Aniversario, dolor y esperanza

 

Yo pensaba que este aniversario, para quienes somos grandes y conformamos el movimiento de DDHH, tendría que ser victorioso, en el sentido de que los objetivos del movimiento triunfaron frente la dictadura y que, aunque hubiera sido mucho tiempo después, existió un acercamiento a la Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares y que por ello tendrían que surgirme fácilmente las expresiones de festejo y alegría, pero repentinamente no pude escribir nada. Y solo podía sentir tristeza y dolor, como si recién hubieran sucedido los hechos aberrantes del terrorismo de Estado.

Y recordaba que quienes en ese tiempo ya éramos abogades y prácticamente vivíamos fuera del Estado de derecho debido a los golpes de Estado militares, a la declaración de estado de sitio —que en realidad era la situación normal y mayormente vigente—, que daba la facultad al Poder Ejecutivo de detener sin causa a los ciudadanos, sabíamos que nuestra tarea era posibilitar que en vez de la detención se autorizara la salida del país tal como se preveía constitucionalmente. Pero se había derogado esta posibilidad, solo cabía la detención. Lo que no sabíamos entonces era que el destino era la desaparición de las personas.

Hasta 1976 las personas jurídicamente podían estar en dos condiciones: vivas o muertas. Los militares inventaron la tercera categoría: desaparecidas y esto hasta muy avanzada la dictadura no lo supimos, como tampoco supimos que los compañeres no estaban muertes, sino en ese destino desconocido y pasó un tiempo hasta que pudimos analizar qué hacer, qué caminos  teníamos que tomar o qué inventar como modo de luchar contra una dictadura que había derogado la existencia de las personas.

Y esto es lo que quizás nos sostuvo ante tanto dolor y nos mostró además un camino para el ejercicio del Derecho y esto quizás es lo que en el nuevo aniversario nos permite festejarlo.

En una reciente nota, Marcelo Figueras recordaba el momento en que Néstor decidió derogar las leyes que impedían juzgar a los genocidas (que el Congreso llevó adelante en 2003, al poco tiempo de la asunción de Kirchner, y que la Corte Suprema —que era otra Corte— certificó en 2005). Figueras y un amigo que almorzaba con él habían oído la anécdota de labios de Alberto Fernández, que tenía fresco el desconcierto que sintió cuando Néstor le dijo que tomase alguno de los proyectos de derogación de la amnistía presentados en el Congreso, para impulsarlo. “Pero, Néstor —dice Alberto que le dijo entonces—, mirá que esto nunca pasó en la historia”. A lo que Kirchner le respondió: “Bueno, entonces será la primera vez”.

“Desde mi condición de profesor de Derecho penal yo funcionaba de otra forma, me preguntaba si eso era jurídicamente viable”, recordó Alberto. “Y él me vio cara de no estar en la misma sintonía y me dijo: ‘Probamos con la obediencia debida y nos fue mal. Probamos con el perdón y nos fue mal. ¿Por qué no probamos con la justicia?'”.

Eso. ¿Y si probamos en calcular menos y en temer menos y ayudamos al pueblo argentino a actuar en defensa propia, haciendo lo correcto?

¿Por qué no probamos con la justicia, comenzando por reformarla?

¿O nos va a encontrar el próximo aniversario del 24 de marzo ante la juristocracia y ante el gobierno del Partido Judicial?

¿O vamos a formar parte del Nunca Más?

 

Lucila Larrandart es profesora consulta de la Facultad de Derecho de la UBA y Premio Azucena Villaflor 2021 por su actuación en defensa de los DDHH.

 

 

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