Crecimiento sin desarrollo

 

El jueves se dieron a conocer los indicadores de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2022. La pobreza alcanzó al 39,2% y creció casi un 2% comparada con el mismo período del año anterior. La indigencia prácticamente se mantuvo en el mismo nivel: descendió un 0,1%. Más de la mitad de los argentinos menores de 15 años (el 54,2%) se encuentran en esa condición. El 45% de los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años también son pobres. Más de 18 millones de argentinos viven así.

Lo que se debe observar es que en el año 2022 el PBI tuvo un crecimiento del 5,2% y que la tasa de desempleo descendió. Lo que revelan las estadísticas es que durante los últimos años el país tuvo un retroceso considerable de la participación de los salarios en el reparto de la renta nacional, caída que redundó en una mayor apropiación del excedente por parte del capital. También, que dentro de éstos los sectores oligopolizados avanzaron más que el promedio.

Un año de avance notable de la actividad económica con aumento de la pobreza otorga credibilidad al cuestionamiento respecto a que el crecimiento de por sí no mitiga la pobreza. Tampoco modera siquiera una mala distribución del ingreso. La Argentina tiene ambas problemáticas. Y las tiene gravemente. La marcha de los acontecimientos muestra que ni la redistribución del ingreso ni la pobreza son asignaturas pendientes respecto de un crecimiento que no está vinculado con su resolución. El argumento “hay que crecer porque caso contrario no habría qué distribuir” es erróneo. El crecimiento no siempre demuestra bondades de un devenir económico, en ciertas circunstancias hasta puede significar lo contrario.

Resulta clave ahondar en el concepto de desarrollo, que determinadas corrientes económicas asimilan y confunden con el de crecimiento. Esas corrientes ponen el acento sobre las cuestiones atinentes a la inversión como significativas para evaluar si se encamina una política de desarrollo. “La tasa de inversión, el financiamiento externo, los criterios de prioridad en la asignación de recursos, la movilización de los ahorros internos, etcétera, constituyen la preocupación fundamental de quienes piensan en el desarrollo como si fuera un problema de crecimiento”, observan Osvaldo Sunkel y Pedro Paz en El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Las conducciones económicas que se apoyan en este criterio ponen el esfuerzo en elaborar planes para aumentar las inversiones y asignarlas de forma tal de obtener un “determinado ritmo de crecimiento de ingreso por habitante”. Los autores mencionados señalan que en esos planes no se abordan aspectos relacionados con la productividad de las inversiones, ni sobre el impacto de las condiciones institucionales, sociales, políticas y culturales que impactarían sobre el uso de los diversos recursos económicos que participarían de los proyectos que resulten de las nuevas inversiones. Tampoco se exploran y presumen “las consecuencias de dichas inversiones sobre las condiciones de vida de la población, la distribución del ingreso… ni tampoco se procura precisar las consecuencias que tendrá el aumento de las inversiones sobre la estructura económica, política y social”. Hay otra corriente que supone que el subdesarrollo es una etapa previa al desarrollo, y asume que dadas unas determinadas características estructurales de economías subdesarrolladas existen caminos y políticas a seguir para superar el subdesarrollo y encaminarse a la construcción de una economía industrializada similar a las de los países desarrollados.

Sunkel y Paz conciben el desarrollo como “un proceso de cambio estructural global”. Sostienen la interdependencia entre desarrollo y subdesarrollo, siendo ambas estructuras parciales pero conectadas por una relación de dependencia de los países periféricos respecto a los centrales. Siendo que estos últimos tienen una capacidad endógena de crecimiento, mientras que la de los subdesarrollados es de carácter inducido. La dinámica de estos segundos resulta así dependiente y dominada por los primeros. Advierten que “una estrategia de cambio social también tiene… su lógica estrictamente económica; pero esta bien puede conducir a que una menor tasa de crecimiento del producto por habitante signifique más desarrollo que otra tasa de expansión del ingreso, si esta última no incorpora las aspiraciones y necesidades ni beneficia a los grupos en cuyo nombre se pretende realizar el desarrollo… En economías dependientes de exportaciones tipo ‘enclave’… con una actividad exportadora de elevada densidad de capital y escasas vinculaciones –o formas muy especiales de vinculación– con el resto del sistema económico nacional, como ocurre con ciertas actividades mineras o agrícolas de plantación, puede producirse el fenómeno del crecimiento sin desarrollo. Esto significa que el desarrollo debe medirse en términos de indicadores económicos, sociales y políticos que expresen la dirección y magnitud del cambio, y que las políticas de desarrollo no deben formularse en función de los requisitos técnico-económicos de una determinada tasa de crecimiento postulada a priori, sino de acuerdo con la viabilidad de determinadas políticas y de los requisitos técnico-económicos de las mismas, de donde resultará cierta tasa de crecimiento”. Entonces, el desarrollo que se conciba en el marco de un necesario proyecto nacional, popular y democrático –que supone una estrategia transformadora de la sociedad que nos legaron las políticas neoliberales– tiene al crecimiento como un medio no como un fin. La pobreza, la concentración del ingreso y la riqueza y la desigualdad social, más que tareas pendientes asoman como el resultado de una estrategia de crecimiento que atenta contra el desarrollo.

Desde esta perspectiva resulta preocupante que se asuma como viable que a partir de una política que incluye el pago de la enorme deuda contraída por el gobierno de Rejuntados por el Cambio y refinanciada por el del Frente de Todos se pueda encarar un proyecto de desarrollo. Resulta necesario impugnar el argumento de que la distribución del ingreso y la disminución de la pobreza son temas pendientes respecto al exitoso crecimiento. Los cambios de política deben encararse inmediatamente persiguiendo los objetivos de justicia social e independencia económica, que exigen una profunda y urgente reestructuración de la deuda con el FMI, y una política antiinflacionaria cuyo eje articule con un shock redistributivo que recomponga los ingresos populares.

En el reportaje que le hiciera Horacio Verbitsky, el ministro Sergio Massa se refirió con amplitud y optimismo al impacto sobre el crecimiento y el ingreso de divisas que sobrevendría en los próximos años por la construcción de obras de explotación y transporte de gas. Expansión que permitiría afrontar los pagos al FMI. Pero la idea de que la economía crezca en la explotación de recursos naturales para pagar deuda lleva implícita la adecuación del ritmo de las obras y el diseño del desarrollo del sector a las necesidades de afrontar compromisos financieros. Massa se refirió especialmente al gas y el petróleo. También se refirió al litio. Crecer en esos sectores estando pendientes de su aporte para pagarle al FMI no es un buen camino.

La explotación de los recursos naturales debe proveer divisas para la diversificación de la producción nacional, la industrialización, el crecimiento de la producción de ciencia y tecnología. Para adquirir una capacidad endógena de crecimiento y evitar una lógica inducida desde afuera. Esto implica la no adaptación a producir lo que “el mundo” nos demanda, sino tener autonomía para decidir cuál será la inserción internacional del país. Esto significa que la dinámica del funcionamiento de la economía se dirima en un ampliado, creciente y poderoso mercado interno. Una política dirigida a una expansión del mismo supone el insumo de divisas. Su disposición requiere de alivianar sustantivamente los compromisos financieros y de realizar una severa y eficiente administración del comercio exterior, de todas las relaciones financieras del país, tendiente a ahorrar divisas. Resulta indispensable la adopción de legislación y normas dirigidas a frenar e impedir la fuga de capitales. Esto requiere un funcionariado convencido de que las mayores regulaciones son el camino para lograr esos objetivos.

Un área con tanta potencialidad como el de la minería debe ser organizada con una presencia decisiva del sector público en la dirección, regulación y producción. Resulta imprescindible que el valor agregado maximice los encadenamientos productivos y genere actividad y empleo para la pequeña y mediana empresa nacional y los trabajadores.

 

 

 

Ejercer el poder

El actual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa un co-gobierno con políticas que han fracasado en los objetivos que se le adjudicaron. Atacar la inflación restringiendo la emisión y bajando el déficit fiscal no ha arrojado ningún resultado, por el contrario la misma ha crecido producto de la suba de tarifas, las devaluaciones permanentes, las altas tasas de interés, la escasez de reservas, como dice el documento “Quebrar la inercia inflacionaria”, del Foro Economía y Trabajo.

La cuestión distributiva requiere de una definición política: la participación de los trabajadores en el ingreso sólo podrá modificarse desde la política y con la movilización de los trabajadores. El gobierno debe intervenir para que los salarios recuperen un nivel acorde con los necesarios para el despliegue enérgico de un mercado interno. Porque se impone salir definitivamente de la lógica neoliberal que excluye al Estado de su rol en la economía y que la promueve como una esfera privada.

Sería muy grave que la falta de determinación para realizar las intervenciones necesarias que recompongan, junto al nivel de vida, la confianza popular en la capacidad transformadora de la política, conduzca a una profundización de un escepticismo que abra el paso a un resultado electoral que habilite la captura del poder por los liberales neo dispuestos a acometer un rumbo de desorganización nacional, autoritarismo político, remate de los recursos naturales, enajenación del patrimonio público y restaurador de la lógica deuda-fuga.

Por el contrario, es necesario recuperar la concepción respecto a que los derechos de propiedad son una cuestión sujeta al debate de la sociedad. Que se deben regir por las resoluciones de la vida política y que no se constituyen en forma natural y fuera de ella. No son un atributo que precede a la voluntad ciudadana. Esta reconstitución conceptual es un requisito para el ejercicio de un poder político mucho más potente. Potencia necesaria para actuar sobre los precios, para apropiarse de las rentas extraordinarias y cobrar impuestos sobre las habituales en una economía que se apresta a explotar vastísimos recursos naturales. Potencia necesaria para aumentar la presión tributaria sobre los que más tienen y para realizar una reforma impositiva de carácter progresivo. Potencia necesaria para aumentar el volumen de crédito y dirigir su asignación. La reconstitución conceptual debería recuperar el espíritu del constitucionalismo social de la Constitución de 1949; pero actualizado por la nueva dogmática de las nuevas constituciones sancionadas en América Latina en las últimas décadas, que incluyen los mecanismos de participación popular y expansión democrática.

La desvinculación de los precios locales de los internacionales, el control del comercio exterior y el sostenimiento de una política de regulación de las importaciones se impone para expandir el empleo, mejorar los salarios, salir de la pobreza y favorecer la industrialización y autonomía nacional.

Los temas abordados, a los que se suma la indispensable e integral reforma financiera, constituyen cuestiones programáticas necesarias de abordar en el debate actual. Lo que significa que la potencialidad de un proyecto popular, nacional y democrático requiere de un profundo giro respecto de la política económica llevada a cabo durante el gobierno del Frente de Todos. Los debates no pueden remitirse a resolver las cuestiones de las candidaturas exclusivamente. Lo programático para construir una alternativa popular y transformadora es imprescindible.

Los desafíos del presente nacional e internacional y el viraje necesario en el Frente de Todos subrayan aún más la necesidad de luchar contra la proscripción de Cristina Fernández y la necesidad insustituible de su candidatura presidencial.

 

 

 

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