Hora de decisiones audaces

 

El 8,4% de inflación minorista anunciado por el INDEC el viernes 11 de mayo golpeó duramente las expectativas de apaciguamiento de precios en el gobierno y puso presión sobre la toma de decisiones del equipo del ministro Sergio Massa. Los alimentos y bebidas no alcohólicas mostraron en abril un alza del 10,1%, que se vuelve insoportable para cada vez más bolsillos populares.

Toda la trayectoria del actual gobierno no se ha caracterizado precisamente por la capacidad de previsión y anticipación de problemas. Desde la muy demorada construcción del importante gasoducto Néstor Kirchner hasta los deslizamientos constantes de precios, los ataques especulativos y el asalto sobre las divisas del Banco Central, el gobierno siempre parece retrasado e improvisando en relación a eventos más que previsibles.

También en este caso pareció sorprendido por el salto inflacionario. Sin embargo, ha sido la continuación de una tendencia que ya lleva varios meses, y que se muestra inmutable a los precarios parches que se han ido implementando.

El domingo 14 se anunciaron medidas en distintos flancos, de muy distintas características y relevancia, para atacar el tema precios, sostener la demanda agregada y continuar debilitando las expectativas devaluatorias.

 

 

 

Iniciativas en distintos frentes

Entre las medidas dedicadas al frente cambiario, se reiteró una nueva suba de la tasa de interés oficial hasta el 97% nominal, con el claro objetivo de mantener a una masa importante de fondos colocados en plazos fijos y otras inversiones asociadas, para evitar un eventual desplazamiento hacia diversas formas de dólar, que podrían disparar nuevamente otra corrida cambiaria.

Al mismo tiempo se anunció algo que no depende de la decisión argentina, que es la voluntad de acelerar los acuerdos en proceso de negociación con el FMI (adelanto a mitad de año de un desembolso de 10.000 millones de dólares), la ampliación del swap con China (más divisas para utilizar en las importaciones, ahorrando dólares) y una garantía vía BRICS para utilizar en el comercio con Brasil (también para eludir la salida de divisas en los próximos meses). Con operadores económicos menos rapaces, nuestro país podría atravesar estos meses de 2023 sin ningún estallido cambiario ni de precios, y llegar a 2024 con un panorama bastante más despejado.

Probablemente la más interesante estratégicamente de las nuevas medidas sea la constitución de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio, constituida por diversos organismos del Estado que disponen de información útil para verificar determinadas características de operaciones comerciales, la existencia de abusos de posición dominante y la correcta tributación en cada caso. De todas formas, no son tareas sencillas y requieren un tiempo para su organización.

En un país que ha naturalizado los abusos monopólicos y la impunidad de los grandes transgresores como una práctica capitalista lícita, no es tarea sencilla avanzar en luchar contra la anomia. Hubiera sido excelente constituir este organismo hace tres años, pero seguramente el gobierno confió en que las distorsiones para obtener súper rentas se depurarían naturalmente.

 

 

Nueva etapa de la guerra contra la inflación

Cuando los mercados no son competitivos, es decir cuando la competencia doméstica no presiona a las empresas a mantener cierta razonabilidad en la fijación de precios, quedan dos opciones desde el punto de vista de las políticas públicas para disciplinar a los formadores de precios: o se utiliza el mercado (mundial) para introducir bienes importados competitivos en los mercados monopolizados, o se utiliza el poder del Estado con todas sus capacidades, cosa que ha sido completamente descartada a lo largo de la actual gestión gubernamental.

Por lo tanto el equipo de Massa decidió avanzar en la primera dirección: suspender directamente la aplicación de los derechos antidumping (que elevan fuertemente los precios de aquellos bienes importados que están sospechosamente baratos en el mercado mundial) en ciertas ramas de insumos difundidos, para favorecer la llegada de competencia –importada– en ramas altamente concentradas y que provocan alzas arbitrarias de precios a todo lo largo de la cadena de valor.

Y para ir directamente al tema más sensible en lo que va del año, se decidió que el propio Mercado Central se constituya en importador directo de alimentos, tanto de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas y carnes) como de productos secos no perecederos de primera necesidad.

Esta última medida merece dos reflexiones:

1. Suena insólito que en la Argentina tengamos que importar esos productos, pero también es cierto que el funcionamiento real de los mercados lleva a esta brutal carestía. Es el mercado y su actual conformación, y no el gobierno, el culpable directo de los insólitos precios de la comida en nuestro país. Dicho esto, también debe señalarse que el gobierno actual no ha hecho todo lo que podía y debía para poner bajo control la situación.
2. En una situación de carencia aguda de divisas en las reservas del Banco Central, y de sectores financieros y exportadores que continúan buscando generar una corrida que fuerce una devaluación de la moneda que los enriquezca aún más, parece un sinsentido gastar dólares de las reservas en traer alimentos importados.

Dicho esto, también es muy importante –social y políticamente– que se quiebre el alza sistemática de los alimentos, que se ofrezca un alivio palpable a los sectores de menores ingresos, y que se dé una lección a toda la abusiva cadena de intermediación que multiplica los precios iniciales de producción hasta transformarlos en bienes finales casi inaccesibles. Hace falta, con urgencia, que aparezcan precios más bajos y productos de buena calidad para consumo masivo.

En las próximas semanas veremos la efectividad de las nuevas medidas para ofrecer resultados concretos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado, gobierno y mercados

Es la impotencia o inoperancia del actual Estado para ordenar los mercados y eliminar las distorsiones la que lleva a estas medidas liberalizantes de emergencia, que ojalá ofrezcan al menos resultados concretos urgentes en términos del bolsillo popular.

En ambos casos, el de los insumos difundidos y el de los alimentos, en los que se busca disciplinar a los empresarios locales vía importaciones, la población debería saber que ésta es la economía de mercado real, no las fábulas que cuentan los liberales: así funciona la economía cuando no hay Estado en serio, con autoridad y presencia, y así se comportan individualmente los actores económicos cuando no hay reglas ni se aplican las leyes que defienden el bien común.

El gran déficit que marcó a la actual gestión es no haber sido capaz de jugar a fondo la carta de la intervención estatal inteligente, adecuada en función de las características de cada rubro, tomando medidas para que a esta altura de la gestión diversos focos de malestar popular estuvieran bajo control. Como un disco rayado se buscaron reiteradamente acuerdos con quienes ganan mucho con la anomia y la falta de regulación.

Quizás esta sea una de las cuestiones más difíciles de dilucidar políticamente por parte de la gran base popular: si los liberales son los otros, los que están en Juntos por el Cambio y Milei, ¿por qué bajo este gobierno todos los intereses concentrados están de parabienes y las perspectivas populares, en cambio, no mejoran?

Precisamente un gobierno fallido en cumplir el mandato popular es la mejor puerta de reingreso de los fabuladores y cuentacuentos del mercado: le van a echar la culpa al inexistente control de precios de lo que en realidad hacen los mercados monopolizados u oligopolizados sin control. Van a decir “nunca en la historia funcionaron los controles de precios”, cuando en realidad lo que no existe es la autoridad estatal para, en nombre de toda la sociedad, poner orden en la selva social que generan los mercados sin reglas.

Como siempre, nos queda la duda sobre si se puede hacer un gobierno pro-capitalista pero no estúpido en nuestro país. Un gobierno capitalista, donde los empresarios cumplan la ley y ganen plata a partir de la producción de bienes y servicios, sin pisotear los derechos básicos de consumidores y usuarios. Parece de manual de economía capitalista básica, pero en estas tierras no ocurre así.

En la actual gestión de Massa ya se hicieron públicas varias situaciones de delincuencia empresarial en todo tipo de operaciones financieras y de comercio exterior. Debe reconocerse que fueron detectadas y hechas públicas. No sabemos en qué grado fueron castigadas porque luego aparece el otro guardaespaldas de los delincuentes económicos: el Poder Judicial.

Pero persiste la duda: ¿En qué medida el Estado bobo es esencial en el comportamiento “normal” del capitalismo argentino?

 

 

 

Cristina clarifica

A pesar de la obstinación de muchxs de sus seguidorxs, la Vicepresidente volvió a reafirmar que no será candidata a la Presidencia de la Nación en las próximas elecciones.

Explicó que hay una trampa montada que se le tiende al Frente de Todos:

“(La proscripción del peronismo…) Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”.

“No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral”.

No cabe duda que un sistema judicial que demuestra y garantiza parcialidad a favor de la derecha económica y social puede perfectamente generar cualquier fallo contra Cristina en cualquier momento, lo que supondría un acto de violencia jurídica contra todo el pluralismo democrático argentino.

No hace falta ser peronista para entender que un Poder Judicial especializado en hostigar a una sola de las fuerzas políticas legales más importantes de la Argentina es un peligro para la democracia.

Efectivamente, una exclusión arbitraria y caprichosa crearía una situación inmanejable, que no sólo sería un callejón sin salida para el peronismo –que en su actual configuración institucional carece de instrumentos para enfrentar esa situación– sino también para la derecha vernácula, cuyo gobierno nacería desde el primer día deslegitimado y repudiado por vastos sectores de la población.

Debemos tener presente que no es esa la gobernabilidad en la que están pensando sus mentores norteamericanos, ya que requieren cierto grado de legitimidad institucional –aunque sea formal– para poder acceder a un conjunto de “políticas públicas” que desean en relación a los recursos estratégicos del país y su posicionamiento internacional.

Pero más allá de la incierta coyuntura electoral, Cristina lanza un diagnóstico muy severo, histórico, estructural, en relación a la democracia argentina realmente existente:

“Una democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional”.

No podemos dejar de contrastar el significado dramático de estas palabras con el talante superficial de buena parte de la dirigencia del Frente de Todos, que parece vivir en un planeta distinto al que habita CFK.

Cuando la Vicepresidente pasa breve revista a lo económico, no se detiene en tecnicismos:

“La inflación (es) el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria”.

A diferencia de la tontería liberal que dice que la inflación es “un impuesto a los pobres” que recauda el malvado Estado –el malo de la película en el relato de la derecha–, Cristina lo coloca en el espacio de la sociedad civil, en la puja distributiva entre los que controlan los principales resortes económicos y las decenas de millones que sufrimos pasivamente las consecuencias.

Hay ganadores y perdedores, no a todos nos va de la misma forma:

“(Encontramos) …el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas”.

En el terreno político, el análisis es igualmente crudo:

“Desde 2016 el Partido Judicial funciona como una task force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia”.

Cristina no separa lo político de lo social y de lo económico: son una misma cosa, lo que permite clarificar el sentido del accionar de la Corte, en el marco de un proyecto político semicolonial y antipopular. En realidad se está caracterizando, aunque no se le termine de poner el nombre, a un régimen de dominación social.

Y dedica unas palabras a la candidata más intolerante y autoritaria de Juntos por el Cambio:

“Nos tratan como enemigos y utilizan frases como 'eliminarnos' o 'terminar con el kirchnerismo'. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la democracia hay adversarios, no enemigos”.

Probablemente ese sea una de los más serios problemas del discurso de Cristina, y que enfrenta el bando democrático y popular argentino: tratar de mantener una compostura institucional, democrática y pacífica, cuando sus enemigos bastardean todas y cada una de las instituciones democráticas, las utilizan antidemocráticamente, y no desechan ningún método a la hora de eliminar la disidencia de la contienda electoral y del espacio político en general.

Cristina advierte sobre la provocación que está montando el régimen, ve el peligro del callejón electoral sin salida que puede llevar a la violencia, y apunta hacia lo conceptual. Deja establecidas las líneas gruesas de lo que debería ser el núcleo de objetivos que estructure el programa económico del Frente de Todos:

“Nunca pudieron convencer a los argentinos de que comer bien y cuatro veces al día es una cuestión ideológica; de que tener un lugar digno para vivir y ver crecer a sus hijos, (de que) estudiar y progresar es de populistas; o de que trabajo y salarios dignos es una creencia antigua”.

Las mayorías tienen que saber que esas son metas totalmente posibles en la Argentina desde el punto de vista técnico, material: el país cuenta con todos los recursos necesarios para resolver satisfactoriamente esas cuestiones.

Sin embargo, la actual configuración de fuerzas políticas y sociales parece operar en el sentido contrario al deseado: gobiernan al país los intereses corporativos ocupados en maximizar sus beneficios, el gobierno “popular” comenta más o menos pasivamente, y la dirigencia que presume “representar” a los sectores populares no se muestra capaz de resolver los problemas de las mayorías. Ni qué hablar de hacer funcionar al Estado y de transformarlo en un organizador eficiente de la vida social. Es una dirigencia que no tiene la menor orientación en ese sentido.

Para lograr las metas básicas que señala Cristina en su carta no queda otra posibilidad que reconstituir el poder del Estado para que pueda fijar metas, formular planes y conducir la economía hacia el progreso.

Cuando pensamos en esa tarea fundamental, no podemos dejar de reparar en que los actuales instrumentos político-partidarios de los que dispone la sociedad no parecen estar a la altura del desafío.

La distancia que hay entre el incisivo diagnóstico de Cristina y la mediocridad de miras y aspiraciones de una parte de la dirigencia política popular evidencia la necesidad de la emergencia de nuevas formas de liderazgo y organización.

La disonancia entre la lectura estratégica de Cristina y el temperamento –entre tibio y claudicante– que viene mostrando el Frente de Todos es extrema, y debería llevar a profundos replanteos.

 

 

 

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