sOLO Paliativos

 

El miércoles pasado, Sergio Massa anunció la firma de tres decretos que conforman el “Programa de Incremento Exportador”. El primero reglamenta beneficios de emergencia para los productores, que se resumen en la postergación del pago de impuestos y deudas. En el segundo se establece un tipo de cambio de 300 pesos por dólar para la exportación de soja entre el 8 de abril y el 31 de mayo, con el fin de mejorar la liquidación. También se habilitó a las economías regionales a participar del programa con la condición de que ingresen a Precios Justos y garanticen el abastecimiento de productos, a la vez de que mantengan al personal empleado, que se estima en este momento en 380.000 puestos de trabajo. En el caso de las economías regionales, el dólar agro tiene vigencia hasta el 30 de agosto. Para Massa, el resultado consistirá en “mejorar el precio para el productor, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas”.

El tercer decreto no se aboca al fomento de las exportaciones propiamente dicho, sino que complementa a los otros dos con la puesta en práctica de sanciones para las empresas que hayan incumplido con la liquidación de exportaciones. El monto total de exportaciones sin liquidar por parte de 100 empresas se estima en 4.000 millones de dólares. Esta información fue acompañada de un análisis sobre la cúpula de las 25 empresas con incumplimientos más significativos, a las que les resta liquidar 1.543 millones en total. El Ministro de Economía aseveró que “vamos a ser muy duros, vamos a activar un mecanismo de suspensión del CUIT vencidos los plazos establecidos en el decreto (30 días desde su publicación)”. El efecto primordial de esta decisión consistiría en imposibilitar el acceso de las empresas al mercado cambiario.

El “programa” llega en un momento en el que la sequía de este año produjo una baja de las exportaciones, lo que agravó la situación en la que se encontraba el país con el sector externo. Sintéticamente, la autorización del pago de la deuda externa del sector privado, junto con los que se realizaron a organismos internacionales y otros destinatarios por parte del sector público, provocaron un agotamiento tendencial de las reservas que insumió los saldos superavitarios del comercio exterior acumulados durante la gestión del actual gobierno. Esto condujo a una administración cada vez más restrictiva de las importaciones requeridas por la actividad económica y a una dificultad permanente para afrontar los vencimientos de la deuda externa correspondientes al acreedor más importante que tiene la economía argentina en este momento, el FMI. Que no es ajeno a lo que ocurre, como quedó comprobado en su informe correspondiente a la cuarta revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas que mantiene con la Argentina.

 

 

 

El problema de base

El uso de estas herramientas no se dirige al problema de base. En lo que atañe al comercio exterior, no se encuentra en la liquidación de exportaciones. Si los ingresos de divisas que tiene la economía son tendencialmente inferiores a los egresos, un ingreso no corriente –como lo representaría un incentivo a la exportación, o la liquidación de exportaciones que se encuentra en estado de incumplimiento– puede morigerar transitoriamente las pérdidas. Pero no se trata de un recurso para afrontar las dificultades de la economía argentina en forma permanente. Estos remiten a una cuestión de flujos –ingresos y egresos– a la que se atiende recurriendo al stock de divisas sin liquidar, el cual se agota una vez utilizado.

Del informe de evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publica el Banco Central se desprende que en enero y febrero de 2022 se acumuló un déficit en el mercado cambiario del Sector Privado no Financiero (SPNF) de 278 millones de dólares. En los mismos meses de 2023 pasó a ser de 1.352 millones de pesos. La explicación reside en que el superávit registrado por la rama de bienes Oleaginosas y Cereales cayó de 5.069 millones de dólares en 2022 a 1.574 en 2023. En tanto que el otro componente más significativo del SPNF –Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales, es decir las otras ramas de bienes– fue deficitario por 1.626 millones de dólares en 2023, frente a 4.078 millones de 2022. La caída de ingresos netos por exportaciones fue superior a la de egresos netos por importaciones, aun cuando la reducción de importaciones fue significativa.

Lo cual, a su vez, está teniendo consecuencias sobre la economía argentina. Los requisitos para la compra de dólares destinados a la importación ya no tienen la función de mantener un control, sino la de retacear divisas para aletargar los egresos provocados por la adquisición de insumos críticos y bienes de capital. Esto comenzó a generar problemas operativos, particularmente en la industria manufacturera, forzando a empresas a postergar proyectos de inversión o hasta a demorar la producción.

Se trata de un bloqueo al crecimiento de doble función: por un lado, las solicitudes de importaciones que no se satisfacen impiden la reproducción de la actividad de las empresas demandantes. Por el otro, la desaceleración de la actividad provocada por el retraso de los salarios frente a los precios y la reducción del gasto público en términos reales reduce la demanda de importaciones. Como el gobierno carece de reservas y las que obtiene las destina a pagar la deuda externa, no puede atender un déficit comercial transitorio. Aún si se obtuviesen ingresos por medio del resarcimiento de incumplimientos, o por el “incentivo” a las exportaciones, se utilizarían con ese orden de prioridades.

 

 

 

Consideraciones prácticas

Al alto nivel de abstracción de la complicación general deben sumarse consideraciones prácticas. El lanzamiento de medidas orientadas a obtener una mayor liquidación de dólares de las empresas exportadoras no es una novedad. Se pusieron en práctica con el dólar soja el año pasado, con ciertos resultados desde el punto de vista de los ingresos. En ese momento se trataba de incentivar a exportadores para que vendiesen volúmenes almacenados del producto, lo cual fue visto como una concesión, porque puso en evidencia que el gobierno carece de un mecanismo coercitivo por el cual forzar el ingreso de divisas sin dar lugar a la presión de las empresas para imponer la prioridad de sus propios intereses en detrimento de los del conjunto de la Nación. Este caso es distinto, puesto que el problema se origina en que hay menos oleaginosas para exportar, por más incentivos que se concedan.

En lo que respecta a las alusiones sobre los incumplimientos, se omitió el hecho de que estos se computan a partir de 2020. Aunque el monto de 4.000 millones parezca significativo, tratándose de tres años no es especialmente voluminoso. Sí sería útil captarlos en su totalidad, pero es poco realista esperar que esto ocurra. La empresa que mantiene el incumplimiento más grande, de 692 millones de dólares, es Díaz Forti. Le sigue Vicentín, con 89,5 millones de dólares. Ambas fueron investigadas y están sujetas a sanciones. La segunda es famosa por sus desfalcos, que llevaron al intento fallido de intervención en 2020. Sin embargo, no se logró que liquidasen hasta ahora, por lo cual en los hechos no hay por qué esperar que esto sea diferente. Tampoco restringir el acceso al mercado cambiario es tan sencillo. La Argentina necesita que las empresas continúen exportando, por lo que la amenaza, aun cuando se puedan coartar algunas operaciones, tiene sus límites.

Por otra parte, la distancia entre las dos exhibe otro aspecto del problema. Díaz Forti mantiene un incumplimiento de un volumen muy superior al de Vicentín. El de las empresas que les siguen se reduce hasta llegar a montos menores a los 20 millones de dólares. Y entre las 25 computan un poco menos de la mitad del incumplimiento total. Es decir que las otras 75 empresas tienen la mayor parte de los incumplimientos, pero en sí son montos acotados. Lograr que todas paguen en la medida de lo deseado es sumamente difícil, por la imposibilidad de controlar tantas operaciones pequeñas de manera simultánea. En suma, no existe un basamento sobre el que pensar que pueda modificarse sustancialmente la tensión existente en torno al sector externo.

 

 

 

Sugerencias recesivas

En el comunicado de prensa que el FMI emitió el sábado 1º de abril, cuando se aprobó el desembolso de 5.400 millones de dólares que el gobierno argentino estaba esperando recibir para retomar sus pagos al mismo organismo, se incluyó una declaración de la directora gerente adjunta del organismo, Gita Gopinath, en la que celebra las políticas de “prudencia macroeconómica” que en 2022 permitieron cumplir “con cierto margen” las metas del programa. Anunció que durante 2023 será necesario incrementar las tarifas energéticas y limitar el acceso a la moratoria previsional para “mitigar el costo fiscal”.

En el informe que corresponde a la cuarta revisión del acuerdo, las conclusiones no difieren mucho. Simplemente se agrega que todo lo que el FMI ve como necesario en materia de política fiscal genera resistencia por el descontento social que provocan la alta inflación y la retracción de la actividad económica en el año electoral. Y que el efecto de la sequía empeora el ingreso de divisas al país. Las dos cosas son ciertas. Llevan a concluir al Fondo que para que el programa tenga éxito será necesario continuar restringiendo la política cambiaria y económica. Más gráfica es la palabra en inglés tightening, que significa apretar.

En síntesis, el Fondo recomienda ahondar la recesión para disminuir el uso de dólares. Desde Hacienda le restaron importancia a estas apreciaciones, que consideran meras “sugerencias”. En realidad son muy afines con lo que se está llevando a la práctica, que no difiere mucho. La atención que el gobierno mantiene en torno a las negociaciones no se dirige a modificar el fondo del acuerdo, sino a organizar los pagos de tal forma que sean realizables en las condiciones actuales. Por eso, la principal expectativa es la de acabar recibiendo nuevos desembolsos del propio FMI o de otros organismos internacionales, a la vez que posterga pagos, como fue el caso del Club de París esta semana. Hasta que se acomoden las cuentas, crecer es un problema secundario para el gobierno argentino, que por ahora no parece poder hacer más que abjurar del libreto que silentemente ejecuta mientras recurre a paliativos de poca efectividad.

 

 

 

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