Militares, ajuste fiscal y protesta social

La “mesa de seguridad nacional”, que se reúne regularmente en la Casa Rosada y que coordina el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, ha vuelto a evaluar –por enésima vez– la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad interior. Así lo han revelado diversos medios que cuentan con inmejorable información de lo que sucede en ese cónclave que congrega a los ministros de Relaciones Exteriores (Jorge Faurie), Seguridad (Patricia Bullrich), Defensa (Oscar Aguad) y al jefe de la inteligencia estatal (Gustavo Arribas).1

La información divulgada reseña las intrigas palaciegas que se han librado por la derogación del Decreto 727/2006, que reglamentó la Ley de Defensa Nacional (1988) luego de dos décadas de postergación. La norma circunscribió la misión principal de las Fuerzas Armadas a “conjurar y repeler agresiones estatales militares externas”. Se trata de la primera barrera que los “militarizadores de la seguridad pública” del gobierno de Cambiemos deben derribar para convertir a los militares en policías.

En este marco, conviene poner algunas cosas en negro sobre blanco. Es cierto que, desde su asunción en diciembre de 2015, la política de defensa de Macri ha sido dominada por una retórica militarizante de la seguridad pública. Sin embargo, un análisis sobre las políticas concretas en materia de defensa nacional arroja una contradicción entre lo que se postula en el plano discursivo y las medidas efectivas adoptadas.
Desde luego, ello no implica que la prédica securitizante de la defensa nacional no haya redundado en medidas específicas que transgreden el andamiaje jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional. En particular, se destaca la sanción del decreto 228/2016 (“Emergencia de Seguridad Pública”), que prolongó los patrullajes operativos del Ejército en la lucha contra el narcotráfico a través del “Operativo Fronteras” y autorizó al instrumento militar a derribar aeronaves que no respondan a las advertencias efectuadas.2

Sin embargo, el gobierno no ha generado las herramientas estratégicas para encarar, de modo indubitable, la agenda de las “nuevas amenazas”. Más allá de que el presidente y sus sucesivos ministros de Defensa –Julio Martínez y Oscar Aguad– enfatizaron la necesidad de que las Fuerzas Armadas jugaran un papel preponderante en el combate contra el narcotráfico y el terrorismo, por el momento no ha habido cambios en las normas que regulan la materia.

La delimitación normativa y doctrinaria de las misiones castrenses sigue constituyendo un pilar que el gobierno nacional no ha intentado modificar en el terreno parlamentario, tal vez porque sabe que el consenso que separó ambas tareas sigue vigente e impediría legislar en el sentido contrario. Tampoco se ha llevado a cabo lo que parecía muy previsible: la derogación del Decreto 727/2006. Ni siquiera se han modificado y/o derogado los decretos de contenido estratégico de los gobiernos anteriores (además del reglamentario de la Ley de Defensa, no se actualizó la Directiva de Política de Defensa Nacional ni se emitió una nueva Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas).

Llegado este punto, cabe preguntarse cuál es la razón por la que el gobierno no ha tomado las medidas para empalmar su retórica militarizante de la seguridad pública con las políticas concretas. La explicación tiene que ver más con la política económica que con la política de defensa.

En efecto, no han sido disquisiciones estratégico-militares las que han obstruido el intento de los funcionarios de Defensa de seguir la agenda de las “nuevas amenazas” impulsada por el Comando Sur. Los “halcones” del edificio Libertador –entre ellos, los coroneles retirados Hugo Pierri y Jorge García Mantel– han chocado persistentemente con las planillas de cálculo de los especialistas en ajuste fiscal que responden al Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. El único objetivo rector de la política de defensa ha sido, durante el periodo 2015-2018, la racionalización del gasto jurisdiccional. Esta línea se profundizará cuando quede sellado el préstamo stand-by con el FMI.

En este contexto, ¿cómo sostener el discurso militarizante de la seguridad pública con un presupuesto de defensa que se ha reducido a su mínimo histórico? No hay que ser demasiado perspicaz para deducir que combatir a las “nuevas amenazas” con el instrumento militar en sus condiciones actuales significaría cumplir más funciones con menos recursos. Además implicaría asignar a las Fuerzas Armadas responsabilidades que son ejercidas por otras agencias públicas, principalmente del ámbito de la seguridad interior. En otras palabras: duplicación de funciones, estructuras y organizaciones burocráticas.

Curiosa paradoja de la era macrista: la mirada eficientista de los hombres de empresa de Lopetegui ha permitido, por fuera de las discusiones ideológicas o doctrinarias, mantener sin cambios el “consenso básico” de separación entre funciones castrenses y policiales.

Finalmente hay dos elementos de orden político que no deben ser soslayados. Se trata, por un lado, de la fortaleza al interior del gabinete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable de las fuerzas de seguridad federales. Bullrich se ha consolidado como una funcionaria que cuenta con el respaldo absoluto del presidente Macri, mientras que las fuerzas a su cargo han sido receptoras de un respaldo cabal aún en situaciones en que su eficacia fue severamente puesta en entredicho. No resulta imaginable, en el contexto actual, una sustracción de funciones a las fuerzas de seguridad de Bullrich por parte de un ministerio tan devaluado como el que conduce Oscar Aguad.

Un segundo elemento que contribuye a explicar por qué no se ha concretado la tan declamada militarización de la seguridad pública tiene que ver con la ascendencia que tiene la DEA sobre la política de seguridad del gobierno argentino. El influjo de este organismo estadounidense se ha traducido en un verdadero entramado de vinculaciones –de larga data aunque apuntalado como nunca antes– con el mundo de la política, la justicia, la inteligencia y las fuerzas de seguridad provinciales y federales.
Lejos de cualquier noción de homogeneidad, las agencias norteamericanas libran sus propias pujas por incidir sobre los organismos militares y de seguridad de los países periféricos. En consecuencia, la estrecha relación con las fuerzas policiales que ha tejido por años la agencia antidrogas de los Estados Unidos ha obturado la militarización del combate contra el narcotráfico. En otras palabras, es la DEA –y no el Comando Sur– la que lleva años tallando sobre el abordaje que los gobiernos argentinos le han dado al fenómeno de las drogas.

A pesar de que los argumentos desarrollados hasta aquí parecieran descartar la posibilidad de que los militares vayan a asumir tareas de seguridad interior en el futuro inmediato, hay efectivamente un riesgo de que ello suceda. Como es sabido, Argentina tiene una larga trayectoria de crisis económicas que han desembocado en estallidos sociales. Un desmadre de este tipo podría ahondar aquello que los sectores populares han expresado desde el principio del gobierno de Macri: que “el modelo económico no cierra sin represión”. Durante la crisis del 19 y 20 diciembre de 2001, el presidente de la Rúa y su ministro Jaunarena estuvieron a punto de sumar a los militares a la represión que culminó con la muerte de 39 manifestantes en la Plaza de Mayo. El reflejo de autoconservación de la cúpula militar evitó, en aquel momento, que el desmadre fuera todavía mayor.

Sería deseable que tanto la “mesa de seguridad nacional” coordinada por Pompeo, como la conducción de las Fuerzas Armadas, tuvieran presente que la policialización de los órganos castrenses implicará, inevitablemente, una mayor desprofesionalización. Que la protesta social no sea la excusa para recurrir a las viejas recetas militarizadoras que tanto daño causaron a la Argentina.

*Profesor e investigador (UNQ-UBA). Ex Director General de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa.

1 Ver Morales, F. “El gobierno promulgará un decreto que asigna nuevos roles a las fuerzas armadas”, Infobae, 27 de mayo de 2018; y Pagni, C. “Estudian que las fuerzas armadas intervengan en seguridad”, La Nación, 24 de mayo de 2018.

2 Una apretada síntesis de las medidas (y fundamentalmente anuncios de medidas de la gestión Macri) que suponen una opacidad creciente entre las funciones de defensa nacional y seguridad interior incluye los siguientes diez puntos : 1) los acuerdos de cooperación en seguridad y defensa durante la visita de Barack Obama en marzo de 2016; 2) el seguimiento acrítico de la agenda del Comando Sur; 3) los anuncios de lucha militar contra la piratería en alta mar; 4) la eventual custodia castrense de objetos de valor estratégico como plantas nucleares y represas hidroeléctricas; 5) el convenio suscripto con la Guardia Nacional del estado de Georgia (Estados Unidos); 6) la Resolución N°154-E/2017 sobre conjuración de delitos en “zona militar”; 7) las versiones sobre el eventual despliegue de uniformados argentinos en las misiones de paz en Mali y República Centroafricana; 8) el proyecto de Ejercitaciones Combinadas 2017-2018 enviado al Congreso , que incorpora ejercicios sobre lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo y la piratería; 9) la creación de una “Fuerza de Despliegue Rápido” en apoyo a la seguridad pública; y 10) la incorporación de la “guerra híbrida” como hipótesis de empleo del instrumento militar.

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