LA GUERRA DE LAS LISTAS

 

El gobierno ensaya un congelamiento de precios que no lo es y por ahora su herramienta más fuerte sería la “percepción de riesgo”, hacerles creer a las empresas que las van a multar e investigar a través de Defensa de la Competencia. Pero en el barro, todo lo que sucede va por otro camino, al menos por ahora.

Cuando Alberto Fernández anticipó el inicio de la guerra contra la inflación, la respuesta de los grandes formadores de precios fue acelerar las subas. Lo mismo ocurrió durante la primera semana de septiembre, luego de una reunión entre Sergio Massa, Matías Tombolini y Miguel Angel Pesce con los grandes del supermercadismo. Les pidieron no hacer locuras con los precios. Y ocurrió todo lo contrario.

Durante esta primera semana de noviembre volvió a constatarse el poder fáctico de los formadores de precios. Según el relevamiento habitual que realiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) sobre productos de la canasta básica en supermercados, el alza registrada llegó al 2%, cuando una semana atrás había sido del 1,3%. Además, se incrementó el porcentaje de bienes con variaciones positivas, al pasar del 15 al 23%. Es decir, no solo se aceleró el alza sino que se extendió a más productos. Daniel Funes de Rioja, el abogado que preside tanto la Unión Industrial Argentina (UIA) como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), también juega su partido.

Esta semana Tombolini mantuvo una reunión con los representantes de los grandes del supermercadismo. Les solicitó que no aceptaran aumentos con más del 4% de alzas. El diálogo, planteado en estos términos, sería como ir a la guerra contra la inflación con un simple tenedor en la mano.

Luego de ese encuentro en la Secretaria de Comercio, sucedió el siguiente diálogo entre un supermercadista y uno de los principales formadores de precios.

—Yo te voy a tomar un aumento del 4%. Si querés más, andá a verlo a Tombolini.

—No lo voy a ver nada. Si no me lo tomás, no te entrego.

La carta del desabastecimiento no es nueva, ya la utilizó el poder concentrado en 2008 durante el conflicto por las retenciones móviles. Y lo vuelven a hacer porque saben que poseen el peso suficiente para prepotearla.

¿Las multas anunciadas servirán para disciplinar? La respuesta de otro empresario vinculado al rubro alimenticio fue clara. “No. Pero Massa tiene mucha capacidad de daño”, afirma con la intención de explicitar que el ministro efectivizará alguna sanción si eso lo lleva a concretar alguno de sus objetivos.

La empresa Bunge, que además de ser un gran exportador de materias primas y uno de los ganadores del dólar soja, también comercializa arroz en el mercado interno. En los últimos días envío listas con aumentos del 15%. Los productos de Porta Hermanos (bebidas alcohólicas) llegaron con subas del 13%. Los dueños de las principales marcas que se comercializan en los grandes centros de ventas al por menor reclamaron alzas, promedio, del 7%: Nivea, Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Papelera del Plata, entre otras.

 

 

Abusos

Los abusos de precios están a la vista. En un documento interno que circula por Economía, queda claro cuáles fueron los productos que más aumentaron por encima de la inflación. Los bienes a base de cereales lo hicieron un 36% por encima de la variación general de precios. No es difícil dilucidar que en este rubro juegan fuerte empresas como Molinos Río de la Plata, Molino Cañuelas, Morixe y Aceitera General Deheza, con una posición dominante en sus mercados.

El azúcar registró una suba del 54% por encima de la inflación. La empresa que pisa fuerte en este segmento es Ledesma, de la familia Blaquier. Otros productos de base agrícola aumentaron un 35% por encima de la variación general de precios.

 

 

 

Durante el macrismo, el capital captó dos puntos adicionales del PBI y seis con Alberto. El período del Frente de Todos podría ser caracterizado por un claro aumento de los márgenes brutos de explotación de capital. Es decir, una distribución inequitativa de un crecimiento que derramó para un solo lado.

Según se desprende de los relevamientos diarios que realiza la Secretaría de Comercio a través de su Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), las empresas que más aumentaron sus precios en el año fueron Coca Cola, Ledesma, Sancor, Papelera San Andrés de Giles y Queruclor. Algunas de estas compañías son las mismas que aplicaron el shock de aumentos tras el anuncio de la guerra contra la inflación, expuestas en público en su momento por Roberto Feletti.

 

 

 

El aceitoso

Uno de los productos que más aumentó en el año fue el aceite, a pesar de contar con un subsidio cruzado financiado por los propios exportadores. El tema es que las botellas que llegan a las góndolas con subsidio se agotan en los primeros días del mes. Las empresas que participan del programa se ganan una estrellita por su responsabilidad social empresarial que les dura escasos días pero les permite acceder a pingües ganancias.

Dentro de este conjunto de sociedades juega fuerte AGD, del ex senador del PJ Roberto Urquía, quien esta semana proclamó, a través de un reportaje por FM La Patriada (en el programa Tarde sin fondo), que el tipo de cambio estaba atrasado. No fue una reflexión al pasar. Lo dice sabiendo que el sector al que pertenece está sentado sobre 17 millones de toneladas de granos de soja y maíz, guardadas en silo bolsas.

Según el informe Monitor Agroindustrial que publica mensualmente la CIARA CEC, todavía quedan sin vender 10,6 millones de toneladas de soja y otros 7 millones de maíz. A los valores FOB del 1° de noviembre, el sector agroindustrial retiene 8.500 millones de dólares que podrían ingresar a las reservas del Banco Central, como así también aportar al fisco vía derechos de exportación.

“Los productores no van a vender porque no quieren quedarse con los pesos”, afirma Urquía, quien no duda en postular a Massa 2023. No es para menos, con tamaño regalo que les hizo a las cerealeras con la devaluación quirúrgica. En función de las necesidades de divisas por venir, no sería raro que los grandes de la exportación vuelvan a reclamar un tipo de cambio diferencial de cara al próximo año. Los que juegan en los distintos lados del mostrador cuentan con listas para revolear.

 

 

Al banquillo

El dogma oficial reza que no se puede distribuir sin crecer primero. El tema es que el crecimiento de 10 puntos del PBI de 2021, más los 6 puntos del primer semestre de este año se repartieron de manera inequitativa. En 2022, la suba del PBI podría ser del 4% y del 2% en 2023. Está claro que el FMI pone una pata sobre el crecimiento. Sea cual sea el número de variación del producto, el debate político debería centrarse en cómo mejorar la distribución del ingreso. Hasta 2015, distribuir no solo contemplaba la dimensión económica/salarial. También se distribuía con políticas públicas culturales, con la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, con mejoras en las leyes laborales, con el lanzamiento de Arsat.

Con Macri, los trabajadores y trabajadoras iniciaron la pérdida de poder adquisitivo, consolidada durante el actual gobierno. Con un agravante: el sector privado acumuló ganancias y poder. La pérdida en la capacidad de compra resulta sustantivamente mayor cuando se mide en alimentos.

De acuerdo al último trabajo del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA – CTA), “la capacidad de compra de alimentos del salario promedio registrado en julio de 2022 resultó 6,4% menor que la de diciembre de 2019 y un 23,8% inferior a la de diciembre de 2015”. La categoría de trabajadores pobres ya pasó de ser un hecho casi aislado. La pobreza, en el caso de los y las trabajadoras en relación de dependencia sin un contrato registrado llegó al 40,8%, mientras que entre cuentapropistas alcanzó el 37,1%.

Con datos tan elocuentes, toda la plana del Frente de Todos debería mandar al banquito de descanso al FMI y trazar un plan concreto y contundente para que el crecimiento que se pregona no se convierta en la futura paz de los cementerios.

 

 

 

 

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