Juez sin parte

 

El bonaerense Luis Carzoglio ya no imparte justicia, a partir de la destitución que el macrismo residual refrendara de apuro el 9 de marzo, coincidente con la fecha en que se daría a conocer el veredicto contra Cristina Fernández. Este (ex) juez había denunciado que personal de la Agencia Federal de Inteligencia, por interés del anterior Presidente, le había puesto a firmar una orden para detener a Hugo y Pablo Moyano. Aquella injerencia estuvo en línea con el complot conocido como la Gestapo antisindical.

Su condena solo pudo ser unánime por la ausencia de las diputadas del Frente de Todos (FdT), lo que provocó “desazón” en la defensa que reparó en que litigaron en el salón de la CONADEP bajo un cuadro que decía “Nunca Más”, al tiempo que “nos obligaban a descender al sótano de la democracia”.

 

 

 

 

 

 

Disciplina tour

Luego de su negativa a formar parte de una persecución sin pruebas y con injerencia del Poder Ejecutivo por sobre el Judicial, el perseguido pasó a ser Carzoglio.

Buscaron con qué disciplinarlo; encontraron una vieja denuncia por maltrato laboral, a partir de alguna discusión de una década atrás. Con eso, solo quince días después del 16 de octubre 2018, día en el que el juez no hizo lugar a la detención de Moyano, el procurador Julio Conte Grand impulsó el jury. Lo apartaron el 5 de diciembre.

La velocidad del proceso se repitió este verano. En diciembre se notificó de las audiencias de enjuiciamiento para, luego de la feria y a pesar del calor extremo, convocaron a ochenta testigos en cinco días para apurar su destitución el 9 de marzo, aniversario del decreto 4.161 de la dictadura fusiladora que prohibió mencionar a Perón, día de expectativa por la sentencia a CFK.

 

 

El dúo dinámico

El ex juez y su abogado, Diego Raidan, reconstruyeron ante El Cohete su devenir.

—¿Cómo se conocieron?

—Cuando era juez atendía a abogados penalistas, como Raidan. Tras mi destitución, vino a preguntarme si iba a defenderme solo. Respondí que era abogado. Me dijo que la mano venía pesada y que, como musulmán, sentía que Alá quería que hiciera un acto de bien; me ofreció su defensa gratis.

A su lado, Raidan asentía, a la vez que describía las dificultades que afrontó durante el último año de Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación: “Recibimos siete inspecciones de la AFIP en este estudio y la visita de dos agentes de la AFI para presionarnos”.

—¿Qué pasó con los de Inteligencia?

—Los eché ni bien empezaron a hablar. No me interesaron ni los nombres, ni nada —relata Raidan.

—¿Qué llegaron a decirle?

—Cuestiones que me reservo.

—¿Qué apariencia física tenían?

—Comunes y corrientes. No podría identificarlos, no creí que fuera necesario; no me sentí amenazado. Apenas comenzó una conversación que, por mis valores, consideré que no debía tener, los eché.

—¿Qué consecuencias tuvieron las inspecciones de la AFIP?

—Todas. Las presiones de la AFIP llevaron casi a la pérdida del Estudio. Gracias a Dios, seguimos adelante. Eso cesó al terminar el mandato de Macri.

—¿Hubo más amedrentamientos?

—Una amenaza de muerte, el 16 de octubre, a la esposa del juez.

 

 

 

 

Una vida en Derecho

La “visita” de Rubén Di Pasquale y Juan Sebastián De Stéfano no era la primera injerencia de “los servicios” en la carrera que Luis Silvio Carzoglio rememoró para este medio.

Nacido el 21 de junio de 1949, tenía 24 años en el bullicioso 1973, cuando acompañaba al doctor Salvador Puglia (juez de Trabajo) en su cruzada por independizar los Tribunales de Avellaneda respecto del departamento de Lomas. Siempre trabajó y, recién en la segunda mitad de la década del ‘80 pudo comprar su vivienda, en la localidad de Piñeyro, gracias a un crédito.

En 1995, cuando regresó a la actividad política con el justicialismo, retomó junto a otros cinco abogados la lucha por tener Tribunales locales hasta que, el 24 de agosto de 1999, por medio del legislador Héctor Alice (PJ) se presentó la redacción del primer proyecto de ley pro Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. En el 2000 murió su padre, oficial de la Fuerza Aérea, quien dejó pendiente un juicio de jubilación que él seguiría.

Hacia 2004, durante una cena en la Municipalidad de Avellaneda, la secretaria técnica le adelantó: “El intendente quiere que rindamos examen para ocupar las nuevas Fiscalías”. Carzoglio se negó, pero al otro día se puso a estudiar.

Aprobó tres exámenes para ser fiscal; otro, para juez de Paz, y el de magistrado de Garantías. Por entonces, con sus cuatro hermanos cobraron la retroactividad del juicio. Su parte le sirvió para cancelar el crédito hipotecario. Aún con lo justo, “caminaba desde la estación Banfield a Larroque para ahorrar y comprarme una hamburguesa” después de 34 años como abogado

Designado el 7 de julio de 2008, asumió el 6 de octubre en el Juzgado 9 descentralizado en Avellaneda. “El intendente Baldomero Álvarez me dio un teléfono Nextel porque, según me advirtió, tenía mi teléfono pinchado. No le hice caso”, recuerda. ¿Quién estaría interesado en controlar a un juez novato?

 

 

Internas policiales

Hacia noviembre de 2008 le propuso al jefe distrital Jorge Bonino: “¿Qué le parece si me quito la toga, se quita el uniforme, y tomamos un café a ver cómo sacamos la droga de Avellaneda?”. “Nunca tomamos ese café”, precisó. (Bonino es el actual subsecretario de Seguridad en Lomas de Zamora).

En mayo de 2009, sufrió el secuestro de su hijo durante cuatro horas, algo que vio bajo el espectro de las internas policiales. De ellas dio detalles durante el jury: en julio de 2009, el comisario Hugo Ricardo Brullo, de Avellaneda 3ª (Dock Sud), le había adelantado: “Voy a ser jefe distrital, en unos días veré al gobernador”. No llegó.

Poco después, el juez recibió un llamado de Brullo para advertirle que la fiscal Mariela Bonafine allanaba su seccional por una denuncia anónima sobre faltantes de drogas decomisadas. El juez de Garantías, que no fue avisado, anuló el procedimiento.

Luego de la divulgación en la prensa, la dependencia fue intervenida por el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. Mientras, la directora de Asuntos Internos, Alejandra Provítola, aclaraba que se investigaba un oficio judicial que indicaba que la marihuana desaparecida de la comisaría había sido enviada a un Juzgado federal.

Carzoglio destacó: “Vino el hijo de Pepe Eliaschev (Tomás), con quien hablé. Después tituló en la revista Veintitrés: ‘Hacete amigo del juez’ y me pusieron como cómplice”. La crónica, sin embargo, no dejaba bien parado al oficial que el juez consideraba “flor de policía”.

A la luz de los años, Carzoglio cree que esa denuncia partió de una interna: “Aquel allanamiento perseguía el ascenso del comisario Villar, hoy jefe de la AMBA Sur 1”. En efecto, el comisario mayor Javier Villar pasó de la Departamental de Lanús a ser jefe de la de Avellaneda y, ya con Sergio Berni como ministro, ocupa la Superintendencia que cubre la zona de Avellaneda, Lanús, Quilmes, Varela y Berazategui.

Para Carzoglio, aquello fue el detonante de un “acoso” por parte de la fiscal Carla Musitani, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Avellaneda, que minó su autoridad como juez. “Me acusó de haber usado un Nextel de la Municipalidad” (el que le había dado el intendente).

Esta semana, la abogada Débora Carreño, del Estudio Privanza, recordó que era el único magistrado que, cuando estaba de turno, ponía un cartel en la puerta de su despacho con el número del Nextel por si los defensores tenían una urgencia vital para un detenido.

 

 

Bergoglio

Como no quería trasladar a su casa las presiones entre las que vivía, telefoneó a la Catedral Metropolitana, le explicó a Olivia, secretaria del cardenal, que necesitaba ser escuchado. A los diez minutos, recibió la respuesta de Jorge Bergoglio: “Venga mañana a las 14”. Allí, luego de hablar por más de media hora, oyó: “Mire, Carzoglio, usted es un tipo muy decente, tiene que seguir así, pero tendrá muchos enemigos”. Esa entrevista lo animó a dar a conocer, en octubre de 2010, el problema con la UFI 4. Hasta que, como relata: “Un día vino la fiscal Musitani a decirme: ‘Ponete contento, te archivé la causa por obstáculos institucionales’”.

 

 

Una década juzgada

Aquellos y otros ruidos en la carrera de un juez penal del primer cordón sur del Conurbano bonaerense sirvieron para sostener la acusación del delegado macrista en la Procuración provincial.

La formal acusación fue llevada adelante por Julio Conte Grand, a quien le atribuyen “mala fe y un manejo permanente del jury para amilanar a los testigos”. Ante eso, resolvieron desistir de los últimos cinco testigos, de 55 que llevaron. (Conte Grand fue encaramado como procurador por la gobernadora Eugenia Vidal a un cargo vitalicio, del que solo puede ser apartado por fallecimiento, renuncia o juicio político). Al frente del jury estuvo la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, a quien, según Raidan “le faltó conocimiento de la ley 13.661 y del Código de Procesal Penal de la PBA, lo que llamó la atención”.

 

 

Sentencia

Contra Carzoglio, Silvina Salazar declaró que él le ordenó ir a la Municipalidad a contar manifestantes “si había menores, si estaban con palos, con armas, con capuchas”. La abogada fundamentó su negativa. Dicen los compañeros que todo fue a los gritos.

Otra acusación fue sobre allanamientos irregulares, por lo que la jueza Kohan pintó al juez “como un operador negligente” que, sin ser competente, “ordenó sin determinar día ni hora”. Y evaluó un allanamiento al Colegio de Abogados como “una disputa política” con “coerción pública”.

La defensa llevó testigos de la bonhomía del juez y, en cuanto al procedimiento sobre el Colegio de Abogados, recordó que el artículo 23 del Código Procesal bonaerense habilita que sea allanado en urgencia, que es lo que Carzoglio firmó. Sin embargo, fue imputado con los mismos argumentos con que otro (el doctor Prieto) fue sobreseído: “Le hicimos leer la resolución ante Conte Grand y ahí vimos la reacción contra su fiscal Prieto. No se midió con la misma vara; una persona que fue imputada terminó siendo testigo; llevado por esta defensa”.

Sin embargo, eso no le fue perdonado por los abogados Pablo Esteban Perrino, Graciela Beatriz Amione, Jorge Pablo Martínez, Juan Emilio Spinelli y Pedro Jorge Arbini Trujillo. También votaron en contra los legisladores de Juntos Ismael Passaglia, Erica Revilla y el filo radical Walter Carusso (Espacio Abierto). No asistieron las diputadas oficialistas Maite Alvado y Débora Galán.

 

 

 

En pos de conocer el motivo de sus ausencias, El Cohete se comunicó con ambas. La primera, militante de La Cámpora en la Sexta Sección electoral, no respondió el correo. La representante del Frente Renovador afronta situaciones personales que le impidieron estar activa, según contestó su vocero de prensa.

Carzoglio esperaba otro compromiso para evitar un voto unánime, sobre todo porque —al decir de su abogado— “fue la piedra fundacional para desbaratar al espionaje en la Argentina”.

—¿Coligen que este proceso busca un disciplinamiento judicial? —preguntó El Cohete.

—Coincido. Al destituir a Carzoglio sin probar nada, muestran lo que puede pasar con aquel que no se adoctrina. Demuestra que Conte Grand es el hombre más poderoso de la provincia —evaluó Raidan.

—¿Se contactaron con otros miembros del Poder Judicial que admitieron injerencias de los servicios de Inteligencia?

—No; ese pudo haber sido un pequeño error, no habernos unido las víctimas de lo mismo.

Destituido e inhabilitado, Carzoglio adelantó su apelación y se refugió en las manifestaciones solidarias de la titular del bloque del FdT en el Senado, Teresa García, del ex intendente Álvarez, de radicales de Avellaneda y, esta semana, otra vez, del papa Francisco. Al recordar al pontífice, su voz se quiebra; al igual que en el jury. La perito psicóloga le dijo que lo veían angustiado. “Lógico. Me quedé sin nada; soy un ciudadano de quinta. Dicen que ahora puedo dar clases. Y sí, puedo hablarle al rector de la Universidad de Avellaneda, pero ¿con qué cara? Lo expongo ante los medios”.

Piensa trabajar como abogado. “Le dije a (Adriana) Coliqueo, mi acusadora: ‘Quiero pasarme a (el Colegio de Abogados de) Avellaneda’”. Mientras, este hombre de 73 años arma reuniones vecinales, cada quince días, en las siete localidades de su pueblo, para dar las explicaciones que le requieran.

 

 

 

 

Los alegatos de Carzoglio y los de la acusación se registraron el 3 de marzo.

 

 

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