Compañero Amazon
Los flancos débiles de Precios Justos y la ingenuidad de abrirle la puerta a la multinacional
Sin duda la integración de Sergio Massa al Frente de Todos contribuyó al triunfo en las elecciones presidenciales de 2019, hito fundamental por haber evitado daños mayores al pueblo argentino de parte del macrismo y sus aliados.
Desde el inicio del gobierno, la incesante actividad parlamentaria de Massa al frente de la bancada oficialista en Diputados fue decisiva para lograr la aprobación de leyes (como la del Aporte Extraordinario en plena pandemia) cuestionadas férreamente por la oposición.
En agosto de 2022, luego de una decepcionante gestión de Martín Guzmán, Massa asumió al frente del Ministerio de Economía con funciones ampliadas a todas las áreas clave para la gestión económica de la Nación, junto a un conjunto de personas de su confianza técnico/política.
A sabiendas de que una política de contención de precios es condición necesaria para evitar un mayor deterioro del castigado poder adquisitivo de la población, en medio de la ilusa creencia de que el diálogo y la persuasión permiten siempre el logro de objetivos públicos, el ministro ideó un mecanismo de “control voluntario” por parte de los grandes formadores de precios (mayormente, empresas multinacionales) basado en la zanahoria de otorgarles el derecho a importar (al dólar oficial) insumos, bienes y servicios (supuestamente) necesarios para mantener la producción sin discontinuidades –tanto para el mercado interno como el externo– a cambio de que mantengan su oferta de productos a precios controlados.
Sin embargo, luego de cuatro meses de gestión, el ministro Massa, que había prometido un descenso de medio punto por mes de inflación, decidió desechar Precios Cuidados e instalar el programa Precios Justos, al comienzo descansando en la colaboración para el control por parte de la ciudadanía y de organizaciones sociales y sindicales, y recientemente con el aporte de Amazon (la todopoderosa multinacional que aún no había logrado hacer pie en el país) y Arsat (empresa pública argentina de telecomunicaciones), que aportarían el soporte informático para controlar en la nube virtual de Amazon millones (sic) de precios.
“Sale la app, entra Amazon”, tituló La Nación el 3 de febrero, y relató que Massa y su secretario de Comercio, Matías Tombolini, destacaron que la nueva fase de Precios Justos llegaba con un cambio en la forma de control. “En noviembre, los dos funcionarios habían puesto el acento en la posibilidad que tenía cualquier ciudadano de controlar los precios a través de la app Precios Justos, que se presentó entonces. Hoy, en el CCK nadie mencionó a la aplicación y en cambio se celebró (sic) que para asegurar el cumplimiento se desarrolló un software especial, junto con Arsat y la multinacional Amazon Web Services, que permitirá detectar en forma automática cualquier ‘desviación’ en los precios”, informó.
Acerca de los alcances de los acuerdos de precios, el congelamiento y el tope del 3,2% mensual rigen oficialmente para todos los canales, aunque en los hechos solo se respetan en los grandes supermercados. El propio Massa reconoció esta situación cuando destacó en su discurso que el llamado “canal moderno” (las grandes cadenas) había “ganado seis puntos de participación” en el total de ventas de los últimos meses, a costa de almacenes, pequeños supermercados y autoservicios chinos. O sea, mayor concentración económica, más cierre de pequeños comercios y caída del empleo.
La idea de que se trata de un acuerdo limitado a algunos canales también fue confirmada por empresas de otros rubros que acaban de adherir a Precios Justos. “Para nosotros no rige para todos los productos, sino para un listado de artículos que le pasamos a la Secretaría”, explicaron en una marca de indumentaria. Aunque el equipo económico dispuso que los incrementos de lo que está por fuera de la canasta sean del 3,2% mensual, las empresas de consumo masivo negociaron “excepciones”. “Las distorsiones de precios son cada vez mayores, al punto tal de que muchas veces los comerciantes de almacenes y autoservicios encuentran los productos más baratos en las cadenas que lo que les ofrecen los distribuidores o mayoristas. El gobierno es consciente de esta realidad, pero poco tiene para hacer (sic), ya que es un sector altamente atomizado (sic)”, explicó Infobae [1].
A dos meses del inicio de Precios Justos, ya hay 540 productos que en febrero subirán hasta un 9%, por encima de la pauta oficial establecida. “Con el adelanto de la discusión y estas autorizaciones puntuales, previo análisis de los costos, el gobierno buscó darles un respiro (sic) a las compañías”, añadió.
Pablo Moyano, líder del sindicato Camioneros y triunviro de la CGT, consideró que “es medio raro” el control de precios online anunciado por Massa, y pidió “tomar medidas más fuertes” [2]. Al referirse a la polémica que se generó cuando Camioneros colaboró con la fiscalización de Precios Justos, lamentó que “nos trataron como que íbamos a entrar a romper los supermercados, a pegarle a la gente que no cumplía, cualquier barbaridad. Hubo un ensañamiento hacia nuestra organización gremial. Cuando fuimos a contribuir con el gobierno hemos detectado la cantidad de camiones de distinta mercadería que no llegan a la góndola. Eso quiere decir que esconden la mercadería para seguir remarcando”, apuntó Moyano.
Ese fue el motivo clave para interrumpir la fiscalización de precios por parte de la ciudadanía y procurar hacerlo exclusivamente en el gabinete económico mediante el acuerdo con Amazon. “Así nadie se podrá sentir molesto con los chalecos de verificación. Veían un chaleco de alguien verificando en un supermercado y entraban en pánico”, ironizó Massa en referencia a la participación militante de sindicatos y organizaciones sociales en los controles, que despertó preocupación entre los supermercados.
No obstante, llevará un tiempo terminar de ajustar el anunciado sistema de control vía Amazon/Arsat, que básicamente ha sido concebido para evitar la participación ciudadana y de organizaciones sociales interesadas en que el control funcione.
En la publicación especializada Esfera Comunicacional, Abraham Lavarsav advierte: “Lo más sorprendente es que el equipo de desarrollo de aplicaciones de Arsat no sabe de qué se trata el panel tecnológico que usará junto con Amazon. Tampoco se conoce cuál es el aporte de la empresa de telecomunicaciones pública en el acuerdo mencionado, el cual tuvo una ‘celeridad en su ejecución’ que no permitió que Arsat desarrollara tal app. Según se pudo averiguar informalmente, luego de una etapa inicial con el aporte de Amazon (AWS) el panel tecnológico sería ‘mudado/instalado’ en el data center de Arsat”. Y termina conjeturando el experto: “Varias situaciones se configuran a partir del panel tecnológico a instalar en la empresa pública, ya que al parecer AWS, la nube Amazon, compite con los servicios en la nube Arsat. ¿Cómo será esta convivencia?”.
Las consideraciones expuestas por Lavarsav exhiben ciertos flancos débiles del esquema de Precios Justos actualmente vigente, además de cuestionar el rol de socio bobo que tendría Arsat en el mismo y la ingenuidad estatal de abrirle la puerta grande a un pulpo como Amazon, que no anda haciendo precisamente filantropía por el mundo.
Mónica Peralta Ramos destacaba la semana pasada en El Cohete “la urgencia de articular una plataforma de Control Social de Precios y Abastecimiento en todas las cadenas de valor que cuente con la participación de ONGs de consumidores, movimientos sociales, sindicatos, grupos políticos y empresariales, y actúe a nivel barrial, municipal, provincial y nacional. Esto ayudará a poner límites a la remarcación monopólica de precios y contribuirá a crear conciencia, organización y solidaridad social”.
Por todo lo anterior, esta segunda etapa de Precios Justos será de reducida viabilidad económica (en el mejor de los casos controlará algunos precios en un reducido segmento de comercialización), mientras políticamente va en la dirección opuesta de lo que el movimiento nacional y popular requiere, en línea con un gobierno que mayormente ha decepcionado al pueblo, desmovilizado frente a un poder económico que acecha salvajemente.
[1] Infobae, 9 de febrero de 2023.
[2] Ámbito Financiero, 7 de febrero de 2023.
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