Los jueces y las truchas

 

Los jueces federales Pablo Yadarola, Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo Cayssials acordaron mentir que ellos habían pagado por su viaje en un avión privado el 13 de octubre a Bariloche, y por su alojamiento en Lago Escondido, la propiedad de Joe Lewis frente al lago, y ocultar que fueron transportados en helicóptero al centro de esquí. Aquí podés escuchar a Ercolini formulando una propuesta.

 

Para ello decidieron conseguir facturas falsas que mostraran que cada uno había costeado su pasaje y declarar que desde Bariloche viajaron en camionetas a la estancia del magnate inglés, donde también decidieron simular que habían pagado dos días de alojamiento.

En realidad, el viaje fue por invitación del Grupo Clarín, dos de cuyos principales directivos formaron parte de la partida:

• Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom, y
• Jorge Rendo, director de asuntos exteriores del grupo.

 

Por eso, El Cachila Casey, hijo de Alicia Chita Magnetto, propone obtener recibos antedatados.

También se ofreció a cubrir todos los gastos que implicara la simulación.

Ercolini es quien más insiste en la necesidad de coordinar una versión única para no contradecirse.

Los chats entre ellos, incluyendo audios con su voz, forman parte de una filtración realizada por hackers en el sitio https://breached.vc/, que piden 600 dólares a pagar en las criptomonedas bitcoin o Monero, por 500 MB de información.

El hackeo se realizó en el teléfono del Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Además de combinar la versión que darían del acontecimiento, se preocupan por presionar a distintos medios de comunicación para que no cubran el tema o incluso para que diseminen una versión inocente donde aparezcan como víctimas de un espionaje ilegal. También tratan de precisar cómo se produjo la filtración y analizan la posibilidad de presentar una denuncia penal por espionaje, alegando que se trata de actos de la vida privada. Yadarola cree que el responsable fue el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinksi, via Mariano Recalde, y anuncia en tono amenazante que ya se cruzará con el. D’Alessandro agrega que si le tocara ser ministro del gobierno nacional, disolvería la PSA. Pero también sospechan del órgano de control de los aeropuertos (ORSNA), y temen que además de la planilla de vuelo con la nómina de pasajeros aparezcan fotos y filmaciones del arribo a Bariloche. Sobre todo, del momento en que ambos gerentes del Grupo Clarín reciben a los magistrados. El viaje a Lago Escondido fue revelado por los periodistas Raúl Kollman e Irina Hauser. Entre los contactos que acuerdan realizar figura Julián Leunda, a quien se refieren como enlace con Fabián de Sousa, responsable de C5N. Según dicen, les prometió que la señal de noticias no destacaría el tema. En ningún momento dicen que Alberto Fernández lo había designado en agosto como jefe de asesores de la presidencia.

 

También disponen hablar con los columnistas de La Nación Joaquín Morales Solá y Paz Rodríguez Niell  y mencionan que los hermanos Saguier, accionistas del diario, también estuvieron allí en otra oportunidad.

Jorge Rendo le sugiere a Ercolini cómo apretar a los Saguier.

 

 

Además preguntan quién puede hablar con el accionista de Infoemba, Daniel Hadad. El ministro D'Alessandro les informa que Infoemba no tocará el tema. Otros periodistas, como Kollman, Irina Hauser, Pablo Duggan, Carlos Pagni, Víctor Hugo Morales o Hugo Alconada Mon son descalificados con gruesos insultos. En un momento plantean la posibilidad de decir que se trató de una excursión de pesca, pero uno de los miembros del chat informa que todavía no se inauguró la temporada, por lo que esa coartada sería contraproducente. Es llamativa la cautela de Casey y Rendo, quienes temen que una intervención suya en los medios del Grupo Clarín obre como confirmación de los hechos, que preferirían negar. Plantean hacerlo a través de intermediarios.

Los demás asistentes fueron

• el ex jefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia Leo Bergroth;
• el especialista en campañas electorales en medios digitales Tomás Reinke y
• el hijo de Mahiques, Juan Bautista, jefe de los fiscales porteños.

Estos son algunos antecedentes de los jueces invitados, cuyos chats abundan en datos sobre comidas, bebidas y cigarros y en alusiones escatológicas que se celebran con risotadas:

• Pablo Gabriel Cayssials. Anuló la adecuación obligatoria del Grupo Clarín a la ley audiovisual; permitió al ex jefe de gabinete Marcos Peña Braun utilizar la base de datos de la Anses para sus comunicaciones publicitarias; declaró inconstitucional la gratuidad universitaria y el ingreso irrestricto y convalidó el aumento del 300% en las tarifas del agua; le ordenó a la AFIP que se abstuviera de aplicar la resolución 4838 porque violaría el secreto profesional de abogados y contadores, al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal de sus clientes. También declaró inconstitucional el artículo de la ley del Ministerio Público que sólo admite la remoción de su titular por juicio político. La causa fue iniciada por el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires y seguida por su agrupación de choque político “Será Justicia” y su fallo forzó la renuncia de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue uno de los jueces del fuero contencioso administrativo que ordenaron al Banco Central la venta de dólares al precio oficial para importaciones que el Poder Ejecutivo no había autorizado.
• Pablo Yadarola, uno de los jueces del fuero penal económico, que trabaja con organismos del gobierno de los Estados Unidos. En 2018, por ejemplo, secuestró armas de alto calibre que llegaban al país por correo, con etiquetas de ropa deportiva. El dato fue provisto a su juzgado por Homeland Security.
• Julián Ercolini es el juez federal que atribuyó al Grupo Indalo una venta simulada de sus empresas y detuvo a sus accionistas Cristóbal López y De Sousa, cuando se negaron a poner esos medios al servicio de la demolición mediática de CFK que les solicitó Maurizio Macrì. La esposa de Ercolini fue secretaria del ex ministro de Justicia Germán Garavano. También procesó a CFK en tres causas, sólo superado por el doctor Glock. Fue uno de los que sostuvo que desde 2003 hasta 2015, Cristina formó parte de una Asociación Ilícita. En cambio sobreseyó al Número 2 de Techint, Luis Betnaza, aduciendo que no había pagado un soborno sino el rescate exigido por el gobierno venezolano de Hugo Chávez por la seguridad y la libertad de los ejecutivos de la planta de Techint en el Orinoco, Sidor. En 2016 sobreseyó al tío de Casey, a Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera en la causa por Papel Prensa, porque no encontró que la venta de las acciones en 1976 haya sido parte de delitos de lesa humanidad.

 

 

El interés público

Este material, que requeriría un estudio en profundidad, imposible de realizar un sábado de cierre, plantea un dilema deontológico. Como la propia fuente lo dice, es producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado. Pero tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como la de Estados Unidos y los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, afirman que la difusión de los temas de interés público, cuya divulgación resulte útil para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla, se conozca sobre aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen consecuencias importantes, gozan de una protección mayor, aunque incluyan aspectos de la vida privada, cosa que en este caso hemos evitado. Sólo se reproducen tramos de indudable relevancia pública. Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  “aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”. Es posible, incluso, que estos documentos muestren a funcionarios públicos preparando la comisión de un delito.

 

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