El turno de los trabajadores

 

Lucha por el derecho, pero cuando tengas que optar entre el derecho y la justicia, elige la justicia.

Eduardo Couture

El martes venidero se iniciará el seminario internacional La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en Argentina. El evento se llevará a cabo en Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner y tendrá como máximo anfitrión al actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, quien además preside la Asociación Internacional de Procuradores (IAP, por su sigla en inglés). Entre las organizaciones convocantes figura el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) –ligado al Pentágono–, y la agencia estadounidense International Narcotics and Law Enforcement (INL), entre cuyas misiones figura la lucha contra la corrupción, comodín utilizado para la persecución política en Latinoamérica y el Caribe. Mahiques fue denunciado por la integrante de la Sala I de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, de haber sido quien intentó presionarla para que dictaminara contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.

La derecha doméstica, hoy hegemonizada por el macrismo, en alianza con las diversas agencias de Washington, viene desarrollando una implacable ofensiva destinada a colonizar los diversos estamentos de la Justicia en vistas a someter al sistema político y construir un imaginario legal capaz de limitar la irrupción de liderazgos desobedientes, legitimar su necesaria persecución y/o impedir cualquier tipo de orientación estratégica soberana disruptiva con el esquema neoliberal. Durante el menemismo, las mismas fracciones que hoy realizan eventos con agencias relacionadas con el Departamento de Estado lograron apoderarse de la Justicia Federal de Comodoro Py a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), controlada entonces por Hugo Anzorreguy.

Esas mismas orientaciones, que en los ‘90 fueron tramitadas por la mayoría automática de la corte menemista, son en la actualidad guarecidas por los cuatro cortesanos supremos, cuyos antecedentes como magistrados se especifican como faltantes. Las operaciones conjuntas de disciplinamiento político y social –con marco de referencia tribunalicia– se concentran en:

• El intento por controlar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo;
• la paralización del Consejo de la Magistratura;
• la disposición para congelar las causas de espionaje macrista, en especial la GestaPRO;
• la diversificación de capacitaciones para operadores judiciales, orientada a persuadir acerca de la necesidad de la flexibilización y la desregulación exigidas por las corporaciones locales y transnacionales (reforma laboral);
• y la criminalización de las actividades sindicales, apuntando a los camioneros como víctimas paradigmáticas.

Las cinco operaciones están estructuradas sobre la base común de (a) la reducción impositiva para los empresarios, (b) el debilitamiento del movimiento sindical y (c) la proscripción de Cristina. Este trípode fue exteriorizado por varios de los expositores del Coloquio de IDEA, quienes denostaron todo debate de proyectos políticos, asociándolos a una grieta que debe ser superada. El titular de IDEA, Daniel Herrero, invitó a todas las partes en conflicto –trabajadores y empresarios– a “ceder todos un poco”, en un intento por equiparar el rol de las aves y los zorros –equidistantes y corresponsables de la grieta– generado al interior del gallinero.

El intento por hegemonizar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal aparece como uno de los objetivos centrales del macrismo. Dicho interés se basa en la relevancia que tiene esa instancia en la definición de gran parte de los conflictos gremiales de mayor relevancia sindical. En 2012 la derecha local logró amañar el concurso –por primera vez en ese fuero–, instalando a abogados abierta o disimuladamente funcionales y/o empáticos a la lógica empresarial. En la actualidad, dicha Cámara cuenta con 24 magistrados y seis vacantes. Para completar el número de camaristas, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura –a cargo de Graciela Camaño– dispuso la convocatoria de un concurso público de oposición y antecedentes que lleva el número 451, destinado a cubrir cargos de vocales en las Salas III y V. La prueba de oposición se realizó el 19 de marzo. Se presentaron 28 postulantes, 21 de ellos pasaron la línea de corte con respuestas completas y 15 fueron calificados con puntajes superiores a los 90 puntos, lo que les permitió posicionarse en las ternas provisorias.

 

 

 

Ofensiva en toda la línea

 

 

Una vez que fueron divulgados los puntajes, el vicepresidente de la Comisión de Selección de Magistrados, Juan Manuel Culotta –integrante de la lista Compromiso Judicial, fundada por el binguero y asiduo operante de la AFI Daniel Angelici– planteó la nulidad del concurso, motivado por (a) el escaso puntaje alcanzado por los jurisconsultos postulados por su espacio político y (b) el éxito alcanzado por magistrados provenientes de tradiciones más respetuosas de la legalidad existente en el fuero laboral. De hecho, la candidata que obtuvo el máximo puntaje, Graciela Eleonora Slavin, es visualizada –por los adláteres del conglomerado cambiemita residentes en Comodoro Py– como una “terca e inflexible operadora judicial con la que es imposible establecer un diálogo constructivo”. La jueza, que en la actualidad forma parte del Tribunal del Trabajo 2 de Mar del Plata, aparece como el paradigma de quien se empecina en diferenciar a los zorros de las gallinas, motivo más que suficiente para encolerizar a los socios del Compromiso Judicial neoliberal.

Como contrapartida a los puntajes altos obtenidos por candidatos no controlables por las corporaciones –que superaron los 90 puntos–, se pudo observar el paupérrimo nivel alcanzado por los aspirantes promovidos por Culotta y Angelici: Laura Cristina Castagnino –conocida por su cercanía con la camarista Silvia Esther Pinto Varela, también integrante del Compromiso macrista– obtuvo apenas 20 puntos, que la relegó al distante puesto número 25 del orden de mérito. Otro de los ejemplos perdidosos, que se presentaba con aval de los supremos, fue José Facundo Rodríguez Ponte, quien apenas logró 60 puntos, lejos también de la línea de corte. José Facundo impugnó también el concurso haciendo trascender sus pergaminos de consanguinidad con Juan Tomas Rodríguez Ponte, su hermano y actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, DAJUDECO.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo está actualmente presidida por Beatriz Ethel Ferdman, una magistrada que integra la agrupación de Angelici y que se mantiene en permanente contacto con Culotta. Este último, antes de solicitar la nulidad, demoró la entrega de las evaluaciones de antecedentes a su superior en el Consejo, Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados. En forma paralela, junto con sus socios de Compromiso, se dedicó a descalificar a los jurados del Concurso 451, cuyos integrantes fueron Amanda Beatriz Caubet, Laura Liliana Micieli, Ramón Luis González y Guillermo Barrera Buteler.

 

 

 

Deferentes políticos y gremiales

 

 

La tarea de empañar la función de los jurados fue simultánea a la maniobra para desacreditar a quienes obtuvieron los máximos puntajes. Ambas operaciones prologaron la solicitud de la nulidad planteada a mediados de septiembre, motivada –según Culotta– por tratarse de “una prueba que contenía un caso sin consigna, ni expresión de agravios, ni interposición de recursos, y que no permitía resolver una sentencia de forma reglamentaria, algo que, además, nunca fue subsanado por el jurado”. Los reclamos amarillos, sin embargo, no habían sido estipulados de forma previa por el jurado, razón por la cual la queja aparece como claramente arbitraria. Como era de esperar, además, el pedido de nulidad fue explicitado a posteriori de conocer el orden de mérito. Algunos de los camaristas en funciones, como María Cecilia Hockl –ligada a la vereda amarilla de la grieta y ex funcionaria del Banco Central durante los dos últimos años de la dictadura genocida–, se encargaron de darle un aval a dicho pedido de nulidad planteado por el agrupamiento de leguleyos Comprometidos Judicialmente.

El 31 de agosto de 2018, en pleno gobierno macrista, Hockl –apellido alemán, cuya traducción literal remite al acto de arrodillarse– convalidó con su voto la decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de aplicar multas exorbitantes a la Federación de Camioneros por haber realizado asambleas durante una conciliación obligatoria que no había sido notificada. Un año después, el 1º de septiembre de 2019, justificó el despido de Ariel Horton de la empresa Interpublic –una subcontratista de General Motors– porque el 21 de julio de 2017 vociferó la onomatopeya de los gatos (miau) frente al entonces Presidente Mauricio Macri en el evento del Salón Internacional del Automóvil. Otro de los que se sumó al pedido de nulidad es Mario Silvio Fera, integrante de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Según los abogados consultados, Fera es un claro exponente del vínculo espurio con las catacumbas de la SIDE. Ganó el concurso a sus 38 años y sin el más mínimo antecedente, salvo ser un protegido y referente de la sede de 25 de Mayo.

El viejo Plan Cóndor tuvo como objetivo fundamental imponer un plan neoliberal en la región. Para lograrlo se apeló a la desaparición forzada. Sus víctimas prioritarias fueron trabajadores o militantes políticos que promovían la ampliación de los derechos de esos colectivos mayoritarios. En la actualidad, en el marco de la denominada disuasión integrada, se pretende desmembrar, debilitar y condicionar a las fuerzas populares –y a sus referentes– para imponer el sometimiento al trípode de poder global, conformado en forma sinérgica por Wall Street, las trasnacionales y el complejo militar industrial. Esa articulación pretende, con herramientas y dispositivos variados, impedir proyectos soberanos y, sobre todo, su articulación con el nuevo “eje del mal” liderado por China y Rusia.

En Latinoamérica y el Caribe se observa un sutil movimiento de autonomía respecto al trípode de poder global y a las operaciones conjuntas desarrolladas por las embajadas y las derechas neoliberales locales. Para cercenar cualquier posibilidad emancipatoria, los planes previstos incluyen la proscripción de líderes (Manuel Zelaya, Fernando Lugo, CFK, Lula, Rafael Correa, Evo Morales, etc.) y el disciplinamiento de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Del Plan Cóndor al Plan Institucionalizado de Persecución existe una conexión intrínseca y primordial entre las capacitaciones ofrecidas por el Departamento de Estado, la invisibilización de la causa de la GestaPRO, el prófugo Fabián Rodríguez Simón, las “toneladas de pruebas” del títere Diego Luciani, la colonización creciente de los juzgados y el intento por anular el concurso de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esa articulación solo puede desarmarse con cientos de miles en las calles.

 

 

 

 

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