LA CONFRONTACIÓN CON EL RÉGIMEN

 

Fue trascendente en las últimas palabras de Cristina Fernández, luego del “pelotón de fusilamiento” al que fuera sometida por el Poder Judicial del Sistema mafioso —sostenido por un poder paralelo articulado por los grupos económicos  y “legitimado” por la calumnia y la manipulación informativa de los medios de comunicación concentrados—, la afirmación de que se trataba de un fallo político cuyo sentido central era proscribirla porque no estaba dispuesta a prestarse a ser instrumentada como “mascota del poder”.

La renuncia de la lideresa del movimiento popular a su candidatura fue fundamentada en no exponerse como candidata dentro de un Sistema que todo lo tiene previsto para impedir el gobierno de una fuerza popular que despliegue un programa democrático. Pues entonces cabe señalar cuáles son los puntos fundamentales de ese programa popular y las condiciones que requiere para su despliegue. Es de destacar que el liberalismo neo ha ido instalando un régimen con el cual ha infectado, hasta la corrosión, la vida democrática nacional. Huelen a podrido los comentarios de los medios del poder dirigidos a promover el debilitamiento del kirchnerismo luego de la renuncia-denuncia de Cristina Kirchner a disputar cargos públicos dentro del Sistema que describió en esa alocución. Intentan aprovechar la circunstancia para liquidar al peronismo colocando candidaturas, como la de Schiaretti, que reinstalen el transformismo en que lo hundió y degradó el menemismo.

Las condiciones que requiere la democracia para desplegar su programa son la construcción y estímulo de la movilización y organización popular, que creen las condiciones para un nuevo clima constituyente, en el que se actualice el dogma de las bases jurídicas para incluir como tema fundamental la participación popular. Sin este cambio, la democracia esta presa de una oligarquía poderosa que proclama como libertad de mercado lo que sólo es el libre albedrío de una plutocracia de unos pocos ricos. Así, para la disputa política no alcanza con la competencia electoral. Es necesario ocupar las calles. Impugnar al Poder Judicial que en lugar de impartir justicia, castiga con sus fallos a los referentes del campo popular. Este poder inquisidor ha aplicado esta semana su fallo represivo sobre la dirigente social Milagro Sala.

El programa de transformación exige las siguientes políticas:

• Una reforma judicial integral que signifique el final de la lógica actual para la Corte Suprema de Justicia, y una profunda reforma del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial en general, que introduzca a la voluntad popular en su constitución y funcionamiento. Una Corte Suprema, que no es elegida por el pueblo no puede asumir funciones de contrapoder. Eso significa la introducción de un “agente externo” que limita hasta la supresión el poder democrático.
• La derogación del decreto que liquidó la sustancia de la Ley de Servicios Audiovisuales promulgada en los años de los gobiernos kirchneristas. Esa derogación implicó una instrumentación jurídico-política para silenciar las voces de los medios populares y comunitarios, al permitir la expansión de los medios concentrados, con la velocidad y potencia de tumor maligno, concurrentemente con la desaparición del proyecto de comunicación democrática. El espíritu de aquélla ley debe retornar, profundizado y acompañado por modificaciones y complementos que desconcentren la comunicación. El proceso de desinversión que debían realizar las empresas del oligopolio mediático debe tener una efectivización rápida y plena.
• El reemplazo del acuerdo firmado con el FMI, que es insostenible e inviable y debe ser revisado y modificado. El criterio a asumir en esa revisión debe incluir la caracterización de esa deuda como anormal con las responsabilidades del FMI en otorgar un préstamo irregular tanto por no respetar ni su normativa interna ni la del país que se endeudó. El organismo internacional no se puede desentender del desaguisado de su actuación como si no contara con una burocracia instruida para revisar puntillosamente el cumplimiento de normativas. La deuda debe ser reestructurada en monto, plazo, período de gracia y tasa de interés para que el pago de la misma no afecte el despliegue de una política de desarrollo nacional, garantizando que las divisas de la balanza comercial estén destinadas a éste objetivo y no a pagar deudas de créditos políticos otorgados para perjudicar a los proyectos nacional-populares y favorecer a las formaciones político-electorales sostenedoras del régimen de las grandes corporaciones.
• Esa reestructuración debe excluir la introducción de condicionalidades. Estas son otro “agente externo” que agrede la soberanía política del país, obligado por ellas a limitar la libertad de acción de los gobiernos elegidos por la ciudadanía para determinar sin condicionamientos las políticas a seguir. El Fondo no es sólo un prestamista de última instancia. En realidad ha dejado de serlo. Presta en las crisis para que los fondos de la especulación financiera puedan escapar sin quedar atrapados por la insolvencia de las políticas neoliberales. El FMI es un promotor y disciplinador que opera la imposición del régimen neoliberal.
• La aprobación de la ley que ya tiene la media sanción en el Senado de la Nación que plantea la creación de un Fondo para el pago de la deuda con el FMI. Ese Fondo sería constituido por una penalidad a los que han fugado capitales del país de manera ilegal, cobrando tasas diferenciales entre los que paguen voluntariamente y quienes sean descubiertos por la AFIP.
• La liberación del secreto fiscal, bursátil y financiero para ubicar e investigar a personas y empresas sospechadas de evasión y lavado vinculados con la fuga de capitales.
• La intervención del Estado en la determinación de los precios de la economía. Sin esa intervención los sectores concentrados de la oferta de bienes diseminados en los sectores estratégicos de la economía, como los insumos difundidos, los sectores vinculados con la exportación de bienes tradicionales y los que proveen productos esenciales de bienes indispensables de consumo masivo, son los que asignan los recursos dentro de la economía y los que inciden directamente sobre la tasa de inflación. Esta no es causada por el gasto público ni por la emisión. No es causada por la actividad del Estado. Por el contrario resulta provocada por su inactividad para cohabitar los mercados para limitar el margen de decisión privada.
• El establecimiento de una estructura en la distribución del ingreso, que no debe ser el resultado del crecimiento ni del funcionamiento mercantil de la economía sino de la decisión ciudadana. Sin la intervención mencionada en el punto anterior es imposible definir el patrón distributivo.
• La “participación [de los trabajadores] en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Tal como lo dispone el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
• La defensa de los recursos naturales resulta de un orden esencial. Una Nación con un acuerdo de deuda como Argentina, inviable, insostenible e impagable, es una presa fácil para las políticas imperiales que van a tratar de invadir con el estilo financiero de la inversión extranjera directa  (IED) las actividades primarias. Esa invasión tendrá la forma de la típica producción de enclave, con tecnologías no sujetas al mejor cuidado ambiental y sin generar cadenas de valor para la exportación.
• Puntualmente en el caso del litio, este debe ser declarado como recurso estratégico. Se debe crear una Empresa Estatal que sea el agente central de la explotación de ese mineral, y que tenga como política su elaboración posterior con el mayor componente nacional posible, generando empleo y desarrollo de las provincias que tengan las reservas del mineral. Esa Empresa Estatal deberá actuar articuladamente con las provincias en cuyo subsuelo estén las reservas del mineral. Resulta preocupante el reciente raudo despliegue de inversiones en un sector que se encuentra mucho más desregulado que en los otros dos grandes productores, Chile y Bolivia.
• La modificación de la Ley de Entidades Financieras por otra, puesta al servicio del desarrollo nacional. La Ley 21.526, rémora jurídica de la dictadura terrorista, constituye el núcleo del dispositivo legal del modelo de financiarización del país. Las entidades de capital extranjero no deben seguir gozando de la posibilidad de encontrar nichos de gran rentabilidad como los préstamos personales y los negocios con tarjetas de crédito. Tampoco el de las fáciles ganancias del pase de manos entre los ahorristas locales y el crédito al Estado como lógica de una presencia parásita en el sistema financiero. Las entidades deben tener una ley que organice su especialización. No puede existir regulación igual para las nacionales privadas, las extranjeras o de capital de ese origen, las cooperativas o las públicas. Tienen objetivos diferentes, roles particulares y, por lo tanto, deben estar sujetas a legislaciones específicas.
• Una reforma monetaria que apunte a desandar el entramado bimonetario con el que funciona la actividad económica actual.
• La modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras, que hoy es un catálogo de invitación al ingreso no regulado. El destino debe estar condicionado por la decisión del Estado Nacional, la aceptación de los ingresos debe ser una atribución de la autoridad pública. Sus objetivos: el superávit de divisas, el aporte al proyecto nacional, su contribución al desarrollo, a la ampliación del empleo, su incidencia positiva en la integración nacional mediante la nivelación de las distintas zonas geográficas.
• Una reforma tributaria de carácter integral que vuelva más progresivo el sistema, que destierre la evasión, que limite los impuestos que afectan el consumo popular y que quite beneficios fiscales a los sectores concentrados de la economía. Hay margen para el aumento de la presión fiscal, la cuestión no es su nivel sino sobre quiénes pesan los tributos.
• La destitución del tabú de que el Estado no puede tener actividades productivas. No sólo debe gozar de esa atribución sino que es necesario que ocupe los espacios productivos estratégicos. En la producción minera, en la exportación de las producciones de mayor generación de divisas, en la producción de insumos difundidos –sobre todo en los más oligopolizados o directamente monopolizados-. Así también debería tomar la propiedad de los recursos naturales estratégicos y servicios públicos que atiendan derechos humanos esenciales. También es necesaria la recuperación del dominio de los ríos, de la propiedad de los puertos y del control y administración plena de todas las exportaciones e importaciones.
• La denuncia y desarme de la estructura de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que garantizan la igualdad de trato a todas las empresas sean pequeñas, grandes, extranjeras o nacionales. Esta igualdad de trato ante la ley es una forma de hostigar las políticas de discriminación positiva en favor de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional frente a la extranjera. Así se constituyen en una juridicidad de la monopolización y extranjerización de la economía nacional.
• La generación de espacios mayores para la economía social o popular que la sumen a la formalidad. Esto requiere del estímulo de las economías y mercados regionales, de la protección a los tenedores ancestrales de tierras que no poseen la formalidad de su propiedad, del apoyo a los campesinos de la Argentina profunda para nuevos y más importantes y desplegados roles en la producción de alimentos y otros productos.
• Retomar la Unidad Latinoamericana, en sus fases política, económica, social y de defensa. El período anterior de auge de gobiernos populares las dejó con distintos grados de desarrollo. En lo económico resulta indispensable la superación de las políticas distributivas progresivas, vinculándolas con intensas políticas de desarrollo, que se basen en el crecimiento sostenido de la expansión del mercado interno, el consumo popular, el empleo y la masa de salarios. Pero además, deben incluir aguas arriba el despliegue de una actividad productiva estatal que participe y conduzca las producciones de los bienes complejos que equilibren el desarrollo de las ramas de consumo e inversión, evitando la restricción de divisas de la balanza comercial.
• Articular políticas que eviten la fuga de capitales de la región, que incluyan controles a la entrada y salida de divisas, intercambios en monedas locales, el desarrollo de un mercado de bonos regional, la revitalización de las experiencias del Sucre y del Banco del Sur.
• La política de defensa debe evitar que se intente “atlantizar” la región y propender a una América Latina neutral frente a los conflictos que se produzcan entre las potencias del mundo cada vez más multipolarizado. Se debe articular una definitiva independencia militar de la región, abandonando definitivamente todo vínculo con la superpotencia, que resulta asimétrico y, por lo tanto, de sometimiento.

Así, hacia 2023 es necesario impulsar y canalizar en organización política y social al necesario impulso de una militancia contestaria y rebelada contra el poder del régimen oligárquico que se constituyó con el neoliberalismo. El diagnóstico que produjo la lideresa del movimiento popular es un grito de alerta frente a una situación de gravedad que debe ser enfrentada con una estrategia y una visión programática alternativa. La democracia debe ser salvada y reconstituida. Esa recuperación incluirá en su despliegue un momento constituyente que recupere a la Constitución de 1949 para nutrir con sus grandes aportes un nuevo texto cuyo dogma republicano sea compartido por el del constitucionalismo social. Será una tarea adicional la adición de una tercera fuente dogmática sostenida en la radicalidad democrática. El viaje a Lago Escondido —una propiedad mal habida por parte de un millonario extranjero pero habilitada por un juez cipayo— de jueces esbirros, invitados y financiados por el dueño de un oligopolio mediático, que a la vez es uno de los dos empresarios más influyentes de la AEA (Asociación Empresarial Argentina), heredera de la CEA, donde se elaboró el programa económico de la dictadura genocida, fue la revelación que Cristina Kirchner hizo para mostrar la grave descomposición de la República. Las elecciones de 2023 serán sólo un momento de una confrontación que se avecina en todos los planos: entre un proyecto democrático y otro oligárquico. Entre el nacionalismo popular y democrático y el liberalismo neo. Entre el poder económico y el de las mayorías populares.

 

 

 

 

 

 

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