¿A qué viajó Massa?

 

Durante la dictadura cívico-militar de 1976-1983 se acuñó una frase que simboliza el objetivo del gran capital que opera en el país: “Achicar el Estado es agrandar la Nación”. Es lo que se viene haciendo desde 2016 en adelante. El presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año, determinado por el decreto de necesidad y urgencia 331/22, es de 16 billones de pesos, ante un PIB que el Ministerio de Economía prevé de $76,5 billones, por lo que el gasto total anual pasa a ser del 20,9% del PIB, cuando fue del 24,43% (base caja) en 2021 y del 25,96% (devengado[1]) en 2020.

Por ende, el objetivo de reducir el déficit fiscal –para que sea del 2,5% del PIB para el corriente año– se logra básicamente por la disminución de gasto público que, en grandes números, es posible dado que en 2021 el déficit fiscal fue del 4,5% del PIB. Es cierto que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) financió el gasto público en un 3,4% del PIB el año pasado y ahora debe hacerlo sólo en un 1%, por ende, la diferencia es 4,4% del PIB (2,4% de un financiamiento menor por el BCRA y 2% de ajuste fiscal), pero el gasto total va a ser 20,9% del PIB o menos[2], contra 24,43% del año pasado (un ahorro de 3,53% del PIB). Por lo tanto, estaría faltando (en esa tesitura) 0,87% del PIB (es en pesos, pero equivalente a unos 3.620 millones de dólares) y es lo que se busca con nuevos ajustes del gasto público y con los créditos del BID y del Banco Mundial.

En efecto, el BID tratará un paquete de Financiamiento Especial para el Desarrollo (SDL, por sus siglas en inglés) por un total de 700 millones de dólares para financiar el Programa de Apoyo a la Mejora de la Gestión Fiscal y la Recuperación Económica. Y otro préstamo PBL (Policy-Based Lending) de 500 millones de dólares, a través del Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente en la Argentina, que suman 1.200 millones de dólares en el último trimestre de 2022 de “libre disponibilidad”. Esto, contrariamente a su Carta Orgánica, referida a generar créditos para obra pública, es deuda que le permite al Tesoro de la Nación pagar intereses de la deuda externa.

Paralelamente, el Banco Mundial estima desembolsar unos 500 millones de dólares durante los próximos cuatro meses para las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el apoyo al sistema universal de salud, el financiamiento a la capacitación de trabajadores y el apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo.

A esos ingresos de los organismos multilaterales debe sumarse la liquidación de parte de la soja retenida por los grandes productores y acopiadores, que el Ministerio de Economía infiere que será por unos 3.000 millones de dólares hasta el 30 de septiembre de 2022[3].

El problema es que, al 5 de septiembre, las reservas internacionales brutas del BCRA suman 36.577 millones de dólares, cifra que es menor en 1.439 millones de dólares a los 38.016 millones de dólares de las reservas en el último día hábil de 2021. En consecuencia, y en el mejor de los casos, con los créditos de organismos multilaterales y la liquidación esperada del dólar soja, el resultado será un acrecentamiento de las mismas en 3.261 millones de dólares[4], cifra que no alcanza los 5.500 millones de dólares de aumento de las reservas para este año acordado con el FMI.

Esta es la razón por la cual, pese a que se puede cumplir la meta de cerrar el año con un déficit fiscal de 2,5% del PIB (base caja) y el gobierno no va a trepidar en tomar medidas para lograr ese fin –como lo viene demostrando–, debe además fortalecer el ajuste comercial.

El Directorio del Banco Central, mediante la Comunicación A 7532, dispuso prorrogar hasta el 31 de diciembre la distribución del cupo mensual vigente para importar y la obligatoriedad de financiar a 180 días las compras por el proveedor externo para el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) categoría B, correspondientes a las Licencias No Automáticas.

Sumado a lo antedicho, el gobierno propicia dos proyectos para incrementar las exportaciones. Uno del Consejo Agroindustrial Argentino para mantener por cinco años la actual estructura de los derechos de exportación (retenciones) del sector agropecuario, y otro para declarar industria estratégica al sector automotriz. De convertirse en ley este último, propicia que las terminales y autopartes sólo pagarán derechos de exportación con las alícuotas actuales hasta el monto facturado en 2020, y una vez superada esa fecha, tributarán el 0% para exportaciones futuras, beneficiando a dos sectores fuertemente extranjerizados y concentrados en pocas empresas, donde muchas de ellas tienen más patrimonio que el PIB anual argentino.

 

 

 

El verdadero objetivo del viaje

Toda la política económica del actual ministerio encabezado por Sergio Massa se reduce a disminuir el gasto público para lograr la ansiada meta de un déficit fiscal del 2,5% del PIB. Pero, tras de ello, lo que se hace es la reducción del Estado y que no pueda cumplir acabadamente con su rol de regulador (establecer las reglas de juego) y de control de la actividad económica.

Se procede al ajuste fiscal para que sea el capital más concentrado (nacional o extranjero) el que ejerza el control de las industrias básicas, las finanzas y el comercio exterior. Esto se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales, terminan en monopolios. Se combinan, entonces, monopolios de la tecnología y del conocimiento, la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación) y la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país.

El resultado es una economía cada vez más dualizada, en la que se integra al mundo, pero a costa de la desintegración interna, empujando a la marginalidad a amplios sectores de la población.

Los créditos del BID y del Banco Mundial son a cambio de la explotación de nuestros recursos naturales al capital extranjero. No otra cosa es el acuerdo que en los Estados Unidos arriba la comisión encabezada por Massa con las empresas Rio Tinto y Livent[5] en la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna.

Igual tenor tienen los convenios con las empresas petroleras, que incluyen la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada de Sierra Grande en la provincia de Río Negro, en forma conjunta con YPF S.A., con una inversión total estimada en 1.260 millones de dólares. El ducto transportará 60.000 metros cúbicos por día, equivalente a 372.000 barriles de crudo, y se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, de los cuales 635 serán en territorio rionegrino. El embarque de la producción será mediante monoboyas offshore, ubicadas a unos 6,7 kilómetros de la costa. La capacidad prevista será muy superior a la que dispone actualmente el sistema de Oleoductos del Valle (Oldelval), que une Vaca Muerta con Puerto Rosales en el complejo marítimo de Bahía Blanca, que transporta unos 36.000 metros cúbicos/día. En ese marco, se calcula que a través de la estación portuaria rionegrina se podrá despachar, a partir de 2025, un buque cada cinco días con capacidad para 390.000 metros cúbicos, lo que a nivel anual podría sumar un volumen total de 25 millones de metros cúbicos, equivalente a 155 millones de barriles de petróleo.

En los Estados Unidos, Massa estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royón; el presidente de YPF, Pablo González; Agustín Gerez, presidente de IEASA (ex Enarsa), y Alejandro Monteiro, ministro de Energía de Neuquén. Allí se reunió con los referentes de las empresas con interés en Vaca Muerta, como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy y Axion, entre otras, y habló de un marco regulatorio para las compañías a fin de ampliar el desarrollo de Vaca Muerta a cambio de permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior, que era algo que vienen reclamando las petroleras afectadas por el cepo.

En esa reunión, Massa les prometió a las petroleras que continuará la ayuda del Estado para elevar la extracción y así reducir las importaciones, que también son subvencionadas. El ministro busca inversores para construir el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y plantas de GNL para exportar a Europa. El Plan Nacional GasAr implica una subvención a la industria gasífera de unos 1.000 millones de dólares por año. Y en la medida en que Vaca Muerta bate mes a mes sus récords de producción, se requieren menos importaciones, que también llegan subsidiadas. Por ejemplo, la ayuda del plan es de aproximadamente 1,50 dólares por millón de BTU (unidad de medida del gas), pero este año se importó gas natural licuado (GNL) en otoño e invierno a un precio promedio de 28 dólares.

Finalmente, el Presidente de YPF S.A., Pablo González, sostuvo que se necesita una planta de GNL para la industrialización del gas y poder aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta. El proyecto que se está planificando con la petrolera malaya Petronas va a implicar duplicar la producción total del gas del país sólo para abastecer esa planta. Cuando la planta produzca a todo su potencial, tendrá una capacidad de abastecer 460 barcos de GNL por año, cuando el país hoy importa 35 barcos.

Tanto la explotación del litio y los minerales raros de la Puna, como la extracción de petróleo y gas, nos remite a las obras de infraestructura, de los ferrocarriles y del puerto de Buenos Aires que realizaron los ingleses a fines del siglo XIX para que el país de las vacas y el trigo le proveyera de alimentos baratos a los trabajadores de las industrias británicas.

El gobierno de Alberto Fernández no investigó la evasión fiscal y la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos y paga los intereses de una deuda que no benefició a la población. Todo el ajuste fiscal es para pagar esos intereses.

Tampoco supo preservar las reservas internacionales del BCRA cuando obtuvo un fuerte superávit comercial en 33 meses de su administración, que supera los 32.000 millones de dólares, y empleó las dos terceras parte de ese superávit para que las empresas privadas paguen sus deudas, razón por las que el BCRA les vendió los dólares de las reservas internacionales a precio oficial. Son empresas que habían comprado divisas en la gestión de Cambiemos y, sin embargo, les vendió los dólares para que paguen sin reclamarle que utilicen los fondos que habían comprado entre 2016 y 2019.

Todo la política de dilapidar las reservas internacionales provoca que se subordine a la lógica de un modelo extractivista, agropecuario, automotriz exportador, en desmedro de un modelo nacional que crezca en base a su mercado interno y apuntale el trabajo y la producción local.

 

 

[1] Devengado contempla todos los compromisos y obligaciones contraídas por la Administración, se hayan pagado o no en el ejercicio anual.

[2] En ello juega la estratificación de las tarifas energéticas, la menor transferencia a las provincias por subsidios al transporte, las Decisiones Administrativas 826 (reduce el gasto público en $210.000 millones) y 827 (congela el número de los empleados públicos), entre otras.

[3] La Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) informó que en los primeros tres días de vigencia del decreto 576/2022, el complejo sojero ingresó 1.075 millones de dólares.

[4] Se suman los 1.200 millones de dólares del BID, los 500 millones de dólares del Banco Mundial y los 3.000 millones esperados de liquidación de la soja y se le resta la disminución de las reservas internacionales del BCRA de 1.439 millones de dólares de este año.

[5] La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium, que es la primera en el país en producir carbonato de litio con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto. La DGA concluyó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio de US$ 8 millones en derechos de exportación y le aplicó a la empresa involucrada en las operaciones una multa de $6.700 millones.

 

 

 

 

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