Línea de conducta
Clarín debió reincorporar por orden judicial a un trabajador que despidió por causas gremiales
Alberto Romero llevaba diez años trabajando en la planta impresora del diario Clarín como jornalero, firmando contratos por día, cuando aceptó integrar la Junta Electoral del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en la elección de delegados de 2018. La respuesta de la empresa fue tan silenciosa como tajante: no volvió a convocarlo. La novedad, cinco años después, es que la Cámara de Apelaciones del Trabajo condenó a Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA, la razón social del Grupo Clarín en la imprenta) a reincorporarlo como efectivo, indemnizarlo por daño moral y colocar un cartel en la planta de calle Zepita para informar que el despido es nulo y fue producto de “discriminación sindical” en el multimedio más grande de América Latina.
El Grupo Clarín tiene un largo historial de intolerancia a la organización gremial puertas adentro. En 1991 despidió al delegado Pablo Llonto y le inició cinco causas judiciales. El periodista y abogado logró varios fallos favorables a su reincorporación pero la empresa apeló hasta que la Corte Suprema menemista la ofrendó la justificación del despido. “La sentencia inaudita reflejaba la influencia de (Héctor) Magnetto sobre los cortesanos”, recuerda Martín Sivak en su exhaustiva historia de Clarín [1].
Luego de una década signada por el debilitamiento de los sindicatos y la ausencia de negociaciones colectivas, la respuesta a la elección de una Comisión Interna con amplia legitimidad en el año 2000 confirmó una línea de conducta por parte del Grupo Clarín: con la Policía Federal y la Guardia de Infantería rodeando el edificio, echó a 117 empleados: toda la Comisión Interna, los miembros de la Junta Electoral, los participantes activos en las asambleas y todos los trabajadores que quería eliminar de su nómina. El jefe de Personal, Jorge Figueiras, alquiló 20 camionetas con vidrios polarizados para que quienes aceptaran darle la espalda a sus compañeros pudieran ingresar a la redacción sin ser vistos. Al frente del Ministerio de Trabajo que se negó a dictar la conciliación obligatoria ante despidos masivos y de neto corte anti-sindical estaba Patricia Bullrich.
El efecto disciplinador rindió frutos durante más de una década. Recién en 2012, en el marco de una incipiente reorganización del gremio que derivaría en la fundación del SiPreBA, los trabajadores de Clarín pudieron volver a elegir delegados. “En estos años, en los que lograron mantener la organización sindical, una de las prioridades de la Comisión Interna ha sido llegar a un sector en donde la persecución es moneda corriente: la planta impresora de Zepita, lindera a la Villa 21-23 de Barracas. El sector de expedición –que es parte del gremio de prensa– padece una precarización absoluta. Son jornaleros pese a tener, en algunos casos, décadas de antigüedad”, relató Tomás Eliaschev en No nos callan nunca más (CTP Ediciones, 2019).
A fines de 2014, ante una nueva elección de delegados en la redacción de calle Tacuarí, la Comisión Interna de AGEA/Clarín decidió convocar a votar también en Zepita. “Enterada, la empresa mandó a la UTPBA [2] a llamar a una pseudo elección de un día para el otro (literalmente) violando todas las normativas legales para una convocatoria. Votaron apenas siete trabajadores apretados por la empresa, a lo que se sumaron otros con jubilación anticipada a los que el diario mandó a buscar en autos”, relataron los delegados. Cuando la Comisión Interna comenzó a juntar firmas para rechazar el simulacro de elección, desde Recursos Humanos le propusieron darla de baja y convocar a comicios limpios. “A la semana nos enteramos que la UTPBA convalidaba la elección trucha y RRHH recibía gozosa a los nuevos pseudo delegados, que no eran otros que capataces encargados de amenazar y apretar compañeros”, agregaron. La cara visible del disciplinamiento en Zepita es el mismo Figueiras de los 117 despidos.
En 2016, poco después de obtener su personería simple, el SiPreBA organizó las primeras elecciones en la planta impresora de AGEA. “Tuvo que hacerse en la vereda porque la empresa no cedió ni lugar ni padrón, sólo una férrea custodia. Además amenazó con represalias a todos aquellos que participaran”, informó la Comisión Interna. Uno de los elegidos fue Alejandro Ontivero, que llevaba 11 años trabajando sin tomarse vacaciones, esperando ser efectivizado y firmando contratos por día. Apenas se enteró que iba a ser candidato, Clarín dejó de convocarlo. En 2018 la jueza de trabajo Laura Castagnino ordenó su reincorporación y su registro como efectivo. La sentencia dejó constancia de la ilegalidad de la contratación de Ontivero como “eventual” tras una década ininterrumpida en la plata y de haber firmado más de 1.000 contratos “diarios”. Tres meses después Clarín confirmaría que ningún fallo adverso condicionará sus principios anti-sindicales.
Romero también llevaba diez años de contratos diarios, categorizado como “ayudante de expedición”, cuando decidió asumir la responsabilidad de integrar la Junta Electoral en las elecciones del 1º de agosto de 2018. Apenas recibió la notificación, AGEA dejó de convocarlo, otro despido de hecho sin preaviso ni explicaciones. La empresa rechazó los reclamos de los delegados y el telegrama pidiendo la reincorporación, en el que además tergiversó y minimizó las tareas que desempeñaba. Luego de cinco años de litigio, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la nulidad del despido y ordenó la reincorporación de Romero, quien igual que Ontivero fue representado por el abogado Guillermo Gianibelli, del SiPreBA.
El voto de la jueza Gabriela Vázquez, al que adhieren Enrique Catani y María Cecilia Hockl, invoca como fundamentos normas constitucionales e instrumentos internacionales que protegen la libertad y la democracia sindical y se oponen a todo acto de discriminación. Pondera la importancia de la Junta Electoral como “organismo de vital trascendencia” para que los trabajadores elijan a sus representantes y el hecho de que AGEA no sustentó el despido en ninguna causal ni motivación. La sumatoria de indicios categóricos dejó en evidencia el “móvil discriminatorio por actividades gremiales”, concluyó la magistrada en base a los criterios de evaluación de prueba fijados por la Corte Suprema de Justicia. “Ni la libertad para contratar ni el vigente sistema de estabilidad relativa impropia que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico constituyen un bill de indemnidad o una patente para arremeter contra derechos humanos, ni menos aún para discriminar pagando”, remarcó.
La condena incluye la correcta categorización del Romero como “auxiliar y operario calificado” (acorde a las tareas y a las maquinarias con las que trabaja desde 2010), el pago de los salarios caídos, una reparación por daño moral y otra para que todos los trabajadores de AGEA S.A. puedan comprender y desnaturalizar la prepotencia patronal: en la entrada de la planta de Zepita, un cartel de dos metros de ancho y uno de alto, en letras mayúsculas y de tamaño legible, informará durante un año que “EL PODER JUDICIAL DECLARÓ NULO EL DESPIDO DE ALBERTO ROMERO, EX MIEMBRO DE LA JUNTA ELECTORAL DEL SIPREBA, POR DISCRIMINACIÓN SINDICAL”.
[1] Sivak, Matín. Clarín, la era Magnetto, Planeta, 2015, p. 317.
[2] La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) es el viejo sindicato que en enero último perdió la personería gremial en manos del SiPreBA luego de no poder acreditar la existencia de un solo afiliado cotizante en sus filas. Su último gran aporte al gremio tuvo lugar en las últimas semanas, cuando judicializó la resolución del Ministerio de Trabajo que le quitó la personería y logró que la Cámara del Trabajo le ordenara a esa cartera suspender las audiencias de las paritarias de las tres ramas (prensa escrita, radio y TV).
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