Matarse trabajando

 

Las Policías constituyen las fuerzas de seguridad del país con más denuncias de abuso sexual. Y en La Bonaerense los suicidios sextuplican a las muertes en actos de servicio. La proporción duplica la de la Policía de España, que lidia contra la ETA.

 

 

 

Acosos

Esta semana, tras el crimen de la periodista Griselda Blanco, sus familiares recordaron que había recibido amenazas debido a sus notas sobre abusos en la Policía de Corrientes. Sus hijos, a través de la abogada Silvia Casarrubia, revelaron que Blanco recibió una carta documento del comisario Nicolás Romero tras haberlo expuesto en un caso de acoso sexual.

Hace una década, un estudio del Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Nilda Garré, determinó que una de cada diez mujeres sufrió acoso en cuatro fuerzas federales; 49% de los casos en las Policías. Entre 2016-2019, las acusaciones en las fuerzas federales sumaron 592. Otras estadísticas han dado cuenta de que en la fuerza más grande del país, la Policía Bonaerense, el acoso es el principal motivo de denuncias internas (23%), a razón de cuatro sumarios diarios.

Un caso reciente se ha dado en Ezeiza. Su intendente, Alejandro Granados, fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Su secretario del área es un ex jefe de La Bonaerense.

 

 

 

 

 

 

Otras uniformadas pusieron la cara ante programas televisivos para nombrar a los acosadores. Cintia Olas, la primera piloto de helicópteros de la Provincia, denunció que el mayor César Olivieri, con quien mantenía una relación, la hizo degradar hasta una simple comisaría cuando terminaron su vínculo. La subinspectora Cintia Ismael, del Partido de la Costa, abrió una causa por violación contra el mayor Cristian Luna. Nadia Ibarra se vio obligada a compartir destino con su acosador, a pesar de haber conseguido un traslado. La oficial Camila Spitaleri y otras tres mujeres denunciaron en el fuero penal al subcomisario varelense Leandro Infante.

Desde Mar del Plata, el ex jefe de Turno en la Jefatura Comunal de General Alvarado, Raúl Alfredo Leguizamón (Legajo 21.447), cesanteado hace días por criticar a Sergio Berni, le recordó al actual ministro de Seguridad provincial que el comisario mayor José Luis Segovia, ex jefe de la DDI y titular de su Departamental, fue condenado por acoso sexual contra una oficial. “Tiene que ser echado de nuestra institución”, exigió.

 

 

 

 

 

 

Las denuncias de índole sexual se extienden en varias provincias, de acuerdo con datos de la última década.

Una Red de Mujeres Policías puntualizó que las denunciantes sufren traslados, reducción de sueldos y carpetas psiquiátricas, según enumeró la abogada Antonela Herrera. Entre ellas, Gabriela Macías, subcomisaria de Santa Cruz, relató: “En Las Heras, a una compañera la violó el jefe de Guardia. A él lo mandaron de vacaciones y a ella le abrieron una carpeta psiquiátrica”.

En Neuquén, después de que dos uniformadas señalaran a un subcomisario por abuso sexual, les redujeron el sueldo (en 2012). En San Martín de los Andes, una cabo relató que, luego de quedarse dormida, un suboficial de guardia intentó abusarla (2017). En Córdoba, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario investigaba el caso de una mujer que en conferencia de prensa denunció a un comisario inspector que le enviaba fotos desnudo y que, como jefe “le colocó un cinco de calificación, le hizo un informe y le dieron de baja”, según aseguró René Zabala, del “Sindicato Policial” (2020). En Ushuaia, una efectivo expuso al jefe por proponerle relaciones a cambio de permitirle faltar al trabajo. En Salta, otra pidió el retiro por miedo a que “la desaparezcan” tras el acoso de un comisario. Respecto a la Policía de Orán, la diputada Cristina Fiore planteó en la Legislatura las reiteradas denuncias hacia sus superiores (2022). En Misiones, hacia abril de este 2023, una joven acusó a otro comisario de irrumpir en un área de mujeres cuando se cambiaba el uniforme.

En Santa Fe, la problemática fue analizada en 2021 en un trabajo académico de la doctora en Antropología (UBA) Mariana Sirimarco, investigadora del CONICET. En esa provincia, con una de las fuerzas que más ha estado en foco en los últimos años por sus vínculos con el creciente narcotráfico, dos de cada diez agentes dijeron haber sido acosadas (sólo el 10% se animó a denunciar), según el Censo Policial 2020. Hacia 2022, la estadística ascendía a un tercio, de acuerdo a una investigación con entrevistas a 95 mujeres de diversas jerarquías y ciudades. Muchas no lo denuncian y, según tabuló el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), las que lo hacen son relegadas a las tareas administrativas.

Recién en septiembre de 2022 se llegó al primer juicio a un policía (Juan Ramón V.) por siete acosos sexuales laborales ocurridos entre 2019 y 2020 en Santa Fe. La denunciante no se presentó a declarar en el debate por miedo. Él enfrentaba una pena de 150 días de arresto, la máxima que el Código establece para estas “faltas”.

 

 

 

Suicidios

El citado comisario Leguizamón le dijo a El Cohete que la tropa de su fuerza llega al suicidio luego de mucho tiempo de estrés acumulado por la naturaleza del trabajo, la incertidumbre de usar chalecos antibalas vencidos, las malas condiciones de higiene y descanso, la designación de destinos arbitrarios, los horarios acumulados de servicios y las horas POLAD y CORES (extras), que recargan de funciones a quienes se quedan en dependencias. La suma de situaciones de presión afecta la salud mental.

En un video que se viralizó, dirigido a los jefes de la Seguridad Bonaerense, Leguizamón se refirió a un promedio que ronda las cuarenta muertes. Ante el pedido de precisiones, se remitió a los relevamientos de Josefina López MacKenzie, publicado en Border Periodismo, donde consta que es la primera causa de muerte evitable en la fuerza, con el arma reglamentaria y en días de franco. En segundo lugar se encuentran los ocurridos después de un crimen, como un femicidio, en los que la víctima también suele ser policía.

 

 

 

 

 

 

Según datos oficiales –de entre 90.000 efectivos–, los suicidios fueron al menos 39 en 2016; 30 en 2017; 31 en 2018; 32 en 2019; 18 en 2020; 26 en 2021 y 37 en 2022. Según la Dirección de Estadística e Información (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, en 2018 hubo en la Provincia 7 suicidios cada 100.000 habitantes, mientras que MacKenzie recabó que en La Bonaerense fueron de 33 cada 100.000.

Sólo en la zona de la Capital bonaerense, a esta altura de año de 2022, acumulaban cinco suicidios y algún intento. La sargento Daniela Pedroso (38 años) se disparó a la cabeza en medio de la calle. Diez días más tarde, otra quiso ahorcarse en el baño de su casa. El 2 de febrero, tras una discusión con su pareja, Omar Aquino (28), de la DDI, se disparó con su arma reglamentaria. Lo mismo hizo el sargento de Asuntos Internos Lautaro Rojas (28), delante de su novia, el 27 de marzo. El 3 de abril, Nadia Ledesma (28), de la Escuela policial Dantas, se quitó la vida en su vivienda. El 23 de abril se sumó el agente Arturo Salazar (33), separado de la Policía en 2019, quien se mató frente a su ex pareja.

Fuentes de La Bonaerense relataron a El Cohete su desazón porque luego de un enfrentamiento carecen de asistencia psicológica, aun cuando figura en el vademecum.

Aunque los varones son los que más se suicidan, los casos responden a varios detonantes. La víctima puede ser una jovencita con pocos meses de ingreso que acababa de pasar el examen psicofísico (varios suicidas tenían entre 18 y 21 años). En otros, se trata de adultos con problemas acumulados. Un caso singular lo representa Mauricio Dadín, jefe de la Policía Local de Berazategui, que en noviembre se disparó a la cabeza cuando iban a detenerlo por estar implicado en el secuestro de un narcotraficante a quien retuvo en su dependencia, no en pos de procesarlo, sino de extorsionarlo.

Los bonaerenses no representan los únicos casos, aunque en su territorio viven efectivos de otras fuerzas. Por citar un ejemplo, en julio de 2022, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires oriundo de Berazategui salió a la vereda y se disparó a la cabeza luego de discutir con su concubina (otra oficial de CABA). El mayor Fabián Alejandro Gómez tenía 28 años.

 

 

 

 

 

 

 

Similitudes con Estados Unidos y España

En Buenos Aires, entre 2016 y 2021, murieron 48 policías en acto de servicio (10 por año), contra 176 suicidios (35 por año). En 2022, fueron 6 en servicio, frente a 37; con lo que creció la brecha. Algo análogo puede verificarse en el límite sur: Río Negro sumó 21 suicidios de efectivos entre 2012-2019. Es el 60% de las muertes de sus policías.

La situación tiene antecedentes en otros países. En Estados Unidos, un estudio de 2018 halló que son más los policías que se suicidan que quienes mueren cumpliendo su deber. Lo hacen por estrés intenso, presión para ocultar su angustia emocional y fácil acceso a un arma, de acuerdo a un informe de la BBC que cita a Blue Help, una organización de prevención.

También en España intentan acabar con este escenario: la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP) descubrió que la tasa oficial de suicidios policiales no rebasaba los diez casos anuales, pero que ascendió a 28 y hasta 46 anuales cuando empezó a llevar un registro desde 2016. “Las estadísticas sacaron casos de debajo de la alfombra”, dice David López Frías en un informe periodístico. La Asociación Sindical de Policía (ASP) encuentra motivos en el estrés, la posesión de un arma, la dificultad de conciliar la vida laboral, la movilidad geográfica permanente y el estigma de que los policías no lloran.

En un país con 11 suicidios por cada 100.000 habitantes, la Policía Nacional que debe reprimir a la ETA tiene una tasa de 16,92; cifra que la provincia de Buenos Aires duplicó.

 

 

 

Malas condiciones

El mapa de situación que comenzó a trazarse en España desde 2016, o en Estados Unidos desde 2018, dista mucho de los números bonaerenses, aunque coincide con las motivaciones. Las condiciones laborales constituyen el mar de fondo sobre el que se recorta el acampe policial de protesta gremial que desde principios de este mes tiene lugar en la Plaza de Adrogué, al sur del Conurbano.

Después de su cesantía confirmada desde la Cartera bonaerense de Seguridad, el comisario Leguizamón ratificó ante El Cohete que le atribuye a Berni “jugar a los soldaditos”, mientras somete a la tropa a usar chalecos vencidos, dormir en el piso o defecar en un balde, de lo cual aportó fotos.

 

 

 

 

 

Leguizamón sugiere complicidades en el Poder Judicial y en la Auditoría de Asuntos Internos. Como contestación a sus posteos, fue acusado en otro video que exhibe en Internet junto con su respuesta. Allí afirma que “Berni no negó que a los oficiales de UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) les violan sus Derechos Humanos”. Sobre eso, como respecto a los suicidios o los abusos, ninguna jefatura se ha expresado.

 

 

 

 

 

 

 

 

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