Consternados y rabiosos

Toque de queda y represión salvaje en Perú tras la destitución del Presidente Pedro Castillo

Por Ariela Ruiz Caro
La respuesta represiva ya derivó en más de 20 asesinatos. Foto: AFP.

 

La destitución de Pedro Castillo por el Congreso de la República el pasado 7 de diciembre ha derivado en un estallido de protestas sociales de consecuencias imprevisibles. Su vacancia incitó a la población a salir a las calles en todo el país. En términos generales exigen el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y, en menor medida, la liberación de Castillo y una Asamblea Constituyente.

Las protestas, inicialmente pacíficas, se fueron tornando violentas e incluyeron actos vandálicos como la toma de dos aeropuertos internacionales (Arequipa y Cusco) y otro nacional (Ayacucho), la toma de la planta de bombeo de gas de Camisea, la destrucción de vidrios de canales de televisión y otros medios de comunicación, el incendió de parte de la fábrica de lácteos más importante del país y el corte de las rutas nacionales en todo el territorio nacional. Se destruyeron bancos, tiendas comerciales, pequeños restaurantes, se incendiaron representaciones judiciales y de la fiscalía en varias provincias, entre otras acciones que configuran un desborde popular difícil de controlar.

 

 

En este escenario, el 14 de diciembre el gobierno declaró el Estado de Emergencia en todo el país, que implica suspensión de los derechos de libertad de reunión, de tránsito, del derecho a la inviolabilidad del domicilio, así como el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de las fuerzas policiales. Al día siguiente se dictaminó el toque de queda –o inmovilización social obligatoria– en quince provincias.

Con ese paraguas, la represión contra un pueblo consternado y rabioso fue salvaje. La defensora del pueblo, Eliana Revollar, alertó que en Ayacucho se lanzaban bombas lacrimógenas desde helicópteros que sobrevolaban esa región. Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que en la región de Ayacucho se estaban utilizando fusiles y armamentos de guerra, y responsabilizaron de estos hechos a las más altas autoridades políticas del país. Pero la única respuesta a la que apelan el poder fáctico, el Congreso y los medios de comunicación es “terruquear” a la población que protesta, acusándola de terrorista. Así soliviantan el ánimo de las Fuerzas Armadas y Policiales para combatir las protestas.

 

 

Por permitir este tipo de represión, los abogados Abimael Méndez y Jack Diburga han planteado una denuncia penal contra la Presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo y los ministros César Cervantes (Interior) y Alberto Otárola (Defensa) por los asesinatos de 20 ciudadanos, así como los 250 heridos civiles y 268 de la Policía Nacional, y centenares de detenidos. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos”.

En una muestra de rechazo a estos hechos criminales, el viernes renunciaron dos ministros: la titular de Educación, Patricia Correa, indicó que la violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte. Asimismo, señaló que el país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demanda convicciones democráticas, respeto al orden y, a la vez, a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, los cuales lamentablemente se han visto vulnerados en las últimas horas”. El ministro de Cultura Jair Pérez también presentó su renuncia ante los decesos reportados que “hacen insostenible” su permanencia en el gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha anunciado una visita técnica de la Secretaría Ejecutiva al país a partir de mañana y una segunda visita en enero del 2023. Pedro Castillo había perdido el miércoles desde la cárcel que la CIDH intercediera por sus derechos.

Con el trasfondo de las Fuerzas Armadas y Policiales reprimiendo a una ciudadanía muy enojada, la dirigente del izquierdista partido Nuevo Perú, Verónika Mendoza, señaló que Dina Boluarte no lidera un gobierno de transición, sino de represión. Tiene razón. Boluarte cometió un grave error político al momento de su juramentación, al señalar que culminaría el mandato –que debía cumplir Castillo– hasta julio de 2026. Si hubiera sido más sensible al clamor popular, hubiera planteado un gobierno de transición para convocar nuevas elecciones de inmediato.

Ayer, la policía allanó el local de Nuevo Perú y el de la Confederación Campesina del Perú (CCP), mientras que la Presidenta Boluarte anunció que hará una recomposición de su gabinete y que se mantendrá en el poder hasta que el Congreso solucione el adelanto de elecciones. La encuesta publicada ayer por el Instituto de Estudios Peruanos indica que un 83% de la población está a favor de adelantar las elecciones generales, mientras que un 44% aprueba que el ex Presidente Castillo haya intentado cerrar el Congreso.

 

 

En la cuota de responsabilidad que le cabe, el Congreso rechazó el viernes el proyecto de ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023. La iniciativa recibió 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, pero no alcanzó el total requerido. Al ser una reforma constitucional, la iniciativa requería el respaldo de 87 legisladores para ser sometida a una segunda votación en otra legislatura o 66 para convocar a un referendo. Además, el día anterior el presidente del Congreso amplió la actual legislatura hasta febrero del próximo año, con lo que puso en evidencia que busca petardear la posibilidad de tener una elección en 2023.

Que Castillo esté preso purgando prisión preventiva por 18 meses acusado de rebelión y conspiración, y que el Congreso le haya levantado un fuero especial sin el debido proceso –en complicidad con la Fiscalía y el Poder Judicial– es considerado por algunos como un abuso de poder por parte de la Corte de Justicia con Castillo y como una represalia, ya que siempre fue un desafío para los grupos de poder, que hoy luchan para que no sea liberado.

 

 

Apoyos y no apoyos

Mientras tanto, la decisión de disolver el Congreso le ha hecho perder a Castillo el respaldo que tenía de grupos de izquierda más institucionales. En el plano internacional ha perdido el de la OEA, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y el de casi toda la comunidad internacional. La mayoría de los gobiernos de la región, incluidos los de Honduras y Chile, han reconocido al gobierno de Boluarte.

Asimismo, en un claro gesto de apoyo a Castillo, los gobiernos de México, Colombia, la Argentina y Bolivia emitieron el 12 de diciembre un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por la destitución y detención de Pedro Castillo, a quien se refirieron como Presidente de la República, pasando por alto que fue destituido y que su lugar fue asumido por la Vicepresidenta Boluarte. La Constitución del Perú señala en su artículo 115 que, “por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el primer Vicepresidente”.

En el comunicado, los cuatro mandatarios señalaron que el líder peruano había sido objeto de “un antidemocrático hostigamiento” (lo que es absolutamente cierto) que derivó en su destitución como jefe de Estado el pasado 7 de diciembre. Piden a las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del Presidente Pedro Castillo, que se le garantice la protección judicial de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y exhortan a los actores políticos a que se respete la “voluntad ciudadana expresada en las urnas por el pueblo peruano”. La canciller de Chile, Antonia Urrejola, ha informado que su gobierno fue consultado para sumarse al pronunciamiento, pero descartó la acción.

Al respecto, la cancillería peruana respondió con un comunicado en el que puntualiza que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex Presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre” generaron la decisión del Congreso de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú. Asimismo, precisó que el ex mandatario “intentó disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas que constituyen un golpe de Estado”.

Con el fallido intento de quiebre institucional que realizó Pedro Castillo, sin medir la correlación de fuerzas políticas y a espaldas de casi todo su gabinete, logró hacerle al desprestigiado Congreso uno de esos pases de lujo de Messi para que este, democráticamente y de acuerdo a la ley, finalmente lo vacara. Así, Castillo le lavó la cara a ese Congreso golpista que lo quiso sacar desde el primer día con todo tipo de mecanismos legales e ilegales. Y de paso también a las Fuerzas Armadas, que ahora todos elogian por ser defensoras de la democracia y alaban por no haber respaldado a Castillo en su intento de quebrar el orden constitucional.

La asunción de la presidencia por parte de Dina Boluarte fue inicialmente vista como una válvula de descompresión de la crisis política para una ciudadanía agobiada por una maraña de denuncias de corrupción, combinada con las crecientes pugnas entre los poderes del Estado. Pero fue solo flor de un día. El hecho de que el móvil del Congreso para destituir a Castillo, desde el inicio de su mandato, tuviera motivaciones subalternas, racistas y antidemocráticas, explica una empatía de ciertos sectores con Castillo, que tenía 31% de respaldo, más que el Presidente Boric de Chile, que ostenta 29%. Por eso la ciudadanía en el interior del país se indignó al ver al Presidente, elegido legítimamente, terminar esposado y conducido a prisión, aplastado finalmente por un Congreso predominantemente corrupto, intolerante, mediocre y prepotente, que usó todas las artimañas posibles para destituirlo.

Esta simbología de primacía del poder que ostentan los de siempre ha exacerbado la furia ciudadana. Lo único que podría apaciguar esta tensión social es la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Pero es claro que los congresistas no quieren perder su poder ni sus sueldos. Ahora dicen que deben hacer reformas políticas (elecciones primarias, bicameralidad, entre otras) cuando se han pasado años sin hacer nada. Poco y nada les importa lo que pasa en el interior del país ni los asesinatos que se cometen contra la población, cuyas víctimas tienen un promedio de 18 años. Con un rechazo casi total al Congreso, la ciudadanía no se siente representada. Y si no se siente representada y tiene que jugarse la vida para convocar a nuevas elecciones, ¿de qué democracia estamos hablando cuando el 80% se siente insatisfecha con ella? Se equivocan quienes optan por el camino de la represión, o quienes consideran que estamos en guerra y que, por lo tanto, hay que empoderar más a las fuerzas armadas. La única solución temporal para ponerle freno a esta espiral de violencia es elecciones generales YA. Antes de que sea demasiado tarde.

 

 

 

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