El Centurión de Interpol

 

El comisario mayor Francisco “Coco” Centurión hizo carrera en la Policía Bonaerense, estuvo a cargo de una delegación de Drogas Peligrosas y ascendió hasta actuar como enlace de la Interpol, con oficina en el primer piso de la Comisaría 1ª de Quilmes, desde donde tenía jurisdicción sobre el Conurbano sur.

Está siendo investigado porque su casaquinta de Florencio Varela fue el último destino de dos jóvenes, uno de los cuales fue torturado, estrangulado e incinerado (Lautaro Morello), mientras el otro continúa desaparecido (Lucas Escalante). Los indicios son tan determinantes que en la semana de aquel 10 de diciembre fueron allanadas sus propiedades y apresados su sobrino y su hijo recién recibido de policía.

Tres meses después, el 15 de marzo, se le secuestró el auto que tenía asignado, un Etios blanco nuevo, al que sin embargo le había cambiado parte del tapizado y el asiento trasero, algo que no registró en el libro de novedades. Identificado el taller actuante, se le secuestró el teléfono al mecánico. En cambio, cuando se le requirió el celular a Centurión, el mayor se negó a entregar las claves, por lo que la Policía Científica Federal encaró su apertura forzada.

El lunes de la semana pasada nuevamente su quinta fue allanada. Esta vez, por parte de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, que recabó pruebas científicas, tomó muestras en una parrilla en la que –según testigos– se realizó una fogata el día del crimen, a la vez que halló sangre, la que es analizada para determinar si tiene relación con la causa o pertenece a unos perros enterrados.

No obstante, Centurión ve cerrar un cerco donde –además de sus familiares– ya cayeron detenidos un oficial que lo asistía y un comisario amigo. Para colmo, esta semana oyó al abogado querellante decir que pueden ir presos tres policías más, justo después de que el martes tuviese que declarar en la causa el máximo jefe de la Bonaerense, comisario general Daniel “Fino” García.

 

 

 

 

 

 

Quiénes siguen

El letrado Carlos Diéguez, contratado por la familia del asesinado, ha mencionado en distintas entrevistas –antes de hablar con El Cohete– que los efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes hicieron rodar versiones delirantes. Una de ellas fue que las víctimas eran homosexuales que se pelearon hasta la muerte.

Si bien menciona a los policías “Villar y Zaracho”, como amigos de Centurión, uno de los cuales “le adelantaba cada diligencia”, también se refiere de modo elíptico a “un jefe de línea directo con Centurión” como quien daba órdenes durante la instrucción.

El policía de mayor relevancia en Varela es Ramón Antonio Rodríguez, ex jefe de la Comisaría 1ª de la ciudad de donde es la familia Escalante, hasta que a mediados de 2019 fue ascendido para hacerse cargo de la Jefatura Distrital, que pasó a llamarse Estación de Policía.

 

 

 

 

 

El primer comisario en ser detenido, el 11 de abril, fue Sergio Enrique Argañaraz, titular de la Seccional Bosques, acusado de encubrimiento por negarse a tomar una denuncia por “averiguación de paradero”. Se negó a declarar ante el fiscal Daniel Ichazo, quien lo acusa de haber ayudado a los familiares de Centurión a eludir la investigación del homicidio.

 

 

 

 

 

Otro detenido es el oficial ayudante Ramiro Yair Forchinito, policía desde diciembre de 2017 que se desempeñaba en un área de enlace con Interpol, donde asistía a Centurión. Está acusado de falso testimonio porque cuando el fiscal le pidió su celular, entregó otro.

 

Ambos fueron desafectados por la Auditoría General de Asuntos Internos.

 

 

 

 

En pos de saber con exactitud qué hacía cada mando policial, desde la Fiscalía requirieron la presencia, el martes 18, del comisario general García, quien no está bajo sospecha. “El jefe de la Policía Bonaerense puso a disposición todo lo que tiene. No se guardó nada; dio nombres de oficiales que actuaron en la investigación inicial”, que no figuran en los registros, según relató el abogado querellante que participó de la audiencia.

Diéguez también interrogó a García, quien “se mostró muy colaborativo y fue más allá del interrogatorio. Llegó a decir: ‘Que vayan todos presos de acá para abajo si es necesario’”. Antes de cerrar su declaración, deslizó como pista plausible que “investiguen al padre” de una de las víctimas. El abogado pone reparos respecto de que “al padre de Lucas Escalante, el desaparecido, lo tengo como una víctima. No lo conozco; me dicen que es un empresario de la construcción. Y que el caso se trataría de alguna cuestión contra él”, versión que atribuye al núcleo familiar. No obstante, se interrogó respecto del jefe de Policía: “¿Por qué no incorporó su sospecha a la causa antes, durante estos cuatro meses?”.

 

 

 

Paso a paso

Este caso cuyo escenario es el sur del Conurbano quedó eclipsado por el Mundial de Fútbol, las fiestas de fin de año y el juicio a los jugadores de rugby durante el verano. Vale repasar sus concomitancias:

El viernes 9 de diciembre a las 22, Lucas Escalante, de 26 años, hijo de un empresario de la construcción, cruzó Berazategui en un reluciente BMW azul metalizado hacia Hudson, una localidad más al sur, para buscar a su amigo Lautaro Morello, de 18, a quien conocía desde chico, ya que había convivido tres años con Nicole, una prima suya.

“Vamos a festejar que ganó Argentina”, dijeron antes de dirigirse hacia el oeste. Pero Lucas le dijo la verdad a otro mediante un audio: “Vamos a lo de Cristian a buscar vales de nafta”.

 

 

 

 

Al llegar a la lindante Florencio Varela, según declaró un testigo, preguntaron por la casa del comisario Centurión, padre de Cristian. En esa zona, el más jovencito fue torturado; igual que en la dictadura, le arrancaron las uñas. Una hora después, era asesinado por “asfixia mecánica”. Ya era 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

A las 00.30, en una estación YPF, el conductor de un Peugeot 208 sacó un bidón para que se lo llenasen. En dos cámaras quedó filmado Cristian Centurión. Su mamá, ex mujer del comisario, es la dueña del auto cuya apariencia, durante los días siguientes, fue del todo modificada en un taller.

 

 

 

 

Ante la falta de comunicación, las familias fueron a denunciar el extravío a la Comisaría de Bosques, cuyo titular, Sergio Argañaraz, no quiso tomársela. El domingo 11, en Guernica, se hallaron dos cadáveres calcinados dentro de una camioneta robada durante abril en La Matanza. Se especuló con que fueran los jóvenes, pero el martes 13 se conoció que eran los mecánicos Silvio David Vitullo (40) y Diego Fabián Segura (30), quienes faltaban de Longchamps desde la mañana del sábado. “Trabajaban cortando autos”, dijo una fuente judicial a la agencia Télam. Intervino el fiscal Álvaro Garganta, de Presidente Perón.

 

 

 

 

 

 

El mismo día, un vecino de Centurión con antecedentes penales, José Alexis Bordón, de 27 años, fue hallado muerto en el predio de CEAMSE en José León Suárez. Mientras, la patota de secuestradores manipulaba los celulares de sus víctimas.

Diéguez relata que “cuando incendiaron el BMW, había una Amarok blanca, y dos vehículos que podrían ser el 208 que cargó el bidón y un Clío negro; al tiempo que por la ruta 53 un patrullero bonaerense circulaba a paso de hombre”, se sabrá después.

Por presión de la familia del más joven, la fiscal Mariana Dongiovanni (con aval del juez Julián Busteros) ordenó allanar la quinta del comisario, donde habían visitado a Cristian y a su primo, Maximiliano Centurión.

El lugar está en un predio mayor a una hectárea con siete edificaciones, algunas en mal estado. En el primer allanamiento, el 14 de diciembre, dos familiares de los chicos preguntaron por qué no abrían todas:

 

–No hace falta.

–¡Pero si estamos viendo cal por debajo de la puerta de una!

–No, mire, es que habría que hacer otra acta, llamar a la fiscal, en fin...

 

Se dejó para el día siguiente.

Así se llegó al jueves 15, a las 21.30, cuando un cuerpo fue visto por alguien que salió a cazar a la vera de la autopista del Buen Ayre (en construcción) en Guernica, más hacia el oeste, ya en Presidente Perón. Estaba boca abajo, semi-calcinado, en descomposición, cerca de una zapatilla Vans negra como las que usaba Lautaro (18).

 

 

 

 

 

En la Morgue Judicial de La Plata, la familia reconoció el cuerpo. Por este hallazgo también intervino el fiscal Garganta.

El hijo del comisario filmado cuando cargó el bidón y su primo quedaron detenidos. Con base al audio enviado por Lucas, se especuló con un posible negociado con los vales de combustible que la Bonaerense recibe para cargar en los patrulleros.

El viernes 16 y el sábado 17 siguieron desde un auto y una moto al abogado, quien denunció amenazas. Después quisieron dejarlo fuera de la causa porque decían que no había pagado las cuotas al Colegio de Abogados de Quilmes (estaba en un plan de pago).

El letrado cuestionaba la versión oficial, que resumía que se habían peleado por un vale de nafta de 1.600 pesos, lo que parece exiguo en relación con el auto de 35.000 dólares en el que se desplazaba. (Nadie consideró que pudiera tratarse de muchos vales, aunque sí que fuera un anzuelo). Y duda: “Faltarían muchos autores, porque hay una logística importante desde el secuestro, la tortura y el asesinato hasta la manipulación de los teléfonos durante cinco días. Desde las cero horas hay comunicaciones de jefes policiales con el papá de Centurión; una cadena de encubrimiento. El ministro Sergio Berni nunca se acercó a la familia ni se interiorizó porque sabe la runfla de la Bonaerense que está involucrada. Recién el 27 de diciembre, la DDI preguntó al Ministerio de Transporte si Escalante tenía tarjeta SUBE. (También) tardaron en revisar las imágenes de los peajes”, dijo el abogado.

Ve en ello indicios de negligencia y cree que la fiscal fue parte del encubrimiento. Luego de ella, se excusaron otros dos: Bárbara Velasco, debido a la relación de trabajo que mantuvo con el delegado de Interpol, y Martín Conde, a partir de los comentarios calumniosos y agraviantes de Diéguez, algo que también alegó Dongiovanni.

Es que el abogado los acusa de “cachivaches” y afirma que “la causa era un despelote, era la carta de un loco a un demente”, según le dijo a José Haro en la radio del diario El Sol de Quilmes, respecto al expediente que ya acumuló 16 cuerpos.

Desde el 10 de febrero, cuando el sorteo recayó en Ichazo, la querella y los familiares están conformes. Recuerdan que ese fiscal llevó la causa que condenó al ex presidente del Concejo Deliberante de Varela por comandar una red de prostitución de menores de la que se servían políticos y sindicalistas.

En opinión de la querella, la causa avanzó a partir del cambio del fiscal y de la favorable respuesta recibida tanto por parte del procurador provincial Julio Conte Grand como del ministro de Seguridad Aníbal Fernández para que la Bonaerense fuese apartada y se incorporase a la Policía Federal. No consiguió que la causa pasase al fuero federal, cosa que sucedería si se hallase, por ejemplo, una conexión con el narcotráfico; aunque cree que se trata “de una banda de policías y delincuentes comunes dedicada a delitos mayores”.

En tanto, el gobierno nacional elevó de cuatro a cinco millones de pesos la recompensa para quien aporte datos.

 

 

 

 

 

 

 

 

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