DEMÓCRATA e INTRANSIGENTE

 

En su alocución del martes 6 de diciembre y en el reportaje que le diera a un diario brasileño, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner construyó una explícita línea de pensamiento político. Habló de un Sistema destinado a evitar que el movimiento popular llegue al poder con programas de transformación social, que ese sistema es una articulación del poder económico con el poder mediático —que se mantiene blindado de modo que ninguna legislación avance en regularlo para evitar su manipulación de la información de la ciudadanía—, un sector clave del Poder Judicial, el FMI con su acreencia que utiliza para cercenar la soberanía política y los partidos dispuestos a ser la mascota de esa mafia o Estado paralelo, como los “amarillos”.

Esto desnuda que el régimen neoliberal no es sólo un programa económico. Es un régimen que mercantiliza toda la sociedad. Todo está sujeto a un orden de “competencia”. No se trata de dejar libertad de mercado a los mercados que ya existieren, sino de crearlos para todas las actividades humanas. El Estado no deja hacer, sino que hace activamente para construir el reino del mercado. El hombre pasa a ser un sujeto cuyo ámbito de vida productiva y de consumo se desenvuelve imponiéndole conductas mercantiles. Las regulaciones sociales no disminuyen sino que crecen, pero se establecen todas desde el ámbito jurídico con el objetivo de garantizar la vigencia plena del derecho de propiedad irrestricto y de preservar a toda la actividad económica de cualquier intervención estatal.

El neoliberalismo promueve la apertura indiscriminada de las economías nacionales al mercado mundial, la liberalización del ingreso y salida de capitales sin condicionamientos y la igualdad de trato de la inversión extranjera respecto de la nacional. Un objetivo de los pregoneros del régimen es promover una matriz legislativa que sea adoptada por el conjunto de las naciones, para lo que juegan un papel clave los organismos multilaterales de crédito. El FMI es el sol de ese universo institucional. Las reformas estructurales que vienen atadas a los préstamos del FMI, no sólo tienen el objetivo de generar negocios para el gran capital de la financiarización mundial sino también para contribuir a uniformar la institucionalidad de los regímenes fiscal, financiero, laboral, previsional, de inversiones a nivel global. Este programa es una fenomenal expresión de una fase imperialista que extermina la participación del Estado para proteger los derechos económicos y sociales y, en el caso de los países periféricos, para cancelar las políticas de independencia económica y desarrollo nacional, sustituyéndolas por metas de crecimiento y ordenamiento socio-económico. El liberalismo neo también convierte en abstractos  los derechos políticos, porque las ciudadanías no podrán en una sociedad de ese carácter resolver nada sobre lo fundamental de sus destinos. Los escribe el mercado. El despliegue del régimen se da en un período de alta concentración económica, lo que significa que los precios y cantidades que se fijan y transan en los sublimes ámbitos mercantiles son fijados por pocos operadores en estrategias de disputas y acuerdos de precios entre multi-billonarios. La democracia se convierte en la fachada de un dispositivo oligárquico.

Todo pasa a ser mercancía y a ser tratado en el marco del derecho privado de propiedad. La ofensiva contra el concepto de servicio social se ha constituido no sólo en debate conceptual sino en materia de derecho. La comprensión de esta dinámica en marcha es relevante en la Argentina respecto del destino de los subsidios a los servicios públicos y el nivel de tarifas que deberán pagar los usuarios; también para la consideración del rechazo del poder financiero a considerar la actividad bancaria y crediticia como un servicio público. Pero el caso más ejemplificador es la oposición del oligopolio que domina la comunicación a la Ley de Servicios Audiovisuales que el gobierno neoliberal de Cambiemos derogó por un decreto presidencial. La revolución en las comunicaciones se desplegó en un intenso marco de desregulación de los estados nacionales de la periferia y del predominio de lógicas mercantiles, pero con la intensa asociación investigativa de la superpotencia militar mundial en interacción con grandes empresarios privados, esa oposición retrasa la intervención del Estado argentino en una regulación sobre una actividad fundamental a los objetivos culturales que una Nación debe tener, siendo inadmisible que el derecho de propiedad preceda a los derechos a la conformación de una cultura propia.

La cuestión democrática es asumida no como una expresión de poder popular. La categoría de gobierno del pueblo es abandonada como sustancia de la democracia por el dogma impulsado en Mont Pellerin, siendo reemplazada por la idea de los resguardos individuales frente al poder de la sociedad, expresado por el Estado. Así la democracia es asimilada a una metodología, a una práctica de la elección de representantes. Su posibilidad histórica quedó viabilizada por el predominio de la república liberal que se impuso como forma de despliegue institucional de la vida política que en vez de expandir la democracia contribuyó a encajonarla.

En la Argentina en 1949 se sancionó una Constitución que contemplaba una base jurídica para la expansión de los derechos económicos y sociales y la ampliación de las atribuciones del Estado para conducir una política de desarrollo nacional. Una dictadura la derogó convocando a una Asamblea Constituyente que reemplazó ese texto por otro que restauró la doctrina liberal como sustancia. El constitucionalismo social quedó sepultado por la intervención golpista. La república liberal retornaba como espíritu dogmático de la organización política del país.

El liberalismo neo se desplegó plenamente con la dictadura militar, que favoreció la creación de las bases para una sociedad de mercado. Favoreció la profundización de la concentración económica, subsumió a los sectores asalariados a la intensificación del predominio del capital, practicó una revancha clasista que significó un brutal deterioro de los salarios y la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional, dictó una Ley de entidades financieras que favoreció la inauguración del patrón de valorización financiera. Obligó por métodos terroristas de Estado a que la empresa productora de papel de diario sea transferida a los propietarios de tres periódicos, Clarín, La Nación y La Razón. El autoritarismo dictatorial fue y es avalado por los ideólogos de la sociedad de mercado, en la que el deseo mercantil agregado de los individuos consumidores  reemplaza a la voluntad popular. Su doctrina tiene un principio del “todo vale” para impedir la democracia que significa el gobierno del pueblo, gobierno en todas las esferas y también en la economía. No hay democracia con liberalismo neo. Para la primera lo sustancial es la soberanía popular y los mercados constituyen un instrumento que el gobierno puede utilizar y regular para la asignación de recursos en determinadas actividades. Para el segundo lo sustancial es el mercado, mientras la elección de representantes –que asimilan al concepto de democracia— resulta sólo una instrumentalidad.

 

 

El agente externo

En un informe sobre la gobernabilidad de las democracias que elaboraron en 1975 para la Trilateral, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Wantuki afirmaban: “Nos encontramos con desafíos intrínsecos a la viabilidad de un gobierno democrático, que se desarrollan directamente a partir del funcionamiento de la democracia. El gobierno democrático no necesariamente funciona de modo equilibrado, auto-sostenible o auto-corrector. Por el contrario, puede funcionar de modo que se originen fuerzas y tendencias que, si no son controladas por algún agente externo, conducirán con el tiempo al debilitamiento de la democracia. De hecho, cuanto más democrático es un sistema, más probable es que se vea en peligro por amenazas intrínsecas. Los desafíos intrínsecos son, en este sentido, más serios que los extrínsecos. Las democracias pueden evitar, moderar o aprender a vivir con los desafíos contextuales a su viabilidad. Pero existirá una razón más profunda para el pesimismo si las amenazas a la democracia surgen irremediablemente del funcionamiento inherente al propio proceso democrático. De hecho, en los últimos años las actividades del proceso democrático parecen efectivamente haber generado el colapso de los medios tradicionales de control social, la deslegitimación de las formas políticas de autoridad y de otro tipo y una sobrecarga de demandas al gobierno que excede su capacidad de respuesta”. El agente externo que controle los excesos democráticos y que limite la democracia, según sus puntos de vista,  desvelaba a los intelectuales del poder mundial en los umbrales del despliegue global del régimen liberal neo. Su desvelo era la construcción de una máquina de vaciamiento de la democracia. El agente tradicional de limitación de ésta era el Poder Judicial en las repúblicas liberales, en las que esa institución se constituía en un ámbito permanente y no electivo convirtiéndose en la garantía de la continuidad de los privilegios.

Pero en la posguerra emergieron experiencias políticas de nuevo cuño. En la periferia las alternativas de gobiernos populares y expresiones democráticas plebeyas, emprendieron la recuperación de sus verdaderos contenidos. La ruptura con el liberalismo llevó a esas nuevas formas a avanzar en las metas de igualdad, independencia nacional y expansión de los derechos económicos y sociales. En la Argentina esa corriente fue representada por el peronismo. La fuerza de esos emprendimientos democráticos hacía imposible que la forma tradicional republicana los controlara. El golpe militar se convirtió en el factor externo que interrumpiendo el funcionamiento institucional y estableciendo dictaduras restauradoras obturaría el poder transformador de la democracia y garantizaría que el funcionamiento democrático no pudiera desplegar vocaciones transformadoras sostenibles.

Ya con el despliegue del régimen neoliberal toda la vida social es invadida por la economía. La cultura es mercantilizada, los derechos sociales son desmerecidos como tales y la atención de esas necesidades sustraídas de las obligaciones estatales, la información es también convertida en una mercancía. La mercantilización generalizada en épocas de alta monopolización y donde la unidad económica ya no son las empresas sino los grupos económicos, se constituye en la forma indirecta del gobierno de éstos. Para lo que se construye una legalidad donde los estados no intervienen en la economía y abandonan todas sus posiciones productivas.

El neoliberalismo ingresa a sangre y fuego con la dictadura terrorista de Estado. Luego el sistema político soportó el fenómeno que Eduardo Basualdo designó como transformismo, caracterizando con esta categoría gramsciana a la captura —por parte del poder fáctico, del poder económico concentrado— de los intelectuales orgánicos de los partidos tradicionales para dar continuidad, desde la función gubernamental que ejercían, al proyecto iniciado por la dictadura militar. Pero además de esta característica de la gestión ejecutiva en la administración del patrón de acumulación económica y el comportamiento legislativo que la apoyara, el viejo Poder Judicial, corporativo y oligárquico, pasa a jugar el rol del factor externo para poner límite a cualquier intento de democratización que signifique un peligro para la fabulosa maquinaria de control político que garantizaba el ejercicio del poder real por los grupos económicos y el capital extranjero. Las reformas institucionales continúan, el Banco Central es sustraído del dispositivo gubernamental y se le da independencia del Poder Ejecutivo, limitándose sus funciones al control de la inflación, quedando la herramienta de la política monetaria en el lugar central para alcanzar ese objetivo. Ese paradigma de autoridad monetaria adquiere hegemonía global y se copia de un país a otro.

Así, junto a Ley de entidades financieras decretada por la dictadura, el sistema financiero pierde todo el sentido que los gobiernos populares le habían otorgado para una política de desarrollo. El poder financiero y su negocios, el oligopolio mediático y sus negocios, los grandes grupos económicos, el capital extranjero y el transformismo son el “poder constituyente” del nuevo régimen, a la vez que se conforman en un poder real muy organizado. Construyen un núcleo estratégico de espacios en el Poder Judicial para convertirlo en el factor externo que cerque el sistema político de la vocación transformadora democrática. El poder mediático de las empresas propietarias de cadenas de comunicación, que también intervienen en actividades productivas de diverso orden, es decisivo en la articulación de un discurso informativo único hegemónico que vele la realidad y bregue por la despolitización social. La infamia es utilizada para instalar el prejuicio y el odio de vastos sectores del pueblo respecto de los dirigentes que se proponen políticas de transformación de la vida popular, sostenidos en una convicción democrática profunda.

Fueron Néstor Kirchner y Cristina Fernández quienes con sus gobiernos desplegaron un programa democrático, reabriendo el juzgamiento amplio a quienes habían participado del genocidio de la dictadura terrorista, la recuperación del dominio estatal sobre la producción petrolera, las reestructuraciones de la deuda externa con quitas y condiciones signadas por la firmeza y la actitud soberana de un Estado plantado frente a la especulación financiera, la reestatización de las jubilaciones y una política internacional de Unidad Latinoamericana.

 

 

Lideresa resistente

El Poder Judicial argentino, en su función de factor externo. fue puesto en un plano de disciplinamiento de la sociedad para garantizar el continuismo del neoliberalismo que retornó al poder con Cambiemos. La lideresa del movimiento popular ha sido llevada a un enjuiciamiento múltiple con el objetivo de destruir su peso político y de mancillarla ante la sociedad. El Poder Judicial en esos juzgamientos se comportó como una institución inquisitorial, manipulando las formas para evadir el sentido de su existencia: impartir justicia. En el último juicio respecto de obras de vialidad fue puesta, tal como ella sostiene, ante “un pelotón de fusilamiento” político. El tribunal funcionó como espacio de desprestigio, lapidación, persecución y proscripción. Es que el régimen no tolera un nuevo período de recuperación democrática. El liberalismo neo es enemigo de la democracia.  

En sus palabras finales luego de su condena Cristina Fernández de Kirchner dijo:

• Que no fue condenada por las Leyes de la Constitución sino por un Sistema.
• Que ese Sistema no merece ser designado con categorías jurídicas sino políticas y se trata de un Estado paralelo operado por una mafia.
• Que ese entramado dispone sobre la vida y los bienes de los argentinos.
• Que nunca va a ser una mascota del poder ni de Magnetto.
• Que ella fue perseguida por no aceptar la fusión de Clarín con Telecom y que tampoco había estado de acuerdo con la que se había aprobado entre Cablevisión y Multicanal.
• Que el poder económico no tolera que no se haga lo que el patronato de los grandes grupos desea.
• Que el poder fáctico no acepta que le regulen los precios del celular, de Internet, de las prepagas. Que no aceptan que le fijen ningún precio.
• Que a los que tomaron la deuda con el FMI no los condenan.
• Que el poder económico arma las causas para disciplinar a los políticos.
• Que lo principal de la condena es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, porque esa es la manera de disciplinar a los liderazgos políticos que no se le someten.
• Que no va a ser candidata ningún cargo electivo en el 2023, y por lo tanto su nombre no figurará en ninguna boleta.

En un reportaje que le dio al diario brasileño Folha de Sao Pablo manifestó, entre otras definiciones, que:

• La condena sería para el peronismo, excediendo su plano personal.
• Lo sería a un proyecto que promueve el desarrollo del país y el despliegue de los derechos para el pueblo.
• Reivindicó la reforma jubilatoria que realizó su gobierno recuperando el sistema de pensiones para la administración estatal.
• Subrayó la importancia de haber cancelado, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la deuda con el FMI.
• Valoró la recuperación del control de YPF que le dio al Estado la disposición del yacimiento de Vaca Muerta y las inmensas posibilidades energéticas existentes en el mismo.
• Observó que una de las políticas de lo que ella denomina “Sistema” es estigmatizar a los gobiernos populares con el mote de “ladrones” y la constitución de sentido común alrededor de esa calificación.
• Reiteró su consideración de que en Bolivia los sectores del poder fáctico recurrieron al golpe militar clásico debido a que el gobierno de Evo Morales había democratizado el Poder Judicial haciendo electiva la integración de los tres tribunales que son el vértice en el sistema judicial boliviano.
• Rechazó que Venezuela fuera una dictadura, habló de su legitimidad democrática, de la defensa del patrimonio nacional que hace su gobierno, y de su origen en la voluntad popular.
• Se refirió al papel del FMI como limitador de la voluntad popular.
• Reflexionó sobre Internet y sus consecuencias negativas en el progreso del conocimiento, a pesar del exceso de información que genera.

La alocución de Cristina Fernández es un llamado a combatir el régimen construido de liberalismo neo, por el liberalismo neo y para las minorías enriquecidas por él. Su discurso deja planteada la necesidad de combatirlo, cuestión imposible sin medidas de fondo. Su recurrencia a la idea de “no seré mascota” está también dirigida a advertir respecto del inviable camino recorrido de consensualismo y moderación. Sus definiciones reclaman un rumbo enérgico de construcción militante en pos de la desarticulación del régimen actual.

Esa desarticulación necesariamente requiere de un programa que brota de los dichos de Cristina Fernández. Como el cambio de la legislación que regula a los medios de comunicación, una reforma democratizadora del Poder Judicial – que podría abrevar en la boliviana— y que debería cambiar comenzando por ampliar la Corte Suprema de Justicia, una revisión del acuerdo con el FMI, una recuperación del espíritu de Unidad Latinoamericana de la época de los tres gobiernos kirchneristas –que también reconstruya las instituciones fundadas en aquél momento—, el cambio de la legislación financiera que favorece a la banca concentrada.

Los últimos acontecimientos y la lectura que la Vicepresidenta hace de ellos muestran cómo en las elecciones de 2023 no disputarán el poder dos alternativas de administración del régimen neoliberal. Confrontarán quienes pretenden perfeccionar ese régimen oligárquico y quienes se proponen la tarea de realizar los cambios necesarios para desarmarlo y reconstruir un sistema democrático que permita redistribuir el ingreso, desconcentrar la economía, planificar el desarrollo, crear las condiciones para una comunicación que respete y estimule la pluralidad de voces, y constituir un Poder Judicial que administre justicia con espíritu de imparcialidad en lugar del actual que actúa como inquisidor para favorecer a las clases dominantes.

La comunicación de su renuncia a candidatearse de la lideresa del movimiento popular, tiene el sentido fundamental de no convalidar el régimen construido desde la mirada que la Comisión Trilateral tenía en 1975.

 

 

 

 

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