Tierra del Fuego amigo

 

A las 14.19 del lunes 27 de marzo, Leila Rocamora, madre primeriza con una criatura que esa semana cumplió su primer año de vida, notificó por correo electrónico la demanda judicial que interpuso contra su empleadora, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). Menos de dos horas después recibió por la misma vía la noticia de su desvinculación definitiva, operada cuando recién iniciaba su periodo de lactancia. El 30 de marzo no pudo ocupar su lugar de trabajo habitual, ni encontró los elementos con los que llevaba a cabo sus tareas. Pocos días más tarde, sin aviso previo para que resguarde sus archivos, la UNTDF le cerró la cuenta de correo electrónico con dominio institucional.

 

 

 

Esos hechos, inéditos en la historia de una universidad fundada en 2010 por Cristina Fernández, fueron el corolario de un largo camino que comenzó con el recambio de autoridades en el Rectorado. En mayo de 2021, la lista Hacer Plural derrotó al entonces oficialismo del Frente Universitario de Todos e inició una gestión que, sin salirse del bloque peronista en el Consejo Interuniversitario Nacional, combinó progresistas y reaccionarios.

Ese cóctel contó con el apoyo del juez federal fueguino Federico Calvete, que en 2011 se había hecho conocido por poner reparos a la candidatura a legisladora de una sobreviviente del terrorismo de Estado en virtud de una condena a “inhabilitación perpetua” impuesta por sus victimarios en plena dictadura. Casi una década más tarde, Calvete volvió a intervenir en una contienda electoral, esta vez para suspender los comicios programados para 2019 en la UNTDF, para los que el ahora oficialismo no había conseguido el aval de la Junta Electoral a sus postulaciones.

La actual oposición y los gremios de docentes y no docentes entienden que desde iniciada la gestión de Hacer Plural se ha desatado en la universidad fueguina una persecución política que utiliza lo laboral como forma de disciplinamiento y que hasta el momento tuvo como principal víctima a la administrativa despedida, que por primera vez no cobrará su salario el Día de Trabajadoras y Trabajadores.

Su compañero de vida, el abogado Gabriel Carol, fue secretario general del Rectorado durante la administración anterior. El de Leila no es el único despido que lamenta su familia. También la ingeniera y ex diputada nacional Analuz Carol, hermana de Gabriel, perdió su trabajo cuando la nueva gestión de la UNTDF decidió cerrar la sede universitaria de Tolhuin, que su antecesora había abierto para descentralizar el acceso a estudios superiores, hasta ese momento concentrados en Ushuaia y Río Grande.

Por otra parte, a Carol le fue negada también la licencia por paternidad consagrada en una de las actas paritarias que la nueva gestión desconoció y de la que ya habían hecho usufructo otros trabajadores. Con ello, las tareas de cuidado de su hijo quedaron a cargo de la madre, reforzando mandatos de género.

 

 

 

De contratar a maltratar

El despido de Leila Rocamora comenzó a gestarse mucho antes de su concreción, cuando se encontraba embarazada. La nueva gestión desconoció 17 actas paritarias de nivel particular, suscriptas entre la UNTDF y el sindicato de base, y modificó las designaciones originales de un grupo de trabajadores y trabajadoras, fijando el término de sus interinatos en fechas específicas y no cuando se sustanciaran los concursos correspondientes, como establecía la redacción inicial.

El nuevo oficialismo aludió a irregularidades de procedimiento en las contrataciones, explicables por haber ocurrido en pleno marco de pandemia y restricciones, que impedía formalizar un llamado a concurso abierto para responder a las demandas urgentes de ese mismo escenario.

A ello también obedece la distribución del personal designado: de 18 personas contratadas, todas en las categorías más bajas del escalafón administrativo, ocho fueron destinadas a actividades de extensión o bienestar universitario, con exigua o nula dotación de personal hasta entonces. La búsqueda de robustecer esas áreas no parece extravagante, dado el contexto en que se produjo. En todo el país, esas áreas fueron las encargadas de amortiguar el impacto de la situación pandémica en la comunidad académica y de colaborar con otros organismos del Estado en la asistencia fuera de los claustros.

De hecho, la UNTDF fue pionera en ese tipo de iniciativas cuando el 19 de marzo de 2020, horas después de declarada la pandemia en el país, anunció la creación de la Red Solidaria. El entonces secretario de Extensión y Bienestar Universitario, Marcos Falabella, adelantó que con ello se buscaría atender a “las necesidades que tiene nuestra comunidad universitaria, que es heterogénea y con realidades muy distintas”, y apuntó que el área tenía registro de “madres solas con hijos pequeños, jóvenes a cargo de adultos mayores y personas sin trabajo, que tienen que pasar la cuarentena como todos”.

 

 

 

 

Más allá de la validez o invalidez de los cuestionamientos sobre las designaciones originales y de los reclamos por su modificación retroactiva, los concursos para los cargos interinamente ocupados fueron abiertos a toda persona que quisiese participar. 16 de los 18 fueron ganados por quienes habían desempeñado interinamente esas funciones, lo que induce a pensar que la selección efectuada previamente no se alejó demasiado de los estándares institucionales de idoneidad.

Por su parte, el caso de una persona con discapacidad permanece sin resolución y el trámite del concurso correspondiente al cargo ocupado interinamente por Leila Rocamora estuvo atravesado por episodios que motivaron incluso la activación del Protocolo de la UNTDF para casos de violencia de género, cuyo equipo reprochó el comportamiento institucional frente a la joven madre.

 

 

 

Despido sin licencia

El concurso para la ocupación del cargo en cuestión fue abierto por el Consejo Superior de la UNTDF el 26 de agosto de 2022, previendo inscripciones durante el bimestre siguiente y exámenes entre el 1 y el 6 de diciembre. Todos esos pasos se dieron en el periodo de licencia de Rocamora, que había sido madre a fines de marzo y debió superar obstáculos del área de Recursos Humanos para acceder por completo al beneficio. Durante ese lapso, fue certificado además el impacto que la situación conllevó a su salud. En tal sentido, el reciente informe del equipo del Protocolo para casos de violencia de género enfatizó que “se debería haber tenido en cuenta la situación de las licencias (de Rocamora) al momento del llamado a concurso” y tenido en cuenta su estado de salud, del que la UNTDF estaba debidamente informada.

Cuatro meses antes, en diciembre último, un dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la propia Universidad le había advertido ya a su Rectorado que diversas normas de rango constitucional “dan cuenta de que las mujeres embarazadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad especialmente protegida”, lo que no obstó para que se avanzara en el trámite.

El 11 de abril último, la representante del sector no docente en el Consejo Superior de la UNTDF presentó un proyecto de reincorporación de la trabajadora despedida. Diez días más tarde, el plenario del cuerpo lo rechazó por una mayoría ajustada de 11 votos contra 9.

Para fundamentar su posición, el oficialismo argumentó que el tema ya estaba judicializado. Pero esa definición, que delega en la Justicia una potestad política de la institución, es falsa: lo que para ese momento se encontraba judicializado era un recurso de Rocamora contra la modificación de su designación original, no su posterior despido y las circunstancias en que se dio, desconociendo su condición de mujer y madre.

 

 

 

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