El poder entre líneas

 

La crema del poder económico insiste con sus presiones devaluatorias. Desde que asumió Sergio Massa en Economía, los empresarios del establishment apuestan a que ese será el saldo de sus gestiones aunque, por ahora, decidieron darle cierto tiempo al ministro para que acumule reservas en el Banco Central. La forma elegante de argumentarlo es la siguiente: “No se puede devaluar sin un plan económico”. En este escenario de presiones y beneficios discrecionales para sectores concentrados, la Sociedad Rural Argentina (SRA) azuza la crisis institucional. En un informe interno firmado el 7 de septiembre, alerta a sus representados sobre una posible suba de impuestos en 2023 (cuando en realidad están negociando la baja de retenciones junto a los exportadores y promesas de mediano plazo del secretario de Agricultura, Juan José Bahilo) y un agravamiento de la crisis institucional vinculada al Poder Ejecutivo. Sin menciones al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, elige ejemplificar dicha crisis con un dibujo del impresentable Nik, donde se simboliza a la Vicepresidenta en un ataque directo hacia Alberto Fernández. A los grupos de poder como la SRA hay que leerlos entre líneas.

Las cerealeras y los grandes productores de soja, con capacidad financiera para bancar la venta de su cosecha, fueron los grandes ganadores del llamado “dólar soja”. Para obtener un incremento de su rentabilidad cercano al 50% no tuvieron que hacer más que sentarse sobre los granos. O simplemente no venderlos. La Mesa de Enlace, tironeada por la SRA y Confederaciones Rurales (CRA), actúa en tándem con los exportadores nucleados en la CIARA–CEC.

Hace tres meses que el gobierno sabía que había 20 millones de toneladas de soja sin vender y que una buena parte de esos granos estaban en manos de la cerealeras pero sin precio a fijar. Ni las exportadoras ni la Mesa de Enlace precisaban en sus declaraciones públicas quiénes, efectivamente, poseían los granos. Las cerealeras decían que no tenían nada que ver y las patronales del agro responsabilizaban a las empresas nucleadas en la CIARA–CEC.

En su informe interno, la SRA confirmó que al 31 de agosto había aproximadamente 7 millones de toneladas sin precio a fijar, ya entregadas a las cerealeras. Como parte de su estrategia de pinzas, las exportadoras le manifestaron al gobierno que tendrían que cerrar sus plantas por la falta de granos para la molienda, materias primas que ellas tenían pero sin el precio fijado por el productor.

El sector agroindustrial es que el que más divisas aporta al Banco Central, aunque no es el principal generador de valor dentro el PBI. Ese es el punto neurálgico de su poder de fuego. Cuando quieren, cierran el grifo para forzarte a una devaluación o a un incentivo extraordinario. Y no son los pequeños chacareros los que están detrás, que guardan parte de su cosecha para ir liquidándola a lo largo del año como forma de sustento. Grandes productores y la industria operaron en tándem.

En los primeros tres días de vigencia del “dólar soja” se concertaron 5.907 operaciones por 2.026.865 toneladas de granos que ya estaban en poder de las cerealeras. Existe un eslabón de concentración que va desde los grandes productores a los acopios y la exportación. De ese total, 1.208.686 toneladas, es decir el 60% del grano comercializado, se resolvió en 469 contratos con volúmenes superiores a las 1.000 toneladas cada uno. La SRA y CRA, como mascarón de PROa de la Mesa de Enlace, jugaron para este núcleo concentrado.

Pero hay un dato más que pone la lupa sobre el rol del Estado (estúpido) que supimos construir. La banca pública y otros bancos comerciales financiaron a tasas bajísimas parte de esa producción. Supuestamente, no se podían otorgar préstamos con tasa subsidiada a aquellos productores que mantuvieran en silo más del 5% de su cosecha. Pero los bancos empezaron a financiar con líneas propias también por debajo de la inflación. Por ende, por acción y omisión el Estado contribuyó a bancar dicha especulación.

De ahí que el último jueves, durante la reunión de directorio del Banco Central, se decidiera aumentar la tasa mínima de financiamiento para productores que mantengan un stock de soja superior al 5%. La medida alcanza a todas las líneas de financiamiento, cualquiera sea su forma de instrumentación, y se fijó en el 120% sobre la tasa de Leliq, que actualmente es del 69,5%. Con esta nueva norma, los sojeros que acumulen stock deberán pagar una la tasa mínima del 83,4% TNA, mientras que la tasa real anual será de tres dígitos.

 

 

Grupito

En septiembre del año pasado, la agroindustria liquidó divisas por 2.400 millones de dólares. La promesa de ingresar 5.000 millones en este septiembre no está vinculada a un incremento de la producción, lo que podría constituir un incentivo más sensato, sino que el gobierno le convalidó los 200 pesos por dólar a un sector híper concentrado por una producción que ya tenían en su poder y en algún momento iban a vender.

Entre enero y agosto de este año se habilitaron declaraciones juradas de ventas al exterior por 21,6 millones de toneladas de todo el complejo sojero, que incluye granos, aceites y subproductos. De ese total, el 88% correspondió a Aceitera General Deheza, del ex senador Roberto Urquía y el ex titular de la UIA, Miguel Acevedo (3,2 millones de toneladas), Cargill (2,5 millones), Viterra, que es Glencore (0,9 millones), Bunge (1,6 millones), Molino Agro (2,5 millones), seguidas por LCD, Cofco, ADM y ACA, que forma parte de Coninagro. El ejemplo de la integración vertical lo encontramos en AGD, con una capacidad de siembra de 200.000 hectáreas y acopio por 4 millones de toneladas.

En los primeros cuatro días de vigencia del “dólar soja”, las cerealeras liquidaron 1.400 millones. De llegar a los 5.000 millones, serán ingresos por 100.000 millones de pesos. Se sabe que las exportadoras no pagan las retenciones, ya que se la descuentan a los dueños de los granos. Con el tipo de cambio diferencial, la tonelada de soja pasó de los 50.000 a 72.000 pesos. Pero en los días sucesivos las cerealeras pagaron contratos por debajo de los 70.000 pesos. El grupito de nueve sociedades se queda con la gran tajada.

 

 

Tres problemas

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA–CTA) ubicó tres dificultades del actual escenario económico. Por un lado, se preguntó hacia dónde se había licuado el superávit comercial de los últimos dos años, una disyuntiva neurálgica para entender parte de los condicionamientos actuales. “La salida de divisas de las empresas por deuda y saldos de tarjeta de crédito ascendió a 15.000 millones de dólares durante el gobierno del Frente de Todos, un 46% del saldo por bienes”, se respondió. Esa deuda está vinculada al proceso macrista, ya que al igual que el Tesoro, las empresas privadas también compraron el ticket del endeudamiento en moneda norteamericana.

El segundo tema son los márgenes de ganancias que se le convalidarían al sector financiero desde el Banco Central en un contexto de permanentes corridas cambiarias. “En junio de 2022, la suma de las Leliq y los Pases de pasivos llegaron a representar el 168,8% de la base monetaria, en tanto que en términos nominales esta creció tan solo 18,1% entre diciembre de 2021 y julio de 2022 mientras que los precios minoristas se expandieron 46,2%. De esta manera, el gobierno le pone un freno a la actividad económica con el objetivo de limitar las presiones cambiarias por exceso de liquidez (o falta de opciones de inversión)”.

El Banco Central respondió a este análisis: “Según las estimaciones propias, la suma de pasivos remunerados del Banco Central se ubicó en junio de 2022 en el 7,4% del PBI, muy por debajo de los máximos históricos de principios de 2018 (10,5%). Estas estimaciones se convalidan también en la medición a precios constantes. Los rendimientos de los pasivos remunerados son los que garantizan la adecuada remuneración de los depósitos de los ahorristas”, explicaron.

Y como tercer aspecto que contribuye a contextualizar la enorme transferencia de recursos hacia las cerealeras, el centro de estudios puso el ojo en el incremento de la rentabilidad en relación a los niveles de ventas del sector industrial. De esta manera, queda claro que el período 2020-2022 estuvo marcado por el incremento de ganancias netas a costa de aumentos abusivos de precios por parte de empresas concentradas.

En el caso del sector alimenticio se destacan Molinos Río de la Plata, que pasó de registrar pérdidas contables (-3,1%) a ganancias del 11,1% por sobre el nivel de sus ventas, mientras que Arcor las incrementó del 3,3% al 23,2%. La remarcación abusiva de precios también es violencia.

 

 

Agenda permanente

Hay un aspecto de la puja económica y social que debería ser tema de agenda permanente a plazo indeterminado: una redistribución de la riqueza más justa. Ese es el eje del planteo del último informe de coyuntura de CIFRA.

Las cerealeras y los grandes productores tenía amarrocados más de 5 millones de toneladas de soja valuadas en 3.000 millones de dólares, que es justamente el extra que adelantarán durante septiembre, sumado a un poco más de 2.000 millones de un mes habitual de exportaciones. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el regalo de los 200 pesos por dólar les significará un adicional –descontados los derechos de exportación o el mayor precio convalidado a los productores– de 250.000 millones de pesos.

De convalidarse un bono para los sectores populares de 16.000 pesos para 3 millones de personas por tres meses, el Estado estaría invirtiendo 150.000 millones de pesos, fondos que deberían salir de lo que se recaude por las mayores ventas de soja. ¿Se puede llamar a esto equidad tributaria? Lo recaudado por derechos de exportación en agosto creció tan solo el 3,8% interanual, muy por debajo de lo que significaron los incrementos de los precios internacionales de las materias primas.

El gobierno, por temor o presiones del poder económico (o ambas) claudicó en la discusión sobre el rol de las retenciones como un instrumento de política económica que permita redistribuir una renta extraordinaria.

 

 

Entre líneas

La Sociedad Rural Argentina y sus colegas de la Mesa de Enlace obviaron mencionar el nombre de CFK en el escueto comunicado de repudio al intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre. Para este núcleo de poder, todo lo que huela a kirchnerismo tiene que ser desterrado. “Si el gobierno gira en contra del kirchnerismo, en contra de la ideología estatista y populista, podremos tener alguna alternativa de salida. El kirchnerismo nos conduce a más pobreza”, despotricó Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro, entidad cooperativa que maneja la exportadora ACA.

La violencia, como los movimientos del poder económico y sus lobistas, deben leerse entre líneas.

 

 

 

 

 

 

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