchner desalojara a los marinos del predio de Avenida del Libertador tenían otra propuesta para el lugar.

Los sobrevivientes se enteraron cuando empezó a circular un cable de una agencia de noticias. Tampoco fue advertido el directorio del Espacio Memoria y Derechos Humanos. Víctimas y organismos se quejaron ante el juzgado, el Poder Ejecutivo e incluso organismos internacionales porque al lugar no se le dio el tratamiento de sitio de memoria que merece.

Incluso, como consta en la resolución de Lijo, la propia Secretaría de Derechos Humanos reconoció que debía tratarse como un sitio de memoria cuando la Procuración del Gobierno de la Ciudad hizo un pedido para correr el cerco perimetral. La Ley de Sitios (26.691) dispone en su artículo 6 inciso f que se deben “establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de memoria”.

En noviembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó la resolución sobre principios de políticas de la memoria en las Américas. En esas directivas se establece que “a los fines de garantizar la seguridad jurídica de los sitios de memoria los Estados deben proveer un marco normativo preciso y adecuado que regule su identificación, señalización, creación o recuperación, preservación y gestión sustentable, asegurando la participación de las víctimas en todas las etapas y en armonía con los estándares internacionales en la materia. Dicho marco normativo puede plasmarse a través de una legislación específica sobre sitios de memoria o, subsidiariamente, mediante la declaración de los sitios de memoria como patrimonio cultural, histórico o símil”.

 

 

La visita del Espacio Memoria, junto con sobrevivientes, en agosto de 2022.

 

El cierre exprés, en menos de 24 horas, de la posibilidad de que las víctimas sean escuchadas lo pergeñó el juez Lijo. En una resolución de una carilla, el juez no consideró “partes habilitadas” a las víctimas y familiares que necesita para probar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Los cita a declarar, les toma juramento, los testigos-víctimas hablan por horas pero, para él, las víctimas no son “partes habilitadas”. Para los familiares, la velocidad de respuesta sólo puede recordarles a los rechazos expeditos de los habeas corpus que presentaban para saber dónde estaban los suyos. El fondo del asunto nunca fue resuelto. Fue una salida práctica antes del receso de invierno, un privilegio judicial que se respeta más que el derecho a la verdad.

Los testimonios

No solo los sobrevivientes de la ESMA hicieron referencias al campo de deportes por lo que sabían por sus captores, sino también quienes hacían el Servicio Militar Obligatorio (SMO) o cumplían funciones como cabo.

El ex conscripto Alejandro Hugo López se refirió a la “parrilla” como una batea de acero donde se ponían los cuerpos para ser incinerados. Dijo saber de este tema porque estaba asignado a la oficina de Compras y allí recibía los pedidos de combustible para la batea.

El ex cabo Jorge Carlos Torres –que ingresó a la Armada en 1974 y logró la baja en julio de 1977– declaró acerca de los “asaditos” y dijo que se trasladaban cuerpos de detenidos muertos. Contó, además, que por las noches podían verse las hogueras.

Dos de sus compañeros, Ricardo César Rolando y Guillermo Horacio Urzi, fueron citados por la justicia militar y ratificaron haber encontrado un feto envuelto en una bolsa azul mientras estaban escuchando música en el campo de deportes.

Otro ex cabo, Francisco Faes, confesó haber participado él mismo en una incineración en el campo de deportes y dijo que los huesos que no se destruían con el fuego eran arrojados al Río de La Plata.

En su libro Por siempre Nunca Más, el marino Adolfo Scilingo escribió que el 25 de marzo de 1977 recibió la visita de un suboficial en el taller de Automotores de la ESMA para pedirle cubiertas y un camión. Además, reclamó que esa noche no se encendieran las luces del campo de deportes. Según Scilingo, el motivo era un “asado para festejar el aniversario del golpe”. La fecha coincidía con la emboscada de la patota de la ESMA al periodista Rodolfo Walsh, que llegó muerto al campo de concentración.

 

 

 

Prueba judicial o espacio de memoria

Sobrevivientes, familiares y organismos confían en la intervención del EAAF para asegurar lo que es considerado prueba para los procesos judiciales en marcha o bien que vayan a sustanciarse, pero sobre todo abrigan la esperanza de que pueda identificarse a algunos de los detenidos-desaparecidos que pasaron por la ESMA.

La posibilidad está. Sin embargo, el campo de deportes no debe ser únicamente tratado como una prueba judicial: es el lugar en el que los sobrevivientes, los conscriptos e incluso algunos pocos perpetradores dijeron que se llevaba a quienes morían antes de ser “trasladados” en los vuelos de la muerte, la forma de muerte que contó con el aval de la Iglesia Católica, según Scilingo le contó al director de El Cohete. El campo de deportes fue un espacio usado para borrar los rastros de las víctimas del terrorismo de Estado. Entre esas arboledas y en esa tierra que se choca con el Río, los asesinos escondieron restos. Quienes durante décadas han buscado verdad y justicia merecen decidir qué memoria habrá de inscribirse en ese lugar.

 

 

 

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