El sistema detrás de Scapolán

 

-No es Scapolán, se trata del sistema. Un sistema perverso y disparatado.

Un especialista del caso de Claudio Scapolán, el escurridizo y hasta ahora intocable fiscal de San Isidro, repasa las audiencias del jury en su contra, que arrancó el 28 de marzo y que culminó con  una condena paradigmática el lunes 17.

-La justicia ya no puede mirar para un costado, pero el respaldo político sigue siendo inmenso. Estamos hablando de un caso donde hay corrupción, narcotráfico y violencia institucional. No se investiga la simple irregularidad de un fiscal -agrega el experto quien no puede salir del asombro cuando señala algunas maniobras de ese respaldo, como que legisladores del Frente de Todos hayan recusado a la responsable del jury de enjuiciamiento, Ana María Bourimborde, y hasta incluso pidieron su juicio político.

El blindaje de Scapolán, en efecto, seguía amparado en un amplio abanico de la política y sus influencias mediáticas, desde aquellos gloriosos tiempos donde Sergio Massa lo protegía en las huestes de Tigre.

-Con la recusación de Bourimborde se quiso retrasar el jury, porque demasiados actores relevantes no querían quedar directamente involucrados en la  inexorabledestitución de Scapolán. Pero sin tocar el sistema, Scapolán en poco tiempo pasará al olvido.

El especialista cita algo que escuchó recientemente de un renombrado fiscal en pasillos judiciales: “En poco tiempo iremos de Buenos Aires a México, sin escalas en Rosario”.

Todo para dar cuenta que lo que se jugó en el jury de enjuiciamiento de Claudio Scapolán es mucho más que un mero debate sobre la desafectación o no de un funcionario. Se trata, en rigor, de la pieza de un rompecabezas cuya mega-trama se expande en todo el mapa bonaerense entre política y narcotráfico, policías y territorios, Justicia, medios y poder: la del Estado asociado a esquemas de mercados ilegales, ya no sólo patrocinándolos, sino participando activamente y utilizando prácticas que son propias de empresas criminales, como el sicariato.

Mientras tanto, en escenarios de San Isidro, y alrededor de la fiscalía federal de Fernando Domínguez –principal investigador para poner en el banquillo de acusados a Scapolán como jefe de una asociación ilícita–, saben que sus secuaces están a la espera de cualquier movimiento para recusarlo. Tal como hicieron con la jueza Sandra Arroyo Salgado, apartada de la causa luego de, justamente, una recusación.

Sin embargo, el blindaje no es imbatible. El vertiginoso mundo de Scapolán ha perdido apoyo en la Justicia bonaerense desde que el procurador Julio Conte Grand le soltó la mano y habilitó el jury en su contra. Tal es así que en las audiencias celebradas en el anexo del Senado bonaerense, el fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez –quien alegó en representación de la Procuración– sostuvo que los delitos de Scapolán son capitales y pidió su inmediata destitución. “Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales, cuando no le correspondía hacerlo. Es decir, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandi denominado 'rulo', entre un sinfín de hechos de suma gravedad”, afirmó Gómez.

La Procuración, de ese modo, avaló la investigación embrionaria del fiscal Fernando Domínguez: planta a Claudio Scapolán en el centro de la escena, como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga en secuestros a narcotraficantes para luego venderla, bajo innumerables aprietes, extorsiones, amenazas, robo y tráfico de estupefacientes: para la Procuración, en efecto, Scapolán es culpable por “acción u omisión”.

“Apartar al fiscal de San Isidro de sus funciones implica evitar la mutación del Estado de Derecho a un Estado de violencia”, marcó enfáticamente Gómez en otro fragmento de su alegato, y más adelante dejó un interrogante que puso los pelos de punta: “¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No sólo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan”. Gómez lo describió con dos últimos adjetivos: incompetente y negligente.

Scapolán fue suspendido de sus funciones a fines del año pasado por el Jurado de Enjuiciamiento. Se dispuso un embargo del 40 por ciento de su sueldo y, además, perdió la oportunidad de renunciar a su puesto para detener su posible destitución. Antes de llegar al jury, Scapolán había comenzado a ser investigado en el Poder Judicial a partir de una primera denuncia realizada en 2016 por la ex diputada Elisa Carrió y, posteriormente, por el fiscal Fernando Domínguez y por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

Según la investigación, a la banda de Scapolán se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos, mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015. En total, el fiscal suspendido está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pero y aun así, Scapolán (de 52 años) no está procesado por esos graves delitos. En junio pasado, la Sala I de la Cámara Federal de San Martín revocó el procesamiento por asociación ilícita que pesaba sobre él y sólo confirmó la imputación por presunta falsedad ideológica de documento público en relación con el operativo “Leones Blancos”, en el que se secuestró casi media tonelada de cocaína, mientras que entre 520 ó 560 kilos de esa droga fueron robados por los uniformados a cargo del operativo, según definió la acusación.

A partir de su pesquisa, Domínguez y Arroyo Salgado procesaron a un total de 32 personas –policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes y abogados de la matrícula que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos–, que serán llevadas a juicio oral ante los Tribunales Federales de San Martín. Scapolán, por ahora, quedó afuera del proceso hasta ser destituido.

 

Manotazos

En el jury en su contra, Scapolán tomó la palabra en la defensa y repitió su libreto: que Sandra Arroyo Delgado se contradijo en sus acusaciones; que se lo juzga con prueba producida fuera del debate y que son más suposiciones que elementos comprobados. También desacreditó a los testigos –a uno de ellos, el abogado Damián Odetti, directamente lo acusó de declarar bajo el consumo de alguna sustancia–; y, por último, apuntó sus dardos al accionar de la policía.

En el jury, además, hubo un testigo de la causa que aseguró haber sido presionado por Arroyo Salgado y Domínguez para declarar. Se trata de Carlos Maidana, un ex policía federal que participó en la causa “Leones Blancos” y que hoy está detenido. Una jugada desesperada: se desdijo en todo lo que había anteriormente declarado.

“Lo de Maidana es parte del sistema perverso y disparatado, un manotazo de ahogado de una banda que se desarmó y que hoy apuesta al ‘sálvese quien pueda’. A Maidana, en su momento, la Justicia le ofreció protección y él no quiso. Y ahora terminará como el chivo expiatorio”, reflexiona el especialista del caso, que recuerda que en la trama no hay ningún “nene de pecho”.

Luego recuerda una escena de sicariato emblemática del caso: “Esta banda mandó a matar al financista Diego Guastini, después que declaró como arrepentido. No son pibes que se andaban con chiquitas. Lo mataron, además, cuando se dio un cambio de gobierno. Y los primeros policías que llegaron a la escena tenían en su celular la foto del muerto y de su lápida. Esos mismos policías tuvieron protección en barrios privados de Tigre, algunos estuvieron prófugos durante un largo tiempo. Y la Justicia orbitaba todos esos movimientos. No estamos hablando de que trucharon una firma o de una actuación malograda, como dijo Scapolán en una entrevista”.

Scapolán fue acusado por los más graves cargos que a un funcionario judicial de su estirpe pueda tocarle en vida: la de capitanear una mega-banda que desde el riñón del Estado armaba causas relacionadas con el narcotráfico.

La destitución de Scapolán  debería ser un parteaguas para reactivar el extenso expediente que hoy duerme en los tribunales.

 

 

 

 

 

 

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