El único delito es ser mapuche

Pasaron seis meses desde que un comando del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresara a los tiros a la comunidad mapuche ubicada a 45 kilómetros de Bariloche. Rafael Nahuel recibió un balazo de 9 milímetros por la espalda, y murió mientras era trasladado hasta la ruta 40 por dos de sus compañeros, Fausto Jones Huala y Lautaro González, donde los esperaban un retén de uniformados que dejó el cuerpo herido en la banquina y detuvo a los jóvenes mapuche.

Cuatro días estuvieron detenidos Jones Huala y González, en el marco de una causa que aún —a pesar de todas las pruebas que incriminan a los prefectos— sigue caratulada NN s/muerte dudosa. Luego el juez Gustavo Villanueva los excarceló, aunque los mantuvo imputados.

A la falta de resolución del homicidio y la sumatoria de pruebas y testimonios que incriminan a los Albatros, se sumó en los últimos días una resolución de la Sala III de la Cámara de Casación —integrada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Carlos Mahiques— en la que, con planteos inquisitorios y ausencia absoluta de nuevas pruebas que modifiquen los argumentos de la excarcelación, pretende devolver a los dos jóvenes mapuche a la cárcel.

De la lectura de las dos sentencias se desprende que la pertenencia de los jóvenes al Movimiento Mapuche Autónomo Puel Mapu es el único argumento esgrimido por los jueces para solicitar la detención. El juez Riggi asoció la existencia de grupos de autodefensa del pueblo mapuche con un atentado contra el orden democrático, y consideró que el simple hecho de pertenecer a esa organización es motivo suficiente para privarlos de su libertad.

“Es un grupo de personas que resiste la autoridad de manera armada, con violencia”, planteó Riggi, quien sin tener en cuenta los resultados de todas las investigaciones, testimonios y pericias existentes en el expediente, arriesgó que los mapuches “atacaron” a los miembros de la Prefectura Naval que ingresaron al territorio.

El camarista hizo suyas las expresiones del fiscal Sabas Herrera y planteó que “aun cuando el predio (por la comunidad mapuche de Villa Mascardi) se encontraba bajo custodia policial —producto del desalojo de ocupantes ilegales que allí se encontraban— ingresó igualmente al lugar, violando la directiva impartida, permaneciendo oculto y repeliendo de manera violenta el accionar de las fuerzas de prevención”.

Es decir que el juez abona la teoría de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien pocas horas después del asesinato y sin ningún dato certero, aseguró que existió un “enfrentamiento” y que los miembros de la comunidad recibieron a los Albatros a balazos, con armas de tan grueso calibre que “arrancaron árboles”.

El magistrado recordó que “las propias manifestaciones expuestas por el imputado al prestar declaración indagatoria demuestran que no se trata de un hecho aislado sino que, por el contrario, los sucesos investigados son el resultado y forman parte de una lucha constante que vienen llevando a cabo individuos de algunas de las comunidades que allí habitan, las cuales constituyen un movimiento y que a todas luces revelan la intencionalidad de los mismos de no acatar las directivas impartidas por el órgano judicial”.

Nada dijo el juez Riggi de los 114 disparos efectuados por Prefectura; ni de la inexistencia de armas en poder de los jóvenes mapuche; de la ausencia de testimonios que acrediten la versión del Gobierno nacional  sobre la existencia de un enfrentamiento; ni del resultado de las pericias y la inspección ocular que apuntan a consolidar la idea de que se produjo una verdadera cacería en el lugar.

“El pensamiento del encartado (Jones Huala) y su consecuente proceder confesado en relación a su participación en el denominado Movimiento Mapuche Autónomo —MAP—, revela un estado de beligerancia y de confrontación con las autoridades legalmente constituidas, que nos impone remarcar ciertos criterios propios, exigibles y necesarios de la convivencia democrática y que derivan del respeto del orden Constitucional y legal de la Nación”, adujo el magistrado.

La resolución de la Cámara de Casación fue objetada a través de un recurso extraordinario por Sonia Ivanof y Matías Shraer, abogados de los jóvenes Jones Huala y González.

La posición de Riggi no sorprende. “No tengo el honor de ser del Opus Dei”, fue su respuesta cuando se le recordó su pertenencia a la ya casi centenaria secta de Josemaría Escrivá de Balaguer.

Fue nombrado en 1978 Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº4 de la Capital Federal, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla. Antes, en 1971, había tenido actividad en tribunales con un cargo en la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”.

Recordada por sus víctimas como “La Cámara del Terror” y en el cotidiano argentino como “El Camarón”, fue conformada en 1971 y entre otros muchos hechos de su acervo judicial, se le reconoce el haber rechazado los hábeas corpus de los presos fugados de la cárcel de Rawson que se entregaron en el aeropuerto de Trelew. Luego de comprobados los fusilamientos en la base naval de esa localidad, la misma Cámara absolvió a los marinos implicados en la masacre.

En 1973 Riggi fue cesanteado y relegado al último puesto del escalafón, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia y disolvió el Camarón. Sin embargo iba a recuperar posiciones rápidamente en los años previos al golpe de Estado. En 1975 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que luego fue confirmado por la Corte designada por las Fuerzas Armadas.

Su ascenso meteórico durante la dictadura tuvo su corolario cuando Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, lo cual provocó la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian, quien dijo al alejarse que no avalaría a “ningún Frankenstein”. El pliego de su ascenso fue aprobado en la sesión de la Cámara de Senadores del 16 de diciembre de 1992.

Entre otros de los destacados fallos de Riggi figura el dictado contra Ana María Fernández en la causa Cromañón. La mujer había solicitado el régimen de prisión domiciliaria en razón de ser madre de un niño de diez meses, pero el hoy presidente de la Cámara Federal de Casación Penal votó a favor del encierro del bebé y de su madre, argumentando que la cárcel no generaba un riesgo para ellos, y señalando además que Fernández se había casado con otra mujer “lo que garantizaría la presencia de dos madres en el hogar”, faltando una de ellas.

En años más recientes Riggi fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ante el Consejo de la Magistratura, y afrontó un proceso por mal desempeño luego de que salieran a la luz escuchas telefónicas donde se pactaban coimas para favorecer la situación procesal de los imputados —entre ellos el ex titular de la Unión Ferroviaria, José Luis Pedraza— por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, en octubre de 2010.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la Cámara que él mismo integra resolvió eximirlo de responsabilidad en el caso Ferreyra, y cerró toda posibilidad de continuar investigándolo por el presunto soborno.

A fines del año pasado, Riggi asumió como Presidente del Tribunal, luego de, entre otros fallos, negar la excarcelación de Luis D’Elía, en la causa del supuesto acuerdo con Irán; revocar el procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier por supuesta complicidad en delitos de lesa humanidad; y otorgar la prisión domiciliario al genocida Miguel Etchecolatz.

El fallo de Riggi y Liliana Catucci —con el voto disidente de Carlos Mahiques— deberá ser analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La causa por el asesinato de Rafael Nahuel seguirá empantanada hasta que se conozcan los resultados de las pericias realizadas a las armas secuestradas a los Albatros aquel 25 de noviembre de 2017. La medida de prueba clave es la comparación de la bala extraída del cuerpo del joven con los proyectiles testigo disparados de las pistolas Beretta y los subfusiles MP5, que estaban en manos de los seis integrantes de Prefectura que ingresaron al territorio mapuche.

Si bien los abogados de la familia de Rafael solicitaron la citación a indagatoria y procesamiento de los uniformados, hasta el momento sólo declararon aquellos miembros de Prefetura que no traspasaron la tranquera de la comunidad ni dispararon. Ninguno de los 15 testimonios avala seriamente la teoría del enfrentamiento.

Mientras la causa avanza lentamente, y con el fallo de la Cámara de Casación como paso previo a una posible nueva detención, Fausto Jones Huala sigue haciendo su vida normal.

Asegura no tener miedo a volver a la cárcel, y anticipa que continuará la lucha mapuche.

“La cárcel está dentro de las posibilidades. Yo sigo mi vida normal. La verdad que no me preocupa. Está dentro de las posibilidades. Si llega a tocar, me tocará nomás, y seguirá la lucha mapuche. No estoy escondido debajo de la cama”, dice, pocas horas antes de volver a Bariloche.

Al igual que su hermano Facundo —preso en Esquel a la espera de la ratificación de su extradición a Chile— habla de la muerte con naturalidad, ya sea por el mandato de la espiritualidad mapuche o por la convicción de que se trata de un estadío de la “lucha de liberación”.

Dos días antes del asesinato de Rafael Nahuel, Fausto y Lautaro González habían pasado la mañana y la tarde en la puerta del edificio de la Policía Federal, pidiendo la liberación de las mujeres y niños detenidos durante el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi. Allí se enteraron que algunos integrantes seguían en el territorio, y habían tenido que huir hacia el alto de la montaña. Decidieron llevarles alimentos.

El Cohete a la Luna: ¿Qué pasó el 25 de noviembre, cuándo fuiste a la comunidad en Mascardi?

Fausto Jones Huala: El viernes 24 llegamos al lugar, compartimos fogón y charlas. El sábado 25, a la tarde, de repente no escuchamos nada, se hizo como un silencio, y decidimos bajar a ver que pasaba. En la parte alta, nos cruzamos a los Albatros. Fue decir 'alto' y un segundo después lo único que hicieron fue disparar. Los teníamos a 6 o 7 metros de distancia. Empezamos a subir, llegamos a una parte más plana y les empezamos a tirar piedras. Era lo único que teníamos. Fueron varios minutos de estar peleando con los Albatros. Tenían un arma que largaba pintura y las ametralladoras. Si dejábamos de tirar piedras nos agarraban. De repente no se escucharon más tiros, bajamos un poco a ver y ya no estaban los Albatros. Estaba Rafa tirado.

Fausto no se mueve una palabra de lo que le dijo al juez Gustavo Villanueva durante la indagatoria que le tomó un par de días después de la detención. Que “no hubo enfrentamiento”, que “no había armas en la comunidad”, que “los Albatros dispararon un montón de tiros”.

“Rafa nos decía que lo dejáramos, que sigamos, pero no podíamos hacer eso”, recuerda. Cuando lo vio herido, junto con Lautaro González improvisó una camilla y lo bajó hasta la ruta 40, donde los mismos Albatros que dispararon contra la comunidad, lo esposaron y detuvieron.

“No podíamos dejarlo ahí. Lo empezamos a bajar, le decíamos que no se duerma, pero a mitad de camino ya no hablaba, estaba frío”.

Fausto Jones Huala asegura que los mapuches que luchan por su dignidad “somos muchos”, y que “en 500 años no pudieron doblegarnos. Luchamos para todos, para que nuestros hijos y nietos puedan vivir tranquilos. Hay que conocer la verdadera historia, hay que poder decir con orgullo ‘soy mapuche’. En las charlas en los fogones hablamos de estas cosas, desde hace mucho tiempo. Uno está dispuesto a dar la vida, a llegar a las últimas consecuencias. La cárcel o la muerte están dentro de las posibilidades. No tenemos miedo. Si uno anda con miedo es porque no está muy seguro de lo que está haciendo”, dice, mientras espera que las fuerzas federales lo lleven nuevamente a prisión.

 

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