EL LAGO QUE ESCONDIÓ JOE LEWIS

 

Hace al menos 17 años que la provincia de Río Negro opera en favor de los intereses del magnate Joe Lewis, y por ende en contra del derecho constitucional ciudadano del acceso libre a las costas del Lago Escondido. Este conflicto, que parece tan simple en el primer vistazo, se pone espeso en la medida en que nos acercamos, se enturbia con una serie de variables que es menester comprender, sobre todo porque representa un caso testigo: hay en la Patagonia otros 300 espejos de agua que en los hechos están privatizados por la compra total del territorio que los rodea. ¿Qué puede hacer la Nación? ¿Qué cosmovisiones se cruzan en esta disputa por el territorio? Este texto no trata de respuestas, pero sí ofrece una serie de testimonios que pueden abonar un camino posible hacia la comprensión más holística de este diferendo que deviene estratégico y que toca temas sensibles como el agua y la soberanía.

 

 

La justicia y sus subterfugios

Hay un dicho popular que sostiene que la economía no es complicada y que cuando la exponen como compleja es porque algo nos quieren ocultar. Algo así sucede con la Justicia. Una causa judicial comienza para llegar a la resolución de un conflicto, y en el camino a un expediente se suma otro, a la apelación se responde con otra, lo que dice un juez lo contradice otro, con lo que se genera una bola de nieve en la cual solo los expertos logran no quedar atrapados. Pero no hay por qué naturalizar estos niveles de complejidad. El Poder Judicial fue creado para que la ciudadanía acceda a soluciones justas y debería ser un objetivo general que se torne cada vez más comprensible, transparente y ágil. Si no es por esta serie inagotable de recovecos, no se explica que durante 17 años este conflicto no se haya resuelto. En diálogo con El Cohete a la Luna, la ex senadora Magdalena Odarda, la primera en interponer un amparo para que se abriera el camino al Lago Escondido, decía lo siguiente: “Esta causa empezó en 2005, se trató de un amparo por derechos colectivos, basado en el artículo 73 de la Constitución de la provincia de Río Negro que garantiza el libre acceso a las costas, teniendo en cuenta que desde el año ‘96, cuando Joe Lewis compró el campo, cerró el camino denominado Tacuifí”.

El litigio por la cuestión del acceso tiene varios mojones. El último data del pasado 12 de septiembre, día en que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de Bariloche ratificó, con la firma de los jueces Marcela Pájaro y Jorge Serra y el voto en disidencia de Federico Corsiglia, una sentencia de 2013 que ordena abrir el camino en disputa.

Odarda explica cómo se llegó a esa sentencia: “El juicio que comenzó en 2005 tuvo una sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia en 2009, donde se estableció que los ciudadanos podíamos utilizar todas las vías de acceso que llegaban al Lago Escondido. Sin embargo, eso no se cumplió: pasó a un juez de ejecución para que ejecute la sentencia, que ya tenía incluso fallo firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dicho juez estableció en 2013 que la provincia de Río Negro tenía tres meses para garantizar la apertura del camino de Tacuifí, que son 19 kilómetros desde la ruta 40, y tenían también que dejar en condiciones el sendero de montaña, que sería la otra vía de acceso público, donde ocurrieron los ataques a manifestantes en el mes de febrero de este año”.

Veinticinco son los magistrados que han pasado por la causa, lo cual demuestra hasta qué punto la Justicia tiene las herramientas para dilatar hasta el infinito aquello que implica una modificación del statu quo. Decía Odarda en este sentido: “Ahora la Cámara de Apelaciones de Bariloche, compuesta por nuevos jueces, ratificó lo que dijo el juez Cuéllar de Bariloche. ¿Pero qué ha pasado en todo este tiempo? Pasó que se denunciaron jueces, se recusaron, otros se excusaron directamente, fueron más de 25 los jueces que pasaron por la causa de Lago Escondido, que pareciera ser una causa que quema. Nadie quiere hacerse cargo porque los jueces que sí se atrevieron a fallar a favor de los ciudadanos fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura con causas armadas”.

 

 

El (único) problema no es Lewis

Susana Lara, escritora y periodista que ha trabajado este tema a lo largo de los años, mencionaba un aspecto relevante: “Me parece que un cambio importante que se ha dado a lo largo de la última década, desde que tuvimos el fallo de 2013, es la interpretación política que se fue construyendo respecto a que el incumplimiento mayor en todo este conflicto es por parte del Estado de Río Negro, es la provincia la primera que no acata el fallo judicial”. Odarda destaca el mismo aspecto: “Vialidad Provincial, que antes se llamaba ViaRSE (Vial Rionegrina Sociedad del Estado) es la principal demandada porque es justamente quien tiene que garantizar que los caminos estén en condiciones, quien debe ocuparse de todo el sistema de caminos. Lo que sucede es que los abogados de la Fiscalía del Estado de Río Negro han trabajado prácticamente en sociedad con los abogados de Lewis durante todos estos años. Yo voy a denunciar a la Fiscalía y al gobierno de Río Negro por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber entregado un bien natural que es patrimonio del Estado. Ahora ante este fallo, la provincia lo único que tiene que hacer es tirar abajo el vallado y sacar las cámaras de seguridad que se instalaron de forma totalmente ilegal en plena cuarentena, pero sin embargo ya anunciaron que van a seguir dilatando el cumplimiento, que van a apelar nuevamente como para que esto se estire 10 años más, cuando ya hemos perdido 17 en el ejercicio del derecho constitucional de acceso al agua”.

Alguien se podría preguntar por qué tanto escándalo por un camino, si el predio tiene más de 12.000 hectáreas. A lo que Odarda responde: “Uno de los motivos por los cuales Lewis se opone tanto a la apertura del camino de Tacuifí es que en el año 1996, durante el menemismo, él tuvo la impunidad, seguramente en connivencia con funcionarios provinciales, de construir su mansión arriba del camino público. Entonces ahora, si el camino se abre, directamente la gente pasaría por su propio jardín. Lo que nosotros propusimos en el juzgado es un desvío para que el camino no le pase por el medio de la casa. Pero también cabe preguntarse: si él construyó su mansión sobre un camino público, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos por tal acto de corrupción? Si nosotros queremos instalar una carpa en el medio de la calle seguramente viene la policía y nos saca, pero a él directamente le dejaron edificar sobre la vía pública y ahora requiere mantener su paraíso privado y su tranquilidad. Por eso la provincia de Río Negro ha sacado el lago Escondido del corredor turístico, y te mandan al lago Puelo en Chubut cuando nosotros tenemos un lago a menos de 20 kilómetros de una ruta nacional”.

 

 

Caso testigo

Hay un video institucional más que interesante en la web oficial de Hidden Lake SA.

 

 

 

 

En el segundo 02:55 la locutora señala que el juez de ejecución “en su mente” consideró que el camino era público y no privado. Es de destacar que segundos antes menciona otras acciones, llevadas a cabo por el Superior Tribunal de Justicia, y ahí no personaliza hablando de un juez en particular ni enfatiza ningún elemento que haga alusión a un plano subjetivo, como es la mente. Es decir, cuando describe las acciones de la Justicia que fueron convenientes para Lewis, transmite un carácter profesional, imparcial, institucional; pero cuando da cuenta de fallos a favor de la ciudadanía comunica exactamente lo opuesto. Siempre los jueces, los fiscales, los abogados, y todas las personas, tomamos las decisiones en nuestras mentes, así funciona el ser humano, nadie decide con los tobillos. Pero resulta interesante mirar la construcción subyacente en este material audiovisual. Además el ícono que pende sobre la imagen que representa al juez en cuestión es una especie de bola de cristal, un elemento confuso, cuando claramente podrían haber graficado su accionar con libros que representen los Códigos o con la clásica balanza. Pero no, bola de cristal y “su mente”.

El siguiente elemento interesante del video es que señala a la provincia de Río Negro + Lago Escondido SA como un equipo. Efectivamente esto es cierto, así han actuado en los hechos, pero a todas luces esta asociación va en contra de la obligación de los funcionarios públicos que deberían representar a la ciudadanía, velar por sus intereses, y no respaldar a un empresario que opera en contra del bien común. Por último, el video explica que son 300 los espejos de agua cuyos accesos están privatizados como si esto justificara el caso de Lewis. Que haya otros accesos privatizados no le quita responsabilidad ni a la provincia ni a la empresa, todo lo contrario. Señala hasta qué punto es clave que se avance en la ejecución de la apertura del camino para que esto siente jurisprudencia y permita empezar a pensar en los accesos de los otros lagos. Por eso el pez es mucho más gordo de lo que parece. No es un caminito de 19 kilómetros el meollo de este asunto. Es el agua de la Patagonia.

Decía Magdalena Odarda que hay recursos que aún no se han intentado: “La Nación podría pensar en un Parque Nacional en la zona, por ejemplo, y desde allí tomar partido, porque hasta ahora no hemos tenido el apoyo de la Nación. Esto se ha sostenido a base de fuerza de trabajo, por las organizaciones locales, por los vecinos y vecinas, la militancia, invocando sobre todo el derecho ambiental y el Acuerdo de Escazú, que es nuestra principal herramienta porque garantiza la participación ciudadana en causas ligadas a medio ambiente, porque acá de lo que se trata es del derecho al agua. Por eso mismo vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación a un derecho humano que es el acceso al agua pero también el retardo de justicia cuando hay una sentencia favorable para la ciudadanía incumplida por el propio gobierno, que está garantizando privilegios inconstitucionales”.

 

 

 

Unidad en la diversidad

Las voces que sostienen el reclamo del acceso libre al lago Escondido son diversas, y entender esta pluralidad es clave. Susana Lara analiza al respecto: “Pienso que el conflicto por el libre acceso a las costas y al agua del lago Escondido es parte de la complejidad de un conflicto mayor que hace a la tensión contemporánea por el control del territorio, sobre todo en el hemisferio sur, que es el escenario de privilegio para el interés de los capitales transnacionales. En este marco la sociedad responde desde una diversidad de cosmovisiones y relaciones de fuerza. En esa pluralidad de perspectivas y de puntos de vista hay sectores del pueblo que inscriben el conflicto de lago Escondido en el marco de la disputa por la soberanía, y hay otros sectores, principalmente desde la perspectiva de los pueblos originarios, que se reivindican desde el encuadre del derecho al control real del territorio y a la no mercantilización de la naturaleza. Esas visiones a veces pueden correr en paralelo y a veces están más o menos en tensión. Es justamente en ese juego donde se verá la capacidad de la dirigencia para unificar reclamos, para gestar unidad en la diversidad de modo que una perspectiva no anule la otra”.

Respecto a qué elementos realza cada sector, Lara agregaba lo siguiente: “La cuestión del origen de Lewis a mí me resulta distractiva, pienso que su condición de persona nacida en Gran Bretaña no debería distraernos respecto a su recorrido como financista y como cabeza visible de un grupo económico que opera básicamente en paraísos fiscales; él ni siquiera tiene su domicilio real en Gran Bretaña, por ende no tributa allí. Me parece que la perspectiva de caracterizarlo resaltando el hecho de que es un ciudadano inglés, en nuestro contexto de lucha histórica por la soberanía de las Islas Malvinas, quita el foco de lo central que es todo lo que el grupo Tavistock está desarrollando en la Argentina desde la década de los ‘90. Evidentemente a lo largo de los años se ha forjado un lazo político insoluble entre el grupo y las distintas gestiones del gobierno de Río Negro, y el poder real que ejercen en nuestro país es lo fundamental”. En cuanto a las variables que suman a la hora de dimensionar la complejidad de los actores implicados, Lara agrega que “hay que tener en cuenta en el caso concreto de lago Escondido que ese área es parte del territorio tradicional mapuche, del Wallmapu, y que por lo tanto es percibida y concebida como parte de la territorialidad en disputa”.

 

 

Tanto tiempo

“Tacuifí”, en voz mapudungun significa “tanto tiempo”. Pareciera casi un presagio: ha sido tanto el tiempo en que los pobladores no han podido transitar los caminos que siempre usaron. En todo este tiempo el ejercicio del poder ha sido obsceno. Odarda señalaba en este sentido un hecho emblemático: “Los puentes de material que había sobre los ríos en las zonas que Lewis compró fueron tirados abajo y en su lugar construyeron unos de madera que, según el abogado Luis Bianco, pertenecen a la corona británica. Eso adujo cuando en una inspección judicial sobre el camino no permitió ni siquiera que el presidente del Superior Tribunal de Justicia pudiera cruzar por los puentes. Tuvimos que caminar todos con el agua a las rodillas, el juez incluido, y de este modo nos demostraron su poder. Fue una muestra más de la impunidad con la que siempre se han manejado en la zona, protegidos por el Estado provincial”.

 

 

Parecen estar en juego dos paradigmas. Hidden Lake SA propone que la solución sea un camino que pase por la zona que denominan “El Manso”. Este camino tendría el beneficio de no alterar la propiedad privada, aunque desde una mirada que precie la naturaleza en su estado más prístino, representa una profanación total. Implicaría vulnerar un espacio de bosque nativo que hasta ahora jamás ha sido intervenido, dañaría el corredor del huemul que es un ciervo endémico protegido y atravesaría a su vez un área con alerces, especie también protegida. Bosque o mansión, no se puede todo. Por muchos motivos una parte del mundo está mirando hacia la Argentina. Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, el hidrógeno verde. Del gobierno provincial pareciera que nada se puede esperar, pero el gobierno nacional tiene la oportunidad de hacerse valer, de decir con hechos que el agua argentina será protegida, que la Patagonia no será rifada al mejor postor.

No es un camino sencillo. Jorge Luis Borges dice en El jardín de senderos que se bifurcan: “El ejecutor de una empresa atroz debe imaginar que ya la ha cumplido, debe imponerse un porvenir que sea irrevocable como el pasado”. Eso.

 

 

 

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