La historia continúa

 

Los resultados de la elección de los 51 miembros del Consejo Constitucional que culminará la redacción de la nueva Constitución representan una derrota para el gobierno del Presidente Gabriel Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda, que consideran que la Constitución de 1980 debe ser reemplazada. Así lo expresaron con total contundencia los chilenos en octubre de 2020 cuando, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se realizó un referéndum sobre el cambio de la Carta Magna y casi el 80% de la ciudadanía apostó por la redacción de un nuevo texto mediante una Asamblea Constituyente.

Esta acción fue parte del Acuerdo de Paz firmado entre aquel gobierno y las fuerzas de oposición para poner fin a las históricas protestas surgidas en todo el país en octubre de 2019. Como se recordará, el incremento de los pasajes de metro fue la chispa que encendió el país. Sólo fue la cereza del postre. En Chile se vivía una situación de descontento social, que se escondía detrás del orden macroeconómico, el crecimiento sostenido y uno de los PBI per cápita más altos de la región. Los altos niveles de desigualdad y una clase media que vivía al borde del abismo de la línea de pobreza, más una movilidad social descendente que crecía a mayor velocidad que la ascendente, laceraban la sociedad chilena. Los focos del descontento se concentraban en el fracaso del sistema privado de jubilación y en las crecientes diferencias en la calidad del sistema de educación publicó y el privado. Las marchas multitudinarias de los estudiantes secundarios en 2006 y 2011 y las organizadas por el movimiento “No más AFP” fueron algunos de sus antecedentes.

Después del triunfo del “Sí” al cambio de la Constitución, en mayo de 2021 se eligieron los 155 constituyentes que la redactarían. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente: el triunfo se lo llevaron los independientes, con 42% de los votos, seguidos por los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores). Los resultados dieron inicio al proceso de pérdida de protagonismo de los partidos moderados de derecha, liderados por Piñera, y los de la izquierda que administraron alternadamente con los primeros el modelo neoliberal heredado del régimen de Pinochet.

Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23%. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana, entre otros) agrupada en la lista Apruebo, que obtuvo apenas 16% de votos.

De ese modo, los independientes y los representantes de la izquierda radical tuvieron en sus manos la redacción de la nueva Constitución por espacio de un año. Sin embargo, en septiembre del año pasado, con Boric en la presidencia hacía seis meses, el texto fue rechazado por un contundente 68%.

La ambición, la inexperiencia y el no haber dialogado con las fuerzas opositoras, como reconoció Boric en las elecciones del domingo, fueron factores que determinaron la derrota. También incidió el hecho de haberle restado importancia a la campaña plebiscitaria que le daría vigencia. Se enfocaron en el contenido del texto, en el cual la derecha participó poco y nada. Tampoco hubo un mensaje claro o una idea fuerza convocante para la población. Les faltó lo que a la derecha le sobró: marketing.

Otro factor que jugó en contra fue la crisis económica, expresada en altos niveles inflacionarios y devaluación de la moneda, ralentización del crecimiento –inducido por factores externos–, altos niveles de endeudamiento como consecuencia de la pandemia, aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico, que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asoció a la todavía corta gestión de Boric.

 

 

 

Con la frente marchita

El rechazo al texto de Constitución en septiembre pasado fue una derrota decisiva. Ya entonces era claro que muchos aspectos del proyecto estaban condenados a arriar sus banderas, como el concepto de democracia paritaria entre hombres y mujeres en la conformación de todos los órganos del Estado; el reconocimiento a los pueblos indígenas mediante la introducción del concepto de plurinacionalidad –uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios–, el cambio de rol de subsidiaridad del Estado por uno social y democrático de derecho; el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos –que incluye la protección del Estado para una interrupción voluntaria del embarazo–; el derecho humano al agua y su desprivatización, entre otros.

La elección de los 51 concejales constituyentes, el domingo, fue solo parte de una salida decorosa para continuar con el proceso de la nueva Constitución, pero la realidad es que ya había fracasado. En marzo el Congreso nombró a una Comisión de 24 expertos para que redactaran un nuevo texto, que ahora los consejeros electos deberán revisar, asumir o bien enmendar.

El poder de veto que consiguió el Partido Republicano mediante la elección de 23 delegados le da sepultura al sueño de una Constitución más inclusiva, como seguramente lo anhelaban los 39 fallecidos y los cientos de heridos víctimas de las revueltas de octubre de 2019. Si sumamos a los 11 concejales de la derecha moderada agrupados en Chile Seguro, el partido de Piñera, la derecha tiene mayoría y, por lo tanto, la sartén por el mango para redactar la nueva Constitución. La correlación de fuerzas cambió radicalmente. Los medios ejercen una campaña demoledora contra Boric como si bajo su gobierno se hubieran iniciado los problemas de la migración, el crecimiento del crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los problemas económicos.

El proceso que se inició con el estallido social de 2019 y que derivó en la decisión política y democrática de redactar una nueva Constitución ha vuelto a fojas cero. La izquierda y los sectores independientes han perdido el poder para llevar adelante las ambiciosas reformas a las aspiraban, como el derecho humanitario al agua, la desprivatización de la empresa que la provee, la declaración de una república plurinacional, una mayor presencia del Estado en la actividad empresarial, entre otras.

Que la votación le haya dado el poder de definir los contenidos de la nueva Constitución al Partido Republicano, cuyo líder se negaba a cambiarla, es una paradoja en la lucha social. Kast ni siquiera formó parte de las negociaciones para continuar con la pantomima de un proceso constituyente, que ya había fracasado en septiembre. Se trata además de quien en campaña decía que si ganaba la presidencia rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se retiraría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y construiría una zanja en la frontera norte para contener la migración. Este fue el discurso que llevó a Kast al triunfo de las elecciones presidenciales en la primera vuelta en 2021, aunque luego perdería el ballotage con Boric.

No obstante, el camino iniciado en Chile para cambiar la Constitución es un paso positivo. Si Kast aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2026, difícilmente mantenga su posición de rechazar cambios al texto de 1980. Las causas que generaron el estallido social de 2019 siguen incólumes. Es probable que la derecha radical, que tiene ahora en sus manos los contenidos del texto de la nueva Constitución, deba hacer concesiones para evitar que sea rechazado nuevamente en la votación plebiscitaria de diciembre. Kast intentará presentarse como un estadista de consensos. Con la correlación de fuerzas actuales, su aprobación representará un límite para los cambios que Boric y sus partidarios aspiraban, pues además no tiene mayoría parlamentaria.

Por otro lado, aunque la nueva Constitución no incluya los cambios que muchos chilenos anhelaban, al menos tendrán una redactada en democracia y no por un grupo de media docena de expertos designados por una Junta Militar, pese a las múltiples reformas que esta ha tenido. La historia continúa a pesar del terreno que hoy vienen ganando las fuerzas políticas de derecha radical en la región, luego del surgimiento de una breve ola de gobiernos ubicados en el espectro de la izquierda, que en varios casos no han dado la talla para enfrentar el acecho que les imponen el poder económico y una prensa inescrupulosa.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí