TRANSFORMACIONES E INSTITUCIONES

 

Para avanzar, los gobiernos nacionales, democráticos y populares necesitaron recurrir siempre a reformas institucionales de fondo. Es imposible la construcción de una institucionalidad permanente que constituya una formalidad en la que puedan habitar esos proyectos con otros neoliberales. Una Corte Suprema construida para defender el poder del establishment no podrá ser nunca funcional a dirigir la administración de justicia de un poder democrático. Una legislación financiera neoliberal es contradictoria con una política de desarrollo e independencia económica. Una ley de Inversiones extranjeras que no suponga una regulación estricta de su destino y una diferenciación respecto de los deberes y derechos con respecto a las empresas nacionales inmaduras sólo servirá a la dependencia del país.

La construcción de una institucionalidad diferente importa un grado de confrontación de los sectores populares con el poder político y económico concentrado. En un texto citado abajo (DT 37 del CEFID-AR) se explicita respecto de los cambios de leyes que rigen al sistema financiero, que las reformas nunca se dieron de forma espontánea y menos, todavía, de manera armoniosa. Fueron fruto de fuertes embates políticos entre sectores que propulsaban proyectos antagónicos: “Los años en que fueron llevadas a cabo las reformas no fueron casuales, sino que marcaron la vida política de la Nación”.

Los cambios institucionales no son ajenos a las condiciones de inserción de la Nación en las relaciones internacionales. No es la misma mirada que tuvo el peronismo respecto al FMI que la sostenida por los gobiernos dictatoriales que se desplegaron con posterioridad.

Es que el liberalismo y la democracia son términos contradictorios. Ronald Burtenshaw sostiene que “la derecha se autoproclama campeona de la libertad, pero cuando analizamos su historia nos damos cuenta de que siempre tuvo otra prioridad: la defensa de la propiedad y de los propietarios… En el mismo sentido, la derecha defiende el orden, pero estuvo dispuesta a quebrar constituciones cada vez que un gobierno electo puso en cuestión las relaciones de propiedad”. Burtenshaw luego se refiere  a los libertarios citando a Von Mises y a Von Hayek, “Comprender la esencia propietaria de la derecha es fundamental porque sirve para desmitificar una tradición que suele presentársenos de una manera completamente distinta. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el liberalismo libertario y el fascismo compartan un linaje común? Y no es una tesis polémica. En Liberalismo, libro de 1927, Ludwig von Mises, uno de los padres de la escuela austriaca, escribió que los fascistas estaban "colmados de buenas intenciones" y que el fascismo era un "parche de emergencia", necesario para proteger la civilización europea de la amenaza del socialismo. Y no es una excepción: Friedrich Hayek defendió a Pinochet y a Salazar diciendo que estaban a la cabeza de "gobiernos autoritarios bajo los cuales la libertad personal está más segura que bajo las democracias", y los Chicago Boys de Milton Friedman trazaron la hoja de ruta económica de la gestión de Pinochet. La cuestión de los derechos de propiedad sobre los medios de producción constituye una cuestión central del debate y la disputa actual.

La Argentina vive desde hace siete años una ofensiva de despojo de los ingresos de los trabajadores por parte de los propietarios de los medios de producción. Los salarios del sector formal privado han caído un 16,9%, los del sector formal público un 22,5% y los informales un 32,5% entre el primer semestre del año 2016 y el segundo semestre del 2022, según datos del CEPA. ¿Es el resultado del devenir natural? No. Es la consecuencia del embate del bloque de poder económico concentrado cuando una Alianza política, cautiva defensora de sus intereses, asumió el gobierno. Una vez que el desastre que ocasionó arrojó fuera del poder a Cambiemos, la estrategia consensualista del Frente de Todos fracasó en revertir los daños ocasionados por el gobierno de derecha. Las políticas de redistribución de ingreso requieren poner un límite a los derechos de propiedad e implican construir un poder político que sea capaz de subir los salarios por encima de los precios, de recomponer el nivel real de las jubilaciones y otras asignaciones sociales. La política de direccionar el crédito y las inversiones externas importan la definición estatal sobre el destino de flujos de fondos privados. Sin esto no hay desarrollo, podrá haber crecimiento sin desarrollo, sobre todo de las ganancias empresarias.

El conflicto distributivo y el conflicto sobre el alcance de los derechos de propiedad sobre medios productivos (muy diferente al de la propiedad personal), no es transhistórico sino que pertenece a una etapa de la historia de la humanidad. Es un desafío de un movimiento popular abrirse paso para poder superar la institucionalidad que el único gran relato que hoy hegemoniza el diseño de la construcción social quiere establecer como normalidad: el relato capitalista-neoliberal, que en su versión cruda asume la forma del liberalismo libertario.

 

 

 

Cuarenta y seis años y ella sigue vivita y coleando

En la semana que empieza se cumplirán cuarenta y seis años de la sanción de la Ley de Entidades Financieras. La 21.526 fue el cambio institucional axial para la construcción del patrón de valorización financiera que reemplazaría al de industrialización por sustitución de importaciones, interrumpido por el régimen terrorista de Estado. Unas cuantas cosas han cambiado desde la vuelta a la normalidad institucional, y distintas políticas se han aplicado, pero esa Ley –aún con modificaciones— permanece como pilar fundamental de la organización económica nacional. Un paso trascendental para la consolidación de un régimen productivo diferente será la derogación de la Ley 21.526 y su reemplazo por otro cuerpo legal que diseñe un sistema financiero para el desarrollo, ya que aquélla fue el botón de comando de la financiarización de la economía argentina.

Una cuestión clave del dispositivo legal creado por Martínez de Hoz, superministro de la última dictadura, fue la liberalización de las tasas de interés, que significó su desregulación por parte del Banco Central. Esa decisión fue parte de la implantación del neoliberalismo en Argentina. Porque como se afirma en La regulación de la banca en Argentina 1810-2010 (Guillermo Wierzba y Rodrigo López, dt 37 del CEFID-AR), “el liberalismo plantea que las tasas de interés tienen que estar liberalizadas para que pueda funcionar el mecanismo de información del mercado para la asignación eficiente de recursos”. En cambio otras corrientes propusieron la intervención en la determinación del costo al que las empresas pueden acceder a los préstamos. El texto citado glosa a Keynes, quien sostenía una conclusión inversa, pues destacaba que el equilibrio que se alcance entre el ahorro y la inversión responderá a fuerzas ajenas a la tasa de interés y priorizaba el actuar decidido sobre la tasa de interés para lograr objetivos de política económica, como el de pleno empleo. En cambio, en un mercado de tasas liberalizadas, las empresas tendrán crédito si su tasa de beneficio esperada es compatible con el tipo de interés al que lo ofrecen los bancos. En un mercado liberalizado los bancos no tienen incentivos para prestar a actividades que se supondrían claves para el desarrollo, su única señal para prestar es el lucro. En “libertad” las tasas de interés adoptan un nivel alto, sólo las pueden pagar firmas de los sectores maduros y empresas con poder de mercado. Así la inversión no es financiada, menos aún los nuevos proyectos y las pymes deben recurrir al autofinanciamiento. La actividad de los bancos se complementa con créditos pequeños de corto plazo para el consumo.

El “otro mecanismo nocivo de la liberalización de la tasa de interés  se relaciona con el endeudamiento externo”, decimos con López. Pues la liberalización financiera, lejos de igualar la tasa de interés con el nivel internacional, la ha incrementado.

Así el espíritu liberalizador de las tasas de interés debe ser quitado como base de la organización financiera y la Ley 21.526 sustituida. Por lo que contiene y por el carácter simbólico de representar un bastión de la dictadura. De manera recurrente las altas tasas de interés de las finanzas liberales han generado la especulación con tasas altas de fondos externos que luego vuelan en corrida hacia afuera para resguardar las grandes ganancias conseguidas. Así consumen las divisas de las reservas.

La regulación de las tasas de interés debe retornar como uno de los instrumentos para el desarrollo del país. La centralidad de la nueva ley de bancos o de entidades financieras debe ser el direccionamiento del crédito, la regulación de las tasas de interés, la construcción de un sistema de banca especializada, y un despliegue de la banca pública como centro del sistema financiero.

Citábamos a Arturo Jauretche en el epígrafe del documento: “El que maneja el crédito y lo orienta maneja al país con mucha más eficacia que el gobierno. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que la emite. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de producción y debilita otras… El que maneja el crédito decide qué se produce en el país y qué no…”

 

 

 

Las respuestas de Sergio Massa

En las respuestas del Ministro de Economía  a Horacio Verbitsky en la entrevista publicada por El Cohete a la Luna, Massa no dio una respuesta de fondo respecto de la Ley 21.526. Se refirió en cambio a la generación de instrumentos de ahorro ajustados por precios de commodities, a dar mejor institucionalidad a actores asociativos, y a comenzar una búsqueda en el Banco Central de alternativas productivas con los fondos de las Leliqs. A 40 años del fin de la dictadura militar, los gobiernos democráticos no han embestido contra el emblema de su política económica, cuya vigencia permite la reinstalación por etapas de las lógicas de valorización financiera y fuga de capitales.

El Ministro de Economía negó que el dólar soja, que en la práctica quita las retenciones a ese producto, haya sido una imposición del poder económico concentrado del agro, sino que la defendió como una política decidida con autonomía por parte del gobierno nacional. La Resolución 125 tuvo la intención de desconcentrar la renta agraria, el dólar soja cumple un rol inverso. La primera implicó la decisión de una confrontación, la segunda la de una concesión. Una cuestión podría ser la muy opinable evaluación de una necesidad de urgencia de divisas, otra muy distinta es la reivindicación de desandar los caminos emprendidos en otras épocas memorables.

Respecto de la distribución del ingreso, reconoció la necesidad de actuar pero no clarificó cómo. La apuesta a la caída de la inflación para que los aumentos del salario nominal de las paritarias impacte mejor en la recuperación salarial no parece convincente. Esta inflación es justamente la decisión del gran empresariado de recomponer sus ganancias, una estabilización con recuperación salarial también requiere del conflicto, mientras el Ministro apuesta todo a la negociación, la administración de conflictos y el encuentro de puntos de equilibrio. Recuperar el fifty- fifty logrado durante la década ganada no está en su discurso. Por otra parte incorporó a la cuestión distributiva la vocación por medidas que permitan un mayor uso del crédito, esto merece una advertencia: la crisis de 2008/9 se originó en la compensación de la caída del salario real por el acceso al crédito de los asalariados. La caída de la demanda por el descenso del poder adquisitivo de los salarios fue compensada por créditos en el capitalismo del centro y se constituyó en un camino a la crisis.   

En relación a su confianza en pagarle al FMI con desarrollo de la producción de gas natural y petróleo no convencional, caben reflexiones. Es promisorio el despliegue de una nueva fuente productiva y generadora de divisas en el país. La potencialidad que el optimismo del ministro denota tiene fundamento. Pero el destino de pagar deudas viciadas desde su origen con recursos naturales es una grave noticia de reprimarización. El desarrollo de estas producciones no convencionales se debe a la nacionalización de YPF y a decisiones del último gobierno de Cristina Fernández, en el marco de una fase de madurez de años de crecimiento y reindustrialización que mostraban un cuello de botella en la producción de energía. El giro discursivo que plantea un crecimiento de exportaciones de recursos naturales para pagarle al FMI suena muy diferente. Por otra parte, el ritmo de efectivización de los desarrollos energéticos debe ser el que se requiera para que la integración aguas arriba de las industrias proveedoras y ejecutoras de la infraestructura productiva y de transporte pueda devenir en el crecimiento potente de un nuevo pequeño y mediano empresariado nacional que, articulado con YPF, le dé vigencia a la hegemonía estatal en la dirección y ejecución directa de esas producciones. Acelerar los plazos a las necesidades de ingreso de divisas para pagarle al FMI, sobre la base de rápidas inversiones directas externas que cierren el camino a la integración aguas arriba y al despliegue de un nuevo ámbito de burguesía nacional integrada con el Estado en objetivos comunes, no sólo es una renuncia a la diversificación productiva, sino al despliegue de sujetos que potencialmente se sumarían a un proyecto de independencia nacional.

 

 

 

De los sujetos

Como reflexión final merece ser discutida la centralidad de la lucha contra la proscripción urdida contra Cristina Fernández. Porque la lideresa no es perseguida por cuestiones personales, sino porque referencia la capacidad de conflicto, la potencialidad de la embestida necesaria para los cambios institucionales impostergables para avanzar en la democratización de la sociedad. Para parar la concentración de ingresos y propiedades en una minoría oligárquica. Asumir como una imposibilidad la detención de la proscripción es aceptar una “democracia” liberal, donde el Poder Judicial opere como contrapoder, en la que los gobiernos deban sentarse en una mesa con el poder económico real, aceptando un co-gobierno y, peor aún, en condiciones de desigualdad. El deseo máximo de la embajada norteamericana, el poder financiero y la oligarquía del poder económico local es el retorno del transformismo de las primeras décadas de la reinstitucionalización posdictatorial, dos fuerzas electorales para administrar un liberalismo neo “a la argentina”. Sostener una resistencia a este plan implica la construcción de una subjetividad, lo que requiere de medidas inmediatas y de un programa como el presentado en la movilización por la conmemoración del 17 de octubre, para reconquistar el alma popular para la lucha política.

 

 

 

 

 

 

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