Las viñas de la ira

Las calles de Perú exigen la salida de Boluarte, que responde con represión y muertos

Por Ariela Ruiz Caro
Las manifestaciones en Lima continúan y algunas organizaciones anunciaron que radicalizarán sus protestas.

 

Desde que Pedro Castillo fue vacado de la Presidencia el 7 de diciembre después de intentar un fallido golpe de Estado, el Perú está sumido en una crisis sin visos de solución. Dina Boluarte es la Presidenta constitucional y se ajusta a la normativa legal del país, pero no tiene legitimidad. Boluarte cogobierna con el fujimorismo y la derecha, facciones políticas que fueron rechazadas en una titánica contienda electoral que Castillo, junto con ella, ganó limpiamente en junio de 2021. No solo ha abandonado sus banderas políticas, sino traicionado la voluntad popular.

La marcha de miles de pobladores del interior del país hacia la capital, en especial desde la sierra, y los cortes de rutas en numerosos puntos del país, así como los intentos de tomar aeropuertos, dieron lugar a que el gobierno decretara el estado de emergencia, el apoyo de la fuerza militar a la policía nacional para controlar el orden público y el toque de queda en las ciudades más convulsionadas. Casi 60 muertes (uno por cada día de gobierno de la Presidenta) y centenares de heridos son una muestra de la violenta represión contra la ciudadanía. Preocupan también las innumerables detenciones arbitrarias a provincianos desvalidos, sin garantías, que ha sobrepasado la capacidad de trabajo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que aboga por la integridad de los manifestantes.

Las movilizaciones hacia Lima son solventadas básicamente con aportes de los comuneros y de las pequeñas y medianas empresas regionales. En la capital, se organizan donaciones voluntarias de dinero, alimentos, medicinas, colchonetas para albergar a los manifestantes. Los recursos son administrados por delegados de las diferentes comunidades, algunos de los cuales han sido detenidos portando desgastadas mochilas con exiguos recursos y la lista de las personas a quienes debían entregar modestas cantidades de dinero para su manutención. La fiscalía los acusa, sin ninguna prueba, de que los orígenes de ese dinero son ilegítimos.

Dina Boluarte ha señalado en reiteradas oportunidades, acompañada por una orquesta filarmónica de medios de comunicación y por la derecha, que los manifestantes están organizados por grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal, remanentes de Sendero Luminoso y activistas políticos de la vecina Bolivia. Ello, a pesar que en una entrevista con el New York Times, la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, reconoció que todavía no cuentan con pruebas de que las protestas a nivel nacional hayan sido financiadas o promovidas por estas agrupaciones criminales.

 

 

 

 

La crisis desde fuera

Organismos internacionales y varios Estados han expresado su preocupación por los acontecimientos en el Perú. La OEA, en sesión extraordinaria, emitió el 26 de enero una declaración conjunta en la que manifiesta su consternación por los hechos de violencia que han dejado 58 personas fallecidas y daños materiales, así como por las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza y por las violaciones de los espacios académicos como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Asimismo, se exige la investigación de todos los actos de violencia, así como sanciones a los responsables de las afectaciones de los derechos humanos, y la pronta realización de elecciones generales.

Esta declaración conjunta de los Estados de la OEA se basó en la presentación del informe de una misión que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en el Perú del 11 al 13 de enero; en los pronunciamientos del portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, de la Oficina de las Naciones Unidas en Perú, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y en el discurso que pronunció la Presidenta Boluarte de forma virtual en la sede de la OEA, el 25 de enero, al día siguiente de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en Buenos Aires.

De nada le sirvió a la señora Presidenta decir en la OEA que el Perú ve con suma preocupación que en la región “se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos institucionales democráticos”. Tampoco, resaltar a la OEA como el foro político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia, luego de las fuertes críticas que recibió su gobierno de varios Presidentes en la CELAC.

Sin embargo, en dicha Cumbre la mayoría de ellos pasó por alto el todavía inexplicable golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, lo que permitió lavarle la cara al Congreso y a los poderes fácticos respecto de su actuación antidemocrática y golpista al no haberle reconocido nunca su legítimo triunfo y acosarlo sin tregua durante su breve gobierno para sacarlo del poder. Pocos, como el Presidente Gabriel Boric, apuntaron al problema central al denunciar el número de muertes “que debía escandalizarnos” y el brutal ingreso de las fuerzas policiales a la UNMSM, “hechos que reviven las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras en el cono sur”.

A diferencia de lo ocurrido en la OEA, en la CELAC los gobiernos fueron incapaces de lograr consenso para incorporar en su declaración final la más mínima mención referida a la crisis en el Perú que hiciera al menos un llamado al diálogo para pacificar el país. Tampoco se posicionó de forma conjunta en temas internacionales cruciales como el intento de Estados Unidos y de la OTAN de involucrar a la región en la guerra con Rusia en Ucrania, al solicitar envío de armamento, lo que muestra falta de ejercicio en la búsqueda de denominadores mínimos comunes para lograr una posición neutral como región.

La Unión Europea y las embajadas de los miembros de ese organismo en Lima, y por otra parte el Parlamento Europeo también han emitido sendas declaraciones en las que expresan su alarma y lamentan las muertes, que deben ser investigadas, y exhortan nuevas elecciones generales a la brevedad posible.

Por lejos, la más importante ha sido la del Nuncio Apostólico Paolo Rocco Gualtieri, al colocar la inequidad como núcleo de la crisis que ha estallado en el Perú. Mientras “una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias (…) Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos estos días”, fueron algunas de sus sentencias, además de condenar la violencia de uno y otro lado. Rocco fue más allá y advirtió sobre la necesidad de intervenir sobre las causas que la generan y neutralizarla haciendo prevalecer siempre la fuerza de la ley, nunca la ley de la fuerza.

 

 

 

 

Narrativa

Es evidente que la señora Boluarte sigue el mismo libreto que usaron Lenin Moreno, Iván Duque y Sebastián Piñera cuando en 2019 tuvieron lugar masivas protestas sociales en sus respectivos países: había que atribuirlas a un agente externo. Entonces, los medios de comunicación repetían al unísono que las protestas sociales en esos países revestían el mismo patrón y que las brisas del régimen bolivariano, impulsadas por el madurismo, y el régimen cubano traían violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales.

En una versión actualizada, Dina Boluarte ha apuntado a Evo Morales y ha dicho que las balas con las que se ha asesinado a ciudadanos peruanos provienen del extranjero —en referencia a Bolivia—, hecho absolutamente falso pues se ha comprobado que provinieron de la Policía nacional.

A pesar de ello, el gobierno peruano le ha prohibido a Morales y a ocho compatriotas suyos el ingreso al país “por haber realizado actividades proselitistas”. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola –quien gobierna, en la práctica– ha dicho que no se permitirá que ningún Presidente, ex Presidente, ni líder ni personaje se inmiscuya en los asuntos de Perú, afectando la tranquilidad que nos ha costado a los 33 millones de peruanos.

Esa actitud nos recuerda las protestas sociales de octubre de 2019 en Chile, cuando un Informe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) señaló que estas habían contado con la participación de más de 600 venezolanos infiltrados por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el G2, el aparato de inteligencia de Cuba. Se dijo que ambos habían estado preparando y ejecutando una ofensiva insurreccional para Chile. El entonces Presidente Trump puso su granito de arena y también denunció la injerencia de otras naciones con el objetivo de socavar las instituciones, la democracia y la sociedad chilenas. Además, se buscaba vincular las protestas con las organizaciones de izquierda de la región agrupadas en el denominado Foro de Sao Paulo.

Fue precisamente ese informe de la DINE el que habría justificado la declaración de estado de emergencia y el consiguiente control del orden público por las fuerzas militares luego de que el Presidente Piñera señalara, al inicio, que el país se encontraba en una guerra frente a un enemigo poderoso. Después de un mes de protestas, se negoció un Acuerdo de Paz, que incluyó la redacción de una nueva Constitución.

 

 

 

Atrapados

Las estrechas mentes de los antidemócratas y golpistas peruanos que nunca reconocieron el triunfo de Castillo y celebraron su salida no imaginaron el caos social que sobrevendría, en parte porque viven en la burbuja limeña y no conocen el país. Además de las muertes, los heridos y las detenciones arbitrarias, la economía ha tenido pérdidas de producción, cierre del turismo y daño en infraestructura pública y privada por 625 millones de dólares (0,3% del PBI). Las calificadoras de riesgo han rebajado sus calificaciones al Perú.

Los manifestantes exigen la salida de Boluarte, la disolución del Congreso, convocatoria a elecciones generales, cambio de la mesa directiva del Congreso (para evitar que asuma la Presidencia del país el presidente del Congreso, José Williams, un general retirado del ejército que encabezó la misión que liberó a 72 rehenes, cautivos durante 126 días tras el asalto de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru a la Embajada de Japón en 1997) y referéndum constituyente. En menor medida, se pide también la liberación de Castillo.

Boluarte ha escuchado a medias la exigencia del 75% de la población que pide su renuncia y la disolución del Congreso. Después de varias propuestas que no prosperaron en ese recinto, la Presidenta presentó el miércoles un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a octubre de este año, pero esta fue archivada el viernes en ese recinto. Solo a partir de agosto, con el inicio del nuevo período de sesiones del Poder Legislativo, se podrá discutir una nueva iniciativa que proponga el recorte del mandato presidencial y congresal.

Mientras tanto, la calle arde y algunas organizaciones han anunciado que radicalizarán sus protestas y no descartan más bloqueos de carreteras. La Central General de Trabajadores del Perú ha convocado un paro nacional para el 9 de febrero. El tiempo de Boluarte como garante del orden para las élites de poder se ha agotado. Aunque dice que no renunciará, esa es la única salida que queda como válvula para descomprimir la presión social, pues permitiría convocar a elecciones generales inmediatamente.

La otra posibilidad es que se dé curso al proyecto de vacancia que yace en el Congreso. Si prosperara, Boluarte sería destituida y la Presidencia quedaría en manos del presidente del Congreso hasta completar el período, en julio de 2026. Así, todos los congresistas continuarían recibiendo sus sueldos, pero el país continuaría desangrándose.

 

 

 

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