El delito de luchar

 

El Poder Judicial de San Nicolás rechazó la prisión domiciliaria de Maximiliano Cabaleyro, secretario general de Camioneros de esa ciudad, y de Fernando Espíndola, delegado del sindicato en San Pedro. Ambos están detenidos con prisión preventiva desde el 8 de abril en la Unidad Penal 3, imputados penalmente por turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción. A Cabaleyro fue la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui quien le rechazó el pedido, presentado por sus abogados por motivos de salud. A Espíndola se lo denegó la Cámara, que luego de la apelación de la fiscal María del Valle Viviani rechazó la decisión del Juzgado de Garantías 3 de otorgarle prisión domiciliaria, también por cuestiones de salud. La Gestapo anti-sindical judicial penaliza la lucha y hace de la prisión preventiva una condena.

La detención de los gremialistas de Camioneros fue producto de la denuncia penal por extorsión que presentó en 2021 la familia Rey, propietaria en San Pedro de una empresa distribuidora de alimentos que lleva su apellido. Los Rey cuentan con el patrocinio legal de la abogada Florencia Arietto, que logró que la fiscalía 7 –a cargo de Viviani– impute y pida la detención de los sindicalistas. La jueza Maiztegui convalidó la decisión. La prisión para quienes defienden derechos de los trabajadores es una muestra más del atropello contra la lucha sindical. Las incongruencias en la causa para sostener la farsa han sido demasiadas, por ejemplo:

• La empresa Rey Distribución tuvo dos bloqueos por parte de Camioneros. El primero fue el 15 de enero de 2021 y el segundo, el 22 de febrero de ese año, que duró hasta el 25 de ese mes. La razón era que la empresa incumplía con el convenio laboral. Después del primer bloqueo, los Rey pasaron –como correspondía– a 12 trabajadores a Camioneros y pagaron la diferencia y deuda existente por tenerlos en otro convenio. A ese pago que debían hacer de lo adeudado los Rey lo llamaron extorsión.
• El propio contador de la distribuidora, Víctor Grabovieski, declaró en la causa y reconoció la deuda de los Rey con el sindicato y la obra social de Camioneros por un monto de 805.383,03 pesos. Aceptó que a la obra social se le adeudaban 492.323,03 pesos; 289.601,95 pesos al aporte sindical y 23.457,76 pesos de administrativos, correspondientes al período entre septiembre de 2019 y marzo de 2021.
• También el contador de los Rey declaró, en audiencia del 10 de febrero de 2021 ante el Ministerio de Trabajo, que el Sindicato de Choferes de Camiones aseguró que la empresa tenía una deuda con nueve trabajadores por la suma de 3.736.119 pesos por diferencias salariales de los últimos 24 meses. Esto llevó a un acuerdo ante el Ministerio el 31 de marzo de 2021, por el cual Distribución Rey debía pagar 450.000 pesos por tal diferencia salarial. Los Rey depositaron 50.000 pesos en cada una de las cuentas sueldos de los trabajadores.
• Además declaró que dos personas del gremio fueron a su estudio con una planilla, reclamando la deuda de 500.000 pesos que tenía la empresa con el sindicato y la obra social. Los pagos fueron realizados de la siguiente manera: 156.529,85 pesos en efectivo fueron para el sindicato y 143.161,75 pesos para la obra social; más un cheque por 102.999,91 pesos y efectivo para el sindicato por 47.308,44 pesos.
• A esos pagos, la familia Rey los calificó en su denuncia como extorsivos. Aportaron registros fílmicos a la causa en los que se ve a los Rey colocar dinero en una caja de galletitas que luego se llevan los sindicalistas. Todo un condimento –que seguramente tuvo a Florencia Arietto como asesora– para dar cuenta del supuesto “pago extorsivo” de Camioneros.

Ese video que presentan como evidencia de un delito no hace más que corroborar cómo los dirigentes sindicales van a cobrar la deuda que los Rey tenían con el gremio. Se utiliza la misma lógica que con Milagro Sala de invertir la carga de la prueba. En ese caso, en la filmación –que terminó en manos del grupo Clarín para demonizar a la dirigente social y su obra– hecha por cámaras de un banco se ve a cooperativistas de la Túpac embolsando dinero, pero no se muestra que anteriormente habían cobrado un cheque. Esa reproducción fue reiterada hasta el hartazgo por un grupo económico monopólico, antidemocrático y promotor de la inflación como es Clarín, para que todos los televidentes crean que “así robaba Milagro”. El proceder con los sindicalistas de Camioneros es el mismo, pero en un expediente judicial que apesta por su ilegalidad:

• En la causa penal, los abogados defensores encontraron un legajo paralelo sin foliar y sin fecha. Allí había transcripciones de conversaciones entre un tal Francisco Sturm y el denunciante de los gremialistas, Gustavo Javier Rey –titular de la empresa Rey Distribución S.R.L.–, donde acuerdan entrega de información confidencial del sindicato a cambio de dinero.
• En ese cuerpo caratulado “Actuaciones complementarias legajo Fiscal” también figuran transcriptas escuchas ilegales de conversaciones entre el abogado defensor Mauricio Gugger y sus clientes.

Existen suficientes razones para determinar la nulidad de una causa viciada desde el inicio. Solamente pueden sostener el proceso con la detención injusta de los dirigentes gremiales, lo que demuestra la podredumbre del Poder Judicial de San Nicolás. La anuencia de la fiscal general interina Sandra Bicetti con el horroroso accionar de la fiscal Viviani solamente puede ser explicado por la cooptación del Departamento Judicial de San Nicolás que tiene Cambiemos a través del feudo de los Passaglia y el oscuro operar del procurador Julio Conte Grand. Si el Consejo de la Magistratura no define el concurso que se realizó en julio de 2019 para nombrar al fiscal general en San Nicolás, este tipo de actuaciones ilegales del Poder Judicial continuarán.

 

 

 

Sin mesura

Los abogados defensores pidieron que se le otorgue a Cabaleyro la prisión domiciliaria. En la audiencia del 27 de septiembre, Gugger expresó que el pabellón donde se encuentra detenido el sindicalista, que duerme en el piso, se encuentra excedido en un 300%. Actualmente en el lugar hay 94 detenidos, cuando hay capacidad para 30 personas. Por los análisis que le hicieron, se constató que Cabaleyro tiene un aumento del colesterol total y del colesterol LDL, que presenta antecedentes de dislipemia (alteración en los niveles de grasas en sangre, fundamentalmente colesterol y triglicéridos) y que se encuentra sin tratamiento. La jueza Maiztegui pidió un informe a la Unidad Penal 3 y, como era de esperar, expresaron que Cabaleyro padece dislipemia en tratamiento y que es asistido diariamente por su padecimiento. Hasta se atrevieron a sugerirle que cese su hábito tabáquico y haga actividad física. Por lo tanto, su dolencia que la siga penando en el penal.

El otro abogado defensor de Cabaleyro, Javier Moral, citó el fallo Verbitsky (fallo 2005, Verbitsky I y fallo 2021, Verbitsky II), de carácter obligatorio para los tribunales inferiores, ya que resulta inconstitucional el hacinamiento en las cárceles. Dijo que era necesario acceder a medidas de morigeración y señaló que el fallo indica que el uso de dispositivos electrónicos debe ser ponderado.

Otra defensora, Analía González, expuso la situación de salud por la que atravesaba Julio Cabaleyro, el padre del sindicalista detenido, quien falleció el pasado viernes luego de atravesar un tratamiento a causa de un cáncer en estado terminal. La defensora había pedido que se tenga en cuenta dicha circunstancia, dada la preocupación que causaba a su representado, y citó fallos en los que se ha otorgado la morigeración a los detenidos en similares circunstancias, pero nada de ello fue atendido. Incluso, Gugger detalló al El Cohete a la Luna que fueron insensibles ante el pedido para que Cabaleyro pudiera ir a ver a su padre. El último oficio que envió el abogado para que el detenido pudiera despedirlo fue el jueves. La jueza lo autorizó, pero el Servicio Penitenciario nunca lo llevó.

Fue la fiscal Viviani quien sostuvo en su pedido de detención de los dirigentes de Camioneros que “existe peligro de entorpecimiento en el proceso por parte de los mencionados, ya sea por las características particulares de los mismos, en razón de los cargos que detentan. Puntualizó que “Maximiliano Cabaleyro es delegado gremial del sindicato de Camioneros y Consejal (sic) por el Frente de Todos en la Municipalidad de San Nicolás; y Fernando Espíndola como delegado del Sindicato de Camioneros de San Pedro”. Argumentó que la medida se debía a “la gravedad de los delitos enrostrados y la posibilidad de influenciar sobre los testigos amedrentando o (de) condicionarlos en sus respectivo puesto (sic) de trabajo para los cuales se presta servicio”.

Gugger planteó en la audiencia del 27 de septiembre que “la morigeración no es la libertad, sino un arresto con pulsera electrónica y monitoreo permanente, y en ese sentido, y en referencia a los peligros procesales, en primer lugar, el detenido y su familia residen en San Nicolás, y los supuestos hechos achacados sucedieron en San Pedro. Luego, la IPP (Investigación Penal Preparatoria) lleva más de 18 meses y el detenido casi 180 días de privado de su libertad. Durante toda la instrucción que permaneció en libertad y hasta su detención, incluso posterior a ella, no hubo atisbo de entorpecimiento de la investigación”.

El abogado defensor también derribó los argumentos de la fiscalía respecto a un entorpecimiento de la investigación al señalar de que “no hay constancias de que existan una cantidad enorme de pruebas por producir, por lo que la defensa entiende que la prueba está ejecutada casi en su totalidad, sin perjuicio que resulta menester recordar que todas las medidas cautelares dictadas fueron acabadamente cumplidas”. Incluso recordó que Cabaleyro demostró “conciliar en la sede de la Secretaría de Trabajo, donde el particular damnificado solicitó el levantamiento de la misma, siendo el mismo Rey quien participó junto con Cabaleyro de la audiencia, por lo que no hay intención de amedrentar a las víctimas”. La defensa también dijo, en relación con el informe médico y la unidad penitenciaria, que a la fecha “no se le había dado ningún tipo de tratamiento de los indicados por el perito médico”.

El Poder Judicial nicoleño fue más allá de la doctrina que inventó Ricardo Lorenzetti y aplicó el camarista Martín Irurzun. Como se describe en el libro Rebelión en la Corte de Irina Hauser, “Lorenzetti se despachó con un escrito de 23 páginas”, en el que “llamaba a reconsiderar y ampliar los criterios para evaluar la prisión preventiva”. Con esa decisión, “buscaba un marco para facilitar las detenciones de ex funcionarios y personas vinculadas”. Así, “la creatividad del supremo exhortaba a la sanción de una ley para regular esa nueva forma de meter gente presa”. Lorenzetti tenía “la adhesión de Juan Carlos Maqueda y Highton de Nolasco”, pero Rosatti se opuso. Igual su borrador tuvo éxito porque “aparecía en esa época en las resoluciones de la Cámara Federal que formaba su aliado Irurzun” (Hauser, 2019: 200-203). En San Nicolás se la superó y se la aplicó contra los sindicalistas.

En el caso de Fernando Espíndola, que padece asma bronquial, úlcera duodenal, gastritis, hernia de disco en la columna lumbar, traumatismo facial en el lado derecho, obesidad mórbida (140) y síndrome metabólico, el juzgado de Garantías III concedió el beneficio de la morigeración en su favor. Sin embargo, la fiscal Viviani apeló ante la Cámara, que resolvió “que las problemáticas de salud que padece el causante no constituyen un cuadro de gravedad extrema o de imposible tratamiento en el medio carcelario”, condiciones establecidas como requisito de necesario cumplimiento para el otorgamiento de la morigeración pretendida, por lo que “corresponde revocar la decisión de la magistrada de grado por no ajustarse a derecho”.

 

 

 

Hay equipo

La abogada de los Rey, Florencia Arietto, se presenta en Twitter de la siguiente forma: “Siempre al lado del que labura y en contra de las mafias y los delincuentes”. También prometió para el país, si vuelve a gobernar Juntos por el Cambio, “sangre, sudor y lágrimas”, así como balas para les bonaerenses al asegurar: “A la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra”. “¿Hay margen para eso?”, fue la única preocupación del entrevistador televisivo y promotor del odio. Arietto respondió: “Lo que no podemos hacer es mentir a la gente”. Con esa abogada de Cambiemos y también con Cyntia Soledad Liwski, que oficia patrocinando a Rey en la causa y fue funcionaria contratada en el área de Legales por el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta durante 2018, hay equipo judicial.

 

 

 

 

 

Con una fiscal como María del Valle Viviani, bien parada en el medio y quitando toda posibilidad de juego contrario; con una jueza de Garantías –solamente para los atacantes– como Maiztegui; con Florencia Arietto y Soledad Liwski manejando arriba, por diversos carriles, la causa Rey; con una fiscal general interina como Sandra Bicetti, que habilita todo pase que no llega limpio al expediente; y con un director técnico como Conte Grand, el equipo de fútbol 5 judicial San Nicolás está listo para todo atropello contra la lucha sindical.

 

 

 

 

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