PARA SALIR DEL FONDO

Se procura hipotecar los activos necesarios para construir un Proyecto Nacional autodeterminado

 

Los economistas de la oposición han construido un discurso único que repiten en los medios: la deuda es hija, o tiene origen, en el déficit. Así pregonan un falso diagnóstico a medida de las políticas que requiere el FMI para fundamentar sus exigencias de ajuste de la economía argentina.

La prédica es constante, para hacerla les es necesario sumar la deuda en pesos a la deuda en dólares. La primera es en moneda que el país emite. La segunda es en divisas. No existe homogeneidad entre ambas que permita la suma. En realidad saltearse esa diferencia fundamental para agregarlas, les resulta vital para defender el diagnóstico intencionado que vincula el endeudamiento con el déficit y en consecuencia constituir un frente pro-ajuste entre la oposición y el FMI. Esa estrategia les permite encubrir la verdadera causalidad de la deuda, que es su vinculación estrecha con la fuga de capitales, siendo esta última un rasgo fundamental del régimen del liberalismo neo que es la liberalización del sector externo y de la cuenta de capitales, en el marco de un patrón de acumulación basado en la valorización financiera.

El FMI, como es su conducta habitual, una vez que ha iniciado su co-gobierno en un país periférico se pone cada vez más duro y más concreto en sus exigencias de ajuste que provocan una redistribución regresiva del ingreso y la riqueza, y presiona hacia la realización de cambios institucionales del mismo sentido. El FMI que esta semana mantuvo sus exigencias de que el país reduzca su déficit fiscal hasta alcanzar el 1,9% del PBI en este año, insistió en la necesidad de “fortalecer” el control de los gastos y  la focalización de la asistencia social y de los subsidios a la energía. El organismo se desagradó por la moratoria previsional votada y promulgada por el poder político argentino para cumplir con el derecho de los trabajadores que llegan a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios. El Fondo “sugiere” normas para que la moratoria se direccione a los jubilados “más necesitados”. Todas estas recomendaciones son presiones para que el ajuste recaiga sobre los sectores populares y medios. La contención de gastos conllevaría mayor pobreza, recesión y desigualdad. La suba de tarifas también  tendría efectos recesivos e inflacionarios a la vez.

La medida de la moratoria previsional, resulta fundamental para un sistema jubilatorio de solidaridad basado en un régimen de reparto en una economía que tiene un nivel de informalidad no resuelto, con más de un tercio de trabajadores que no están incluidos para que se realicen los aportes legales previsionales que corresponderían, no siendo ellos los responsables de la situación sino quienes los ocupan, muchos de los cuales están también afectados por políticas económicas que tienden a marginalizar sus actividades por generar concentración y reprimarización de la producción. Pero el FMI es ajeno y crítico del derecho humano universal a la previsión social reconocido por el Derecho Internacional de los derechos humanos. En el artículo 25 de la Declaración Universal, que se asumió como parte de la Constitución Nacional se sanciona que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Además en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene el mismo rango constitucional, se dispone —en su artículo 9°— que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social” y en el artículo 2° se establece que “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Y la Constitución Nacional expresa en su artículo 14 bis que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. En el camino contrario el Fondo impulsa un cambio de régimen. Esta es la función ajena a sus estatutos que asumió desde que se convirtió en promotor del neoliberalismo a nivel global e intervino intensamente para reconvertir las economías periféricas de países pobres y de desarrollo medio a ese liberalismo neo perpetuador y profundizador de la dependencia.

Los artículos mencionados hacen inaplicables e ilegales las pretensiones del organismo multilateral de dejar fuera del alcance de la seguridad social por vejez a quienes no hayan alcanzado los aportes adecuados. Además, la presión que ejerce para que el país asuma reducciones de gastos también vulnera el dispositivo jurídico internacional y nacional que protege la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).  Y corresponde advertir que la reforma estructural siempre latente que pregonan los organismos multilaterales para el regreso a un régimen de ahorro obligatorio, en reemplazo del hoy vigente de reparto, sería violatorio de la misma legalidad expuesta. Un organismo nacido en el ámbito de posguerra en el marco del paradigma de la ONU, asume hoy el papel de promover el arrasamiento de la institucionalidad de protección de derechos humanos que se construyó en Naciones Unidas.

El Fondo Monetario Internacional también avaló la suba de las tasas dispuesta por la Reserva Federal y sus iguales de los países centrales adjudicando las dificultades de bancos estadounidenses y europeos a las vulnerabilidades financieras que habrían provocado los años de bajas tasas de interés y holgada liquidez. En su edición de esta semana, The Economist afirma que ese organismo se encuentra en una crisis de identidad que le resulta una pesadilla. El semanario vaticina que en la reunión que comenzará el 10 de abril reinará confusión sobre los propósitos presentes del organismo multilateral, “al igual que muchas instituciones liberales construidas después de la Segunda Guerra Mundial que podrían servir a los intereses estadounidenses y pretender representar a toda la humanidad, el Fondo ahora está atrapado por la rivalidad chino-estadounidense. Todos, incluidos los países que negocian y votan sobre la gobernanza del Fondo, los acreedores que prestan a los países que rescata y su personal, parecen inseguros sobre su futuro”. El conocido y respetado medio conservador explicita: “Esto es todo un revés”, y continúa: “Hace tres años, el FMI estaba a punto de orquestar una gran respuesta política a la Covid-19. En reacción a la crisis, el Fondo aumentó en 185.000 millones de dólares la cantidad que podría recaudar de los bancos centrales para prestar a economías en dificultades. Los compromisos de los países ricos, la primera fuente de capital prestado del Fondo, se duplicaron a 482.000 millones de dólares”. Negoció un acuerdo en el G20 congelando la deuda por intereses a los países pobres. Repartió 650.000 millones de dólares en "Derechos Especiales de Giro".

Pero el problema estalló porque “en medio de lo que ya es la mayor crisis de deuda desde la década de 1980… Los esfuerzos del FMI han sido paralizados, vacilantes o irrelevantes. A pesar de su enorme poder de fuego, su libro de préstamos ha crecido solo $ 51.000 millones desde que el Covid-19 comenzó a extenderse. El Fondo ha logrado aprobar solo 3.400 millones de dólares, o el 8,5 % del capital que recaudó para nuevas líneas de crédito, para hacer frente a todo, desde el cambio climático hasta la escasez de alimentos, e incluso este dinero aún no ha salido de sus cuentas. Los países pobres han atravesado la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tasas de interés, principalmente por su cuenta”.

El artículo de The Economist señala que el Fondo se ha vuelto reacio a prestar a los países de desarrollo medio como Pakistán, la Argentina y Egipto. La razón, según el análisis del semanario, es adjudicada a la incapacidad que tendrían esos países para llevar adelante las reformas. Esta reflexión ubica que el objetivo se ha desplazado en el organismo, que había sido creado para otorgar crédito para resolver desajustes por fluctuaciones en el balance de pagos de las economías, pasando en estas últimas décadas a centrarse en la realización de reformas institucionales de reconversión neoliberal y promotoras de la financiarización de los países prestatarios. La imposibilidad de avanzar en esas reformas repliega al organismo en su predisposición a prestar, reflexiona el medio inglés. También expone que las tensiones entre Estados Unidos y China atraviesan intensamente al organismo.

 

 

 

Deudas pendientes

El gobierno nacional viene aplicando como programa el cumplimiento de las metas con el FMI. La autonomía de la política económica que se proclamara al principio de la negociación, junto a la declamación de que no se aceptarían condicionalidades, quedó como promesa incumplida. El avasallamiento de la soberanía nacional ha sido consumado por el FMI, organismo multilateral que ha violado el artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que legisla: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. La autodeterminación nacional ha sido cercenada por el ejercicio de la política dispuesta por el acuerdo con el FMI. La amputación es agravada por las auditorías trimestrales del organismo, que asume la facultad de inmiscuirse en cuestiones particularísimas de la gestión cotidiana de gobierno.

Argentina no es un país con un nivel de déficit fiscal respecto del PBI que merezca una atención especial. Sin embargo, el FMI se comporta como si los niveles fueran graves. Y sus reclamos y amenazas son cada vez más duros. El objetivo es apretar el torniquete para obligar finalmente al gobierno a recurrir a reformas privatizadoras del patrimonio público, de la gestión de los servicios sociales y de los recursos naturales. La presión por la reducción del déficit y el diseño insustentable de los servicios de la deuda conducen al país a hipotecar sus activos que constituyen una base para la construcción de un Proyecto Nacional autodeterminado.

El déficit argentino respecto del PBI es inferior al promedio del que tienen las economías emergentes y de ingresos medios.  Pero el FMI le adjudica con intenciones múltiples a ese déficit la causalidad de la inflación. El organismo es el ventrílocuo de los economistas televisivos que dicen que el déficit es la causa de la inflación. Hay negocios privados a la expectativa de capturar a precio vil la explotación de actividades que el desarrollo nacional requiere que permanezcan en manos públicas. También las presiones para aumentar las tarifas, bajo el pretexto de que los subsidios desbocan el déficit, son interesadamente efectuadas para beneficiar a las concesionarias de esos servicios.

La actual gestión económica sube tarifas, se aplica en auditar planes sociales con el fin de reducirlos y bajar el gasto social, en ir hacia el objetivo de emisión cero. Toda una catarata de políticas que el vulgar diagnóstico de inflación por demanda sugiere. Es esa orientación la que brega porque no haya medidas efectivas para la recuperación inmediata y general de los salarios, aceptando la falsa razón de que serían medidas que recalentarían la demanda y la inflación. Así el Fondo exige que se combata la inflación y se ordene la economía. El Ministro Massa, con amigable llegada a círculos estadounidenses, lleva a cabo una política para cumplir con lo pedido. Las urgencias del organismo multilateral  lo movilizan más que la reversión del cuadro de pobreza y regresividad distributiva

Mientras tanto, las devaluaciones atizan la inflación, las alzas de tarifas la ayudan y las devaluaciones selectivas de bienes exportables agregan nafta a la fogata. Ahora nace el dólar agro, con una tercera época de favorecimiento a los productores de soja, y la inclusión de productos de las economías regionales para percibir un dólar mayor por sus exportaciones. Se arguye la sequía. Sin embargo, las decisiones para mitigarla podrían ser de orden vertical, es decir medidas compensatorias para los sectores, regiones y productores con distintos grados de afectación. Se elige la medida cambiaria (horizontal) porque la obsesión es aumentar el nivel de reservas, lo que resulta necesario por una parte, pero por otra reclamado por el FMI. Ocurre que el BCRA durante el actual gobierno del Presidente Fernández no hizo una administración cambiaria acorde a las necesidades del país, sino que utilizó divisas con generosidad para la atención de obligaciones financieras del sector privado. Ahora Sergio Massa da vuelta como una media la lógica de las retenciones que servían para mitigar la inflación y diversificar la producción y utiliza el estímulo del tipo de cambio para que liquiden los sojeros. En su mensaje del miércoles la preocupación por la sequía fue unilateral, nada anunció para los sufrientes sectores de ingresos bajos y fijos que están bajo las pedradas de una inflación que la política “acuerdista” con el FMI volvió a escalar a niveles del 7% mensual.

Estados Unidos se encuentra empeñado en escalar una confrontación con China, que se ha convertido en una potencia que lo iguala e, inclusive, lo supera en algunas áreas estratégicas que el mundo actual requiere. Es evidente la atención que pone la superpotencia del Norte en toda América Latina, recreando sus antiguas y tradicionales geopolíticas para alinear al continente subordinándolo a sus necesidades, prioridades e intereses. La deuda con el FMI será utilizada para presionar la política exterior, comercial, de desarrollo tecnológico del país. La Argentina tiene por resolver el desarrollo del 5G, tecnología en la que China supera a los Estados Unidos, también tiene pendiente la construcción de nuevas centrales atómicas, puertos, obras hidroeléctricas, etcétera. La deuda que Rejuntados por el Cambio contrajo y que el FMI inyectó en simbiosis perfecta es utilizada para presionar alineamiento y subordinación del país.

El presente es un momento atípico en el mundo. Se atravesó la pandemia. Hay una guerra europea que involucra aa la OTAN y que enfrenta a grandes potencias. El capitalismo está ingresando en una nueva crisis financiera. Ha tocado fin la época de la centralidad única de los Estados Unidos. La unipolaridad ha sido desplazada por la multipolaridad, que hoy se despliega en la ruptura de relaciones cooperativas y el predominio de relaciones tensas, confrontativas y competitivas. La era de la globalización y apertura en los países desarrollados es sustituida por una fase de proteccionismo. La inflación y las tasas de interés suben. El FMI está navegando por una crisis interna. Con este contexto internacional al que se agrega la sequía; con un préstamo recibido con las irregularidades con que fue concedido, un país de desarrollo medio con los recursos que tiene la Argentina no debe quedar sometido a la pasividad de transitar domesticado, como lo está haciendo, las exigencias impuestas por el organismo.

 

 

 

 

Romper la cadenas

En una nota de este título decíamos en El Cohete a la Luna del 6 de junio de 2021: “Por eso resulta necesario un cambio en la arquitectura financiera internacional. Se requiere de modificaciones sustantivas en la mirada económica del prestamista de última instancia a nivel internacional. Es incomprensible que nuevamente el FMI pretenda hacer una renegociación de deuda con una estructuración que resulta incumplible. El crédito de corto plazo que colocó en la Argentina obliga para su repago a un período de gracia y una extensión del tiempo de plazo largo para su cancelación que supera holgadamente los veinte años. Es el lapso necesario para que se reconduzca una reactivación económica que normalice las cuentas fiscales y el nivel de actividad, a la par de la introducción de las modificaciones en la estructura productiva, que amplíen y diversifiquen las exportaciones aumentando la solvencia en divisas de la economía. El camino de un préstamo de facilidades extendidas como el que tiene el menú invariado del FMI, que no cambió con la nueva gestión, lleva a recortes del gasto que ampliarían la pobreza y reducirían la demanda y el consumo, deprimiendo el nivel de empleo. Ese cambio de arquitectura necesita del reemplazo de un organismo que mezcla su carácter de prestamista de última instancia con funciones de auditor de las grandes finanzas, promotor de un patrón de funcionamiento de la economía mundial y predicador de dogmas de la economía”.

Se transitó el camino equivocado. Hoy más que nunca están dadas las condiciones internacionales que favorecen la posibilidad de una reestructuración de la deuda con el FMI que establezca períodos de gracia, extensión de plazos, quita de sobrecargos, recorte del capital adeudado y reducción de la tasa de interés. No hay reestructuración de deuda sin adoptar una posición de fuerza, sin pasar por momentos de alta tensión. El Presidente ha incurrido en la alta ingenuidad de suponer que el FMI había cambiado. Ahora se trata de que la Argentina cambie el acuerdo estableciendo una dura pulseada. Intrépida y valientemente.

 

 

 

 

 

 

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