Rosatti, derecho y humano

 

En las primeras semanas del año, cuando el Presidente Alberto Fernández le envió una carta de solidaridad, trascendió a nivel nacional la situación que sufre el matemático Hugo Aimar en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) con sede en la ciudad de Santa Fe.

Entre 2014 y 2019, Aimar dirigió el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL), con doble dependencia del CONICET y la UNL, y desde mediados de 2022 pende sobre su carrera el lento calvario de un trámite de juicio académico solicitado por seis de sus colegas, lo que derivó incluso en un grave episodio de salud.

El juicio académico es el instrumento previsto en el mundo universitario para considerar la remoción de integrantes del plantel docente. En el caso de Aimar, sus casi 70 años y la cercanía de su retiro lo convertirían en un proceso prácticamente abstracto, con efectos solo simbólicos. Disciplinantes hacia quienes, entienden en el entorno del matemático, puedan expresar públicamente como él cuestionamientos al macrismo o al ex intendente Horacio Rosatti, docente de grado y posgrado de la UNL al que en 2015 el entonces Presidente Mauricio Macri designó por decreto en la Corte Suprema de Justicia que por su propio voto encabeza desde 2021.

En palabras del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, el pedido de apertura de un proceso contra Aimar “castiga la disidencia política y busca disciplinar a los integrantes de la comunidad académica en un homogéneo oficialismo partidario”.

La correlación entre las expresiones críticas del investigador y las respuestas institucionales en su contra parece coherente con un ecosistema académico en que conviven el radicalismo universitario de la UNL, que tuvo representación en el gabinete de Macri, y el peronismo santafesino del que proviene Rosatti. Una estirpe tan singular como lo expresa la trayectoria de uno de sus principales referentes recientes, el fallecido ex piloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann, que pasó los últimos años de su vida en las vecindades de Juntos por el Cambio.

 

 

 

Aquí me pongo a Cantard

También abogado, aunque con menos pergaminos académicos que Rosatti, el radical Albor Cantard llegó a rector de la UNL en 2007 para completar el mandato de su correligionario Mario Barletta, que acababa de ganar la intendencia de la capital santafesina.

En 2010, Cantard alcanzó la reelección para un nuevo periodo en el Rectorado. Permaneció en la gestión hasta diciembre de 2015, cuando asumió en la Secretaría de Políticas Universitarias que originalmente Macri había pensado para el productor del programa de Alejandro Fantino, Juan Cruz Ávila.

El ascenso de Cantard se festejó en su universidad de origen el mismo día: su vicerrector y reemplazante, Miguel Irigoyen, invitó al plenario del Consejo Superior de la institución a celebrar la designación.

Hugo Aimar, que integraba el Consejo en representación del estamento docente de la Facultad de Ingeniería Química, fue el único en objetarlo. El matemático consideró un contrasentido aplaudir la inclusión de un miembro del oficialismo universitario local en un gabinete que ya había abandonado los tonos disimulados de la campaña electoral, mientras otros participaban en una gestión provincial —al menos, nominalmente— socialista. “Lamentablemente, la historia nos ha demostrado las piruetas que este radicalismo está dispuesto a hacer para ejercer su fobia a los gobiernos populares”, graficó el entonces consejero superior de la UNL a El Cohete.

Aquella de la intervención de Aimar fue la última sesión del Consejo antes del receso estival. Apenas concluido, un grupo de investigadores del IMAL vinculados al oficialismo pidió su renuncia al cargo de director, que había ganado por concurso. El matemático consultó con el área jurídica del CONICET, que opinó que el pedido era improcedente.

Enrique Mammarella, entonces decano de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, facilitó al grupo destituyente su pase del IMAL a las aulas universitarias. En 2018, Mammarella fue electo rector. En abril de 2022 el bloque radical del Consejo Interuniversitario Nacional lo impulsó a la presidencia del organismo, que reúne a las universidades públicas de todo el país. Otra vez un radical santafesino ganaba la pole position opositora en el mundo académico.

No parece que Aimar haya estado equivocado en sus reparos de 2015. Dos años y medio más tarde, las políticas universitarias del macrismo se habían traducido en un retroceso salarial que llevó al sector a cumplir varios días de huelga. Cantard, que ya era diputado nacional por el oficialismo, consideró que “la cantidad de docentes universitarios que hay en el país es excesiva”.

 

 

Mejor no Aga nada

En mayo de 2017, la Corte Suprema disparó multitudinarias protestas en varias ciudades cuando pretendió aplicar un beneficio derogado, el cómputo del “2x1” sobre los montos de las penas, a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Rosatti, docente de Derecho Constitucional de la UNL, fue uno de los integrantes de la mayoría.

El Foro contra la Impunidad y por la Justicia —integrado por Madres de Plaza de Mayo e Hijos, entre otras agrupaciones— reclamó a la UNL que repudie el fallo y separe al supremo de la dirección de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos, una propuesta de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. La remoción no implicaba el despido de Rosatti de un puesto de trabajo, como pretendió interpretar el rector Irigoyen, sino la finalización de una designación política sin otro requerimiento que una decisión de igual naturaleza por parte de las autoridades universitarias.

Aimar fue el único representante docente en el Consejo Superior de la UNL que acompañó el pedido del Foro, señalando a sus colegas que si la institución no separaba al supremo por imperativo moral al menos debería hacerlo para evitar la publicidad negativa: la de una carrera de posgrado sobre derechos humanos, bajo la dirección de un juez que desde el principal tribunal del país propiciaba la enésima forma de impunidad de los perpetradores del terrorismo de Estado.

En sentido contrario operó el entonces decano de Ciencias Jurídicas y Sociales, el abogado Javier Aga, que primero procuró retirar el tema de la discusión pública en el Consejo Superior y, una vez enclaustrado en su Facultad, promovió que se mantenga a Rosatti en su cargo.

Ahora secretario de Relaciones Institucionales del actual rector Mammarella, Aga supo congratularse de que su Facultad haya sido la primera del país en oponerse al memorándum de entendimiento que el gobierno de Cristina Fernández proponía suscribir con Irán, por entender que —contra su objetivo explícito— configuraba una maniobra en busca de encubrir a los acusados por el atentado que en 1994 sufrió la sede de la DAIA en Buenos Aires.

Esa opinión de la Facultad no logró reunir pruebas ni indicios serios en los que apoyarse, pese a lo cual Aga la considera un hito a la altura de los festejos de la comunidad universitaria santafesina por la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial o la previa recepción de docentes perseguidos por los regímenes totalitarios de la Europa de los años ‘30.

En 2020, la Facultad entonces dirigida por Aga auspició la conferencia “Democracia, Estado de derecho y combate a la corrupción”. Presentado como docente universitario, el disertante a cargo era el ex juez brasileño Sergio Moro, que tras perseguir y finalmente proscribir sin pruebas a Lula da Silva asumió como ministro de Jair Bolsonaro. La organización de la conferencia en Santa Fe ofició como respuesta a la suspensión de una disertación de Moro que había sido anunciada en la Universidad de Buenos Aires, pero que debió ser cancelada ante la andanada de cuestionamientos recibidos.

 

 

La Guerra del Cerdo

El cargo de director de la maestría en Derechos Humanos no representa para Rosatti un ingreso significativo. La última declaración jurada que el magistrado cargó a la web con que pretende brindar “transparencia activa” corresponde al periodo 2021. Allí se cifra como remuneración para el cargo unos 28.000 pesos, el 0,19 % de lo que el juez santafesino percibía como miembro de la Corte Suprema según el mismo documento.

Es fácil concluir que, más que el salario, importan otros factores. Dos probables son el capital simbólico que reproduce el mundo académico y la posible incidencia en la formación de nuevas generaciones de profesionales, que a su vez serán futuros y futuras señorías. También, según apuntan quienes conocen el ambiente de la UNL, el reparto de espacios de poder entre un radicalismo que consolidó hegemonía y un peronismo sui generis que se adaptó a la situación. El también abogado y docente Guillermo Munné, que integra el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, explicó en 2021 en El Cohete cómo la pertenencia a la UNL funciona como uno de los ámbitos de constitución y afianzamiento de lazos en la familia judicial y su prosapia.

Cuando en dos oportunidades emergió en la tribuna pública del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, la voz del matemático Aimar rompió lo incuestionado de ese ecosistema. Desde que el investigador criticó la continuidad de Rosatti como director de la Maestría, indicó el Foro en enero último, “no cesaron las marginaciones” en su contra en actividades académicas y “especialmente por el grupo que conduce la Facultad de Ingeniería Química”.

Instrumentos para ello suelen ser la distribución de cargos, los concursos con que se ocupan y la publicidad asignada a los trabajos y méritos de cada sector. Llamativo resulta que, de la docena de integrantes del equipo de investigación formado por Aimar, nadie haya alcanzado siquiera un cargo de ayudante de docencia en la UNL. Tampoco pudieron cargar y corroborar el proceso de acreditación de carreras ante la comisión nacional que se encarga de ello, pese al número de tesis dirigidas por el investigador en sus cuatro décadas de trayectoria.

A mediados de 2022, el mismo grupo que en 2016 había intentado desplazar a Aimar presentó un pedido de juicio académico en su contra. Las y los firmantes, con vinculación al macrismo a través del “Consejo Argentina 2030”, situaron los hechos denunciados en el periodo en que revistaron en el IMAL bajo la dirección de Aimar. Es decir, al menos un lustro antes de formular la presentación, efectuada cuando el acusado ya no era autoridad.

El ejemplo que consideraron más ilustrativo de la persecución institucional denunciada fue, según pudo saber El Cohete, lo que configura una realidad de verificación cotidiana en buena parte de los centros de investigación de doble dependencia entre el CONICET y una Universidad: los intereses muchas veces encontrados o la superposición o distribución de funciones. Hasta el momento, la UNL ha ignorado al organismo científico en la consideración de admisibilidad del pedido de juicio académico, pese a que el grupo denunciante sitúa las acusaciones en un instituto que depende de ambos.

Consultado para esta nota, Aimar indicó que también se le reprochó el modo de redactar algunos de sus correos electrónicos en pandemia, cuando no lograba obtener respuesta por parte de la Facultad y las medidas de prevención contra el COVID-19 le impedían concurrir presencialmente. Ante la falta de comunicación, recuerda, consultó si desde la UNL habían iniciado una silenciosa guerra del cerdo.

Tal vez las autoridades de la Facultad de Ingeniería Química no hayan leído la novela de Adolfo Bioy Casares ni visto la versión con que Leopoldo Torre Nilsson la llevó al cine. Eso podría explicar que malinterpretasen la alusión literaria del investigador de casi 70 años, que junto a su grupo de trabajo volcó su pericia matemática al análisis de variables de avance y prevención de la pandemia, tanto en Santa Fe como fuera de ella.

 

 

 

 

 

 

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