Trampolín a la Corte

 

Al cierre de esta edición de El Cohete, el viernes 31, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) renovaba en asamblea su conducción. Mera formalidad, porque una única lista había oficializado postulantes. De ese modo, el mayor interés se trasladó a la conformación de la nómina para el nuevo mandato de una institución que expone, como otras del campo del derecho, los vasos comunicantes entre los ámbitos académico, judicial y político desde su fundación en la Córdoba de 1979, cuando la dictadura había subordinado la Constitución a lo que llamó su “Estatuto”.

La lista reunió unidad a instancias del doble presidente (de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura de la Nación) Horacio Rosatti, cuyo hijo Emilio llegó a la asamblea de la AADC como secretario general saliente y candidato a una vocalía titular, y la incatalogable Elisa Carrió, que se postuló para integrar el tribunal de conducta. Notable convergencia del antiperonismo nacional con el justicialismo sui generis santafesino.

Carrió se reservará para sí una cuota de poder interno, dado que el tribunal puede aplicar sanciones que van de la amonestación a la expulsión. Una incógnita que podrá revelarse con este nuevo escenario será si la lideresa de la Coalición Cívica mantendrá su espíritu fiscal si el vástago del supremo reincide en conductas como las que se conocen en su provincia de origen.

Mientras tanto, Rosatti y Carrió tienen enemigos comunes. Uno es el kirchnerismo. Otro, el también cortesano Ricardo Lorenzetti. Con elecciones presidenciales a la vista, no parece un ejercicio estéril enfocar en la mujer que presidirá la Asociación y, espaldarazo supremo mediante, parece revelarse como la gran candidata del sector para ocupar uno de los asientos que la Corte de cuatro caballeros adeuda a la paridad de género. 

 

 

Pasajes a Guatepeor

Aunque el estatuto de la AADC continúe redactado en masculino, nuevamente será presidida por una mujer: Marcela Basterra. Su candidatura, sin embargo, fue promovida por una confluencia de hombres: además de Rosatti, bajo cuya dirección publicó en 2013 “algunas reflexiones sobre avances y retrocesos en el último decenio” en materia de libertad de expresión, Basterra es considerada un alfil del alcalde porteño y aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta. Nacida en la rionegrina localidad de Ingeniero Jacobacci, antes había sido la candidata de Carlos Soria para integrar el máximo tribunal de la Justicia provincial. La muerte del recién electo gobernador, el 1 de enero de 2012, frustró esa posibilidad.

En 2014, Basterra ingresó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, órgano pródigo en viáticos en moneda extranjera. En enero de 2016, viajó a Perugia, Italia, para un curso de doce días. El Consejo le otorgó 3125 euros y los pasajes. Siendo ya presidenta del cuerpo, en 2017, recibió 3.500 dólares y los aéreos para representarlo en Centroamérica durante un lapso similar en la suscripción de dos convenios. Esa resolución fue firmada por su vice, Alejandro Fernández, auditor general de la CABA durante los dos mandatos de Mauricio Macri como alcalde.

 

 

 

Para ellos, honores

Las millas acumuladas en vuelo no son el rasgo más interesante de la biografía profesional de Basterra. De su currículum académico emerge un entramado de relaciones de profunda vinculación con los ámbitos político y judicial.

Formada en la educación superior privada, Basterra arribó a la AADC por su cargo como profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ganó en un concurso cuyo polémico trámite demandó una década.

En 2016, un lustro después del llamado inicial, el Consejo Superior de la UBA acordó la propuesta de jurado para la cobertura de dos cargos en la materia Elementos de Derecho Constitucional. Lo integraron el ex juez y procurador mexicano Diego Valadés y los argentinos Alberto Bianchi y Jorge Vanossi.

El último es un nombre particularmente significativo en la historia política doméstica de fines del siglo XX y principios del actual. De prosapia alvearista, antiperonista y opositor interno de Raúl Alfonsín, el ya octogenario Vanossi supo ser el primer candidato de la Unión Cívica Radical a tercer senador por la CABA, pese a haberse opuesto a esa incorporación alfonsinista a la Constitución reformada en 1994. Más tarde acompañó como ministro de Justicia la experiencia presidencial del senador justicialista Eduardo Duhalde. En 2003 se convirtió en el primer adelantado radical en respaldar la carrera política de Macri. Faltaba más de una década para que sus correligionarios siguieran ese camino, consintiendo ser furgones de cola del PRO en los comicios presidenciales de 2015.

Durante el trienio que inició en 2016, mientras se resolvían el concurso de la UBA y algunas de sus instancias de apelación, Vanossi presidió la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Entre mediados de octubre y el primer día de noviembre de 2017, la entidad recibió como académicos “de número” a Bianchi y “correspondiente” al extranjero Valadés, los otros dos integrantes del jurado. La designación de Valadés se aprobó el 11 de agosto de 2016, a propuesta de un grupo liderado por Vanossi. Un día antes, el Consejo Superior de la UBA había emitido la resolución por la que conformó el jurado integrado por ambos.

El orden de mérito que produjeron fue unánime. Basterra quedó en segundo lugar, detrás de Pablo Manili, y obtuvo uno de los dos cargos en concurso. Los vínculos entre los miembros del jurado y sus criterios para calificar a las y los aspirantes no fueron los únicos elementos que emergieron en el largo recorrido posterior de reclamos, que recién culminó en 2021. 

 

 

Para ellas, contratos

Uno de los aspectos más polémicos del concurso que convirtió a Basterra en profesora titular de la UBA, abriéndole puertas solo reservadas a ese rol, fue el relacionado con las designaciones en el ámbito de la Justicia porteña de las esposas de dos de los tres miembros del jurado.

En junio de 2016, Basterra se convertía en vicepresidenta del Consejo de la Magistratura porteño que integraba desde fines de 2014 y el Tribunal Superior de Justicia designaba sin concurso en una de sus unidades a Sara Llorente. Uno de los avisos de condolencias por la muerte del empresario azucarero Carlos Blaquier indica que sigue siendo consorte de Vanossi.

El nombramiento de Llorente respondió a lo que la resolución respectiva enuncia como la solicitud y el deseo del juez José Casás, consentido por sus colegas del TSJ, Luis Lozano y Alicia Ruiz. La Constitución de la CABA, que no desconocerán tan destacados especialistas, indica que quienes integran el TSJ solo pueden ser removidos por juicio político y reserva al Consejo de la Magistratura el ejercicio de “facultades disciplinarias respecto de los magistrados” y “decidir la apertura del procedimiento de remoción”.

Más directa aún fue la situación en torno a la esposa y socia del otro integrante local del jurado, Alberto Bianchi. Estela Sacristán fue contratada por el Consejo de la Magistratura, también sin concurso y a solicitud de la propia Basterra, para cumplir funciones en su unidad. La contratación se resolvió en febrero de 2016, retroactiva al mes anterior y renovándose periódicamente, mientras su marido era jurado del concurso académico de su jefa. Así continuó hasta diciembre de 2018, según indica el currículum vitae de la contratada.

La cadena de relaciones cruzadas de poder no motivó la excusación de los integrantes del jurado ni produjo una modificación de su decisión, cuando la vía administrativa e incluso la judicial debieron expedirse sobre recursos de postulantes del concurso académico. Sin embargo, el reglamento que rige en la UBA incluye entre las causales que obligan a un jurado a excusarse el haber recibido “importantes beneficios del aspirante” o estar vinculados por amistad manifiesta. La circunstancia ni siquiera fue informada por el jurado y la postulante al resto de las personas que concursaban.

Los reclamos administrativos no tuvieron eco y lo mismo ocurrió en los estrados judiciales, que habitualmente eluden intervenir, esgrimiendo que se trata de un tema protegido por la autonomía universitaria. Paradojalmente, quien no comparte esa óptica es el propio Bianchi. A mediados de la primera década del siglo escribió que un concurso académico no es “una cuestión política exenta de la autoridad de los magistrados judiciales”. La opinión formó parte de su comentario del fallo de la Corte Suprema ante un recurso que contra la UBA elevó Ana Piaggi, por entonces esposa de Vanossi. Los nombres se repiten. Los criterios, no tanto.

Como Basterra, Sacristán se formó en una universidad privada y solo recurrió a la pública para obtener un posgrado. Desde noviembre de 2013, coordina una de las comisiones de la AADC. Su ex jefa la presidirá por impulso de Rosatti y Carrió, como posible trampolín hacia una Corte que amenaza acentuar su perfil ya ultraconservador.

Si esa presunción se cumple, su eventual arribo al máximo tribunal cubriría la participación femenina omitida desde que Elena Highton se jubiló en 2021, pero como emergente de una madeja de relaciones de poder en que los hombres aparecen como administradores de prestigio y las mujeres como receptoras de contratos. Con altos salarios y no pocos privilegios, pero contratos al fin.

 

 

 

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