Hacer escuela

 

En una charla mantenida con la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, me decía que hace tiempo sostienen que no es el profesor o el maestro el que educa, sino la escuela. Y es así. La escuela como ámbito propicio, con los estudiantes, logra que esa curiosidad se motorice y se promueva el camino hacia el aprendizaje. Claro que ese ámbito —la escuela—, puede trasladarse para que estudiantes tracen su recorrido, donde todos sus sentidos intervengan para impregnarse de ese conocimiento.

Y eso fue lo que hicimos el viernes 2 de junio, cuando con estudiantes del sexto año de la orientación en Comunicación de la Escuela Secundaria n.º 6, Jorge Luis Borges, del partido de Ramallo, viajamos hacia Buenos Aires visitando la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el sitio de Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Allí nos recibió —como habíamos pactado— Manuel Gonçalves Granada, único sobreviviente de la masacre perpetrada por la dictadura cívico militar aquel 19 de noviembre de 1976, en la casa de calle Juan B. Justo 676, de la ciudad de San Nicolás.

 

 

 

Manuel ofreció una visita guiada —con apasionada explicación pormenorizada— a través de la Casa por la Identidad. Contó la historia de Abuelas de Plaza de Mayo, mujeres movilizadas para encontrar a sus nietos robados por la dictadura, que es también su historia y forma parte en esas paredes del edificio, donde fotografía, arte y elementos de su lucha dan cuenta de la búsqueda por restitución de identidad.

 

 

La madre de Manuel, Ana María del Carmen Granada, llegó a alojarse en la vivienda en San Nicolás, escapando de las fuerzas represivas que, con la participación de Luis Abelardo Patti, habían secuestrado y desaparecido a su pareja en Zárate, Gastón Roberto Gonçalves, el 24 de marzo de 1976. En esa casa, se alojó con Manuel, que tenía apenas cinco meses. En ese hogar se encontraba la pareja formada por María del Carmen Fettolini y Omar Darío Amestoy, junto a sus dos hijos, María Eugenia, de cinco años, y Fernando, de tres. Fue su mamá la que lo introdujo en un ropero para salvar su vida. María Eugenia y Fernando, estaban en el baño, lugar cerrado por donde no entraban las ráfagas de metrallas, pero sí los gases lacrimógenos. María Eugenia llegó viva al hospital de San Nicolás, pero murió allí. Manuel, único sobreviviente, estuvo 4 meses en el hospital San Felipe de esa ciudad. Hasta que el juez de Menores Juan Carlos Marchetti lo entregó ilegalmente en adopción.

En todo el barrio y en San Nicolás se supo que de esa casa habían sacado a un bebé con vida. Estaba claro que el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura era lo que le esperaba a Manuel, que estuvo custodiado con presencia policial en ese hospital todo el tiempo. Una fotografía —donde no se precisa la fecha, se presume puede ser fines de 1976, principios de 1977— muestra cómo un policía sostiene en sus brazos a Manuel Gonçalves Granada.

 

 

Esa foto está en una de las paredes de la Casa por la Identidad de Abuelas. El policía que sostiene a Manuel en brazos lo presenta de tal manera para que en esa captura fotográfica se lo aprecie bien. Porque ese bebé será entregado. Hay que mostrar al niño, promocionarlo, para ver quién se queda con ese botín de guerra. El entonces juez Juan Carlos Marchetti hará su papel para que salga rápidamente de ese escenario, para que ningún familiar pueda rastrear su paradero. La idea del Ejército —explica Manuel— era que no debía volver con su familia biológica, como pasaba con todos los bebés. Tampoco querían que fuera entregado a una familia en San Nicolás porque sería fácilmente ubicable.

 

 

Toda la ciudad sabía que en ese operativo había quedado un solo sobreviviente, que era ese bebé que estaba en el hospital. Manuel no podía permanecer ahí, era una papa caliente para los dictadores que debían entregarlo en forma rápida, porque les era muy difícil ocultar esa historia y, por lo tanto, su identidad. Por eso, es Marchetti quien termina sacándolo de San Nicolás y entregándolo de manera ilegal a través de un Juzgado de Menores de Lomas de Zamora, para que estuviera bien lejos de ahí. Concedió la guarda del bebé a un matrimonio amigo del marido de su prima, privando durante veinte años a Manuel de conocer su verdadera identidad. La pareja, conformada por Claudio Luis Novoa y Elena Yolanda Rodríguez, tuvo al niño a su cuidado. Rodríguez y Novoa eran íntimos amigos del marido de la prima de Marchetti, Eduardo Ernesto Larrañaga, que fue padrino de Manuel.

Gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo y al Equipo Argentino de Antropología Forense, Manuel pudo recuperar su identidad y reconstruir la historia de militancia de sus padres, y llevar adelante las causas como querellante para juzgar a los responsables del asesinato de su padre y madre. Conocí a Manuel en 2004, en esos surcos que hacía sobre la ruta nacional 9 en su auto, trayendo testigos que conocían a su padre y lo que había ocurrido, que declaraban ante la Fiscalía Federal de San Nicolás, donde estaba Juan Patricio Murray, el fiscal que se la jugaba en tiempos donde un juez federal como Carlos Villafuerte Ruzo practicaba el negacionismo como pocos.

Pero el amor por la verdad y la justicia fue más fuerte y Manuel siguió batallando con Murray por memoria, verdad y justicia, con el apoyo del incansable José María “Cholo” Budassi, que siempre lo esperaba cada vez que arribaba a la ciudad. Así, logró juicio y castigo. Luis Abelardo Patti fue condenado por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 1 de San Martín, en 2011, junto a otros responsables por el crimen de Gastón Gonçalves. En 2012, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó los crímenes de “La Masacre de la calle Juan B. Justo”. Penas de prisión perpetua para el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, principal responsable, para el coronel Antonio Federico Bossie, y para el entonces jefe de la Delegación de la Policía Federal San Nicolás, Jorge Muñoz.

Sin embargo, Marchetti no fue juzgado por su accionar. La investigación comenzó con el fiscal Juan Patricio Murray, quien requirió al juez federal Carlos Villafuerte Ruzo que lo citara a indagatoria junto a los asesores de menores que tramitaron la guarda y la adopción. El juez denegó el pedido y lo sobreseyó. Tanto fiscalía como querellantes, apelaron el sobreseimiento de Marchetti y de otros responsables ante la Cámara Federal de Rosario, que lo revocó en 2011 y dispuso una serie de medidas. La defensa de Marchetti interpuso recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que lo declaró inadmisible. Pese a las directivas y los nuevos elementos, Villafuerte Ruzo rechazó el pedido de indagatoria de los imputados y los sobreseyó. Un recurso de queja interpuesto por el fiscal general Javier De Luca duerme en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2017.

Juan Carlos Marchetti es abogado de empresas poderosas. De la prestadora y cortadora de energía EDEN; de la empresa contaminadora ATANOR, que tiene una de sus plantas ubicada en el radio urbano de la ciudad de San Nicolás y elabora productos químicos para la agroindustria como plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros de alta toxicidad. En 2010 fue adquirida por la multinacional Albaugh LLC, productora y comercializadora de los productos para la protección de cultivos de los Estados Unidos. También es abogado de la empresa Ternium Siderar, de la transnacional luxemburguesa Techint, que comanda Paolo Rocca. Es decir, un hombre que supo ubicarse y acumular poder representando a empresas, que parecieran realizarle una devolución a su trabajo en el pasado como juez de la dictadura.

 

Cívico militar, eclesiástica y empresarial

Desde hace años, al hablar de la última dictadura nos referimos a una dictadura cívico militar, eclesiástica y empresarial. El trabajo de Emilio Mignone, Iglesia y Dictadura, el papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, permitió entender ese entramado y saber del respaldo de la institución al terrorismo de Estado. La monumental obra de Horacio Verbitsky, que investigó el papel de la Iglesia Católica en toda la historia política de nuestro país y su relación con las fuerzas armadas, brinda información detallada de su rol (El Silencio. De Paulo VI a Bergoglio; Doble Juego. La Argentina Católica y militar; Cristo Vence. Tomo I. De Roca a Perón. La Iglesia en la Argentina. Un siglo de historia política.1884-1983; La violencia evangélica. Tomo II. De Lonardi al Cordobazo. 1955-1969. Historia política de la Iglesia Católica; Vigilia de armas. Tomo III. Del Cordobazo de 1969 al 23 de marzo de 1976. Historia política de la Iglesia Católica; La mano izquierda de Dios. Tomo IV. La última dictadura. 1976-1983. Historia política de la Iglesia Católica.).

Para entender el papel de los mandantes, de los empresarios cómplices de la última dictadura, es fundamental el informe elaborado en conjunto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y por el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina), que desde el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos —ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación— editaron en 2015, el Tomo I y Tomo II sobre la Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. También, un libro revelador es Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, de Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky, trabajo crucial que pone en el radar a los actores económicos de aquella dictadura.

Y así como Rodolfo Walsh en su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar lo describió perfectamente al señalar que “en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”, es necesario hacer escuela en quiénes fueron los planificadores. Y para trabajar en el aula está el cuaderno “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”, valioso aporte para leer y analizar con estudiantes del nivel medio.  Fue presentado el año pasado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, junto a la directora Nacional de Gestión de Fondos Documentales, Andrea Copani, y la coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, Victoria Basualdo. La lectura permite a estudiantes entender a quiénes favorecía la dictadura con su accionar y por qué la clase trabajadora fue la principal afectada en el porcentaje de desaparecidos.

 

 

Secuestros de trabajadores/as en los lugares de trabajo, 88 %; entrega de información privada de los trabajadores/as y listas de delegados a las fuerzas represivas, 76 %; un 52 % de presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y hasta torturas; un 52 % de aportes económicos a las fuerzas represivas; un 40 % fue el uso de camionetas y vehículos de las empresas en operativos de detención y secuestro; un 36 % de pedido de detención de trabajadores por parte de cuadros directivos; un 32 % de secuestro de trabajadores/as en el trayecto entre la fábrica y la casa. Estos datos son parte de lo que grafica el cuaderno y que permite que pibas y pibes profundicen su conocimiento.

Los padres de Manuel se dedicaban a la alfabetización de adultos. Eso era peligroso para el plan de la dictadura cívico empresarial. Obreros alfabetizados que pudieran discutir con empresarios de igual a igual era lo que había que erradicar. Y ponerles el mote de subversivos-extremistas venía bien para demonizarlos antes de su exterminio para que luego fuera aceptado por la sociedad su aniquilamiento.

 

Manuel con estudiantes y recorrida final

En una sala de la Casa, Manuel, al ser filmado para el audiovisual que alumnos del sexto año de la orientación en Comunicación están realizando para el programa provincial Futuro Memoria, precisó sobre su historia y la importancia de haber recuperado su identidad. Luego, compartió una rica charla con ellos, donde estudiantes formularon preguntas que habían elaborado en clase y otras que surgieron espontáneamente ahí, en una entrevista que también fue registrada.

 

 

Proporcional a su competencia comunicacional, también es su bondad. Manuel Gonçalves Granada expresó a los estudiantes: “Quiero agradecerles a ustedes que se interesen por saber esto, que trabajen sobre estos temas”. Aconsejó no caer en la ignorancia de creer que este tema es historia pasada, sino “que lo tomen como algo vigente. No es una historia del pasado, es una historia del presente. Los desaparecidos siguen desaparecidos. Los bebés robados durante la dictadura, todavía no los hemos encontrado a muchos de ellos”, señaló. Les encomendó una tarea ciudadana al decirles: “Ustedes también son parte de esa búsqueda, deben ser parte de esa búsqueda, porque en definitiva ustedes son la generación siguiente a la que también la dictadura alcanza con ese daño, porque pueden tener —ni siquiera ustedes— su verdadera identidad”.

 

 

Luego —gestionado por Manuel con motivo de nuestro viaje—, realizamos un recorrido con guía por el Museo Sitio de Memoria de lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada, ex Centro Clandestino de Detención, tortura y exterminio, por el que pasaron 5.000 víctimas.

 

 

Finalmente realizamos una visita al Parque de la Memoria. Bajo un cielo de película recorrimos el sitio del monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. El viaje fue posible porque el director general de Cultura y Educación de la provincia, el ministro Alberto Sileoni, brindó el transporte, permitiendo que con esas sensaciones con las que nos impregnamos de cuerpo presente en el lugar y activando todos nuestros sentidos, se profundizara nuestro conocimiento sobre el pasado-presente.

 

 

Hicimos escuela transitando por sitios de memoria, clave importante para la construcción de ciudadanía. Conocer nuestra historia nos permite entender el presente y poder tener claro un futuro para las nuevas generaciones (estudiantes) que serán los encargados, no solamente de la defensa de la democracia, sino de la transmisión de la memoria y la lucha que continúa por verdad y justicia.

 

 

 

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