Plan de gobierno

 

Si bien la dictadura militar de 1976 impuso en el país un modelo de valorización financiera del capital basado en el extractivismo y en la producción primaria, subsistió y subsiste el modelo económico ISI (Industria Sustitutiva de Importaciones y crecimiento en base al mercado interno, razón por la que se pudo desarrollar en el kirchnerismo). También se debe considerar al modelo neo-desarrollista, que funciona como una válvula de escape de los grupos económicos (e incluso, de la oligarquía terrateniente) ante el agotamiento de los procesos neoliberales por el sobre-endeudamiento externo, que busca la industrialización, pero a través del financiamiento de la clase obrera con salarios bajos y la precarización laboral para fortalecer el ahorro y la inversión del gran empresariado.

El modelo económico vigente (2016-2023) es básica y principalmente el extractivista, agropecuario-exportador y financiero, merced a la renta [1] del subsuelo, del suelo y la creada por la legislación vigente a favor del sector bancario, bursátil y cambiario. Es un modelo orientado y dependiente del exterior y, por ende, requiere de costos internos baratos. Esencialmente, el modelo funciona con mano de obra barata medida en moneda dura (dólar, euro, yuan) y en poder adquisitivo de las remuneraciones.

Tras el gobierno kirchnerista que impulsó el consumo interno, el trabajo y la producción nacional, la gestión de Cambiemos, de endeudamiento y acuerdo con el FMI mediante, reimplanta la valorización financiera del capital. Esto prevalece con la administración de Alberto Fernández.

El plan económico vigente es el acordado con el FMI, incluso refrendado por la ley 27.668, que aprobó el “Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand-By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Las medidas anunciadas ni bien asumió el ministro Sergio Massa se insertan en ese plan y se subordinan a la prosecución del modelo. De allí que el mismo Massa defina como ventajas del país sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimientos. En ese marco distingue principios y motores, siendo los primeros el orden fiscal, el superávit comercial y el fortalecimiento de las reservas internacionales (que no fue ni será lograda por la misma y permisiva inercia del propio gobierno en general y del Banco Central en particular).

El principio de desarrollo con inclusión no es creíble cuando predomina la integración al exterior sobre el mercado interno, se ejecuta un severo ajuste fiscal (por el que sólo se asiste a la población más necesitada, en sintonía con lo dispuesto por el FMI de ayudas directas y transitorias únicamente para grupos vulnerables y hogares de bajos ingresos) y el Estado queda relegado a meras tareas administrativas.

La Vicepresidenta de la Nación, en su disertación en la ciudad de La Plata del 27 de abril pasado, aseveró que no nos va salvar ni Vaca Muerta, ni una buena cosecha, ni el litio, ni nada, si antes no tenemos un Estado presente que determine las reglas de comportamiento y se apropie de parte de esa renta para invertir en obras públicas que redistribuyan el ingreso.

No podemos tener un plan de vivienda –para el que contamos con todos los insumos (arena, cal, cemento, hierro, madera, aluminio, hierro, azulejos, mosaicos, grifería, etc., etc.) sin necesidad de importar nada– porque emplearía mayor mano de obra. Y eso significa mayor consumo de alimentos y de energía y repercute en una merma en nuestro comercio exterior, superávit comercial que a su vez apuntalan con el incremento del tipo de cambio que deprecia salarios y activos locales y aprecia las divisas.

Sin embargo, la necesidad obliga al gobierno, que acuerda con las grandes empresas. Estas pueden importar a precio oficial (al 5 de mayo, de $235,34, cuando el dólar paralelo era de $469). A la vez, se les da un dólar preferencial de $300 a los exportadores del agro, que a los grandes productores, acopiadores y comercializadores les resulta insuficiente. De allí que liquidan sus ventas a cuentagotas. Obviamente, ese mecanismo estructuralmente deficitario y solventado por el Estado, por definición, no puede perdurar en el tiempo y sólo perdura hasta poder contar con los divisas suficientes para terminar el año.

Son esas mismas divisas que el gobierno espera finalmente obtener del FMI para que le adelanten a este mes de mayo el préstamo de capital para pagar los vencimientos de junio, septiembre y diciembre por 10.793 millones de dólares. Es una deuda que después se debe pagar en diez años.

La otra alternativa es que el monto necesario en divisas se lo facilite el grupo de países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), que se reúnen en la Ciudad de Cabo el 2 y 3 de junio próximos e invitan especialmente a la Argentina a sumarse al BRICS ampliado. Pero allí la Argentina debería acoplarse como país soberano y negociando de igual a igual con economías demandantes de alimentos, energía, litio y otros minerales. Eso exige un plan de gobierno distinto al que se acuerda con el FMI.

 

 

 

Shock distributivo

Si el elevado endeudamiento de la gestión de Cambiemos obligó a tomar un crédito extraordinario del FMI, el camino debe ser el inverso: investigar adónde se fueron esos capitales, demostrar la evasión fiscal, recuperar los fondos fugados y con ellos amortizar la deuda con el Fondo (proyecto del senador Oscar Parrilli) para, librados de las exigencias de pagos externos, cambiar la matriz productiva y reimpulsar el mercado interno en pesos con una política de shock distributivo, que consiste básicamente en:

1. Dejar de depreciar nuestra moneda. La devaluación ya la hizo el gobierno de Cambiemos, cuando de abril a julio de 2018, el tipo de cambio pasó de valer casi $20 a casi $40 por dólar. Este gobierno la continuó. La Argentina es el país más barato de la región y nuestra productividad y riqueza no es la menor y no lo justifica.
2. Priorizar que el destino de la producción sea el mercado interno y luego, si hay saldos exportables que se vendan afuera, imponer severos cupos de exportación.
3. Declarar la Emergencia Cambiaria, que le dé la potestad al BCRA en base al decreto 2.581 del 10 de abril de 1964, con la finalidad que el Banco Central, en cumplimiento de sus misiones y funciones, preserve las reservas internacionales y programe su utilización para el pago de deuda pública y de financiamiento de obras y servicios públicos, y obligue al sector privado a financiarse las importaciones y los pagos de su deuda.
4. Declarar la Emergencia Alimentaria. De esa manera se asegura la alimentación básica a la población. También, de acuerdo al artículo 755 del Código Aduanero, se deben aumentar los Derechos de Exportación (retenciones) de todos los productos primarios y sus derivados y llevarlos al porcentaje de 2007, con lo que se desacopla la relación entre precios internos y precios externos y se consiguen recursos para el fisco.
5. Fijar un salario mínimo, vital y móvil mensual que se vaya acercando a la Canasta Básica Total del INDEC que, para el mes de marzo –para una familia compuesta por el matrimonio y dos hijos– fue de $191.228. Ídem con las jubilaciones y pensiones.
6. Ejecutar un vasto Plan de Obra Pública para disminuir la desocupación y poner en marcha la reactivación de la economía argentina. Este plan de construcción tendrá dos componentes fundamentales: el primero consiste en la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de auto-construcción, mientras que el segundo está basado en la obra pública de infraestructura.
7. Utilizar la masa de LELIQ y NOTALIQ (Letras y Notas de Liquidez del BCRA), que es dinero inmovilizado a siete días de plazo mayoritariamente para el primer instrumento y de treinta días para el segundo, por el cual el BCRA paga una tasa del 91% nominal anual, pero que efectiva es del 140,4% y que, al mes en curso, supera los 12 billones de pesos (es en pesos, pero al tipo de cambio oficial supera los 50.000 millones de dólares). El objetivo es que se dirija directamente a los sectores de la población más vulnerables, a los trabajadores y jubilados y pensionados que perciben remuneraciones por menos de la Canasta Básica Total y a las pequeñas y medianas empresas y al Estado.
8. Con intervención directa del Estado nacional, provincial y municipal, crear mercados concentradores locales y regionales de abastecimiento de alimentos, evitando los innecesarios gastos de transporte y generando trabajo y mercado en el lugar.

Finalmente, hay que comprender que nuestra economía es complementaria con Brasil (que es al país que más bienes industriales le vendemos) y con los demás países del BRICS. Nuestro futuro en comercio internacional pasa por esa integración, que debe ser digna y soberana, de igual a igual entre naciones independientes.

 

 

 

En síntesis

Se debe convertir en ley el proyecto del senador Oscar Parrilli para investigar la deuda y dejar de pagarla “a libro cerrado”, lo cual implica una creciente extranjerización de nuestra economía, atada una mayor primarización, que conforma una matriz extractiva, agropecuaria, agro-industrial exportadora. Este escenario les permite a las grandes empresas nacionales y transnacionales obtener una tasa de ganancia y una valorización de sus activos en moneda dura superior a la que impera en el mundo, en desmedro de la población y de nuestros bienes naturales.

Paralelamente, se debe recuperar independencia económica para, como dijo Cristina Fernández de Kirchner el 27 de abril en La Plata, tener un programa de gobierno. Porque “nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la innovación, cuidar los recursos (y) generar distribución del ingreso, que reproduce una sociedad más justa y más equitativa”.

 

 

 

 

 

 

[1] Renta: Apropiación de una ganancia extraordinaria, que estará determinada por la diferencia entre el precio de producción individual y el precio de producción general de la rama (costos más beneficio).

 

 

 

 

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