Más Estado, menos violencias

 

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó el penúltimo día de febrero el primer informe estadístico producido a partir del nuevo Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), en cuyo diseño y puesta en marcha trabajó desde comienzos de 2021 e incluyó como eje del Plan Nacional de Acción en la materia para el bienio 2022-2024. Entre sus lineamientos de base, el Plan había remarcado tres que se plasman en este acervo estadístico: la producción de “información veraz y oportuna”, la articulación entre los niveles de la administración pública y la premisa fundante de “Más Estado, menos violencias”.

Una versión resumida del conjunto de estadísticas elaboradas a partir del SICVG fue circulada por la cartera nacional el mismo lunes 27, mientras que se encuentra en proceso de revisión final un estudio más detallado, demorado ante el inicio de la cuarta edición del festival “Nosotras movemos el mundo por la democracia” y otras actividades conmemorativas del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

El Sistema, que se nutre de datos aportados por organismos del Estado, procura clasificar la información desde un enfoque estadístico, constituirse en una herramienta de información y articulación para los organismos y reparticiones adherentes y servir de monitoreo de la respuesta estatal ante las denuncias y consultas, siempre resguardando la confidencialidad.

Al constituirse a partir de esas fuentes, la estadística recogida refleja más la recepción y acción u omisión del Estado que el universo de casos producidos. De ello resulta, por ejemplo, que en la progresión histórica se advierta un incremento en los últimos dos años. El salto no permite concluir ni descartar que los casos de violencia por motivos de género hayan aumentado, pero sí es un indicio de que ha mejorado el registro para aquellos que se tradujeron en denuncias o consultas. La diferencia entre ambos tipos de intervenciones estatales es la trazabilidad que los datos recogidos permiten o no efectuar.

 

 

De Registro a Sistema

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) supone una superación del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM). La reformulación no es sólo nominal, aunque en el nombre sí se expresa una de las principales innovaciones: se incluye también a personas del colectivo LGBTI+ y se contemplan las interseccionalidades, que cruzan al género con otras situaciones de vulnerabilidad. En tal sentido, entre las víctimas registradas en el informe del SICVG:

 

 

Por otra parte, el paso del RUCVM al Sistema Integrado constituyó una reorientación conceptual y metodológica. Lorena Balardini, directora técnica de Registros y Bases de Datos del Ministerio, relató a El Cohete que “una de las primeras conclusiones de nuestro diagnóstico inicial fue que el concepto mismo de Registro Único es difícilmente aplicable, porque hay múltiples instituciones en los diferentes niveles del Estado que reciben la información de modo fragmentado y tienen sus propios objetivos y formas de registro”. Esa situación volvió necesario estructurar nuevos modos de articulación.

En cuanto a lo metodológico, la constitución de un Sistema Integrado como el actual buscó variar la idea de una base de datos meramente extractivista, de flujo unidireccional: bajo la órbita del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el viejo Registro Único agrupaba información remitida por los organismos y jurisdicciones adherentes, pero no ofrecía formas de devolución para que pudieran utilizar el resultante en políticas de abordaje en la materia. Esta modalidad, a su vez, dejaba fuera a sectores del Estado que producían información pero no contaban con desarrollo tecnológico suficiente para sistematizarla del modo requerido para su integración en la base de datos nacional.

El SICVG, en cambio, fue pensado no sólo como recopilación estadística sino también en tanto herramienta de gestión y está disponible en línea para que pueda ser utilizado fácilmente por aquellos organismos que necesiten cargar y clasificar los registros que producen y pueden recuperarlos de modo interactivo. De esa manera, la implementación del nuevo Sistema representa además una asistencia presupuestaria indirecta, que beneficia a aquellas jurisdicciones que no disponen de recursos para proyectar un diseño propio de clasificación de datos.

 

 

¿En todo estás vos?

Los casi 700.000 registros de asistencia procesados para el informe presentado por el Ministerio inician en los asentados desde 2013. Diecisiete provincias y siete organismos nacionales habían aportado datos al RUCVM, mientras que en el actual SICVG confluyeron los de nueve áreas de género provinciales, seis municipales, un organismo judicial, cinco dispositivos territoriales de protección y cuatro programas del Ministerio que el Presidente Alberto Fernández creó al asumir, en diciembre de 2019.

El federalismo y la división de poderes, sumados a la carencia de una ley específica, impiden que la contribución de datos de todos los niveles verticales y horizontales del Estado sea obligatoria. El camino, señalan desde el Ministerio, es la persuasión y el trabajo conjunto entre equipos técnicos, que logre consolidar mecánicas mínimas de trabajo más allá de los colores políticos en gamas que se diversifican aún más cuando la escala cromática se amplía a provincias y municipios. En este último caso, además, el mapa argentino sigue siendo impreciso: ni siquiera es posible determinar la cantidad y diversidad de formas de gobierno local que hay en el país.

No obstante, la cartera nacional ha logrado reunir la adhesión de todos los Ejecutivos provinciales, aunque todavía resta que algunos se incorporen de lleno al Sistema Integrado.

No es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que demora en firmar el acta de acuerdo, disponible desde que a comienzos de 2021 se lanzó y abrió a adhesiones el SICVG. La rúbrica es un resorte exclusivo de su máxima autoridad política, el jefe de gobierno y aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta. El trabajo entre equipos técnicos, aseguran desde la cartera nacional, es satisfactorio. Sin embargo, la suscripción se demora y nada parece indicar que vaya a concretarse próximamente: ante una consulta de El Cohete a la Luna sobre las razones de la dilación, fuentes del gobierno porteño se limitaron a indicar que su jurisdicción ya cuenta con un sistema integral de registro de estos casos, cuya administración está a cargo de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

El mapa incluido en el informe difundido por la cartera nacional el lunes 27 reporta casi 50.000 registros en la ciudad de Buenos Aires, volcados desde otros canales de recepción. Representan el 7,3% del total nacional, aunque el porcentaje desciende si se lo calcula en relación con su población. Como no se cuenta con los datos de la jurisdicción sub-nacional de gobierno, es un ejemplo demostrativo de que lo recolectado por el informe no debe tomarse como el total de casos producidos sino como el más acotado universo de los aportados por los organismos entre aquellos que requirieron intervención estatal.

 

 

 

 

La violencia dentro del Estado

El informe del SICVG arroja datos que esa salvedad estadística no relativiza. Son superiores al 95% los registros en que las personas en situación de violencia de género fueron mujeres, el ámbito el doméstico y el agresor un hombre, en la mayoría de los casos pareja o ex pareja de la víctima.

También resulta interesante la aparición de registros correspondientes a modalidades de violencia de género que poco a poco comienzan a ser desnaturalizadas. En algunos casos, implican al propio escenario estatal. Ya ha superado el 1% el número de registros de violencia laboral y lo mismo ocurre con la institucional, correspondiendo más de la mitad a acusaciones contra uniformados policiales o de fuerzas armadas. En tanto, comienzan a aparecer también registros de modalidades que denotan la violencia política, la obstétrica y la ejercida contra la libertad reproductiva.

En el caso de la violencia política por razones de género, su tipificación en la legislación es muy reciente. A fines de 2019 el Congreso añadió entre las modalidades de violencia contra las mujeres a aquella que impidiese, desaliente o menoscabe su participación política. Unos meses antes, en mayo de ese año, se había incluido también entre los supuestos la ejercida en espacios públicos.

En cuanto al tipo de respuesta estatal, el grueso de las intervenciones recogidas en este informe estadístico del SICVG se concentró en las de tipo policial (49,5%) y las de servicios de justicia (43,7%). El 24,6% de los casos asentados requirió la intervención de centros de salud.

La más frecuente medida de protección dictada fue la prohibición de acercamiento del agresor. El porcentaje de secuestro de armas (2,5%) es inferior al de acceso de las personas agresoras a ellas (23,2%) e incluso al índice de lesiones con armas de fuego (2,8%) o corto-punzantes (12,1%). Si bien los porcentuales son fruto de lo declarado por las víctimas, sin un cotejo o entrecruzamiento posterior, esta situación se incluye entre las abordadas en el trabajo conjunto entre la Secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género y el Ministerio de Justicia de la Nación.

 

 

El hueco legal

Aprobada por el Congreso horas después del Día Internacional de la Mujer de 2009, la ley 26.485 estableció un sólido piso a partir del cual –como su título indica– “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Sin embargo, al crear el Sistema Integrado el Ministerio encontró que los lineamientos de la legislación eran basales pero insuficientes, ya que no contemplaban a las situaciones de violencia de género contra las diversidades ni a modalidades que fueron apareciendo y creciendo desde la sanción de la ley, como la producida en el ámbito virtual.

Por otro lado, se hace evidente la necesidad de preservar avances como los ofrecidos en estos años por el Ministerio a través de iniciativas como el SICVG, creado por resolución ministerial pero cuya consolidación por ley aún está pendiente.

De ese modo podrían reducirse los riesgos de que un eventual cambio de gobierno signifique la destrucción o paralización de todo lo trabajado. Así ocurrió cuando Mauricio Macri sacó al viejo Registro Único de la órbita del INDEC y lo entregó vacío de presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. Unos meses antes, la entonces directora Fabiana Tuñez había calificado a Macri como “el feminista menos pensado”.

 

 

 

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