Roja(s) para González

 

El pasado 4 de enero, la abogada ambientalista Ana Fernández se encontraba registrando el incumplimiento de una orden de la Suprema Corte bonaerense de protección de la reserva del parque Rafael de Aguiar, en San Nicolás. En esa circunstancia sufrió violencia policial al ser privada abusivamente de su libertad por Claudio González, titular de la Comisaría 1° de esa localidad. Dos días después, la Departamental San Nicolás y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dispusieron la intervención de la comisaría y la suspensión del comisario. A cuatro meses de los hechos, González asumió como nuevo jefe policial en la ciudad de Rojas.

El intendente de Rojas, Román Bouvier, participó el lunes del acto de cambio de autoridades en la Policía Comunal. El nuevo jefe es Claudio González, quien reemplaza al comisario José Luis Gimeno. Como se ve en la foto, González sujeta con su mano izquierda el brazo del intendente y le estrecha su mano derecha. “En mi carrera he ocupado cargos en ciudades más grandes que Rojas, pero vengo de una localidad chica, y las localidades del interior no dejan de ser importantes, con problemáticas que trataremos de resolver en lo inmediato”, dijo González al diario rojense El Nuevo, tras su asunción.

Lo que está por resolverse para González es la causa en la que está imputado. Está prácticamente concluida, próxima al pedio de elevación a juicio por parte del fiscal interviniente, Rubén Darío Giagnorio. “La imputación es por privación abusiva de la libertad”, dice el funcionario judicial en diálogo con El Cohete. La investigación está fundada en que Ana Fernández estaba desarrollando su función como abogada para el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA), que había presentado ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense (SCJB) un recurso de amparo por el desarrollo de obras en sector del Delta, en el parque Rafael de Aguiar –zona protegida por ordenanza como reserva natural–, donde el intendente nicoleño Manuel Passaglia realizó obras. Mientras ejercía su labor, fue ilegalmente detenida por el comisario González.

El fiscal precisa las tareas que estaba realizando Fernández en ese momento: “Ella estaba haciendo una tarea de colección de pruebas, y en esa tarea de colección de pruebas –más allá del lugar donde la estaba haciendo–, González, sin una autorización legal, la priva ilegalmente de su libertad. Ordena su privación ilegal de su libertad, y en el marco de esa privación ilegal de la libertad, ocurre el maltrato. Esa es la hipótesis del trabajo de la fiscalía”, detalla Giagnorio, agregando que por ese motivo “la voy a elevar a juicio y lo voy a acusar a González”. Las pruebas recolectadas por la fiscalía son un video público del municipio, donde se puede ver todo el evento y varias declaraciones testimoniales que demuestran cómo se dieron los hechos. El fiscal resalta que si bien la policía tiene facultades de realizar detenciones en determinadas situaciones, “este no era el caso. La abogada debía ser tratada como magistrada porque se encontraba cumpliendo funciones, y el comisario la conocía”.

El atentado por parte de Passaglia a la reserva natural del parque Rafael de Aguiar, creada en 1960 y que protege 1.500 hectáreas del Delta medio, no es nuevo. Fue judicializado en 2017 por FOMEA. La acción del abogado Fabián Maggi llevó a que se dictara una medida cautelar prohibiendo los movimientos de suelo y a que se ordenara el retiro de ganado que pastoreaba destruyendo los humedales, lo cual el gobierno local no respetó. En ese parque, Passaglia realizó obras con topadoras y máquinas, arrancando árboles para ensanchar el camino de acceso a la playa, acto que fue denunciado por las organizaciones ambientales. Si bien la Corte Suprema bonaerense había ordenado la clausura del predio, el municipio respondió realizando una fiesta electrónica.

 

 

 

Almendra y castañazo

La abogada Fernández expresó en su denuncia que ese 4 de enero registraba con su teléfono el ingreso de maquinaria pesada municipal al Parque Rafael de Aguiar. Al comprobar que estaban realizando obras prohibidas, llamó al 911 y a la fiscalía para que acudieran al lugar. Un efectivo policial, de apellido Almendra, estaba en el lugar junto a una mujer policía. Fernández se presentó como abogada y puso al tanto a los funcionarios policiales de lo que estaba aconteciendo, expresándoles que había llamado al 911 porque estaban realizando obras prohibidas. Les mostró y entregó documentación, junto a intimaciones cursadas al intendente. El oficial Almendra respondió que había notificado a la comisaría de la jurisdicción y que se haría presente su titular. La abogada insistió para que intervenga el agente fiscal de turno, pero Almendra refirió que había que esperar al comisario.

Mientras tanto, las obras continuaban desarrollándose. Un camión comenzó a bajar hormigón, mientras la abogada intentaba registrar con su teléfono esa violación a la ley. Una de las máquinas con la que se hacía esa tarea se le vino encima y Fernández logró correrse para no resultar herida. Federico Galimberti, encargado de la obra y titular de la empresa, se encontraba presente en el lugar. La abogada intentó comunicarse con el empresario, pero este no le dirigió palabra. En un momento, se acercó a ella y le sustrajo el teléfono diciéndole: “Vos no podés filmar”. Intentó hacer fuerza con sus dos manos para romper el teléfono celular de Fernández, y al no lograrlo, se lo entregó al policía Almendra, que se lo devolvió a la abogada.

Fernández siguió filmando las obras con su celular. Llegó entonces el comisario González y habló con el oficial Almendra, quien le informó sobre la situación y le entregó la documentación que la abogada le había otorgado. González rompió en pedazos la resolución de la CSJB y se dirigió hacia la abogada, le quitó su teléfono y comenzó a empujarla. Otros efectivos policiales la golpearon hasta que lograron introducirla en un móvil.

 

 

 

El maltrato físico y verbal continuó en la dependencia policial. El comisario González tomó del cuello a la abogada y le dijo: “Si me haces echar, te vas a acordar toda la vida”. En paralelo, otras dos mujeres policías le quitaron las esposas y la cartera, para luego esposarla con las manos sobre sus espaldas.

 

 

 

 

 

 

El oficial Almendra le preguntó a la abogada si había subido a las redes lo que había filmado en el lugar, porque había visto un video. Previamente a ser detenida, Fernández le había enviado al grupo FOMEA la filmación de lo que estaba sucediendo. El policía le dijo que eso estaba prohibido.

La abogada estaba descompuesta y solicitó en dos oportunidades ir al baño. En una de ellas, una oficial de apellido Fregoso le dijo que fuera al baño de los calabozos, “que están bien sucios” y la empujó en esa dirección. En la puerta de los calabazos, Fernández vio a había un hombre que decía: “Vení, vení… que entre, que entre, traela, traela”. La abogada se negaba a entrar y la uniformada Fregoso la empujaba diciéndole: “¿No querías ir?” Ante su negativa a entrar, agregó: “Más vale que no vomites acá, porque vas a limpiar vos”.

 

 

 

 

Luego le informaron a Fernández que el fiscal de turno, Julio Tanús, le había otorgado su libertad, pero previo a hacerla efectiva, fue trasladada a la sede de la Policía Científica para ser examinada. La abogada solicitó darle aviso a su familia, pero le fue negado. Le dijeron que sus pertenencias quedarían allí, y que también le quitarían las esposas a la vuelta. Fernández tenía miedo. No sabía adónde la llevarían, porque la hicieron pasar por un pasillo interno de la comisaría hasta subir al móvil. La oficial Fregoso y el oficial Smunk la fueron empujando hasta el patrullero. Al llegar a la camioneta, se negó a ingresar y gritó. El comisario González vino desde el fondo de la comisaría, la tomó de una de las piernas, otro efectivo policial tomó su otra pierna, le pegaron en la espalda y en la nuca y la arrojaron boca abajo en el asiento trasero de la camioneta. En esa maniobra violenta, perdió una de sus zapatillas.

Fregoso, preocupada por el mal estado de la detenida, volvió a decirle que no vomite porque iba a limpiar ella el patrullero. Se lo expresó de ida y de vuelta. Llegó a la sede del cuerpo médico con una zapatilla. La otra luego fue encontrada, porque había sido arrojada en la caja trasera del móvil policial. No se la dejaron calzar y la tuvo que llevar en una de sus manos, que estaban esposadas. Pidió nuevamente comunicarse con su familia y no se lo permitieron. Luego de ser revisada, fue nuevamente trasladada a la Comisaría 1°.

Al regresar a la comisaría fue sentada en un banco del pasillo cercano a los calabozos. Vio por la puerta abierta del lugar donde se encontraba el ayudante de guardia, que en ese momento llegó una persona a realizar una denuncia. Distinguió que se trataba de un conocido, hizo un gesto moviendo sus manos esposadas y le pidió que avise a su familia. Fue a través de esa persona que la abogada Ana Fernández pudo lograr que sus familiares se enteren de su situación de detenida, al igual que el grupo de FOMEA, preocupados sin noticias de ella. Luego, pasado el mediodía, recuperó su libertad.

 

 

 

González, el salvador

En su declaración, Claudio César González, imputado por su accionar ese 4 de enero como titular de la Comisaría 1° de San Nicolás, dijo que además de ser informado por oficiales de la situación que estaba ocurriendo, su superior, el comisario Germán Storch, lo llamó para decirle que la abogada estaba “entorpeciendo, atravesándose en la maquinaria que estaba trabajando en el lugar”. González dijo que como conocía a Ana Fernández fue hasta el lugar y se acercó a la abogada “porque sentía que estaba en riesgo”. Su testimonio de comisario protector se lleva mal con la evidencia fílmica. González declaró que le dijo a la abogada: “Ana, no podés estar acá, te van a lastimar”: todo un osito de peluche y no un abusivo, como quedó registrado. Para hacer más enternecedor su relato ficcional, dijo que rompió la resolución en pedazos y descartó los mismos para librar sus manos, que generosamente estaban dispuestas a salvar a Ana del peligro. ¡Conmovedor!

 

 

 

 

 

 

Yo señor, no señor

Dos días después de la violencia policial contra la abogada Fernández –repudiada por diversas organizaciones sociales y políticas y por el Colegio de Abogados de San Nicolás, y cuya gravedad motivó la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la noticia se multiplicó rápidamente y alcanzó interés nacional. Con la idea de calmar las aguas, desde la Departamental San Nicolás enviaron a través del WhatsApp del oficial Andrés Cachavigliani el siguiente comunicado, que llegó a los medios dos días después de esa violencia institucional policial:

“Ante lo ocurrido, y de público conocimiento, esta Jefatura Departamental y Ministerio de Seguridad dispone la intervención de la Comisaría Primera; Suspensión de la titularidad del Crio. González Claudio”, añadiendo que: “Asimismo se hizo presente Control Disciplinario, para auditar la Seccional Policial. Se pone en conocimiento a la Auditoria de Asuntos Internos, quien pidió copia actuaciones. Como así también se llevó a cabo todas las medidas que para el caso corresponde”.

Los medios locales, zonales y nacionales difundieron ese comunicado. Ante la noticia de que González aterrizó en Rojas, quien escribe se comunicó con el Jefe de Policía Departamental Germán Storch, para solicitarle el comunicado oficial de la Departamental de aquel entonces. (Para) “Información al respecto debes dirigirte al Ministerio de seguridad, área de Prensa o Legales”, respondió. Y sugirió: “Y este medio resulta muy informal para difundir cualquier información”, en referencia a WhatsApp.

Sin embargo, la Departamental que está a su cargo informa todo el tiempo por esa vía, incluso la suspensión del comisario González y la intervención de la comisaría. Al ser consultado, el oficial que envió el comunicado, contestó: “De eso no se hizo ningún parte de prensa”. Al remitirle el mensaje que él mismo le había enviado a los medios, preguntó: “¿Quién te lo pasó? Así consulto… No parece un comunicado de prensa”. Mi respuesta inmediata fue que había sido el comunicado que él había pasado a los medios. Cachavigliani no respondió más. La roja para González se convirtió en Rojas. En la aldea de los azules, nadie se pierde, todos se transforman, para aparecer como lo nuevo en otro lado.

 

 

 

 

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