Acarreo de sobres

 

Las supuestas conversaciones a través de chats entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño (ahora en licencia) Marcelo D’Alessandro y el empresario Marcelo Violante, que tomaron estado público las últimas semanas, deben analizarse en el marco del modelo de gestión de las concesiones de la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos 15 años presenciamos concesiones vencidas que se prorrogaban año tras año pagando cánones irrisorios (los locales bailables y gastronómicos en la Costanera Norte, Costa Salguero y Punta Carrasco), concesiones que se prorrogan sin que haya vencido el plazo (recolección de residuos), concesiones que se adjudican con un único oferente (el sistema público de bicicletas a Tembici), concesiones que se adjudican a las mismas empresas que desde hace 30 años prestan el servicio de forma extremadamente deficiente y con numerosas denuncias (el subte operado por Metrovías y ahora EMOVA, ambas del Grupo Roggio, y las empresas prestadoras del servicio de alimentación escolar), concesiones en las que la Ciudad otorga el predio y construye la obra y adjudica llave en mano la explotación del edificio a privados, evitándoles la inversión importante de capital y el riesgo empresarial (Centro de Exposiciones y Convenciones).

A este abanico de situaciones inentendibles desde la perspectiva del bien común, cabe agregar la ausencia de control real del funcionamiento de estas concesiones y la omisión de respuesta estatal frente a las denuncias constantes de la ciudadanía.

La concesión del servicio de grúas o acarreo de autos podría ser el mejor ejemplo de este modelo de gestión, que ha llevado al extremo las irregularidades y ha sido foco de la mayor intensidad de denuncias ciudadanas.

Esta concesión y la del estacionamiento medido vencieron en 2001. En 1990, Carlos Grosso, por entonces intendente de la Ciudad, privatizó el servicio por diez años. Las empresas que operaban las grúas eran Dakota S.A y BRD S.A.C.I.F.I. Ambas empresas se dividían la Ciudad: Dakota desde Viamonte hacia el Norte y BRD hacia al Sur. El dueño de la empresa Dakota es Marcelo Violante.

 

🚨URGENTE
📣Te contamos quiénes son los empresarios, las empresas y los negocios mencionados en los supuestos chats del Ministro de Seguridad D´Alessandro.

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— Jonatan E Baldiviezo (@jonatanbaldivie) December 30, 2022

Esta concesión fue sostenida durante 20 años sin actualizar los cánones que tenían que pagar las empresas. Al momento de la finalización definitiva de la concesión, el 16 de agosto de 2022, cada empresa pagaba 55.000 pesos por mes. La empresa cobraba 6.500 pesos por acarreo, es decir que en media hora ya reunía los fondos para costear el canon de todo el mes. Cada empresa realizaba entre 10.000 y 14.000 acarreos mensuales. Las grúas levantaban hasta 550 autos en días laborables. Con sólo nueve acarreos cubrían el costo del canon mensual.

La Legislatura porteña dispuso en dos oportunidades (leyes 4.003 y 5.728) que, si en un plazo determinado no se regularizaba la concesión vencida, el Poder Ejecutivo debería brindar el servicio público por sí mismo. A instancias del propio Ejecutivo, tanto en 2013 como en 2020 se derogó esta orden para que Dakota continuara prestando el servicio.

Este gran negocio para Dakota fue interrumpido intempestivamente cuando en la Legislatura se formó el Frente Anti-Grúas, integrado por los bloques del Frente de Todos, Avanza Libertad, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Consenso Federal. Esta alianza logró que se convocara a una sesión especial para el jueves 18 de agosto de 2022. Unos días antes, Elisa Carrió, en el marco de sus denuncias hacia el interior de Juntos por el Cambio, comunicó a Rodríguez Larreta que si no adoptaba medidas inmediatas con relación al servicio de grúas habilitaría la sesión especial y votaría junto al Frente Anti-Grúas.

En un trámite exprés de seis horas, el 16 de agosto a las 23:19, el jefe de gobierno firmó el decreto 284/2022, por el cual dejó sin efecto la continuidad del servicio de acarreo prestado por Dakota S.A. Esto no implicó la finalización del negocio del acarreo, ya que el gobierno porteño está preparando una nueva licitación, que comentamos en notas anteriores.

 

El negocio de los estacionamientos

En CABA existen 42 playas de estacionamiento que son propiedad del Gobierno de la Ciudad. Todas están concesionadas. Dakota opera varias de ellas a través de las empresas Brewda SA (bajo la marca Apart Car) y Ragnarv SRL, esta última creada en 2021 por Violante y su sobrino, Juan Ramón Violante. Los Violante operan 20 playas de estacionamiento en CABA: 15 son concesiones del gobierno de la Ciudad y cinco son estacionamientos privados.

La empresa Brewda SA es una de las mencionadas en las supuestas conversaciones donde Marcelo Violante pide “colaboración” a D´Alessandro para que interceda a favor de su empresa en dos licitaciones.

El principal accionista de Brewda es Dakota S.A., la firma de Violante, que propuso como director titular a Rubén Hugo Laghezza. En parte de las supuestas conversaciones por chat, Violante le pide a D’Alessandro que medie ante el fiscal penal porteño Carlos Rolero para evitar una probation contra su amigo Laghezza.

 

 

Ragnarv SRL maneja al menos dos playas:

1. El servicio de alquiler de cocheras con destino al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, adjudicado el 6 de julio de 2021 por un total de 9 millones de pesos (licitación pública 7162-0608-LPU21). Ragnarv fue la única empresa que se presentó.
2. La playa ubicada en las avenidas Entre Ríos, Rivadavia, y las calles Hipólito Irigoyen y Presidente Sáenz Peña, en el subsuelo de la plaza de los Dos Congresos de la Ciudad. Este predio fue adjudicado por el término de cinco años, el 9 de marzo de 2022, a través de la disposición 32/DGCOYP/22, con un canon locativo mensual inicial de 615.700 pesos (licitación pública 10002-0769-LPU20).

Brewda Construcciones SACIF, a través de Apart Car, gestiona las playas de estacionamiento ubicadas en Corrientes 436, Av. Sarmiento 2720, Tucumán 1201, Sarmiento 1537, Bartolomé Mitre 1490, Suipacha 153, Pilcomayo 1182, Vuelta de Obligado 3437, Lavalle 2454, San Martín 940, Azcuénaga 1048 y Chacabuco 490. De las más importantes podemos detallar:

1. La playa ubicada en Sarmiento 1537, debajo del Centro Cultural San Martín, con un canon mensual 789.000 pesos. Este predio actualmente es objeto de un proceso de reconcesión, que se inició el 22 de noviembre pasado y aún no finalizó.

2. El estacionamiento subterráneo de Plaza Lavalle, con un canon mensual de 652.000 pesos.

3. La playa de Corrientes 436, con un canon mensual de un millón de pesos. El 31 de octubre inició el proceso de reconcesión por 5 años.

4. En 2022 ganó la licitación de la playa de estacionamiento aledaña al Centro de Exposiciones y Convenciones (ubicada en la prolongación de calle Eduardo Couture hasta calle Francisco Romero) con un canon mensual de 545.000 pesos por cinco años (licitación pública 10002-0157-LPU22). El predio tiene una superficie de 9.337 m2 con 330 cocheras. Desde el 9 de agosto de 2017, esta empresa gestiona el predio a través de un permiso de uso con un canon mensual de 210.000 pesos.

 

 

El negocio del ruido

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra dentro del ranking de las ciudades más ruidosas del mundo. La contaminación acústica es parte de la degradación ambiental de la ciudad en su conjunto.

Entre los responsables de la contaminación sonora que acumulan los mayores reclamos vecinales se encuentran los bares nocturnos, los boliches al aire libre, la reproducción de música por parte de locales en el espacio público y los mega eventos musicales, que en el último tiempo proliferan con la idea de transformar diferentes sectores de la Ciudad en polos gastronómicos y de entretenimiento a cielo abierto.

La normativa local en materia de ruidos está regulada por la Ley 1.540, que tiene como objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica. Su artículo 5 disponía que la autoridad de aplicación debía ser una “dependencia con competencia ambiental del Poder Ejecutivo”. El Decreto 40/07 reglamentó esta ley designando al entonces Ministerio de Medio Ambiente. Con posterioridad se creó la Agencia de Protección Ambiental (APrA) en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Esta Agencia a través de su Dirección General de Control (DGCONTA) se encargó del control de los ruidos molestos. Los trabajadores y trabajadoras de APrA vienen señalando el vaciamiento en el área respectiva, tanto de insumos como de personal calificado para la tarea y sobre todo de inspección en sitio, que es uno de los reclamos vecinales más asiduos. En los hechos, el descontrol de la contaminación acústica es total. Encabezan el ranking de ruidos los barrios de Palermo, Monserrat y San Telmo. Una de las zonas con mayor contaminación sonora en la Ciudad es la del Paseo de la Infanta, el Campo Argentino de Polo y el Hipódromo en Palermo. Allí conviven megaeventos musicales al aire libre con boliches a cielo abierto funcionando en plazas y parques, excediendo sus habilitaciones o, en algunos casos, directamente sin ninguna habilitación.

El 29 de diciembre, último día hábil de 2022, Rodríguez Larreta y D’Alessandro firmaron –salteándose a la Legislatura– el decreto 466/2022, que traspasó las competencias y funciones del control del ruido a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuyo director ejecutivo es Matías Lanusse. La AGC depende del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo del (ahora licenciado) D’Alessandro.

Podría considerarse que el gobierno local decidió intentar mejorar el control transfiriendo esta competencia a la AGC, pero este organismo tampoco ha tenido una actuación destacada en el control de permisos y habilitaciones. Lo que sucede en el Polo del Ruido es un claro ejemplo del funcionamiento ilegal de locales con la anuencia de la AGC.

El contenido de los supuestos chats filtrados de D’Alessandro nos lleva a considerar que esta medida responde más a una actividad recaudatoria de ciertos funcionarios del gobierno de la ciudad en momentos de campaña, que a una política pública que permita regular el ruido nocivo que tanto atenta contra el sueño y la paz de los y las vecinas de la ciudad.

La Agencia Gubernamental de Control fue creada en diciembre de 2007 por medio de la Ley 2624 y, hasta el momento, entendía en el control de las siguientes materias: seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y privados, habilitaciones de todas aquellas actividades que se desarrollan en la ciudad así como en el otorgamiento de permisos para aquellas actividades llevadas a cabo en dominios de uso público y privado y en las obras civiles, públicas y privadas. Con el traspaso del control de la contaminación acústica, la AGC concentra aún más el poder de control en cabeza del Ministro de Seguridad.

En esta línea, es importante señalar que el gobierno porteño, con este cambio, no apunta a la totalidad de los ruidos molestos sino sólo a “controlar determinadas actividades económicas” susceptibles de ser inspeccionadas. El Decreto 466/2022 estableció que la AGC desarrollará las acciones de control, inspección y vigilancia de la contaminación acústica proveniente de actividades económicas desarrolladas en establecimientos públicos y privados; obras civiles, públicas y privadas comprendidas por el Código de la Edificación; estadios y/o espacios de uso público y privado donde se desarrollen eventos deportivos, espectáculos artísticos y culturales y de cualquier otra índole a los que concurra público masivamente.

Por último, el traspaso de competencias se realizó de una forma inconstitucional e ilegal porque no se designó a un organismo con competencia ambiental como exige la Ley 1.540.

 

 

 

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