La lenta verdad del crimen

 

Cuarenta y cinco años después de la muerte violenta del obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, la Cámara Federal de Rosario dispuso reabrir la investigación, por tratarse de un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado terrorista. Para ello declaró nula la investigación de la justicia provincial realizada en 1978 y la de la justicia federal, que se desarrolló a partir de 2004 y que culminó en 2021 con un fallo del juez federal Marcelo Bailaque, quien entendió que no había nuevos elementos de prueba que justificaran la reapertura. La sala de la Cámara Federal de Rosario integrada por los jueces Guillermo Toledo y Fernando Barbará (la tercera integrante, Elida Isabel Vidal, no votó) declaró el carácter de cosa juzgada írrita las actuaciones previas, por constituir un remedo de juicio. Ponce de León murió el 11 de julio de 1977 cuando el auto Renault 4L en el que se dirigía a Buenos Aires fue embestido de frente a la altura del kilómetro 211 de la Ruta Nacional Nº9 por una camioneta F-100 perteneciente a la empresa Agropolo, que era pantalla de la SIDE. Su conductor, Luis Antonio Martínez, fue condenado por homicidio culposo, es decir accidental. Una de las pruebas que se tomaron en cuenta fue “un documento de la entonces Secretaría de Inteligencia de Estado, presentado y aportado a la causa por el periodista Horacio Verbitsky”. Aquí podés leer parte de la investigación que realicé sobre el asesinato del obispo, y aquí el nexo que logré establecer entre ese accidente simulado y el similar que un año antes acabó con la vida del obispo riojano Enrique Angelelli.

Un elemento decisivo que tomó en cuenta la Cámara fue el peritaje realizado por el ingeniero Licenciado en Accidentología Vial Jorge Geretto, quien mediante el programa de última generación PC-Crash, determinó que la camioneta estaba cruzada transversalmente y detenida sobre la ruta, a la espera del vehículo del obispado. El principal responsable, coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe del área militar, falleció, y están bajo prisión domiciliaria los entonces mayores Antonio Federico Bossié y Omar Andrada, oficiales de inteligencia del Ejército que sindicaron a Ponce de León como oponente y blanco a eliminar y el entonces capitán Luis Landa, quienes serán llamados a declaración indagatoria. Tanto las presentaciones de los fiscales Juan Patricio Murray (el irlandés obstinado que consiguió la reapertura de la causa) como Matías Felipe Di Lello, y los querellantes por las seretarías de derechos humanos de la Nación, Evangelina Lardone, y de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Mennichelli, como los camaristas Barbará y Toledo, citaron abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la cosa juzgada írrita. Aquí podés leer la sentencia completa.

 

 

 

 

 

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