La condena

 

Las audiencias públicas en el juicio contra Cristina por las obras viales construidas en la provincia de Santa Cruz comenzaron el 21 de mayo de 2019. La sentencia se conocerá dentro de 48 horas, y sus fundamentos en marzo de 2023. Las causas judiciales parecen sincronizadas con el calendario electoral.

En aquel momento, militantes peronistas plantearon una movilización sobre los tribunales para acompañar a Cristina a la primera audiencia, pero ella los desalentó. “Ya fuimos una vez a Comodoro Py [el 13 de abril de 2016, cuando el doctor Glock la incriminó en la causa del dólar futuro]. No vamos a levantarle el precio a esta jugada, con la que intentan distraer la atención de los graves problemas que padece el país”, dijo. Sólo ella sabía en ese momento que pocas horas después anunciaría la candidatura presidencial de Alberto Fernández.

Ahora, una vez más decidió desalentar las propuestas de movilización que recibió de sectores políticos, gremiales y sociales. Estas incluyeron:

• La paralización del Estado, anunciada por el secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA, Daniel Catalano.
• Una caminata desde Liniers encabezada por Luis D'Elía, quien afirmó que la condena sería el fin de la democracia y anunció cortes de ruta en todo el país, “hasta que se vaya la Corte” [Suprema de Justicia]. Ni aun en esa convocatoria a una actividad que debería ser masiva, el docente de La Matanza puede controlar su crítica hacia una parte fundamental de los destinatarios de su mensaje. “Salgan, turros”, los arenga.
• Una pueblada frente a Comodoro Py, conducida por el juez Juan Ramos Padilla, cuya debilidad por las candilejas reduce lo colectivo a gestos individualistas.
• Una movilización organizada por la CTA que conduce Hugo Yasky, los camioneros de Hugo Moyano y algunos de los sindicatos industriales más importantes de la CGT, como los metalúrgicos y los mecánicos de automotores, quienes hicieron saber que sólo esperaban el visto bueno vicepresidencial.
• Un desfile de personalidades por el despacho o el domicilio de Cristina.

En cambio, ella se inclina por una respuesta política, al estilo de la de 2019. Una diferencia no menor es que aún no definió cuál.

 

 

Un episodio más

Si en 2019 la referencia quedaba tres años atrás, ahora no tiene ni siquiera un mes. El 17 de noviembre en el estadio Maradona de La Plata, quedó ratificada su centralidad en el movimiento popular, que descoloca a quienes desearían desafiarla y los induce a plegarse o capitular, como viene ocurriendo desde la muerte de Néstor Kirchner, de la que acaban de cumplirse doce años. Hecha esa demostración, no es necesario reiterarla, cuando resta despejar más de una incógnita de la ecuación. Además, la condena será sólo un episodio más dentro de una larga secuencia, todavía restan varios años antes de que concluya y su lectura no modificará la situación actual.

La Vicepresidenta no tiene dudas de que su condena ya está escrita, pese a la orfandad probatoria que se evidenció a lo largo de estos años de debate. Además de una pena de prisión, la fiscalía pidió que sea inhabilitada para ocupar cargos públicos. De acuerdo con el ritmo habitual de los tribunales federales, cuando la Corte Suprema pronuncie una sentencia definitiva ya estará avanzado el próximo mandato presidencial, de modo que la presunta inhibición no le impediría presentar una candidatura a otro cargo electivo.

Este cálculo, basado en la experiencia histórica, se esgrime en el discurso de los políticos y los medios de la oposición como desmentida del propósito proscriptivo, que el gobierno denuncia como un ataque a la persona más representativa del peronismo. Un allegado a la Vicepresidenta lo refuta: “Es la única que tiene intención de voto y capacidad de generar esperanza y movilización. Pero una campaña electoral con una condena judicial y la desidia política del gobierno, tal vez sea demasiado para el grado de organización en que estamos hoy”. Esto puede explicar que Máximo Kirchner no haya revisado la evaluación que formuló en una extensa entrevista el 24 de octubre: “Creo que Cristina no va a ser candidata”. Cualquier definición sería prematura.

No obstante, CFK se está moviendo como si contemplara la posibilidad de serlo, aunque sin anuncios, antes de comprobar los resultados del Ministro de Economía Sergio Tomás Massa en su apuesta por reducir la inflación a la mitad en el primer trimestre del año próximo. Ella, además, insiste en mejorar la distribución del ingreso, aunque el Presidente Alberto Fernández haya ejercido el poder de veto que retiene al aumento de suma fija que reclama el kirchnerismo. Si no se alcanzan esas metas, cree la Vicepresidenta, ningún candidato proveniente del peronismo tiene alguna chance de ser electo. Por el contrario, existe el riesgo de un retroceso aun en las provincias del Norte Grande y del Sur, las franjas azules del mapa electoral boquense de 2015. Por eso, un gobernador tras otro está anunciando el desacople de sus elecciones de la nacional.

 

 

Capacidad de anticipación

La prensa militante afirma conocer la sentencia que se leerá dentro de 48 horas:

• El Tribunal Oral Federal 2 desestimaría el cargo por asociación ilícita que planteó el histriónico fiscal Diego Luciani, quien pidió una condena a 12 años.
• Pero la condenaría por defraudación, a una pena de hasta 6 años de prisión.
• Como accesoria, sería inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida.

"Me quieren de acusada, no de víctima", dijo Cristina en el congreso de delegados de la UOM, hace un mes. Por eso, en la querella que la representa por el intento de asesinato el 1° de septiembre frente a su casa, la investigación se arrastra en forma penosa. Recién dos meses después, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó secuestrar los teléfonos de las asistentes de Gerardo Milman, que mintieron bajo juramento al negar su presencia en el restaurante Casablanca. Una dijo que había borrado todos los archivos porque había fotos personales comprometedoras; la otra dijo que cambió su telefonito por otro cuando fue citada a declarar por segunda vez. El abogado de Cristina, José Manuel Ubeira, reitera que recurrirá a instancias internacionales porque de los tribunales locales no puede esperar justicia. Para poner esta euforia en su real dimensión, el viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que la Argentina cumplió con las reparaciones que la Corte le ordenó al ex gobernador de Corrientes Raúl Rolando Romero Feris, por su detención arbitraria luego de la intervención de su provincia. Esto ocurrió en 1999, la Corte condenó a la Argentina a reparar el daño en 2021 y ahora da por cumplida la sentencia, 23 años después de los hechos. Esos son los plazos normales en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

 

 

 

Las veinte mentiras

Esta vez, las palabras de Cristina en el juicio fueron más breves que en ocasiones anteriores. Aquí podés escucharla.

 

 

 

 

 

 

Y aquí encontrarás su transcripción completa.

Además, CFK difundió el documento Las Veinte Mentiras en la causa Vialidad. Enumera los hechos que según Cristina los fiscales Luciani y Sergio Mola inventaron, ocultaron y tergiversaron. La lectura de esta apretada síntesis muestra que los cargos con los que se pretende condenarla no tienen sustento en la realidad y son una construcción endeble:

1. El propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en fallos y escritos doctrinarios reconoció que la distribución de la obra pública la deciden los órganos políticos. En Santa Cruz se justificaba por su extensión y por el déficit de su red vial.
2. Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo cumplieron con todos los controles legales y financieros y el Poder Ejecutivo jamás intervino en esa tarea.
3. La sanción de esos presupuestos fue debatida a fondo en el Congreso.
4. Hasta Margarita Stolbizer negó en el juicio que hubiera habido presiones sobre los legisladores para votar las leyes de presupuesto, y las mismas obras objetadas constaban en proyectos alternativos de la oposición, cuyos representantes las votaron sin cuestionamientos (entre ellos Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli). Por eso los fiscales no ofrecieron sus testimonios.
5. Cada vez que un DNU aumentó las partidas del presupuesto, lo hizo con carácter general, los servicios jurídicos controlaron su legalidad y el Congreso los validó.
6. El fideicomiso con el que se financiaron algunas obras viales fue creado por Fernando De la Rúa precisamente para eso; su uso fue informado en cada proyecto de ley de presupuesto y validado por el Congreso.
7. Ningún dictamen jurídico aconsejó que Cristina no firmara el Decreto N°54/2009, que además no asignó fondos a ninguna empresa en particular.
8. Según la Constitución y las leyes, la ejecución del presupuesto es competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete; sus decisiones fueron de carácter general, que incluyeron al Poder Judicial; a veces aumentaron partidas y otras las disminuyeron, como ocurrió con las obras de Santa Cruz. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento que jamás recibieron instrucciones de Néstor o Cristina para direccionar partidas presupuestarias hacia proyectos viales en Santa Cruz.
9. Ni el Ministerio de Planificación ni la Dirección Nacional de Vialidad aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez. Todos los testigos negaron interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular, con partidas que a veces aumentaban y otras disminuían.
10. Entre 2003 y 2015 todas las obras investigadas fueron informadas al Congreso, que aprobó los créditos presupuestarios para cada obra, cosa que la fiscalía ocultó.
11. El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión, evaluadas previamente por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, con el asesoramiento de la Auditoría General de la Nación. Esas Cuentas contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara que algún legislador aprobara esas Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.
12. No es cierto que a finales de noviembre de 2015 CFK haya ordenado aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos. Por el contrario, el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a Santa Cruz para obras viales; en esas fechas no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez, que contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.
13. El 30 de noviembre de 2015, cuando según la fiscalía, CFK se reunió en Santa Cruz con Báez para diseñar el “plan limpiar todo”, la Presidenta no estaba allí sino en Río Negro, donde realizó un acto público. El teléfono de José López, rastrillado en forma selectiva por la fiscalía, demostró la relación fluida que el ex secretario de obras públicas mantenía con Nicolás Caputo, no con Cristina.
14. Jamás hubo sociedad alguna entre Báez y CFK, sólo contratos comerciales por los que se intercambian prestaciones recíprocas (por ejemplo pago del precio de un alquiler o la compra de un bien), y la Justicia ya determinó que esas relaciones no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.
15. La fiscalía se opuso a cualquier pregunta sobre su acusación de que CFK ordenó la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz. El Poder Ejecutivo no tiene competencia en la licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados.
16. Ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria impone a la Presidencia el deber de controlar los actos administrativos de la Dirección Nacional de Vialidad y menos de órganos provinciales. El ex Ministro Roberto Lavagna explicó que su denuncia sobre cartelización de la obra pública fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, que Néstor Kirchner no debía intervenir en ese trámite, y redujo a “simple especulación periodística”, la supuesta relación entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara Kirchner. El auditor general por el radicalismo Alejandro Nieva declaró que no le constaban sobreprecios ni discrecionalidad en favor de Báez.
17. En todas las provincias la obra pública se concentra en empresarios locales, como declaró en el juicio Ángelo Calcaterra.
18. Las preferencias para esos empresarios locales constan en las leyes de obra pública de muchas provincias, que las sancionan sin intervención del gobierno nacional y se reflejan en los pliegos licitatorios.
19. La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara su acusación acerca de sobreprecios. A instancias de las defensas, el tribunal admitió que se peritaran sólo cinco de las 51 obras, elegidas según criterios fijados por los acusadores. Como perito de la fiscalía actuó el ingeniero Eloy Pablo Bona, responsable de posteos ofensivos para la familia Kirchner en las redes antisociales. Sólo él y el perito de la fiscalía avalaron la acusación, rechazada por la perita de la defensa, Adriana Alperovich.
20. Báez no cobró por obras que no estuvieran terminadas y no tuvieran deficiencias constructivas. Las que quedaron inconclusas fue por decisión del gobierno de Maurizio Macrì.

 

 

 

Mejor ladremos

El problema es cuántas personas leerán esta fundamentación cuidadosa y qué peso tendrán ante el bombardeo mediático que durante años ha presentado las acusaciones como verdad revelada y las sospechas como pruebas. Es cierto que Lula ganó la elección presidencial pese a haber pasado casi dos años detenido en otra causa falsa en su contra. Pero venció por la mínima diferencia histórica y su campaña fue cuesta arriba. Uno de los más inflexibles odiadores de los Kirchner, que ha escrito un libro-diatriba contra ellos y les arroja toneladas de estiércol cada semana en sus programas de radio, televisión y prensa gráfica, argumentó el martes pasado que “Cristina está involucrada en todo este afano”, pero a la hora de fundamentarlo sólo arguyó que “no podía no saber”. Aun así, admitió que “no veo pruebas contundentes”. Por lo tanto, en caso de duda, el juez “debe favorecer al acusado”. La probabilidad de que esto ocurra oscila como los extremos del índice de Gini, entre cero y uno, en este caso en puntos porcentuales.

Los efectos de este juicio se verán en un proceso electoral más difícil de predecir que el campeonato de fútbol que se juega en tierras árabes, donde ningún favorito ganó sus tres partidos y varios ya fueron eliminados. En esas condiciones los analistas están atentos a los cisnes negros y los outsiders. El consultor Jaime Durán Barba, quien hoy está más cerca de Horacio Rodríguez Larreta que de Maurizio Macrì, cree que Javier Milei tiene más chances que Cristina de llegar a un balotaje y alerta a los halcones del PRO de lo que considera sus cuatro errores:

1. creer que el mundo gira a la derecha, cuando, en realidad, está girando hacia el progresismo;
2. confundir derechas exitosas con neoliberalismo económico, cuando son derechas populistas;
3. estimar que Juntos por el Cambio no puede perder en 2023 y que la elección ya está ganada; y
4. pensar que la popularidad de Milei es por sus ideas de derecha, cuando tiene éxito por sus formas y tendría igual popularidad con ideas de izquierda si mantuviera las formas. En una entrevista con Jorge Fontevecchia concluyó que “pensar es una actividad que no está de moda y menos de nuestros políticos”.

A Milei también le advierte que “salió con demasiada anticipación” y que “puede asomar alguien totalmente distinto”. Su ejemplo es tan provocativo como el consejo que le dio a Federico Sturzenegger de no contestar preguntas sobre la inflación y hablar de sus hijos o de cualquier otra cosa. “Veo con sorpresa la campaña que está haciendo en este momento en Quito Jorge Yunda, candidato a alcalde. En el último spot que sacó les da un discurso a unos perritos en idioma perruno: ‘Guau, guau, guau’. ¿Y esto? Es el spot más visto de la campaña actual, todo el mundo lo mira, todo el mundo adora a las mascotas. Se sabe que él andaba siempre con un perrito cuando fue alcalde, que es un fanático de las mascotas. Dar un discurso mascota pienso que suma muchos votos”.

 

 

 

 

 

 

Durán Barba, que no tiene una cana de tonto, percibe que esto parece una tontería, pero agrega que quien lea a Byung-Chul Han o Alex Pentland entenderá la razón. “Lo que pasa es que el discurso antiguo caducó, no interesa. El caso más claro de esto fue Kast en Chile. No coincido con sus ideas en absoluto, pero es un tipo muy estructurado e hizo un programa de gobierno perfecto. Cualquiera que quiera un programa de derecha bien armado, que haga un copy & paste del programa de Kast, y está ahí, 180 páginas con todas las ideas que se necesitan para que la derecha maneje un gobierno. Casi saca menos votos en la segunda vuelta que en la primera con ese programa. El tema está en que cuando tú tienes un programa así, ¿quién te oye? ¿A quién le interesa? A nadie. Y la gente dice: ‘Este tipo habla de idioteces’, porque no leo esa cosa. En cambio, si ves a un sujeto como Yunda dando un discurso a los perritos, ves el spot completo. Lo vi, me sorprendí, me maté de la risa. No es el discurso que yo daría en un seminario, pero es un discurso que probablemente consigue en YouTube y en Twitter más seguidores que mis discursos”.

Yunda era un animador de radio y televisión, y de allí saltó a la alcaldía de Quito a la que se propone volver.

 

 

 

 

 

En la Argentina hay antecedentes muy conocidos: el cantautor Ramón Ortega, el corredor Carlos Reutemann, la modelo Carolina Losada, el cómico Miguel Del Sel. Y otros que no llegaron a concretarse, como Marcelo Tinelli, a quien el empresario colombo-eslovaco Francisco de Narváez llegó a ofrecerle 50 de los 370 millones de dólares que obtuvo por la venta de un supermercado para construirlo como candidato a principios de siglo. Asesores razonables lo convencieron de que mejor probara con Maurizio Macrì, quien prefirió comenzar por una diputación. Los tres se distanciaron por cuestiones que también comprenden la vida privada.

Las nuevas estrellas que asoman en ese cielo de utilería son el relator de partidos de fútbol Pará Pará y el profesor universitario Juan Grabois.

 

 

 

 

Uno asoma como posible candidato a la gobernación de Santa Fe, el otro “quiere ser Presidente y yo lo apoyo”, reveló esta semana Emilio Pérsico, más inclinado a actuar con su larga barba como el poder detrás del trono. Luego de su rendición ante Cristina, Pérsico forzó al Presidente Alberto Fernández y a su ministra de la sonrisa perpetua a postergar hasta febrero la baja de planes por presuntas incompatibilidades. El viernes por la mañana anunciaron un plan de lucha, a mediodía lo suspendieron. Grabois prefiere ser conocido por otras investiduras a las de profesor de Teoría del Estado, porque su público está en las clases medias intelectuales, cuya culpa fomenta por su relativo bienpasar en medio de la pobreza. Sigue las huellas de su padre, el Pajarito Roberto Grabois, dirigente de una secta marxista en la facultad porteña de Filosofía y Letras a comienzo de la década de 1960, arrastrado luego por el afluente Guardia de Hierro del torrente peronista, convertida luego de la muerte de Perón en un culto místico. El hijo nació una década después de la muerte de Perón, pero encontró un apto sucedáneo en Jorge Bergoglio, el alquimista que hasta ahora no ha dado con la fórmula para transmutar el agua doctrinaria en vino electoral.

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía.

 

 

 

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