Las penas son de nosotros, las ganancias del 53% son ajenas

El ajuste de tarifas y sus consecuencias

 

El 2018 es un año clave para las empresas energéticas, ya que maduran las consecuencias del ajuste tarifario implementado por Cambiemos. El quiebre de pequeñas y medianas empresas debido al sobre endeudamiento para afrontar el pago de tarifas, el cierre de comercios, la crisis de las economías familiares, la caída de los amparos, el incremento de los cortes de suministro y el desamparo de los usuarios electrodependientes, son algunas de las nuevas realidades en la que se expresa la férrea decisión del gobierno de garantizar la fenomenal transferencia de ingresos de los hogares y los distintos sectores de la economía a las empresas del sector.

Los procesos de revisión tarifaria en los distintos servicios públicos fueron realizados durante 2016 y 2017, y a comienzos de 2018 finalizó, en la mayoría de los casos, el período de implementación de los acuerdos rubricados por los entes reguladores y el Ministerio de Energía y Minería. La culminación de este proceso se refleja directamente en los balances de las principales empresas, donde se verifican los efectos de la denominada “recomposición tarifaria”. La publicación de los resultados del primer trimestre presenta una buena oportunidad para verificar la otra cara del “reordenamiento sectorial” implementado por Cambiemos.

Describir la evolución de los principales resultados de todas las empresas del sector en lo que va del 2018 puede resultar algo monótono, por lo que el análisis de los resultados obtenidos por el grupo Pampa Energía y algunas de sus principales empresas, puede resultar oportuno para ilustrar el caso. Comandado por Marcelo Mindlin (foto principal, con la gobernadora Vidal), este emporio empresario se transformó en los últimos años en uno de los principales actores del sector. Su historia es corta pero intensa.

A principios de 2000 desembarcó en el sector eléctrico Marcelo Mindlin, ex socio de Eduardo Elsztain. Envuelto en la bandera del capital nacional y la burguesía local, pero con un complejo entramado de sociedades radicadas en distintos paraísos fiscales (Islas Cayman, Bermudas, Uruguay, Delaware, etc.) y vinculadas a inversores extranjeros como Joe Lewis,  inició una compulsiva carrera de compra de empresas en el sector eléctrico.

Primero con el Grupo Dolphin y a partir de 2006 con Pampa Holding S.A. (PHSA), la estrategia empresaria de este íntimo amigo y vecino de Gianfranco Macri estuvo centrada en avanzar en la adquisición de empresas en mercados regulados que, como resultado de la crisis económica de principios de 2000, se encontraban comprometidas financieramente. A partir de la  compra de empresas subvaluadas y endeudadas con instancia de renegociación de pasivos (especialidad de Mindlin y del reducido grupo que lo acompañaba, entre los que se encontraban Rogelio Pagano y, tiempo después, Edgardo Volosin) en poco más de una década Pampa Energía se posicionó como el grupo empresario más relevante del sector eléctrico.

Con el aprovechamiento de diversos subsidios y programas estímulo para la generación de energía eléctrica impulsados por el Estado, PHSA también adquirió distintas centrales de generación eléctrica, y hacia 2009 desembarcó en el sector de hidrocarburos. En principio, la expansión de sus activos estuvo focalizada en la integración de la producción de gas (con distintos acuerdos con YPF y Petrobras) y la generación de energía. La reestructuración de la deuda de CIESA (controlante de Transportadora de Gas del Sur) constituyó un hito en la historia financiera del grupo, en tanto la compra de Petrobras en 2016 terminó de posicionar a Pampa Energía en el sector energético.

En Transportadora de Gas del Sur (TGS) Mindlin comparte el control de la empresa con las familias Werthein y Sielecki, a través de la Compañía de Inversiones de Energía S.A. (CIESA). En tanto, el 49% restante del capital social cotiza en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Nueva York. Con 9.184 km de gasoductos en el centro, oeste y sur de Argentina, la principal actividad de TGS es el transporte de gas, y, adicionalmente, el procesamiento y comercialización de líquidos de gas natural a través del Complejo Cerri ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires. En abril de 2018 el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) aprobó el último incremento tarifario pactado, aplicando un aumento del 50%. La revisión tarifaria en el caso de TGS incluyó un acuerdo de renegociación integral de la licencia otorgada por el Estado, como contraparte los accionistas se comprometieron a renunciar a todas las acciones legales y administrativas iniciadas en contra del Gobierno Nacional, entre ellos el juicio arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), antes del 26 de junio de 2018. Todavía no lo han hecho. Sin embargo, los efectos de la “recomposición tarifaria” comenzaron a reflejarse en los balances de la transportista. En el primer trimestre de 2018, TGS registró ingresos por 4.950 millones de pesos, un 350% más que en el primer trimestre de 2016. Con un resultado operativo de 2.600 millones de pesos, la transportista de gas registra un margen de rentabilidad sobre ventas del 53%. Nada mal. Si se toma la ganancia del ejercicio, el margen de rentabilidad sobre ventas asciende al 35%.

Mediante una participación del 50% en la sociedad Citelec, Pampa Energía co-controla junto con el Estado nacional la principal empresa de transporte de energía, Transener. Dedicada a la operación y mantenimiento de una red de transmisión en alta tensión de 20.718 km, Transener tiene una participación de mercado del 85% de la electricidad transportada en Argentina. El primer trimestre de 2018 esta transportista de electricidad registró ingresos por 1.840 millones de pesos, un 490% más que en 2016. Su resultado operativo fue de 1.150 millones de pesos y su ganancia de 840 millones de pesos, revirtiendo ampliamente el signo negativo del primer trimestre de 2016. A pesar del aumento de más del 1.200% de la tarifa, Pampa Energía motoriza un conjunto de demandas contra el Estado nacional que apuntan a un mayor incremento de la tasa de rentabilidad otorgada.

Con algo más de 3 millones de usuarios, Edenor es la empresa de distribución eléctrica más importante del país. Pampa Energía controla la concesión con una participación del 51,4% de las acciones. La Revisión Tarifaria Integral (RTI) comandada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) otorgó a esta distribuidora con urgente gradualidad un ajuste tarifario que alcanzó en las tarifas residenciales un promedio acumulado del 1.800%. Durante el primer trimestre de 2018 esta distribuidora eléctrica registró ingresos por 11.000 millones de pesos, un 370% más que en igual período de 2016. En tanto, su resultado operativo fue de 2.590 millones de pesos, registrando un margen de rentabilidad sobre ventas del 24%. Al igual que en el caso de TGS, Pampa Energía mantiene vigentes las denuncias contra el Estado argentino en el CIADI. La Revisión Tarifaria Integral de Edenor incluyó  una cláusula de ajuste semestral (que contempla el índice de precios mayorista, el nivel de precios al consumidor y la variación salarial). En el actual contexto inflacionario, esta cláusula garantiza importantes incrementos semestrales en la tarifa eléctrica.

Un elemento que aquí no se  analiza es el impacto de la devaluación y la evolución del precio internacional del petróleo en el costo de la generación eléctrica y en el sendero de quita de subsidios al precio mayorista de la energía eléctrica establecido por el ministro Juan José Aranguren. Hasta ahora resulta una incógnita quién pagará los mayores costos, aunque los indicios no son alentadores para los usuarios.

La trayectoria económica y financiera de algunas de las empresas del grupo Pampa Energía grafica el cambio radical en la política tarifaria introducido por el nuevo gobierno, el cual privilegia las ganancias empresarias abandonando la noción de servicio público emanada de los marcos regulatorios de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad. El profundo deterioro social y económico que el ajuste tarifario ocasiona no parece ser un límite para las actuales autoridades, siendo la oposición de las mayorías, la única salida legítima para detener el avance sobre los derechos económicos y sociales más básicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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